Pandemia desnuda la crisis hídrica en El Salvador

Ilopango, Santo Tomás y Apopa, municipios populosos de San Salvador y en los que el agua escasea, ya cuentan con casos positivos de COVID-19. Los habitantes se enfrentan a una cuarentena más severa, en comparación con otros, ante la falta del servicio hídrico y el miedo al contagio. Organizaciones —como Fespad, Unes y el Foro del Agua— piden al Ejecutivo que implemente un plan contingencial urgente antes de que la crisis se agrave. 

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El 31 de marzo de 2020, Santo Tomás hizo pública la necesidad urgente de contar con agua para enfrentar la emergencia sanitaria por coronavirus. El alcalde municipal, Efraín Cañas, y todo el concejo municipal, escribió una carta dirigida al presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), Frederick Benítez, solicitando que se normalizara el servicio para quienes lo pagaban, como el llevar pipas a las comunidades más vulnerables que no lo tienen. 

“Estamos usando recursos municipales para palear (sic) la situación en algunas comunidades, recursos que pudieron ser utilizado para insumos de prevención de COVID-19”, escribió el alcalde en su cuenta de Twitter. Una semana más tarde, Santo Tomás presentó el primer caso confirmado de coronavirus. 

El constante lavado de manos y aseo del hogar son algunas de las medidas básicas para evitar el contagio de COVID-19, además del confinamiento. Parecerían simples, pero para 1,500 familias en Santo Tomás son casi imposibles de cumplir. En lo que va del año, el servicio de la ANDA ha pasado de irregular a casi nulo.

Sonia Sánchez es una tomasina que lleva años luchando por el derecho humano al agua. En medio de la pandemia, la preocupación que desde siempre acarrea por la falta de agua ahora se ha multiplicado, y no es para menos: a medio kilómetro de su casa se encuentra la vivienda de la primera víctima en contagiarse de coronavirus en el municipio.

Aunque si bien sabía que el virus circulaba en la comunidad, lo que le ha sido más impactante es que hasta hoy “ni el Gobierno central ni la autónoma vean importante la distribución del agua para las familias del municipio en donde hay casos positivos”.

Sonia, en 2015, fue una férrea activista en contra de la tala de árboles que Roble S.A de C.V hizo para la construcción de la residencial Sierra Verde en Santo Tomás. Conoce perfectamente el trazo urbano del municipio. Como sabe de la necesidad de la población, teme que las familias tengan que romper la cuarentena domiciliaria para ir a buscar agua a otros lados. La alcaldía de Santo Tomás registra 54 colonias, 32 lotificaciones, 2 barrios, 9 cantones y, al menos, 1,500 familias con falta de agua. 

En el hogar de Sonia viven siete adultos y dos menores. Generalmente, compra tres barriles de agua a un costo de $1.50 cada uno. Ella explica que para ahorrarse el pago, en las colonias se turnan para llamar al 915, número habilitado por ANDA, al que denuncian la falta de agua y al que piden pipas.

Marcela Ameyalli es una ecofeminista y habitante del casco urbano del municipio. Lamenta que, aunque hay pozos en algunos lugares, el agua no les llegue a las personas. “Estamos hablando de que hay pozos en Cuapa y Cuapa tiene dos meses sin agua. En el cantón Casitas, recientemente, les han estado instalando las tuberías para el servicio y no lo tienen”, denunció a GatoEncerrado.

La denuncia ha sido secundada por el jefe de proyección y desarrollo social de la alcaldía, Julio Melara, quien cuenta que ANDA habilitó un pozo en Jutiapa que llevaría agua a los cantones el Guaje, Casitas y Potrerillo, pero tampoco tienen agua. “Es lamentable que el pozo que se ha construido en la Loma Larga del cantón Casitas pasa rebalsando. No lo controlan y la gente no tiene agua”, expuso.

El 5 de abril de 2020, el presidente de la ANDA, Frederick Benítez, anunció la apertura de un nuevo pozo que beneficiaría a los habitantes de Santo Tomás y Santa Lucía. Pero ciudadanos denuncian que aún no cuentan con agua.

