¿Qué ocurrió en la Asamblea Legislativa el pasado domingo? El politólogo Álvaro Artiga describe un panorama en donde lo sucedido dentro del Salón Azul podría haber marcado un momento de crisis para el país.
Una imagen inédita: el presidente de la República, Nayib Bukele, sentado en el lugar asignado al presidente del Congreso, rodeado de militares dentro del Palacio Legislativo. La sesión extraordinaria a la que convocó Bukele el domingo pasado ha abierto el debate: ¿fue legítima?
Álvaro Artiga, politólogo y catedrático en Ciencia Política de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” UCA, platicó con GatoEncerrado sobre el choque de poderes ocurrido en los últimos días, especialmente el domingo 9 de febrero. Artiga dice que el problema de fondo no es que el presidente Bukele no tenga la correlación de fuerzas en la Asamblea para aprobar el préstamo de $109 millones, con los que pretende suplir los gastos del Plan Control Territorial fase III, sino que se esté buscando cambiar la Constitución de la República a través de una Asamblea Constituyente.
Mientras la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) da una sentencia definitiva a las demandas interpuestas en contra de Bukele y su Consejo de Ministros, lo que pasó en el Salón Azul podría ser el preámbulo de otro escenario en donde el conflicto institucional se multiplique. Artiga es claro: “Los hechos del domingo estarían marcando un momento de crisis importante en el país, como no lo hemos tenido en todos estos años desde 1992”.
En sistemas presidenciales como el de El Salvador, ningún Órgano puede disolver al otro, al ser elegidos por voto popular. En ese sentido, cuando el presidente no controla la mayoría en el Congreso, entonces, los choques entre el Congreso y la Presidencia son frecuentes.
“Aquí hay un problema cuando el presidente no controla, y no digo este presidente, sino en general (…). Si a eso le agregamos que la Constitución del 83 y los constituyentes, para evitar que Napoleón Duarte tuviese una mayoría legislativa en el año 84, que fueron las elecciones presidenciales, crearon esta separación de elecciones”, explica en esta entrevista.
Para cambiar la Constitución y convocar a una Constituyente, Artiga alerta a que el procedimiento tiene vacíos: para comenzar, habría que trabajar para especificar el proceso de convocatoria de la Constituyente, porque ni eso está regulado.
Lo mismo sucede en el caso de referéndum. Pero, a la vez, insiste: “Si alguien quiere la reforma de la Constitución, por las razones que sean, pues el procedimiento constitucional está establecido, que es el de las dos Asambleas”.
Hay una imagen que pasó a la historia: la de las fuerzas militares dentro de la Asamblea Legislativa. ¿Qué implicaciones acarrea para el sistema político salvadoreño?
Primero, podría hablarse de una toma del Palacio Legislativo. Está clara la intromisión: físicamente, ingresa el Ejecutivo y toma el control del Órgano Legislativo, del sitio donde se reúne el Órgano Legislativo. Ahora, que después se fue y se fueron las tropas, no quiere decir que ya haya pasado todo o que ya se estabilizó el país. Ahora depende de cuál sea la reacción de los diputados y del Congreso, ante acciones que riñen con la legalidad. Yo me imagino que si el Congreso reacciona, pide explicaciones, inicia procesos ante la Fiscalía, esto se va a escalar. No era necesario que llegáramos a esta situación. Aun cuando ya había convocado el presidente al pueblo, él pudo haber desactivado eso. Que lo consultó con Dios y Dios le pidió paciencia, tal vez lo que le habría faltado al presidente es consultarle el día sábado. La respuesta de Dios habría sido la misma: “ten paciencia”. Entonces, podría haber desactivado una cosa que casi se le va de las manos. Ese es el problema, estamos jugando con fuego en el país sin tener claro las consecuencias.
¿Qué queda ahora dentro del sistema institucional instalado? ¿Cómo debería reaccionar cada actor que está involucrado, pensando en no hacer más grande el fuego?
