“Sería lamentable que alguien que ha ejercido su libertad de expresión sea vetada por intereses”: Celia Medrano

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Por Mónica Campos

Por Mónica Campos

El panorama es gris para la salvadoreña Celia Medrano en la recta final de la elección a la secretaría general de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que compite con otros cuatro candidatos finalistas. La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano. Está integrada por siete miembros independientes que se desempeñan en forma personal y tiene su sede en Washington, D.C. 

La periodista y defensora de derechos humanos ha sido crítica del secretario general de la OEA, Luis Almagro, y de la gestión del presidente de El Salvador Nayib Bukele, quien, según reveló La Prensa Gráfica, le habría expresado a Almagro su rechazo a la candidatura de Medrano. “No me consta”, dice ella. Pero agrega que no debería tener peso en la elección “si esa reunión y esa objeción fue basada en la molestia de un mandatario con un actor que señala con respeto, pero con claridad, fallas que terminan en vulneración a derechos humanos durante su mandato”.

La decisión final de quién ocupe la secretaría ejecutiva de la CIDH la tendrá el mismo Almagro después de la deliberación de los otros comisionados. Almagro es quien minimizó y tildó de “voces histéricas” a los críticos de Bukele después de la militarización de la Asamblea Legislativa, el 9 de febrero de 2020. Un año después y luego de revelarse que sostuvo una reunión con Bukele, la OEA anunció que enviará una "Misión Especial a los efectos de evaluar la situación político institucional y contribuir en la preservación y fortalecimiento del Estado de Derecho".

De ser electa, Medrano llegaría a una CIDH que en enero de 2020 enfrentó una polémica por la decisión de Almagro de no renovar el contrato del entonces secretario general de la CIDH, Paulo Abrão, pese a que había sido electo por unanimidad de los comisionados para seguir en el cargo por otro período de cuatro años. Humans Right Watch calificó la situación como una “embestida contra la CIDH”.

En agosto de 2020, Medrano escribió en una columna en el periódico Contrapunto que “ejercer autonomía cobra factura, incluso contra la misma CIDH”. Medrano expone que el detonante de la salida de Abrão pudo ser un comunicado que emitió la comisión en el mes de junio del año pasado, en el que llamaba al gobierno estadounidense a reformar sus sistemas de seguridad y justicia, en el marco de las protestas contra la discriminación racial. El comunicado fue bajado de la página web de la OEA y dos meses después de su publicación, se anunció la decisión de no renovar el contrato de Abrão. “No es la primera ocasión en que se evidencian fisuras entre el sistema interamericano de derechos humanos y la estructura político-burocrática de la OEA”, escribió Medrano en esa ocasión. Dos meses después de publicar esa columna, decidió postularse al cargo de la secretaría ejecutiva y una de sus propuestas de ser electa es lograr la autonomía de la CIDH. 

Celia Medrano es periodista y reconocida por ser defensora de derechos humanos. En el contexto del conflicto armado salvadoreño, y con el riesgo que implicaba, fue parte de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador. Posteriormente fue coordinadora general de la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos en Centroamérica, Cónsul de El Salvador en Washington y directora de programas de Cristosal. Actualmente, es consultora y conduce un programa de entrevistas en una radio donde no cobra un salario, sino que lo hace por mantenerse activa en el ejercicio de su profesión como periodista. 

Además de su aspiración a la CIDH, en esta entrevista con GatoEncerrado, también habla sobre la tendencia autoritaria del gobierno de Bukele, las violaciones a derechos humanos y del reciente asesinato de dos activistas del FMLN a manos de agentes policiales, asignados a la seguridad del Ministerio de Salud.

¿Cómo ha sido el camino desde la postulación hasta que se anuncian las cinco candidaturas finalistas? 

