Foto/Emerson Flores
Las reformas que Cicíes propone para evitar corrupción en emergencias
La Cicíes propuso al gobierno de Bukele reformas a la legislación actual salvadoreña para prevenir la corrupción, a través de modificaciones a la ley y reglamento del Fopromid y al Código Penal y Procesal Penal, tal como constató GatoEncerrado en el paquete de reformas al que tuvo acceso. Su contenido deja entrever la postura de la Cicíes en cuanto a la necesidad de reformar el fondo de emergencia, a partir del uso que ha tenido durante la emergencia sanitaria por la COVID-19. Cicíes también señaló que no pudo hacer un monitoreo completo de los gastos en pandemia porque hubo ministerios que no entregaron información. Tras recibir las propuestas de reformas, el Ejecutivo y los diputados electos de Nuevas Ideas han guardado silencio.
Por Karen Moreno
@KarenMorenoPala
Resumen para lectores con prisa
GatoEncerrado tuvo acceso al paquete de reformas que propuso la Cicíes al gobierno de Nayib Bukele para combatir la corrupción en El Salvador. Las reformas plantean modificar artículos del Código Penal y el Código Procesal Penal, con el fin de aumentar penas de prisión y agregar nuevos delitos para castigar a quienes se favorecen de los recursos e instituciones públicas. Pero la propuesta más importante va acompañada de un anexo sobre la postura de la Cicíes ante el uso de la ley del fondo de emergencia, que ha sido el origen de varios casos de corrupción en el país, porque permite ignorar los controles de compras de bienes y servicios.
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La Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (Cicíes) presentó al gobierno de Nayib Bukele, el 25 de marzo, un paquete de propuestas de reformas para combatir la corrupción. Ese paquete, al que tuvo acceso GatoEncerrado, está compuesto por dos documentos: uno sobre reformas legales y el otro es un anexo sobre reformas al fondo que se utiliza en situaciones de emergencia. Sobre esta última, la Cicíes señaló al Ejecutivo que a pesar de estar facultada para hacer monitoreo de los gastos en medio la pandemia por COVID-19, hubo ministerios que no entregaron actas que servirían para detectar posibles casos de corrupción y los que sí entregaron lo hicieron de forma incompleta y omitieron información relevante.
Este paquete de reformas para combatir la corrupción fue entregado personalmente por el comisionado de la Cicíes, Ronalth Ochaeta, a la canciller de la República, Alexandra Hill, y al Secretario Jurídico de la Presidencia, Conan Castro. Un mes después, la oficina de Información y Respuesta de Casa Presidencial aseguró a GatoEncerrado que esas propuestas nunca fueron presentadas por el comisionado, a pesar de las fotos donde Castro y Hill aparecen recibiéndolas y a pesar de que esta revista constató que existen y que accedió al paquete de reformas. El secretario jurídico matizó y respondió a esta revista que lo que recibió del comisionado de la Cicíes no fueron propuestas de reformas, sino “ideas” para que sean discutidas.
El 27 de abril, la Secretaría Jurídica de @PresidenciaSV declaró que el comisionado de @OEA_CICIES en ningún momento entregó propuestas de reformas. Este es el video completo de la declaración de @CONANCASTRO2 sobre las reformas.
— Revista GatoEncerrado (@GatoEncerradoSV) May 1, 2021
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Rodolfo Delgado, el fiscal electo de forma irregular en la primera sesión plenaria de la Asamblea Legislativa dominada por el partido oficialista Nuevas Ideas, dijo que revisará el convenio que tiene la Fiscalía General de la República (FGR) con la Cicíes. “La Cicíes puede continuar con su trabajo, pero la Fiscalía tiene una posición constitucional y si se le dan los recursos se pueden dar resultados. (…) Si me va a estorbar o presionar es de que revisen su trabajo”, dijo Delgado en la entrevista de televisión Frente a Frente, este 3 de mayo. La Cicíes presentó al exfiscal Raúl Melara 12 casos de indicios de corrupción del gobierno de Nayib Bukele.