En la carta de ese 31 de marzo, la alcaldía sostuvo que es “de nuestro conocimiento la inconformidad de los vecinos de este municipio por la falta de agua”. El alcalde dejó por escrito que la situación ya es “insostenible”. 

De acuerdo con el director de Cultura y Derechos Humanos de La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), Omar Flores, la pandemia no solo desnuda la crisis hídrica, sino también muestra al Ejecutivo con una narrativa que hace pensar “que se quiere proteger la salud de la población, pero materialmente a la población se le está orillando a que incumpla la cuarentena por no tener satisfechos muchos derechos como el agua”. 

Un servicio por horas

Hasta el lunes 20 de abril, municipios del área urbana de San Salvador continuaban subiendo en el número de casos de contagios por COVID-19: la capital está a la cabeza, con no menos de 20 casos registrados, seguido por Soyapango con casi diez, y así Ilopango y Apopa con al menos seis casos, Mejicanos con cinco y Santo Tomás. Cada ciudad comparte una misma preocupación frente a la crisis por COVID-19: que haya más casos por falta de agua para desinfectar.

En Cimas de San Bartolo I, Soyapango, el agua cae unas horas y a lo mucho dos veces por semana. El que no está pendiente, se queda sin un poco. 

Argentina Escobar es quien está al frente de su hogar. Es lideresa y habitante en Cimas de San Bartolo I. “Con esto de la pandemia no tenemos (agua) ni para bañarnos y ni para tomar”, dijo. En zonas de Soyapango muchas veces se ven asistidos por pipas que, con suerte, les ayudan a llenar un barril con agua. Pero no alcanza para todos, menos cuando se está en confinamiento. Esto ha provocado que algunas personas, sobre todo ancianas, no guarden sus reservorios, porque no pueden salir o pedirle a alguien que pueda llevárselas hasta su casa. 

Miguel Cornejo, un habitante de la comunidad, sostiene que es esta población la que más se ha visto afectada por los problemas con agua. Además de que pertenecen al sector informal, esto lleva que no tengan ingreso alguno. En el censo que manejan en las Cimas I,  de 42 adultos mayores que tienen registrados, solo 15 sí lograron el bono de los $300, cuenta Cornejo. 

Aunque dentro de la misma comunidad se han organizado para hacer entrega de víveres para las personas más vulnerables, sostiene que les ha sido imposible por la orden Ejecutiva de confinamiento, además de que hay pasajes cerrados por miedo al contagio. Si bien nunca han tenido un servicio regular, ahora es cuando más les afecta ya que “son personas sin salarios” que no tan fácil pueden comprar para abastecerse. 

“Hay que estar haciendo presión (por el servicio) y, con esta pandemia, necesitamos tener agua”, comentó sobre un acceso que solo el 95.8 % de los hogares salvadoreños del área urbana posee. Aunque un 88.9 % de la gente se abastece de agua a través de cañerías, existe aún un 5.9 % que lo hace por pozos y un 5.2 % con pipas, según la encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) de 2018.

Sara de la O está desempleada, es madre soltera de dos niñas. El agua no cae de manera regular, pero su rutina comienza a las 5 de la mañana para recolectar todo el agua que sea posible. Vive el la colonia El Salvador en Apopa, otro municipio con alto problemas de abastecimiento del servicio. El agua llega entre dos a tres veces por semana. Cada gota que cae tiene uso: cuando se bañan guardan el agua que sobra para lavar ropa y del agua que utilizan para lavar los trastes; si no queda muy sucia es usada para limpiar la acera y la calle, pero en momentos de necesidad se han visto obligadas a mezclar el agua con gotas de cloro para poderla consumir. 