En septiembre fue dada a conocer públicamente la convocatoria de la CIDH para quienes estuviesen interesados en postularse. Yo me postulé el 9 de octubre. No pensaba hacerlo, fueron personas interesadas en el proceso que me sugirieron que lo hiciera. Es importante los antecedentes que esto ha tenido. Realmente, la Comisión de Derechos Humanos, los comisionados, las comisionadas, ya habían elegido en enero del año pasado a Paulo Abrão, el que era secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana, para un período adicional de cuatro años más. Lo que sucedió fue que el secretario general de la OEA (Luis Almagro) planteó que no daba paso al trámite administrativo (de contrato) porque había muchas denuncias de carácter laboral dentro de la Secretaría Ejecutiva. Un año después, no queda claro si esas denuncias existían, si eran dirigidas al secretario ejecutivo anterior o no. No queda claro si eran denuncias que habían sido tramitadas. Y se dio una confrontación internacional entre la Comisión Interamericana y el secretario general Almagro que fue zanjada por una acción, a mi juicio, muy digna y muy ética por el secretario electo Abrão. Él publicó una nota en la que anunciaba su renuncia al proceso y que agradecía a los comisionados por haberlo elegido, pero que él no quería ver que continuara una confrontación que estaba desgastando a la CIDH. Se retira, aclarando en su nota que él nunca fue notificado de que hubiese una denuncia en su contra y que los procesos obligarían a que la persona fuera notificada y se generaran las investigaciones, las verificaciones. Un año después hay mucha incertidumbre de qué tan cierto era eso y no sabemos si los procesos siguieron. 

Con respecto a la salida de Abrão, en agosto de 2020 usted escribió que “ejercer autonomía cobra factura incluso contra la misma CIDH”. ¿Cree que las críticas que ha hecho a Almagro puedan pasarle factura a usted también en el proceso de elección o en su trabajo dentro de la Comisión, de resultar electa? 

Pienso que mi trabajo es el que debe ser considerado para tomar una decisión, si soy la persona indicada o no para ejercer el cargo. Cualquiera de los cinco tiene las credenciales suficientes para ejercer la labor y para que la Comisión Interamericana quedase en buenas manos. Cualquiera de los cinco va a enfrentar un posible veto, un posible bloqueo a otros niveles, y la labor de la Comisión Interamericana siempre está sobre las posibles presiones de Estados que se ven señalados, en riesgo de estar señalados. Tratan de ejercer políticamente para que las funciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos estén sometidas a esas decisiones. Por eso, yo he planteado tanto en la nota a la que tú haces alusión en el mes de agosto, como posteriormente, que la autonomía administrativa de la CIDH es fundamental. Eso la blinda a posibles intenciones de hacer injerencia a su labor por la vía de la presión administrativa. Creo que es un reto que tendría cualquiera de los cinco que fuera elegido. Yo no puedo asegurar si haya una factura pendiente por haber dado mi opinión, por haber hecho ejercicio de expresar mi opinión en un medio de comunicación cuando sucedió la acción que impidió que el secretario ejecutivo anterior continuase con un segundo mandato. Pienso que sería lamentable que si alguien que ha hecho el ejercicio de su libertad de expresión o alguien que desarrolla por años una labor con un sello de independencia, de autonomía, en materia de la defensa de los derechos humanos, sea vetada por otro tipo de intereses. Eso no beneficia a la comisión, no beneficia a la OEA, no beneficia la labor de protección y defensa a la que está mandatada una instancia supranacional que tiene que demostrar que no hay ningún tipo de injerencia de ningún estado en su labor de señalar si está violando derechos humanos o en riesgo de violentarlos. Creo que eso es lo que está de por medio, no si una candidata es electa o no a partir de la influencia que puede tener un presidente de poder vetar o que un secretario general pueda hacerlo, o en las consideraciones que pudieran tomar los comisionados y las comisionadas de derechos humanos. Si se abre paso a eso, estamos hablando de un hecho lamentable para todas las instancias involucradas que tendría repercusiones en la credibilidad de la labor principal del Sistema Interamericano, que es la garantía del respeto a los derechos humanos de las poblaciones vulneradas en todo el continente. 

Una de sus propuestas es buscar la autonomía de la CIDH. ¿Cómo pretende lograrlo?