El paquete de reformas
El primero de los dos documentos que forman parte del paquete tiene por título “Propuestas de reformas legales” y se compone de 22 páginas y cinco capítulos con propuestas al Código Penal y al Código Procesal Penal, recomendaciones y consideraciones en las que la Cicíes indica que la Ley del Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres (Fopromid), creada en 2005, tiene que ser reformada porque “su naturaleza ha cambiado, dada la cantidad de fondos que se han manejado con la pandemia (por COVID-19)”. En el borrador de la propuesta reitera que su uso debe ser limitado, ágil y a la vez garantizar la calidad de las adquisiciones.
El segundo documento al que GatoEncerrado tuvo acceso se titula “Anexo a propuesta de reforma a Fopromid”. Tiene 21 páginas en las que Cicíes analiza la naturaleza de Fopromid, el origen y procedimiento de asignación, autorización, distribución y rendición de cuentas del fondo, así como un breve informe como resultado de un monitoreo al Ministerio de Gobernación que comenzó el 30 de abril de 2020, con motivo de la pandemia.
Sobre Fopromid, la Cicíes específicamente recomendó reformar cuatro artículos. Uno de esos es el artículo 4, que establece que su uso deberá usarse “en aquellos casos que demanden una oportuna y efectiva atención de emergencia ocasionada por desastres”. En las recomendaciones se ha considerado que esa terminología es demasiado general, por lo que deberían especificarse los casos que demanden su utilización. Sugirió delimitar los fondos utilizados para cada una de las instituciones, establecer un techo presupuestario y establecer sanciones por el mal uso del fondo.
El artículo 6 de la actual legislación exime la utilización de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (Lacap) mientras se utiliza el Fopromid. A pesar de eso, la Cicíes consideró que debe existir un proceso de adquisición de bienes que tenga los controles a los que el Estado está obligado, sin descuidar la calidad de los bienes a adquirir.
Durante la pandemia, Fopromid fue utilizado para hacer compras directas y beneficiar a socios y familiares de los funcionarios de Bukele, como reveló GatoEncerrado. Esto fue posible precisamente a que el Fopromid permitió al gobierno ignorar la Lacap.
La Cicíes también propuso reformas al reglamento del Fopromid en tres artículos para transparentar el acceso al monto acumulado de intereses de esa cuenta, las circunstancias específicas que demandan la utilización de fondos y para tener una clasificación de adquisiciones de bienes y servicios.
Monitoreo de gastos
El 18 de marzo de 2020, el presidente Bukele prometió en cadena nacional de radio y televisión que él mismo llevaría a la cárcel a sus funcionarios si tocaban un centavo de los gastos relacionados a la pandemia e indicó al comisionado de la Cicíes su función de auditar los fondos.
“He llamado a Ronalth Ochaeta (…) porque aquí va a haber mucho dinero fluyendo: para apoyar, para construir el hospital, para pagar las medidas económicas que anunciamos, comprar medicamentos, para contratar personal, para hacer estudios, para compras internacionales, etcétera. Y van a fluir decenas de millones de dólares. Aquí no va a pasar un Taiwán dos, que se robaron el dinero que iba para donaciones. El que toque un centavo, yo mismo lo voy a meter preso. Y aquí está el comisionado de la Cicíes, quien va a asignar 60 auditores para revisar todos los gastos que se hagan en la emergencia”, dijo el presidente Bukele.
Un año después, hay ministerios que no entregaron información solicitada por la Cicíes sobre gastos durante la pandemia y algunos que sí entregaron lo hicieron de forma incompleta. El documento anexo del paquete de reformas consignó que la Cicíes solicitó las actas sobre solicitudes de fondos que hicieron las instituciones estatales y su destino a la Comisión Nacional de Protección Civil, presidida por el entonces ministro de Gobernación y ahora alcalde electo de San Salvador, Mario Durán, y representantes de instituciones estatales, asociaciones y fundaciones, como parte de un monitoreo al Ministerio de Gobernación que inició el 30 de abril de 2020. Dicha comisión no entregó nueve de las 32 actas que fueron solicitadas por la Cicíes.
Captura del anexo sobre reformas a Fopromid, con detalle de las actas avaladas por la comisión nacional de protección civil que está facultada por la Constitución de la República para canalizar demandas de recursos y remitirlos al Ministerio de Hacienda.
La Cicíes señaló que todavía existen actas pendientes de recibir sobre gastos en pandemia que realizaron ministerios.