Sara ha vivido ahí desde hace 10 años y ha visto la desmejora del servicio con el paso del tiempo: "Antes teníamos agua. Solo se iba cuando arreglaban bombas, pero desde hace cinco años nos ha tocado acarrear o buscar piperos. De un año para acá, cae menos". Desde que Apopa es su lugar de residencia, ha experimentado en primera persona la crisis de agua. Su colonia fue las más afectada cuando en febrero de este año el agua comenzó a salir amarilla y con olor fétido. Presupuestar el pago de un servicio que no reciben y comprar agua limpia en tiendas y a pipas es parte de los gastos que ha presupuestado desde un año atrás cuando el servicio se puso más irregular. 

Desde que la crisis del COVID-19 comenzó a amenazar El Salvador, el servicio ha desmejorado. En su casa llevan cuatro días sin agua, nada mal si se compara con Rosa, que vive en la colonia Lourdes, también en Apopa, donde ya acumulan ocho días sin agua. El servicio, cuando cae, es usualmente entre la medianoche y las 4 de la madrugada. Sandra a pesar de estar desempleada y ser madre soltera no ha salido beneficiada por los  $300 dólares que prometió el Gobierno. Aunque aplicó al formulario, sigue sin éxito. 

Omar Serrano, vicerrector de Proyección Social de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), apunta a que el papel de un gobierno no solo en tiempo de crisis, sino siempre, es que debe garantizar que haya agua tanto en cantidad como en calidad. Pese a que considera que el agua es un factor determinante para hacerle frente al COVID-19, hay una situación estructural de pobreza y desigualdad que hace que muchas familias, miles, no estén en condiciones para cumplir las medidas sanitarias. 

“Difícilmente vamos a llegar al mes si no se hace algo radical que ayude a estos sectores, a estos grandes sectores que viven de lo que hacen al día. El agua es fundamental e indispensable, pero aunado a esto van factores socioeconómicos que, si no se atienden, pueden generar consecuencias impredecibles para este país”, comentó a GatoEncerrado.

Para Serrano, una pieza clave para poder superar la crisis es que el Gobierno brinde información más allá de sembrar pánico, temor y miedo: “Lo que necesitan las comunidades, la población, no es tanto propaganda en este momento, sino información acerca del virus y cómo protegerse, aunado a la disponibilidad del agua en calidad y cantidad”. 

Habitantes de colonias como Altavista, Veracruz y Cimas de San Bartolo, en Ilopango, aprovechan cada pipa que llega a proveerles de agua. Pero no es suficiente. Lo que les llega apenas cubre para unos cuantos. Foto/ Iglesia Católica Ortodoxa.

El plan contingencial

Desde el 21 de marzo que inició la cuarentena domiciliar, el Ejecutivo ha emitido una serie de decretos para evitar la proliferación del COVID-19. Sin embargo, dentro de ninguno de los documentos se ha planteado que se abastecerá de agua potable en las zonas con escasez, sobre todo, cuando el 40.9 % de las familias viven en el hacinamiento. 

Para la activista Sonia Sánchez, esa debió ser una de las primeras medidas ejecutadas. Ella, todos los días, debe arriesgar su salud para buscar agua y “ni siquiera las autoridades, ni el presidente han tenido a bien decir que el agua es una necesidad prioritaria en esta emergencia”. 

Este año, el Gobierno redujo $11.1 millones al presupuesto de la ANDA, que pasó de $221.2 millones a $210.1 millones. En ese contexto, las fuentes consultadas por GatoEncerrado creen que es necesaria una inyección a la autónoma para que pueda distribuir agua a través de pipas y asumir los costos del subsidio propuesto. 

El representante de Fespad considera como prioritario desarrollar un “plan agresivo para contratación de pipas” y habilitar pozos que estén en centros comerciales y zonas residenciales. Una segunda propuesta es que la ANDA otorgue una subvención de $60 a las familias que compran agua. 

Para ayudar a usuarias como Sonia, organizaciones aglutinadas en el Foro del Agua también proponen aumentar el presupuesto para que la ANDA suministre agua en los municipios y colonias más vulnerables.

