Por Gabriela Villarroel

El presidente de la República, Nayib Bukele, delegó al vicepresidente Félix Ulloa la facultad de elaborar un plan de reformas a la Constitución de la República de El Salvador, a través de un acuerdo ejecutivo. El proceso, sin embargo, está viciado desde el inicio: el Ejecutivo no está facultado para presentar reformas constitucionales a la Asamblea Legislativa, y el período electoral se antepone a un necesario proceso de consulta, según abogados constitucionalistas.

El acuerdo ejecutivo 295, donde se revela el nuevo cargo de Ulloa, se mantuvo en secreto hasta último momento. Contrario a muchas decisiones que el Ejecutivo suele publicitar, el nombramiento del vicepresidente para su misión —que cumplirá de carácter “ad honorem”— no fue anunciado en redes sociales; pero sí se publicó en el Diario Oficial, tomo 428, número 176, del martes 1 de septiembre de 2020. En el documento, Ulloa queda autorizado por el mandatario salvadoreño para coordinar el “Estudio y Propuesta de Reformas a la Constitución de la República”. 

Como delegado presidencial, Ulloa llevará a cabo “el estudio, análisis, discusión y propuesta de todas aquellas iniciativas que tengan como objetivo una reforma constitucional” que será la base para “una legislación moderna y eficiente, acorde a las necesidades actuales de la sociedad”. El vicepresidente, además, quedaría en “las más amplias facultades legales” para nombrar a un equipo de abogados quienes, también de forma ad honorem, alistarán la propuesta.

Aún se desconoce qué tipo de cambios impulsará Ulloa en la Constitución de la República, cuándo se presentarán y cómo se garantizará el respeto a las cláusulas pétreas; es decir, artículos de la Constitución que no pueden ser modificados para mantener la alternancia del poder, la extensión geográfica del país y el sistema de Gobierno. GatoEncerrado intentó contactar al vicepresidente Ulloa a través de su número de teléfono personal y de su asistente, pero no recibió respuesta hasta el cierre de esta nota. 

La administración Bukele concreta con el nuevo acuerdo ejecutivo el anuncio hecho por Ulloa el 10 de junio, cuando reveló en una entrevista con Telecorporación Salvadoreña (TCS) que estaba preparando una propuesta de reforma constitucional “integral” para evitar conflictos entre Órganos de Estado.

Los abogados constitucionalistas Ruth Eleonor López, catedrática de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), Rodolfo González, exmagistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Francisco Bertrand Galindo, exministro de Justicia y Seguridad, explican que el Ejecutivo no tiene la facultad para presentar este tipo de reformas.

El intento, sin embargo, podría revelar el interés de Bukele por perpetuarse en el poder, cambiar el sistema político, o bien, su incomodidad con los pesos y contrapesos en la Constitución, según el análisis de los abogados.

“(El acuerdo) evidencia que la Constitución establece limitantes incómodas para el presidente, con reglas de juego que se rehúsa a cumplir. Tal parece que busca jugar solo en la cancha (…) El Ejecutivo no tiene iniciativa para promover una reforma constitucional, solamente los diputados”, explicó la constitucionalista López.

Aunque los diputados oficialistas de Gana reúnan las 10 firmas necesarias para dar iniciativa de ley a la reforma constitucional, si estos presentan la petición a nombre de la presidencia de la República cometerían fraude a la Constitución, según explicó González. 

El artículo 248 de la Constitución de la República establece que una reforma a la Carta Magna sólo puede provenir de los diputados en un número no inferior a 10; pero al hacer una lectura del acuerdo ejecutivo, el exmagistrado González plantea que la formulación de la iniciativa se haría con los especialistas delegados por Ulloa. La Sala de lo Constitucional, prevé, podría considerar esta iniciativa como “viciada” por dejar a los diputados como simples “pasapapeles” de reformas elaboradas por el Gobierno.

“No es ninguna casualidad que el constituyente dejara fuera al Ejecutivo del proceso de reforma a la Constitución (…) Es por las experiencias que hemos tenido en Latinoamérica, que empiezan como reformas parciales y terminan eliminando la cláusula pétrea de alternancia en el poder”, agregó.

Bertrand Galindo recuerda que el vicepresidente Félix Ulloa ya ha planteado reformas a la Constitución relacionadas con la “parte orgánica del Estado”, incluyendo una transición de la democracia representativa a la democracia participativa, que introduce la figura del referendo. 

“Esto ya es otro tipo de concepto de sistema político, que no es el sistema del que hemos hablado siempre nosotros. Es un enfoque más parecido a lo que se hizo en Venezuela y en otros países, tratando de sustituir la democracia clásica por esa democracia más de corte socialista”, opinó.

