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La Fuerza Armada de Bukele goza del mayor presupuesto desde los Acuerdos de Paz
A pesar de que el conflicto armado terminó hace 30 años y que planteó una reducción de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), como parte de los parte de los Acuerdos de Paz, el presidente Nayib Bukele le apuesta a aumentar el número de militares y destina el presupuesto más grande desde 1992. Bukele y los presidentes anteriores han avalado el uso de militares para tareas de seguridad, una acción que, a criterio de diferentes expertos, carece de justificación técnica y en el fondo tiene un propósito político.
En el gobierno del presidente Nayib Bukele, la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) ha tenido el mayor incremento presupuestario desde que finalizó el conflicto armado y se firmó la paz. De encontrar un presupuesto de $145.1 millones cuando llegó al Ejecutivo en 2019, el mandatario lo ha elevado a $256.6 millones en 2022, un aumento de $111.5 millones. Para dimensionar, ese aumento representa el 90 % del presupuesto que tiene la Universidad de El Salvador actualmente.
Una investigación del Instituto Internacional para la Paz de Estocolmo (SIPRI, por sus siglas en inglés), publicada por el Banco Mundial (BM), muestra el gasto militar de El Salvador con precios actuales, indica que en 2019 el gasto llegaba a $319.5 millones, superior a los $250.4 millones que se tenía en 1985; es decir, en el periodo del conflicto armado.
A la par de ese crecimiento presupuestario, el presidente Bukele también le apuesta a duplicar el número de elementos de la Fuerza Armada de 20,232 a 40,000, en un periodo de cinco años como parte de su estrategia de seguridad y combate a las pandillas. “Nunca en la historia de nuestro país habíamos tenido un cuerpo tan grande, después de la guerra”, presumió el mandatario el 19 de julio de 2021 en el lanzamiento de la Fase IV del Plan Control Territorial (PCT) y la incorporación de 1,046 soldados para apoyar a la Policía Nacional Civil (PNC).
Días después, también lanzó una campaña para invitar a los jóvenes a formar parte del servicio militar y defender la patria de los enemigos “internos y externos”. En los últimos dos años, el gobierno ha estimulado el trabajo del personal militar dándoles un aumento al salario de $200; adicional a un bono de $400 para la tropa y de $150 para el personal administrativo, así como un bono de $200 para alimentación.
Bukele repite una práctica de gobiernos anteriores de usar a los militares en planes de seguridad pública; aunque, analistas y académicos consultados por GatoEncerrado coinciden en que el mandatario le ha dado un papel más protagónico a las Fuerzas Armadas, incluso la utilizó para invadir la Asamblea Legislativa el 9 de febrero de 2020 con el fin de presionar la aprobación de un préstamo millonario. Por ese hecho, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le ordenó al ministro de la Defensa y al director de la Policía Nacional Civil (PNC) abstenerse de ejercer funciones distintas a las que le confiere la Constitución, misma orden que fue extendida a los cuerpos militares y policiales.
A criterio de los expertos, el gobierno continúa incumpliendo los Acuerdos de Paz y la reforma constitucional que delimitó las funciones de la Fuerza Armada y le dio las atribuciones de la seguridad pública a la PNC.
El capítulo 1 del documento de los Acuerdos de Paz, que posteriormente se materializó en la reforma constitucional del año 1993, desarrolló 13 puntos. Entre esos el cambio de la doctrina de la FAES, su sistema educativo, la depuración y reducción gradual de la institución hasta un 50 %, la superación de la impunidad, así como eliminación de servicios de inteligencia y batallones de infantería de reacción inmediata y suspensión del reclutamiento forzoso. El cambio de esta institución obedecía a la historia de dictaduras que había vivido el país, cuando las Fuerzas Armadas ejercían un suprapoder y cometían violaciones de derechos humanos.
Las facultades de la FAES se restringieron a proteger la integridad del territorio y la soberanía nacional y se le facultó al presidente de la República a disponer de esta institución de manera excepcional y no de forma permanente.