Lo que pasa en esta situación, ya en perspectiva, es que cualquier acción legal, según lo establecido en la Constitución, en las leyes, que suponga un desafío al Ejecutivo y al presidente, el presidente cuenta con un apoyo de la población, de una gran parte de la población.
Y eso él lo sabe.
Él lo sabe. Será un enfrentamiento entre las instituciones y el soberano. Esa es la gravedad del asunto. Aquí el asunto es que el presidente cuenta con apoyo popular y su discurso es recibido, según él lo plantea. Él puede movilizar al ejército, a la policía, al brazo armado del poder político y puede movilizar a la población contra las instituciones. Por eso es bien delicado.
Hay que entender que hemos llegado a una situación que es previsible, dado el diseño institucional que tenemos. En los sistemas presidenciales cuando el presidente no controla la mayoría en el Congreso, entonces, los choques entre el Congreso y la Presidencia son frecuentes. Si a eso le agregamos que la Constitución del 83 y los constituyentes para evitar que Napoleón Duarte tuviese una mayoría legislativa en el año 84, que fueron las elecciones presidenciales, crearon esta separación de elecciones.
En esos escenarios de presidencialismo, elecciones separadas, multipartidismo, la gobernabilidad depende de la capacidad de negociación de los líderes, en la presidencia y en el Congreso. Eso es lo que tenemos: un problema en la capacidad de negociación. Este escenario podría no ser con Bukele, podría ser con otro presidente. De hecho, así ha sido, lo que pasa es que otros presidentes de Arena negociaron con el PCN, así montaron todo el sistema neoliberal en el país; el Frente se apoyó en Gana y así continuamos con las medidas neoliberales. Ahora, este llega en una posición todavía en mayor desventaja, porque no tiene partido político. Y hay otro problema que no es del presidente Bukele, está en el diseño constitucional: nuestro presidente salvadoreño tiene de los menores poderes constitucionales si uno lo compara con presidentes de la región. Las reformas de 1991 a la Constitución del 82 y 83 implicaron una reducción de los poderes del Ejecutivo frente al Legislativo y de los militares frente a los partidos. Las reformas constitucionales del 91 le dan más poder a la Asamblea y a los partidos, frente a los militares. ¿Por qué? Porque antes de esta Constitución, el presidente y los militares tenían el control de todo. Es el diseño institucional nuestro. Si queremos evitar situaciones futuras como esta, es el que debe de ser revisado.
¿Qué puntos deben revisarse para no entrar en una crisis mayor?
En primer lugar, un rediseño de todo el sistema electoral. Aquí esto pasa por una reforma al sistema. Hay otros elementos que requerirían reformas para hacer menos proclive el sistema político a las crisis y esas tienen que ver con la conveniencia o no de tener las elecciones separadas, los mandatos si son de cinco o cuatro años, si hay o no reelección. Aquí hay toda una discusión que hay que tener cuidado, porque uno podría pensar que esta tensión creada, realmente, no es por el problema del préstamo, sino justamente porque se pretenda cambiar la Constitución, porque la Constitución, en este momento, no permite la reelección del presidente ni de su esposa ni de sus hermanos. Prohíbe hasta el cuarto grado de consanguinidad. Y como el proceso de reforma constitucional supone que una Asamblea acuerda la reforma y la siguiente ratifica, si el presidente, gozando con este nivel de popularidad quisiera ser reelecto en 2024, no puede. Una posibilidad sería, de acuerdo a algunas cosas que circularon, que casi hablaban de convertir a la Asamblea Legislativa en una Constituyente, que sería la única forma para que él pudiese ser reelecto presidente en 2024.
Y con la Constituyente no necesitaría a la siguiente Asamblea para que ratifique.
No, es que una Constituyente elimina la Constitución vigente, por eso es constituyente. Ahí hay que pensar si en el fondo no es ese el problema.
¿Estaría preparándose el escenario para instalar una Constituyente?