Primero, es importante acercarse mucho a los Estados que sí tienen clara voluntad política en respetar los derechos humanos. Acercarse mucho a organizaciones, a organismos internacionales que están pendientes de que sus apoyos económicos y políticos y sus alianzas las seleccionan a partir de gobiernos y gobernantes que respetan o están comprometidos con los derechos humanos. No es una labor que no se haya hecho antes, precisamente cuando uno estudia los informes de ejecución del plan estratégico de la CIDH correspondiente a los últimos cinco años, es notorio que hay pasos muy importantes para que la CIDH cuente con presupuestos no dependiendo de una discusión anual que podría ser influenciada por intereses de estados en la OEA. Y también tiene la posibilidad de contar con apoyos más allá del presupuesto asignado por la OEA para sus funciones y ahí hay gobiernos que apoyan, gobiernos que económicamente han apoyado las funciones de la Comisión y organismos internacionales que también lo hacen y en el caso de instancias multilaterales y gobiernos, también gobiernos que no son del continente. 

Usted planteaba también que el gobierno de El Salvador podría objetar su candidatura. La agencia Associated Press, publicó la semana pasada que el presidente Bukele viajó a Estados Unidos y no fue recibido en la Casa Blanca por los funcionarios de Biden, pero sí se reunió con Almagro. ¿Usted cree que Bukele todavía tendría peso político para incidir en la elección? 

Pienso que cualquier jefe de Estado que interpusiera ante una autoridad de la OEA sus objeciones por la candidatura de una persona de su país tiene un peso indiscutible. A mí no me consta que haya habido la reunión del presidente Bukele con el secretario general Almagro y mucho menos me consta qué hablaron en esa reunión. Lo que he leído es que fue una reunión a puerta cerrada; entonces, no conozco. Pero si esa reunión y esa objeción fue dada, y está basada en la molestia de un mandatario por un actor que señala con respeto, pero con claridad, fallas que terminan en vulneración a derechos humanos durante su mandato, eso no debería de tener un peso con respecto a las decisiones que se toman con respecto a ese candidato o a esa candidata. Si eso ha sido así y se toma una decisión influenciada, eso repercute en la CIDH, en la OEA, repercute como otro precedente para lamentar en materia de autonomía e independencia.

¿Y cómo lee usted el hecho de que Bukele no haya sido recibido por los funcionarios de Biden?

Yo creo que el gobierno estadounidense está comportándose muy prudente en el contexto electoral de El Salvador actualmente. Esa prudencia implica tratar de evitar que una reunión protocolaria o una reunión, incluso informal, fuese utilizada con fines proselitistas en un contexto electoral. Y también reunirse con un actor que ya ha sido objeto de manifestaciones de preocupación por parte de senadores estadounidenses, de congresistas estadounidenses, y que incluso ha sido observada la conducta del exembajador designado por Donald Trump para El Salvador, con respecto a no distanciarse al menos de acciones de corte autoritaria, cometidas por esta gestión gubernamental implicaría por sentido común guardar distancia. 

Usted ha dicho que ve una tendencia autoritaria del gobierno actual y que hay retroceso en materia de derechos humanos, ¿cómo cree que las próximas elecciones afectarán esta situación?

Sostengo. Soy de los muchos actores nacionales e internacionales que han manifestado preocupación por una tendencia regresiva en materia de garantía democráticas y en materia de respeto a derechos humanos. Solo el conflicto entre instancias estatales que se vive, una confrontación permanente protagonizada por el Órgano Ejecutivo contra los otros poderes del Estado, que también tienen mandato y atribuciones legales para ejercer su labor, ya es un mal signo en materia de institucionalidad democrática.  Sí, sí hay regresividad y hay una regresividad que va en escalada. El 9 de febrero fue un parteaguas en ese sentido. ¿Cuándo habíamos visto eso? Ni siquiera en la guerra habíamos visto una invasión militar contra las instalaciones de otro órgano del Estado. Esa desnaturalización del rol constitucional, del mandato de la Fuerza Armada que no se debe a un presidente, se debe a una nación. Porque la Constitución es clara en plantear que la Fuerza Armada se debe a la nación, no se debe a un presidente, aunque el presidente juegue un rol de jefe general de las Fuerzas Armadas. El ministro de Defensa debería de ejercer su obligación de plantear que ningún funcionario está obligado a acatar una orden que es ilegal. Bajo la cobertura de que se obedecía a un presidente, se jura lealtad a un mandatario y no a la nación, la consecuencia ya la hemos visto desde 1931, con el primer golpe militar vivido en nuestro país que nos condenó a décadas de dictaduras militares que terminaron en 1979, pero que abrieron paso a una guerra originada por el cierre total de espacios de participación política. 

