Las discusiones sobre el acceso público a las declaraciones patrimoniales de los funcionarios siempre han sido realizadas en Corte Plena. Una fuente que trabaja en la Corte Suprema y es cercana al trabajo de la Corte Plena aseguró a GatoEncerrado que “no se acordó eliminar la versión pública” de las declaraciones. Esta vez, la decisión fue tomada directamente por el Jefe de Probidad.
En sus argumentos para negar las versiones públicas de las declaraciones de los actuales diputados, la Unidad de Acceso a la Información de la Corte Suprema también hizo referencia a la resolución 20-20-RA-SCA, del 1 de diciembre de 2020 de la Sala de lo Contencioso Administrativo, que señala que “la reserva es amplia y absoluta, en relación a las declaraciones patrimoniales de los funcionarios y empleados públicos”.
Wilson Sandoval, coordinador de la Oficina de Asesoría Legal y Anticorrupción de El Salvador (Alac), explicó a GatoEncerrado que esta resolución va en contra del principio de máxima publicidad establecido en el artículo 4 de la LAIP, y en contra de la Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC), ratificada por El Salvador en 1998, que en los artículos 2 y 3 estableció que los Estados deben “fortalecer los sistemas para la declaración de los ingresos, activos y pasivos por parte de las personas que desempeñan funciones públicas en los cargos que establezca la ley”, a fin de prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción.
El 26 de octubre de 2022, con instrucciones de Quiteño Quintanilla, se admitió únicamente la solicitud respecto al registro de diputados que a la fecha habían presentado sus declaraciones patrimoniales y los que no lo habían hecho. En el memorándum 244-2022 también consta que Quiteño solicitó una prórroga de cinco días hábiles para entregar la información, “debido a la complejidad de la misma y a la carga laboral de la oficina”. Sin embargo, el pasado 14 de noviembre, cambió su decisión y resolvió no entregar el registro con base a la misma argumentación por la cual no entregó las versiones públicas de las declaraciones patrimoniales de los diputados.
Para Sandoval, esta resolución se trata de “un grave retroceso en materia de acceso a la información pública, que imposibilita a la ciudadanía verificar actos de corrupción cometidos por funcionarios públicos, labor especialmente importante en un contexto como el que estamos”, porque ya no será posible para la población conocer con cuánto patrimonio ingresaron los funcionarios a sus cargos y con cuánto salieron. Según el experto en transparencia, la ciudadanía probablemente volverá a acceder a esta información “hasta que cambien las condiciones políticas y jurídicas”, ya que actualmente las instituciones están cooptadas por el oficialismo.
El 7 de julio de 2021, el presidente Nayib Bukele pidió a la Asamblea Legislativa poner en secreto las declaraciones patrimoniales que los funcionarios públicos entregan al inicio y finalización de su cargo, a través de un paquete de 12 propuestas de reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública. Las modificaciones contemplaron el artículo 77 de la Ley para imponer multa a particulares que difundan esta información entre uno y 40 salarios mínimos; es decir, entre $300 y $12 mil. Sin embargo, diferencias entre los diputados oficialistas impidieron abruptamente su aprobación. Sandoval señaló que esta reforma pudo haber generado una factura o impacto político a la Asamblea Legislativa, al generar leyes que bloquean el acceso a la información pública.
Las declaraciones contienen montos de los bienes muebles, inmuebles, ingresos del grupo familiar, gastos de vida, salarios, entre otros datos que sirven para prevenir, detectar y sancionar el enriquecimiento ilícito de los funcionarios y empleados públicos en el desempeño de su cargo, tal como establece el objetivo de la Sección de Probidad.
Este tipo de información, cuando era de acceso público, permitió que la ciudadanía tuviera conocimiento de las irregularidades y corrupción de los expresidentes de Arena, Francisco Flores y Elías Antonio Saca; y del expresidente del FMLN, Mauricio Funes.