“Lo que estamos viendo es una ruptura por parte de la Fuerza Armada de su mandato y de su deber constitucional, básicamente está rompiendo su mandato constitucional e invadiendo funciones que le competen al único cuerpo civil armado con competencia nacional para garantizar la seguridad pública que es la Policía Nacional Civil”, explica Jeannette Aguilar, investigadora en temas seguridad ciudadana y pandillas.
Bukele empezó a gobernar el 1 de junio de 2019 y el 25 de noviembre de ese mismo año emitió su primer decreto ejecutivo con “Disposiciones Especiales Transitorias para la Participación de la Fuerza Armada en Operaciones de Mantenimiento de la Paz Interna”, para apoyar a la PNC en patrullajes conjuntos y disponer de más soldados. Este decreto fue reformado y extendido en los siguientes años, la última prórroga se amplió hasta el 31 de diciembre de 2022, a pesar de la versión oficial sobre el éxito del Plan Control Territorial y la reducción de homicidios que se pregona.
Los especialistas sostienen que el país no está en guerra y no existen razones técnicas —como amenazas a la soberanía nacional y la integridad del territorio— que justifiquen el aumento de efectivos militares.
“En tal sentido, la FAES no tendría porqué estarse potenciando y mucho menos enfrentar a los enemigos a los que se refiere el presidente. Y si efectivamente se refería a las pandillas, le corresponde a la Policía Nacional Civil la persecución del delito, con directrices de la Fiscalía General de la República, no le corresponde a la Fuerza Armada”, opina Zaira Navas, jefa jurídica en temas de seguridad de la organización Cristosal.
Navas agrega que al destinar más fondos para la FAES se está relegando el papel de la Policía. De hecho, el presupuesto de la FAES es un poco más de la mitad que el de la PNC.
Jeannette Aguilar dice que tampoco se puede argumentar la falta de capacidades policiales, ya que se cuenta con alrededor de 500 policías por cada 100 mil habitantes, superando el parámetro internacional de los 350 que establece Naciones Unidas en términos de vigilancia policial. “La única justificación que encontramos es de orden político. El presidente Bukele necesita sostener el estamento militar para mantener y avanzar en la consolidación de su proyecto político”, apunta la experta.
Rubén Zamora, exdiputado de la Convergencia Democrática y quien estuvo involucrado en la discusión y negociación de los Acuerdos de Paz, considera que el posicionamiento de la Fuerza Armada es típico de los gobiernos populistas autoritarios. Zamora ve claro que el aumento de militares no es para defender la soberanía “sino para hacerla cada vez más poderosa” y controlar a la ciudadanía, como se hizo en el pasado.
“Primero entran gobiernos con bastante apoyo popular, pero en la medida que el apoyo popular se les va cayendo, porque no hacen lo que deben de hacer, recurren cada vez más a las Fuerzas Armadas para controlar y mantenerse en el poder. El ejemplo de Nicaragua y de Venezuela es típico de esta situación. Venezuela ha terminado siendo un país manejado directamente por la alta oficialidad que se está haciendo rica a costa del pueblo. Ese tipo de cosas no es nuevo y eso es lo que está pasando aquí”, sostiene Zamora.
Zamora dice que redefinir el papel de la Fuerza Armada no fue un tema fácil durante las negociaciones de los Acuerdos de Paz, incluso se dejó de último.
El presidente Bukele y sus diputados han demostrado que quieren borrar esa parte de la historia. “La guerra fue una farsa. Mataron más de 75.000 personas entre los dos bandos, incluyendo los mil de El Mozote, y fue una farsa como los Acuerdos de Paz”, dijo el presidente el 17 de enero de 2020, en una visita a El Mozote, en Morazán.
Si bien lo establecido y pactado en los Acuerdos de Paz se cumplió a medias por los gobiernos de la posguerra, porque se dio una ley de amnistía que protegió a los perpetradores y actores intelectuales de graves violaciones a los derechos humanos, los analistas dicen que es innegable que hubo logros importantes que permitieron entrar a un sistema democrático y la separación de los órganos de Estado, la cual hoy ha sido destruida por el presidente Bukele.