Lo que vemos es algo así como un culto a la personalidad del presidente, no solo por parte de sus funcionarios, sino también por parte de la gente que lo sigue. ¿Qué cree que ha hecho “bien” el presidente para tener este tipo de aprobación? 

Creo que hay un manejo del engaño. Pienso que el cierre, por ejemplo, de espacios a periodistas independientes, el ataque a la prensa independiente, la violencia verbal que trascendió a la violencia física que se ha traducido lamentablemente en la muerte de personas es una constante de mantener popularidad basada en el engaño y basada en insistir con un mensaje oficial que debe de ser aceptado por todos como una verdad. Las personas no son tontas, lo que yo creo es que así como han desilusionado a la población gestiones gubernamentales anteriores, esta gestión tarde o temprano se dará cuenta que han sido engañadas. Ya escucho a muchas personas que han cambiado de opinión. Creo que tarde o temprano las mentiras caen, el problema es que si eso es más tarde que temprano, podemos tener un daño a la institucionalidad democrática que ya estaba debilitada, irreversible. 

Podemos ver que el presidente Bukele repite la fórmula de personalidades políticas como Donald Trump, Bolsonaro y Juan Orlando Hernández. ¿Por qué cree usted que en los países de América se viene repitiendo esta fórmula de líder y qué factores les han favorecido? 

Creo que no hay capacidades en la clase política de presentar opciones reales. Lo estamos viendo en esta campaña electoral. Creo que la fortaleza de actores como Bolsonaro, como Juan Orlando Hernández, como Giammatei en Guatemala, en buena medida se alimenta de las debilidades de una oposición política que no demuestra a la población que ha aprendido de los errores y que son capaces de ofrecer algo nuevo a sus electores. Creo que es importante reflexionar que debemos ir más allá del análisis electoral. El estar sometidos a un ritmo constante que nos dicta elecciones cada tres años, cada cinco años, nos deja con una visión cortoplacista. Tenemos que pensar como nación y eso va más allá del juego electoral. Lo que sucede es, como parte del problema, que ningún actor de la clase política está interesado en formar políticamente a las personas. Porque un actor formado políticamente no es engañable, no es manipulable. Ningún actor político, hasta el momento, ha tenido interés real de formar a la población. No solo en el marco de la educación formal, hablo de la educación política de las personas como actores críticos y capaces de tomar decisiones razonadas e informadas. Tener un pueblo formado es un blindaje contra el populismo, contra el autoritarismo y es una apuesta que deberíamos de estar comprometidos todos a largo plazo. 

Otra de sus propuestas es que la CIDH fortalezca los sistemas internos de cada país. ¿Cómo puede incidir concretamente la CIDH para fortalecer esos sistemas?

A través de una de sus funciones, de sus mandatos, que es el de asesoría técnica. La asesoría técnica hay que reforzarla de tal manera de ofrecerle a los Estados y a los operadores estatales los espacios suficientes que les permita tomar la decisión de generar acciones preventivas y no esperar a ser denunciados por las víctimas ante el sistema interamericano de derechos humanos, mucho menos esperar al nivel siguiente que es la Corte IDH.

¿Cuáles cree que son los principales obstáculos en el acceso a la justicia de personas que han sido vulneradas en sus derechos humanos en el continente?

