Bitácora ambiental
Ambientalistas temen que la captura de exguerrilleros perjudique la lucha contra la minería
Líderes comunitarios y representantes de organizaciones ambientalistas temen que la Fiscalía y la Policía no estén buscando justicia para un crimen ocurrido en el conflicto armado, sino que estén utilizando el caso para neutralizar a los activistas que lideran la lucha contra la minería en El Salvador, en un momento cuando el Gobierno de Nayib Bukele mantiene relaciones con grupos interesados en la reactivación de la minería en el país.
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Por Marvin Díaz
Seis exguerrilleros del FMLN fueron capturados durante la madrugada de este miércoles 11 de enero de 2023, en el departamento de Cabañas, por supuestamente haber participado en el secuestro, tortura y asesinato de María Inés Alvarenga Leiva en 1989, según aseguró el fiscal general Rodolfo Delgado. Los detenidos, de acuerdo con sus familiares y habitantes de la comunidad Santa Marta, también son parte de los ambientalistas pioneros en la lucha contra los proyectos mineros que consiguieron que la Asamblea Legislativa aprobara una ley que prohíbe la minería metálica en El Salvador.
La Policía Nacional Civil (PNC) detalló que entre los detenidos están el exguerrillero y actual director y fundador de la Asociación de Desarrollo Económico Social Santa Marta (ADES), Teodoro Antonio Pacheco, y el abogado de la misma institución Saúl Agustín Rivas Ortega. Asimismo, fueron capturados los excombatientes que actualmente se dedican a la agricultura identificados como Miguel Ángel Gámez, Alejandro Laínez García y Pedro Antonio Rivas. La Fiscalía General de la República (FGR) agregó que fue capturado el exdiputado del FMLN, Fidel Dolores Recinos Alas, quien también fue asesor del Ministerio de Seguridad en el primer Gobierno del FMLN (2014-2019).
De acuerdo con la explicación de la Fiscalía, el 22 de agosto de 1989, estas personas sacaron a María Inés Alvarenga de su vivienda y luego la trasladaron a un campamento guerrillero donde fue torturada y asesinada por supuestamente colaborar con la Fuerza Armada. Hasta la fecha, según el Ministerio Público, no se sabe a dónde fue abandonado su cadáver.
En agosto de 1989, María Inés Alvarenga fue sacada de su casa, en el Cantón Santa Marta, Cabañas, por guerrilleros del FMLN.
— Rodolfo Delgado (@FiscalGeneralSV) January 11, 2023
La acusaban de colaborar con el ejército, por lo que fue torturada y ejecutada. pic.twitter.com/lMhph8pNhE
En el operativo policial en el que se capturó a los seis exguerrilleros, que ocurrió a la 1:30 de la madrugada, se hicieron seis allanamientos simultáneamente en las viviendas de los detenidos y en las instalaciones de ADES, ubicada en el kilómetro 82 ½ de la carretera a Sensuntepeque, Guacotecti. Un oficial de la Policía explicó a un grupo de familiares y habitantes de Santa Marta que los seis detenidos tendrán que enfrentar un proceso judicial dictado por el Código Penal de 1973 que estaba vigente en el momento cuando el crimen en contra de María Inés Alvarenga fue cometido.
Leo Rivas, uno de los líderes comunitarios de Santa Marta, confirmó a GatoEncerrado que además de las capturas, los policías también incautaron las computadoras y artículos personales de Antonio Pacheco y Antonio Rivas.
El temor de los ambientalistas
Vidalina Morales, una de las lideresas de Cabañas que actualmente no está en el país, dijo a GatoEncerrado vía telefónica que estas capturas le preocupan porque pueden provocar una desmovilización del esfuerzo organizativo ambiental en la zona, donde algunos de los seis detenidos tuvieron un rol protagónico en la resistencia que las comunidades de Cabañas hicieron para evitar la instalación del proyecto minero el Dorado, de la compañía Pacific Rim (hoy Oceana Gold).
“La lucha antiminera tuvo su origen en Cabañas. Luego que las comunidades comenzaron a preocupar o alertar, acudieron a varias organizaciones y entre ellas estaba ADES. A partir de ese momento, Antonio Pacheco retoma ese liderazgo para traer expertos e investigar la problemática. Él ha sido uno de los motores principales que ha estado en medio de esta resistencia minera”, dijo Morales.
Un día después de las capturas, una docena de organizaciones de sociedad civil salieron a dar una conferencia de prensa para manifestar su preocupación de que en el fondo las autoridades fiscales y policiales no estén buscando justicia para María Inés Alvarenga, sino que estén utilizando el caso para descabezar a los principales líderes de la lucha contra la minería en el país. De acuerdo con lo planteado por las organizaciones, esto también podría ser interpretado como un mensaje para los demás ambientalistas que exigen que en El Salvador se mantenga vigente la ley que prohíbe la minería metálica.
“Las personas que trabajan en defender los bienes comunes y los ecosistemas están siendo criminalizados por este gobierno en el sentido de que hay una lógica extractivista en el funcionamiento del Estado (…) Estamos viendo un retroceso en legislación ambiental y por tanto hay un interés de quitar cualquier tipo de obstáculos en la protección ambiental”, dijo Luis González, miembro de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES).
Las organizaciones también califican las capturas como una maniobra sospechosa ante un contexto de una “posible reactivación de la minería en El Salvador”. De acuerdo con los voceros sociales, el Gobierno de Nayib Bukele está creando condiciones favorables para la industria minera, entre ellas: la creación de una nueva Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas; la discusión de un Tratado de Libre Comercio con la República de China en tema de minería; y la inclusión del país en el Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible (IGF).
Una historia de lucha ambiental
El cantón San Francisco, de San Isidro, Cabañas, fue un punto de exploración minera para la empresa El Dorado, de Pacific Rim Mining Corp (ahora llamada Oceana Gold). Los estudios para reabrir la mina iniciaron en 1993, pero fue hasta 2002 cuando la compañía de origen canadiense obtuvo el permiso de exploración, según indica un informe de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).
Desde la llegada de la empresa minera a Cabañas, ADES junto a otras organizaciones abanderaron una lucha para detener la instalación del proyecto el Dorado. En 2005, los liderazgos de Cabañas comenzaron a informar a las comunidades sobre las afectaciones de la minería y a presentar estudios ambientales tales como: “La Minería Metálica y sus impactos en El Salvador” y “Revisión Técnica del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Minero El Dorado”.
Debido al trabajo organizacional en las comunidades, los líderes denunciaron públicamente que fueron víctimas de persecución, amenazas, hostigamiento judicial, difamación y vigilancia. En 2009, los líderes de la lucha contra la minería, identificados como Dora Alicia Sorto Recinos, Gustavo Marcelo Rivera Moreno y Ramiro Rivera Gómez fueron asesinados en Cabañas.
Pacific Rim intentó expandir sus trabajos de exploración a varios municipios de Sensuntepeque y Guacotecti. Sin embargo, suspendió sus actividades en 2008, ya que el exministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Hugo Barrera, negó el permiso de explotación al proyecto de la compañía canadiense.