Con el 90 % de apoyo de la población. Si lo que vimos ayer era casi eso: la toma del Congreso y, como hay que sustituirlos, según el artículo que citaba el presidente para hacer esa acción, la única manera de sustituirlos es mediante una nueva elección.
¿Cómo ve la gobernabilidad que se tiene ahora en comparación con las anteriores?
Es una coyuntura en donde las instituciones que tienen el diseño institucional para el control del ejercicio del poder, por parte de aquellos que son electos, funcionan: se supone que la fiscalía opera, que la Corte de Cuentas opera, que la Sala de lo Constitucional hace su trabajo, que la Sala de lo Contencioso administrativo hace su trabajo, que el Instituto de Acceso a la Información Pública se impone y hace cumplir la ley, que el Tribunal de Ética funciona, que el Tribunal Suprema Electoral opera. Si todo eso es desmantelado y neutralizado, ante lo que estamos es ante un giro autoritario.
Yo no puedo decir que ya se consumó. Ahorita estamos viendo las instituciones que tienen que controlar, y que van a tener que controlar lo que pasó ayer. Hay una demanda de inconstitucionalidad a la convocatoria que hizo el Consejo de Ministros. Tendrá la Sala que pronunciarse al respecto. La fiscalía tendrá que investigar si hubo sedición, si hubo incitación a la rebelión. Hay que ver si opera eso. Imaginémonos que opere, eso sería un triunfo a las fuerzas democratizadoras del país, pero eso no quiere decir que hayamos eliminado el problema. Porque en la Asamblea Legislativa está otro problema, que es lo que argumenta el presidente. En parte, el presidente tiene razón: en la Asamblea Legislativa han ocurrido cosas que son las que la gente rechaza. Él lo único que ha hecho es montarse en el descontento popular. Por eso es bien delicada la situación: cualquier opinión a favor de la institucionalidad pareciera que uno está defendiendo a Arena o al FMLN, que son los responsables de habernos llevado a donde estamos. Incluso, el FMLN es responsable de que el presidente Bukele sea presidente, porque él expulsó a Bukele del partido. Desde ese momento, lo sacó y lo puso en contra de toda la institucionalidad. En el fondo tenemos un problema con toda la clase política y nos están arrastrando a todos los demás.
¿Qué salidas hay para poder no solo bajar la tensión, sino para mejorar el sistema?
Que las instituciones de control operen y lo hagan profesionalmente y den la razón a quien tenga la razón, que no sigan con criterios de favorecer a determinadas fuerzas. También hay que pensar en lo que ocurra dentro de los principales partidos, los partidos más grandes, todavía Arena y el FMLN: las militancias de esos partidos tienen una responsabilidad en relación con estar soportando a sus dirigencias, que son las que nos han llevado a esta problema.
De ahí, si hay un sector que no está de acuerdo con la composición de la Asamblea Legislativa que no es favorable para el presidente, pues, tendrá que resolverlo en 2021. Ese es el mecanismo para cambiar la correlación de fuerzas. Para mientras, al presidente le aprobaron cientos de millones para seguridad en el presupuesto de este año. No es posible que diga que de lo que haga la Asamblea depende. Yo me acuerdo que él dijo, cuando se le preguntaba de dónde iba a sacar fondos para todos sus proyectos, hablaba del combate a la elusión y a la evasión. Esa fuerza que mostró ayer, que la ponga al servicio para que los que evaden y los que eluden, no lo hagan. Entonces, va a tener más ingresos sin necesidad de endeudar al país más y sin tensar a la institucionalidad. Se requiere ver las cosas con mayor frialdad, se requiere que otras fuerzas, que no son las fuerzas políticas, se hagan escuchar para que toda la clase política vea que nos están haciendo daño.
¿Cómo ve el manejo de las Fuerzas Armadas?