Son muchos, entre ellos la debilidad de las instancias del Estado de ejercer una labor independiente y la falta de enfoque desde las víctimas y de enfoque basado en derechos humanos. Lo hemos visto en diferentes escenarios. Si los actores de la clase política y los poderes fácticos que siempre están interesados en coptar a los actores y a las estructuras de Estado, siempre estarán en el objetivo de su beneficio, no en el beneficio de la población o de sectores vulnerabilizados de la población. Creo que ese es el reto principal: cómo garantizas una labor independiente que no esté coptada, influenciada, dañada o atacada por intereses fácticos que no responden a la necesidad de garantía de derechos humanos de la población. Lo vemos en el caso de El Mozote, tienes un juez valiente que está tratando de ejercer su labor, tratando de cumplir una sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, pero poderes fácticos influyen porque serían señalados y evidenciados en su responsabilidad en violaciones a derechos humanos, si por ejemplo, los archivos militares se abren. Yo no creo que no haya archivos militares. Yo no creo que hayan sido destruidos o al menos hayan sido destruidos en su totalidad. Creo que esos archivos existen, no solamente por su valor histórico sino que los procedimientos propios militares obligan a que si hay destrucción de archivos de importancia histórica, ello debe ser debidamente documentado. No creo que planes militares de la época del conflicto armado sean un secreto que pongan en peligro la seguridad nacional a estas alturas, pero sí ponen en peligro la impunidad que han gozado todos aquellos que han sido responsables de esas violaciones.  Y así como se habla de una masacre de mil personas en El Mozote, que fue un hecho aislado atribuible a los que ya están muertos, Domingo Monterrosa, ahora vemos que se pretende culpar a actores, en el marco de intolerancia política, a actores que son actores estatales y que tienen responsabilidad en hechos de violencia política. Y vemos el mismo patrón treinta, cuarenta años antes, y el mismo patrón treinta, cuarenta años después. Eso es lo que nos estamos jugando en materia de justicia para las víctimas de ayer y para las víctimas de ahora. 

Tanto antes como ahora vemos a las fuerzas de seguridad del Estado involucradas en la crisis política y en graves violaciones de derechos humanos. Incluso, el reciente ataque a militantes del FMLN, los principales sospechosos son agentes PPI de la PNC. Se supone que los Acuerdos de Paz eliminaban el rol político de la FAES y reconfiguraron una Policía apolítica. ¿Qué medidas deberían de tomarse con las fuerzas de seguridad del Estado salvadoreño? 

Estás viendo en un discurso de Estado, en un discurso oficial, frente a los hechos ocurridos el domingo 31 de enero: fue un autoatentado. Después en la medida que se van evidenciando los hechos te plantea: fue una confrontación armada, las víctimas andaban armadas y confrontaron con sus agresores. Se van descartando esas afirmaciones. Después, esto se está instrumentalizando y hay otras verdades, hay parcialidad en la investigación, después ocultar toda evidencia que permita llegar a la verdad y por último defender lo ocurrido o minimizar su gravedad. Esos cinco pasos que marcan un modus operandi lo vivimos en El Mozote. "No ocurrió, la masacre no ocurrió", cuando se evidencia que la masacre ocurrió, a partir de las evidencias internacionales: "fue una confrontación armada entre guerrilla y la FAES". Se va delimitando esa afirmación y luego pasa a la fase de ocultar la verdad, esconder evidencia, pretender minimizar lo que sucedió. Todavía, 30 años después escuchar a los defensores de los militares procesados en El Mozote en el tribunal señalar a las víctimas y decir que eran guerrilleras y porque eran guerrilleras fueron asesinadas, porque el discurso persiste y se repite tantas veces que es un modus operandi para ocultar la verdad a través de negar lo sucedido y cuando eso ya no es ocultable empezar a argumentar que la víctima "no era una blanca paloma". Eso mismo lo vimos en El Mozote, lo vimos en lo de los Jesuitas: modus operandi exacto. "Fue la guerrilla la que mató y ajustició a los jesuitas", se desmonta esa mentira: "fue un caso aislado, fueron militares que se pasaron de la regla y de los marcos institucionales y tomaron la acción propia de ir a asesinarlos". Se desmonta también esa mentira, se demuestra que fue decisión tomada al más alto nivel, el siguiente paso es minimizarlo, culpar a las víctimas. Y terminas con procesos que siguen ocultando la verdad sobre lo que sucedió. Y pasan años para que se esclarezcan los hechos y los mecanismos para las víctimas son tortuosos, largos, desgastantes. El asesinato de los jesuitas fue precedido por mensajes de odio a través de la radio nacional, la Radio Cuscatlán de la época, en donde llamaban las personas iracundas exigiendo que los responsables de lo que se estaba viviendo en la ofensiva militar de 1989 era responsabilidad de los jesutas. Gritos de odio que se tradujeron en un crimen internacional, en un crimen de lesa humanidad, lo mismo estamos viviendo nuevamente ahora. Desde esferas oficiales, mediante líneas de comunicación oficial, mediante medios oficiales, se legitima un discurso permanente de odio que luego se traduce en acciones de agresión física que ahora cuestan vidas. 