Para Carlos Flores, del Foro del Agua, lo grave dentro del estado de emergencia es que las autoridades traten el problema como en tiempos ordinarios y no se haga nada por las poblaciones vulnerables en Santo Tomás o como también pasa en Ilopango y en varias zonas de Soyapango y Apopa, a las que les falta agua. “El problema es que ahora no estamos en un período normal, estamos bajo amenaza del coronavirus”, opinó.

La autónoma vende a $0.20 el metro cúbico de agua, del que salen cinco barriles. El costo por barril ronda los $1.50. Flores explica que si una familia recibiera una subvención de dos metros cúbicos de agua a la semana, “al mes serían $60 por familia”. Con ese subsidio se beneficiaría a las familias que han perdido sus ingresos por la cuarentena y que deben comprar agua.

La tercer propuesta es ampliar el sistema de la zona norte de San Salvador, conocida como Valle El Ángel, en donde las comunidades se oponen a megaproyecto de la familia Dueñas. 

La gestión de Frederick Benítez en ANDA otorgó, el 22 de junio de 2019, una nueva factibilidad de agua que ampliaba las facultades de la Sociedad Dueñas Hermanos Limitada para explotar el agua en Valle El Ángel.

Para resolver la crisis hídrica que profundiza con pandemia, los activistas proponen que ANDA abra ocho pozos para extraer hasta 50 litros por segundo. Con esos pozos, ANDA tendría la suficiente capacidad de producción para satisfacer a cerca de 700 mil personas, explicó Flores.

 “Ahí se resuelve el problema de Altavista, de Soyapango, incluso el problema de Apopa. Dejando libre el agua que se está canalizando a estos sectores seguro queda agua para resolver el problema de Santa Tecla y Santo Tomás”, dijo Flores.

Distribución desigual

Existen municipios como Santo Tomás ricos en agua. Si es así, ¿por qué tiene problemas de abastecimiento? Los representantes de Fespad, la Unes y el Foro del Agua coinciden en que, pese a ser un derecho universal, mientras el Estado no incluya el acceso al agua como derecho humano en la Constitución, o en una ley, habrá un problema de inequidad de dos niveles. 

El primer nivel se revela en el Plan Nacional de Gestión Integrada del Recurso Hídrico del MARN, publicado en 2017. Que indica que de toda el agua disponible en el país, solo el 27 % está destinado al consumo humano, el 77 % restante es para actividades económicas.

El segundo nivel está relacionado a la distribución del agua. Para los especialistas, los sectores privilegiados económicamente son los que tienen acceso al agua de mejor calidad y de menor precio. 

Por ejemplo, las residenciales de lujo en Santo Tomás. “En Ciudad Dorada pasaron cuatro días sin agua. Primero, hablamos de casas en las que hay cisterna; segundo, estamos hablando de cuatro días sin agua, en comparación de dos o hasta tres meses sin agua”, reclamó la ecofeminista Marcela Ameyalli.

Luis González, abogado ambientalista de la Unes, cree que si en estos municipios compran el barril a $1.50, lo está consiguiendo ocho veces más caro. “Sin duda, es una inequitativa distribución... Entonces, uno dice: ¿por qué empresas como la Coca Cola, La Constancia, tienen el agua tan barata? O centros comerciales como Metrocentro, Multiplaza, o colonias como la San Benito y la Escalón tienen agua barata. Pero la gente más vulnerable, que tiene menores ingresos, compra el agua más cara”, añadió.

Este martes 21 de abril, algunos hogares de Cimas de San Bartolo pudieron recolectar agua por unas horas. El sonido del agua al caer dentro de la pila que se llenaba era débil. No fue el esperado, pero dió un respiro de alegría. Las familias de esa zona solo piden agua: es posible que el jueves 23 de abril se levante un cordón sanitario, pero si no tienen condiciones que les garantice el encierro obligatorio, podrían pasarla mal. “Necesitamos agua”, reiteró una de las habitantes.

*Con reportes de Carmen Valeria Escobar

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