Ministro de Defensa sostiene que Gobierno ha entregado información a pesar de bloquear archivos militares

El ministro de la Defensa, René Merino Monroy, declaró que el Gobierno ha entregado toda la información requerida sobre los archivos militares de los ochenta y que el presidente Bukele ha cumplido su promesa de abrir los expedientes para conocer la verdad sobre la masacre de El Mozote y sitios aledaños. Eso a pesar de que el Estado Mayor mantiene bloqueados los archivos militares. Ante el bloqueo, el juez de Instrucción de San Francisco Gotera, ha dado cinco días hábiles al Estado Mayor para que aclare el bloqueo militar de la inspección programada para el pasado 21 de septiembre.

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Por Karen Moreno

Por Karen Moreno

Emerson Flores

Emerson Flores

El Ministro de la Defensa Nacional, René Merino Monroy, aseguró este miércoles 23 de septiembre, en una entrevista radial, que el Gobierno está entregando la información solicitada por el juez Primero de Instrucción de San Francisco Gotera, Jorge Guzmán, sobre los archivos militares de los años ochenta. Añadió que, por tanto, el presidente Nayib Bukele ha cumplido su promesa de abrir los expedientes “de la A a la Z”.

“El señor presidente (Nayib Bukele) está cumpliendo con lo que prometió, porque nosotros no hemos negado la información. Cada vez que se requiere información a ese caso, nosotros ordenamos a las instancias correspondientes que busquen toda la información que exista referente a eso y se las entregamos bajo una certificación (...) Estamos entregando la información que nos piden y, por lo tanto, lo que el señor presidente ha dicho no se ha violado”, aseguró el ministro de Defensa, escuetamente y advirtiendo que no seguiría profundizando en el tema.

El pasado lunes 21 de septiembre, sin embargo, el juez Guzmán, los peritos archivistas, fiscales y la delegación de la Procuraduría de Derechos Humanos se vieron bloqueados para realizar una inspección de diferentes archivos del Estado Mayor de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES). Al llegar, conforme a la notificación judicial, se encontraron con un cerco militar colocado deliberamente para evitar la diligencia y desobedecer la orden judicial. Ante lo ocurrido, el juez notificó de manera formal la reprogramación de la diligencia para el próximo 5 de octubre. 

También solicitó al presidente Nayib Bukele y al ministro de Defensa que informen quién dio la orden de bloquear la diligencia judicial del lunes 21 de septiembre en el Estado Mayor Conjunto de la FAES, en un plazo de cinco días hábiles, con el fin de certificar a la Fiscalía General de la República la investigación de los posibles delitos cometidos al desobedecer la orden judicial.

El Juez Jorge Guzmán insiste en abrir los archivos militares, pese a la negativa del gobierno. Foto/FGR

David Morales, director de litigio estratégico de Cristosal, desmintió a Monroy y dijo a GatoEncerrado que el Gobierno no ha entregado ninguna información. 

“Al Gobierno de Nayib Bukele solo se le ha realizado una petición, de la cual no se entregó ninguna información (...) Toda la información obtenida ha sido a petición de la acusación entre esta información al Gobierno pasado, que entregó los perfiles militares de todos los imputados”, aclaró el abogado Morales.

El descontento de las víctimas 

El bloqueo militar para revisar los archivos militares y lo ocurrido en la masacre de El Mozote y lugares aledaños ha provocado descontento en víctimas y familiares. Reina Portillo es una de las sobrevivientes de la masacre y quien perdió a su familia a manos de la Fuerza Armada en 1981, además de dos sobrinas que hasta la actualidad siguen desaparecidas. Tras enterarse del bloque, dijo que se siente defraudada porque el presidente incumplió su palabra.

“Me siento mal porque el presidente se comprometió con las víctimas y familiares que fueron a desayunar a Casa Presidencial. Él dijo verbalmente que estaba con las víctimas y que iba a ser diferente a los gobiernos anteriores”, expresó. 

Agregó que Bukele no podía negar la entrada al Estado Mayor, porque se supone que era una orden judicial y tenía que cumplirla. Pero, aún así, el gobierno se negó a cumplir con una orden judicial.

Luego de la transmisión radial, el ministro de Defensa evadió las preguntas de la prensa sobre el bloqueo militar de los archivos de guerra de los ochenta en Morazán.

Lo ocurrido el pasado lunes 21 ha hecho eco en diferentes organizaciones defensoras de derechos humanos y en la comunidad internacional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó la obstrucción a la inspección ordenada por el Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera. Exigió cumplir con las decisiones judiciales y garantizar el acceso a archivos que contribuyan en investigaciones.

La decisión de impedir la diligencia judicial fue expresada por el director jurídico del Ministerio de Defensa, Carlos Vanegas, quien se justificó diciendo que los planes militares son secretos, incluyendo los de diciembre de 1981. El abogado Morales afirmó que el Estado Mayor no solo contiene archivos de guerra, también guarda archivos históricos y administrativos. Considera que el argumento para impedir el acceso no es válido.

Morales dijo que, pese a que el coronel Carlos Vanegas, le expresó al juez la decisión de impedir la diligencia judicial, esta fue tomada por el alto mando y, en primera instancia, por el comandante general Nayib Bukele.

“El incidente ocurrió en las propias oficinas donde está el despacho del ministro de Defensa, así que es evidente que desde el más alto nivel se dio la orden. La Fiscalía bien podría actuar de oficio. Hemos expresado y reiteramos ahora que los hechos ocurridos el 21 de septiembre fueron constitutivos de delitos, si bien un coronel ocupa un rango medio en la cadena de mando, fue quien impidió el acceso al tribunal para realizar las inspecciones”, manifestó.

Un día antes de la inspección, Bukele estableció un cerco sanitario, para contener el contagio de COVID-19 en el municipio de San Francisco Gotera. Desplegó el ejército en la zona donde se está llevando a cabo el juicio de El Mozote, llevó bolsas solidarias a familias del lugar, pero todavía no se ha pronunciado sobre lo ocurrido en el Estado Mayor. 

El Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas", (Idhuca) envió una carta a la CIDH por la desobediencia del Ministerio de Defensa al impedir la inspección de los archivos militares, ordenada por el juez del caso El Mozote. En ella, el Idhuca manifiesta su preocupación "sobre el deterioro institucional" y "la vulneración a los derechos humanos que experimenta El Salvador". 

El Idhuca también señaló la falta de garantías de los derechos de las víctimas del conflicto armado y el irrespeto a las decisión judicial, “encaminada a realizar las investigaciones de los hechos relativos a la masacre, con la mayor diligencia, puesto que tales archivos podrían contener información trascendental al respecto”. 

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