El plan contingencial
Desde el 21 de marzo que inició la cuarentena domiciliar, el Ejecutivo ha emitido una serie de decretos para evitar la proliferación del COVID-19. Sin embargo, dentro de ninguno de los documentos se ha planteado que se abastecerá de agua potable en las zonas con escasez, sobre todo, cuando el 40.9 % de las familias viven en el hacinamiento.
Para la activista Sonia Sánchez, esa debió ser una de las primeras medidas ejecutadas. Ella, todos los días, debe arriesgar su salud para buscar agua y “ni siquiera las autoridades, ni el presidente han tenido a bien decir que el agua es una necesidad prioritaria en esta emergencia”.
Este año, el Gobierno redujo $11.1 millones al presupuesto de la ANDA, que pasó de $221.2 millones a $210.1 millones. En ese contexto, las fuentes consultadas por GatoEncerrado creen que es necesaria una inyección a la autónoma para que pueda distribuir agua a través de pipas y asumir los costos del subsidio propuesto.
El representante de Fespad considera como prioritario desarrollar un “plan agresivo para contratación de pipas” y habilitar pozos que estén en centros comerciales y zonas residenciales. Una segunda propuesta es que la ANDA otorgue una subvención de $60 a las familias que compran agua.
Para ayudar a usuarias como Sonia, organizaciones aglutinadas en el Foro del Agua también proponen aumentar el presupuesto para que la ANDA suministre agua en los municipios y colonias más vulnerables.
Para Carlos Flores, del Foro del Agua, lo grave dentro del estado de emergencia es que las autoridades traten el problema como en tiempos ordinarios y no se haga nada por las poblaciones vulnerables en Santo Tomás o como también pasa en Ilopango y en varias zonas de Soyapango y Apopa, a las que les falta agua. “El problema es que ahora no estamos en un período normal, estamos bajo amenaza del coronavirus”, opinó.
La autónoma vende a $0.20 el metro cúbico de agua, del que salen cinco barriles. El costo por barril ronda los $1.50. Flores explica que si una familia recibiera una subvención de dos metros cúbicos de agua a la semana, “al mes serían $60 por familia”. Con ese subsidio se beneficiaría a las familias que han perdido sus ingresos por la cuarentena y que deben comprar agua.
La tercer propuesta es ampliar el sistema de la zona norte de San Salvador, conocida como Valle El Ángel, en donde las comunidades se oponen a megaproyecto de la familia Dueñas.
La gestión de Frederick Benítez en ANDA otorgó, el 22 de junio de 2019, una nueva factibilidad de agua que ampliaba las facultades de la Sociedad Dueñas Hermanos Limitada para explotar el agua en Valle El Ángel.
Para resolver la crisis hídrica que profundiza con pandemia, los activistas proponen que ANDA abra ocho pozos para extraer hasta 50 litros por segundo. Con esos pozos, ANDA tendría la suficiente capacidad de producción para satisfacer a cerca de 700 mil personas, explicó Flores.
“Ahí se resuelve el problema de Altavista, de Soyapango, incluso el problema de Apopa. Dejando libre el agua que se está canalizando a estos sectores seguro queda agua para resolver el problema de Santa Tecla y Santo Tomás”, dijo Flores.
Distribución desigual
Existen municipios como Santo Tomás ricos en agua. Si es así, ¿por qué tiene problemas de abastecimiento? Los representantes de Fespad, la Unes y el Foro del Agua coinciden en que, pese a ser un derecho universal, mientras el Estado no incluya el acceso al agua como derecho humano en la Constitución, o en una ley, habrá un problema de inequidad de dos niveles.
El primer nivel se revela en el Plan Nacional de Gestión Integrada del Recurso Hídrico del MARN, publicado en 2017. Que indica que de toda el agua disponible en el país, solo el 27 % está destinado al consumo humano, el 77 % restante es para actividades económicas.
El segundo nivel está relacionado a la distribución del agua. Para los especialistas, los sectores privilegiados económicamente son los que tienen acceso al agua de mejor calidad y de menor precio.
Por ejemplo, las residenciales de lujo en Santo Tomás. “En Ciudad Dorada pasaron cuatro días sin agua. Primero, hablamos de casas en las que hay cisterna; segundo, estamos hablando de cuatro días sin agua, en comparación de dos o hasta tres meses sin agua”, reclamó la ecofeminista Marcela Ameyalli.
Luis González, abogado ambientalista de la Unes, cree que si en estos municipios compran el barril a $1.50, lo está consiguiendo ocho veces más caro. “Sin duda, es una inequitativa distribución... Entonces, uno dice: ¿por qué empresas como la Coca Cola, La Constancia, tienen el agua tan barata? O centros comerciales como Metrocentro, Multiplaza, o colonias como la San Benito y la Escalón tienen agua barata. Pero la gente más vulnerable, que tiene menores ingresos, compra el agua más cara”, añadió.
Este martes 21 de abril, algunos hogares de Cimas de San Bartolo pudieron recolectar agua por unas horas. El sonido del agua al caer dentro de la pila que se llenaba era débil. No fue el esperado, pero dió un respiro de alegría. Las familias de esa zona solo piden agua: es posible que el jueves 23 de abril se levante un cordón sanitario, pero si no tienen condiciones que les garantice el encierro obligatorio, podrían pasarla mal. “Necesitamos agua”, reiteró una de las habitantes.
*Con reportes de Carmen Valeria Escobar