Las actas que sí fueron entregadas fueron emitidas entre el 24 de enero y el 1 de julio de 2020, y suman un monto aprobado de más de $718 millones. La Cicíes afirmó que “todavía existen actas pendientes de recibir, sin embargo, los fondos fueron aprobados y transferidos a las unidades ejecutoras”, sin profundizar en este punto.
Los ministerios de Salud, Agricultura y Turismo tampoco han respondido a solicitudes de información del Comité de Seguimiento y Veeduría Ciudadana del Fondo de Emergencia, Recuperación y Reconstrucción Económica (FERRE), una entidad creada a través de un decreto legislativo y avalada por Bukele para supervisar la transparencia del uso de $2,000 millones asignados para afrontar la pandemia.
La Cicíes también observó que la mayor parte de las actas fueron aprobadas por el Órgano Ejecutivo, que hubo ausencia de la empresa privada y en algunas solo firmó el representante de la Cruz Roja Salvadoreña. Finalmente, se identificó que se reorientaron fondos sin la aprobación del ministro de Hacienda, como establece el artículo 4 del reglamento Fopromid.
En relación a los procesos de adquisiciones y contrataciones con Fopromid, el documento consignó que las instituciones recibieron más de $627 millones en total. La Cicíes agregó que la necesidad de reformar la Ley Fopromid, así como su reglamento e instructivo, es “con la finalidad de que en futuras emergencias se optimice la implementación de los recursos públicos”.
Detalle de la distribución del fondo de emergencia en las entidades ejecutoras, como el ministerio de Salud, Agricultura y Defensa.
Reformas al Código Penal
En el primer documento del paquete, la Cicíes también propuso reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal, con base en la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de Naciones Unidas Contra la Corrupción, de las cuales El Salvador es parte y que establecen mecanismos de evaluación. La comisión incluyó nuevas figuras penales para considerar distintas manifestaciones de corrupción.
En cuanto a las reformas de artículos del Código Penal, la comisión recomendó cambios a diez artículos que pretenden implicar también a terceros en el cometimiento de delitos de corrupción y no solo a los beneficiarios directos. La comisión también invitó al gobierno a que haga un análisis sobre el aumento de penas a quienes sean encontrados culpables de cometer corrupción. Estos cambios fueron sugeridos en las figuras de prevaricato, concusión, cohecho propio, cohecho impropio, cohecho activo, soborno transnacional activo, tráfico de influencias, omisión de aviso, concepto de funcionario y admisibilidad.
El organismo también planteó la incorporación de dos nuevos tipos penales. El primero es la obstrucción a la justicia y se establecieron sanciones con prisión para el que “por medio de fuerza física, amenazas o intimidación, o promesa, ofrecimiento o concesión de un beneficio indebido induzca a una persona a prestar falso testimonio o a obstaculizar la prestación de testimonio o la aportación de pruebas”. El segundo artículo que se incluyó es el soborno transnacional pasivo y contempla que el funcionario o empleado público “que directa o indirectamente solicite o acepte un beneficio indebido que redunde en su propio provecho o en el de otra persona o entidad, con el fin de que dicho funcionario actúe o se abstenga de actuar en el ejercicio de sus funciones públicas, relacionado con la transacción económica o comercial, será sancionado con prisión”. Tanto para este nuevo delito como para el anterior, la comisión también invitó al Ejecutivo a analizar la cantidad de años de prisión como sanción.
La figura de querellante
El Código Procesal Penal es un instrumento normativo que regula los procesos de carácter penal. La Cicíes propuso una reforma al artículo 107, que actualmente establece que las asociaciones legalmente constituidas pueden nombrar apoderados legales para representar a las víctimas, así cómo todo ciudadano. En la propuesta, la comisión agrega que “también podrá querellar toda persona natural o jurídica”.
Recomendaciones de organizaciones civiles
En la propuesta, la Cicíes consignó que es importante “realizar un trabajo de ejecución de las recomendaciones realizadas por las asociaciones y fundaciones”, e incluyó parámetros como potenciar la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que carece de los recursos necesarios para detectar indicios de enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos del país, según constató GatoEncerrado en una entrevista con Leonardo Ramírez Murcia, coordinador de la oficina de Probidad y magistrado presidente de la Sala de lo Penal, publicada el 12 de marzo.
