Por Karen Moreno

Rodolfo González, exmagistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), manifestó que la Iglesia Católica debe permitir el acceso a los archivos militares y colaborar con la administración de la justicia para que se puedan esclarecer los delitos cometidos durante la época del conflicto armado.

“En el fallo se aclaró que se mantiene en custodia y bajo la administración y la propiedad de todos estos documentos de la iglesia, pero que tiene el deber de colaborar con las autoridades que requieran información de ese archivo”, dijo a GatoEncerrado. González fue uno de los magistrados que firmó en 2016 la resolución que obliga a la Iglesia a permitir el acceso a los archivos y con la cual el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, intentó argumentar su negativa a abrirlos. 

En 2016, en el amparo 828-2013 y 883-2013, la Sala resolvió a favor de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana de El Salvador, en procesos acumulados en contra de la Secretaría de Cultura de la Presidencia y el Director Nacional de Patrimonio Cultural, “por la vulneración de su derecho a la seguridad jurídica y el derecho a la autodeterminación informativa de las víctimas, cuyos datos e información personales obran en el archivo de la extinta Oficina de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador”. 

Si bien la Iglesia debe resguardar los expedientes, la Sala también ordenó obligaciones para la Iglesia. En este caso, “prestar su colaboración a las instituciones estatales -Ministerio Público, Órgano Judicial, etc.- u organizaciones no gubernamentales que conforme al ordenamiento jurídico de El Salvador se encuentren debidamente legitimadas para procurar el esclarecimiento de casos de posibles violaciones a derechos fundamentales, siempre que para ello sea necesario el acceso a los documentos contenidos en el citado archivo”. 

En su resolución, la Sala añadió que este procedimiento debe realizarse “con respeto a los derechos a la intimidad y a la autodeterminación informativa de las víctimas”.

“Lo sentimos mucho, de que alguien quiera invadir los archivos y llevarse la información. No puede ser (…) No soy yo el que lo dice, sino que es toda la institución. Los archivos se han clasificado, tenemos un protocolo a cumplir y tenemos una sentencia de la Corte, que es la que debemos acatar todos”, declaró ante los medios el arzobispo, omitiendo los deberes de la iglesia con el sistema de justicia.

El próximo 26 de enero, Jorge Guzmán, juez de Instrucción de San Francisco Gotera, tiene programado acudir al archivo histórico del Arzobispado de San Salvador, para recolectar información que pudiera ser de interés para esclarecer los hechos ocurridos en la masacre de El Mozote, Morazán, en 1981. 

Desde el 21 de septiembre de 2019, Guzmán ha intentado infructuosamente acceder a los archivos de distintas unidades militares del país, pero el bloqueo de la entrada sin ninguna justificación legal ha alargado el camino hacia la justicia para las víctimas de la matanza.

“La Fiscalía General de la República llegó con una orden de un juez para allanar los archivos. Luego, (la Procuraduría de) Derechos Humanos también quería allanar los archivos. El propio presidente de aquel entonces quería tenerlos también. Nosotros les dijimos que no podían hacer eso. Nadie puede violar los archivos de esa manera”, manifestó Alas. 

Pese a la negativa de la iglesia a que entidades como la Fiscalía y la Procuraduría accedan a los archivos, el ex magistrado consideró que sí pueden hacerlo, “y más todavía si hay una orden judicial. Pueden tener acceso al archivo y buscar documentación”. Lo que ninguna entidad puede hacer es trasladar la documentación, señaló González. 

La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), manifestó que la Iglesia Católica está obligada por mandato judicial a cumplir la resolución en su totalidad. “A casi cinco años de ese fallo, agradeceríamos al Arzobispado que haga público el inventario de los documentos que integran el mencionado archivo”, se pronunció la institución, en concordancia con una de las órdenes del fallo

González recomendó a los abogados defensores de las víctimas solicitar una resolución de seguimiento a la Sala, para que los magistrados verifiquen el cumplimiento del fallo de 2016, y hace un llamado a la iglesia a aclarar las órdenes establecidas en el fallo. 

“Ni la iglesia ni el Ejecutivo ni ninguna entidad está exenta de cumplir fallos judiciales. Eso es fundamental en un estado de derecho y hemos visto la situación de militares encargados de cierta guarnición, que le dicen al juez que tiene órdenes superiores. Eso no vale como excusa de ninguna entidad”, finalizó González.