El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, René Hernández Valiente, dijo este 10 de septiembre en una entrevista de TCS que este no es el mejor momento para iniciar un proceso de estudio, análisis y reforma de la Constitución de la República, porque el presidente Bukele ha dado señales de saltarse las leyes, irrespetar la Sala de lo Constitucional y de intromisión en el poder legislativo como cuando militarizó la Asamblea y usurpó la silla del presidente de ese órgano de Estado.

¿Bukele quiere perpetuarse en el poder?

“Vamos a reformar el Estado, tenemos el 97 % de apoyo del pueblo”, dijo Nayib Bukele a sindicalistas afines, durante una reunión en Casa Presidencial el pasado 28 de mayo. Con la reforma, dijo, “vamos a dar salud, alimentación, seguridad y a recuperar la economía luego de la pandemia de COVID-19”; aunque no dio más detalles.

Al ser consultado sobre esta sentencia del mandatario y si esto implica una reforma para reelegirse, Ulloa respondió que “esas podrían ser aspiraciones de cualquiera, aunque El Salvador tiene los mecanismos de control institucional para que esto no se dé si el pueblo no lo quiere”.

Para el exmagistrado González, el problema con el argumento de colocar al pueblo como justificación “es que esto implica un riesgo razonable que se nos plantea de un Gobierno populista” como el de Nayib Bukele: se abre la puerta de cambiar la Constitución a un presidente que “manipula la información, la opinión pública, y podría, efectivamente, perpetuarse en el poder”.

Hablar de una reelección, según el exmagistrado, es una evidente violación a las cláusulas pétreas de la Constitución, que contienen la alternabilidad en el ejercicio del poder; la integridad del territorio y la forma y sistema de Gobierno.

Sin embargo, advierte, hay artículos que corren el riesgo de ser modificados para desvirtuar la alternancia en el poder. Específicamente, González habla del artículo 152, que prohíbe ser candidatos a la presidencia a el o la cónyuge del presidente, así como a sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. 

“Podrían posibilitar, por ejemplo, que conforme al artículo 152 no haya un impedimento para que un pariente, específicamente un hermano, pueda ser candidato”, afirmó. Junto a Nayib Bukele, componen el anillo de poder más influyente en el Gobierno sus hermanos Karim, Ibrajim y Yusef Bukele Ortez.

El secretario jurídico de la Presidencia, Conan Castro, aseguró en una entrevista en Canal 33, este 9 de septiembre, que las reformas conllevarán “cambios estructurales” y de “cómo se constituye el Estado”, pero descartó que se toquen las cláusulas pétreas.

Una reforma a destiempo

En el caso de presentar una reforma constitucional a la actual Asamblea Legislativa, el tiempo es limitado, advierten los juristas.

Los constitucionalistas López y González coinciden en que, según jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional, las reformas a la Carta Magna deben hacerse antes del inicio de la propaganda electoral. Ambos citan la sentencia 7-2012, en donde la Sala estableció un sistema de siete fases para reformar el texto constitucional a través del diálogo y aprobación de dos Asambleas Legislativas sucesivas. 

Dicha sentencia establece que la “voluntad popular” para apoyar o no un acuerdo de reforma constitucional, se expresa a través de las urnas, eligiendo a candidatos que respaldan o rechazan la modificación a la Constitución. Para ello es necesaria una fase informativa que, según López, debe coincidir con el período de propaganda electoral; es decir, dos meses antes de la elección. 

El calendario electoral divulgado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), dejaría el 27 de diciembre de 2020 como última fecha para que la próxima Asamblea Legislativa (2021-2024) pueda ratificar un posible acuerdo de reforma que se logre en la actual legislatura (2018-2021).

El exmagistrado González asegura que la Sala que integró entre 2012 y 2018, sometió a control dos reformas constitucionales que incumplieron el requisito de ser aprobadas antes de las elecciones que configuran la segunda legislatura, en las que “el pueblo no había tenido la posibilidad de opinar”. Se trata del acuerdo de reforma para establecer que el matrimonio se reserva para un hombre y una mujer así nacidos; y una modificación para ampliar el período de alcaldes y diputados de tres a cinco años. Ambas fueron rechazadas por la Sala.

“Si esperan hasta después de febrero, ya con el resultado de las elecciones, y meten la iniciativa para que en los últimos dos meses aprueben el acuerdo de reforma, esto sería un fraude a la constitución, contradicción con los precedentes y clarísimamente es para anular”, explicó.

Bertrand Galindo coincidió con el planteamiento y agregó que, si no hay reformas constitucionales formuladas en enero, ni hay una decisión de la Asamblea Legislativa por mayoría simple, “definitivamente si las aprueban después de las elecciones, (las reformas) ya no tienen valor”.

Según el secretario jurídico de la Presidencia, Conan Castro, la preparación del estudio y elaboración de propuesta de reforma, podría tomar desde seis meses hasta un año.