Ahí vemos un problema de las organizaciones que son verticales, de cada quien dentro de la línea de mando, y puede no ser solo en las Fuerzas Armadas. El problema es que cuando los que están arriba deciden tal cosa, los que van a ejecutar esa orden, prácticamente en el país como hay una cultura autoritaria, la obedece. No se ponen a pensar ni a cuestionar si esa orden es legal, porque la lealtad no es al funcionario, sino a la Constitución.
¿Cree que la incidencia de la comunidad internacional, al final, frenó al presidente?
Sí, creo que ha habido reacciones de distintos organismos internacionales, en su propio lenguaje diplomático, llamando a la cordura, llamando a mantener el equilibrio. Hay que leer entre líneas los comunicados de la comunidad internacional que se pronunciaron como para ver que de alguna manera, más allá de lo que dice el texto, estaban preocupados por lo que estaba ocurriendo en el país. Pero cómo evolucione la situación en el país no depende de ella, en realidad, depende de las fuerzas políticas internas.
Me gustaría retomar lo que el presidente Bukele dijo de la imagen de militares en el Congreso. Básicamente, lo que dice es que el criticarla es una manera “superficial” de ver la situación, sobre todo, cuando hay políticos, funcionarios, que han negociado con pandillas.
Por eso le digo, hay un problema a nivel de la clase política, del presidente, diputados, fiscales, magistrados, todos ellos. Y nos tratan de meter y utilizar a todos los ciudadanos como apoyos en esas disputas. Los ciudadanos de a pie podríamos decir que en algunas cosas tiene razón el presidente, en otras tendrá razón la Asamblea, pero expresarlo puede ser interpretado como si uno está en uno de los dos bandos, y no es así.
¿Cómo han sido las Constituyentes en El Salvador?
En el país hemos tenido distintas Constituciones, incluyendo la del 83. Vienen de una asamblea Constituyente, que elige a una Asamblea. Antes del 83, a través de los golpes de Estado, se abolía la Constitución anterior. Pero, en principio, se rompe el orden constitucional. ¡Y es que ese es el tema! No si aquellos obedecen. Una cosa es que puedan haber cometido un delito o una acción inconstitucional, pero no necesariamente el rompimiento del orden constitucional. El rompimiento del orden constitucional es lo que hubiera pasado si se toman la Asamblea. Ahorita se puede haber violentado. Si ahí, en lo que vimos ayer, se violentó algún artículo, ahora tendrán que venir demandas de inconstitucionalidad y la Sala va a tener que decidir. Ahora va a tener que entrar la Sala en conflicto con el Ejecutivo. El conflicto, en realidad, que mientras esté en el ámbito institucional, no pasa nada.
Porque así está establecido el diseño institucional…
Exacto, así se tiene que resolver. El problema es que se salga, que uno de los actores no esté de acuerdo, entonces, dice “no, eso no es así” e intente hacer algo en contra. Como lo intentó hacer el Frente, que llegó a las puertas de la Sala de lo Constitucional. Hizo exactamente lo mismo que ha hecho el presidente Bukele.
Como el día que Sigfrido Reyes levantó la mano del magistrado Ovidio Bonilla frente a la Corte y lo declaró presidente de ese Órgano… ¿Es esto parte del problema de raíz?
Es decir, como tenemos problemas de fuerzas autoritarias que no soportan un diseño institucional que trata de resolver las cosas de otra forma, estas fuerzas tratan de no hacer caso a las instituciones, las bloquean, las corrompen. Y cada uno, Arena, FMLN, ahora habrá que ver si Nuevas Ideas y el presidente están siguiendo el mismo renglón. Es un problema de la clase política y la sociedad estamos siendo instrumentalizados en esa disputa.
Julia Evelyn Martínez lo tiene claro: el Gobierno de Nayib Bukele ha dado muestras de profundizar en la implementación de la corriente económica neoliberal y eso, como consecuencia, ya ha provocado más pobreza, exclusión y desigualdad, mientras los ricos se hacen más ricos.
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