La comisión también retomó la recomendación de crear una Ley de Servicio Civil, ya que la ley vigente está desactualizada, tiene planteamientos que fueron pensados para la realidad salvadoreña de la década de 1960 y permiten el clientelismo y la ausencia de meritocracia para otorgar puestos en la administración pública.
La Cicíes también agregó, entre las sugerencias de las asociaciones, la creación de una nueva Ley de Enriquecimiento Ilícito, debido a que la actual data de 1959. Asimismo, la comisión promueve una legislación para crear el tipo penal de nepotismo y su respectiva sanción penal. Ejemplos de nepotismo sobran en el país sobre funcionarios públicos salvadoreños que benefician a su parentela colocándola en puestos de decisión, sin importar su el color de su bandera política.
Esta revista investigó que, en los últimos diez años, la cancillería salvadoreña nombró en el servicio exterior a 14 familiares de funcionarios de los dos gobiernos del FMLN. Guillermo Gallegos, vicepresidente de la Asamblea Legislativa y dirigente del partido Gana, que llevó al presidente a la presidencia de la República, colocó a once parientes como empleados en la Asamblea. El mismo Bukele tiene como asesores a sus tres hermanos Karim, Ibrajim y Yusef Bukele Ortez, aunque no los ha nombrado oficialmente. Recientemente, Bukele nombró como nuevo ministro de Gobernación a Juan Carlos Bidegaín Hananía, quien fungía como asesor y subdirector en el Ministerio de Obras Públicas, a pesar de ser hijo de la ministra de Educación Carla Hananía de Varela.
Otra de las propuestas que retomó la Cicíes fue fortalecer la autonomía de la Corte de Cuentas, de la Fiscalía General de la República, la Procuraduría de Derechos Humanos, el Tribunal de Ética Gubernamental, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) y el Órgano Judicial. Todas estas instituciones han sido atacadas por el Gobierno de Bukele e incluso ha pretendido tener injerencia en el IAIP, al nombrar como comisionada a ex precandidata de su partido Nuevas Ideas.
Otras propuestas de reformas
Abogados consultados por GatoEncerrado calificaron las propuestas de reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal como “tibias” y “poco agresivas”.
El equipo impulsor de la Ley Especial para la facilitación del mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (Cicíes), conformado por organizaciones civiles, ha sido más explícita en cuanto al papel de la Cicíes como querellante, al recomendar que se agregue un inciso más al artículo 107 del Código Procesal Penal, para que las entidades que tengan como finalidad coadyuvar con el Estado en la investigación, persecusión penal y sanción de la corrupción, puedan “querellar cuando se trate de delitos oficiales y delitos cometidos por funcionarios y empleados públicos, agentes de autoridad y autoridad pública que impliquen una grave y directa violación a los derechos fundamentales”.
La ley que han propuesto las organizaciones sugiere reconocer a la Cicíes como una “instancia con autonomía financiera y operacional, independiente, objetiva, neutral y transparente”, para la “investigación, persecución y sanción de los actos y delitos de corrupción y otros delitos conexos, así como para erradicar las actividades y redes de corrupción que operan en El Salvador”.
El presidente Bukele, sin embargo, dijo el 7 de abril vía Twitter que aprobar esas propuestas “sería lo peor que pudiéramos hacer”, con solo ver los logos de las oenegés y los medios como GatoEncerrado que han informado sobre estas exigencias.
Con solo ver esos logos de la ONGs que están detrás de esta “propuesta” y ver los “medios” que la están publicando, estoy seguro que sería lo peor que pudiéramos hacer.
— Nayib Bukele 🇸🇻 (@nayibbukele) April 7, 2021
Además, ya no insistan, nada de lo que apruebe la @AsambleaSV saliente entrará en vigencia jamas. https://t.co/PNYjY0KU5s
A pesar de lo que dijo Bukele sobre que “nada de lo que apruebe la Asamblea saliente entrará en vigencia jamás”, ningún diputado electo del partido Nuevas Ideas ha dicho algo sobre incluir en su agenda las reformas planteadas por la Cicíes y organizaciones de la sociedad civil para combatir la corrupción.
*Esta nota fue actualizada el 3 de mayo. Fue incluida la respuesta de acceso a la información en la que la Presidencia de la República asegura que las propuestas de la Cicíes no existen. Asimismo se incluyó la frase del secretario jurídico y una declaración del nuevo fiscal general.