¿Qué debería hacer El Salvador con las fuerzas de seguridad del Estado? 

En primer lugar, la Asamblea Legislativa tiene que cumplir las decisiones que ya ha tomado. En el caso del director de la Policía Nacional, ya tomó la decisión, emitió el recomendable de que el director de la Policía Nacional no es más el director de la Policía y hay un desacato claro del Poder Ejecutivo en el cumplimiento de ese recomendable. La Sala de lo Constitucional ya ha emitido resoluciones claras que señalan incumplimiento, desacato por parte del Ejecutivo. Lo primero que tenemos que revisar es los poderes reales que se mueven con una Fuerza Armada que ha jurado lealtad a una figura y no es coherente con su misión de ser leal a la Nación. La gran pregunta es cómo se imponen las decisiones y acciones de los órganos del Estado contra un actor político que claramente ha dicho que los desconoce y no los acatará. Se ha militarizado el ejercicio político a través de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional Civil no como un ente civil sino como un ente armado más. 

Con respecto a las medidas cautelares que emitió la CIDH en favor de las personas que trabajan en el periódico El Faro, ¿qué acciones debería de tomar el Estado para "preservar la vida y la integridad" de quienes trabajan ahí?

Creo que lo primero que habría que monitorear es si cesa el ataque verbal por medio oficial a todo periodista, a toda periodista que trata de ejercer su labor con autonomía e independencia. También hay que monitorear si un periodista, una periodista, tiene acceso a información pública que por ley tiene que ser puesta a su disposición para el cumplimiento de su labor. Creo que esos dos aspectos serían los primeros a medir.  En Honduras y otros países se ha entendido que el cumplimiento de medida cautelar se traduce en ponerle vigilancia armada, guardaespalda, que el caso salvadoreño sería que los periodistas de El Faro tuvieran PPI asignados, pero en una situación en que estamos viendo que precisamente miembros de el PPI de la PNC están procesados por ejercer acción violenta armada contra opositores políticos al gobierno sería un desatino total. 

¿Cómo se puede confiar en la protección de un gobierno, que es en gran medida representante del Estado, cuando es la principal amenaza?

La CIDH no va a resolver por sí misma una situación grave de violaciones a derechos humanos cuando un actor estatal o el Estado mismo ya ha hecho de la violación de derechos humanos una política de Estado. La CIDH difícilmente por sí sola puede solucionar ese problema. La medida cautelar auna, coadyuva a la defensa y la protección de defensores y defensoras de derechos humanos pero es un actor más. Son diferentes actores en su conjunto los que deben ejercer la presión suficiente para que una actor que viola derechos humanos desista de hacerlo. 

¿Usted cree que de ser electa llegaría en un momento delicado para la CIDH?

No puedo anticiparme a un escenario de ese tipo, lo único que puedo plantear es que siempre buscaría ser coherente conmigo misma, ser consecuente conmigo misma, si he planteado de que uno de los ejes prioritarios en el caso de que estuviera al frente de la CIDH fuese profundizar acciones para la garantía de la independencia administrativa, daría pasos en esa línea. Pienso que ningún puesto de esta naturaleza es ajeno a intencionalidades de presión política por parte de los Estados que a fin de cuentas son estados que si violan derechos humanos serán señalados por violaciones a derechos humanos. Y ahí es el otro eje que he planteado: acercarse a los estados, pero nunca a costa de los derechos de las víctimas. Ese es un tema innegociable: los derechos humanos no se negocian. 

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