Justiciómetro

Juzgado impone silencio a periodista que denunció las torturas en las cárceles del régimen de excepción

El periodista comunitario Víctor Barahona seguirá en libertad, pero el juzgado que lleva su proceso “hizo mucho hincapié” en que no puede irrespetar la confidencialidad del caso y consecuentemente no puede denunciar de forma pública las torturas que observó en los centros penales. Barahona fue capturado arbitrariamente en el régimen de excepción y estuvo en prisión once meses.

El periodista Víctor Barahona llega, junto a sus abogados, a la audiencia de revisión de medidas. Foto/Ezequiel Barrera

El periodista Víctor Barahona llega, junto a sus abogados, a la audiencia de revisión de medidas. Foto/Ezequiel Barrera

Por Ezequiel Barrera

Por Ezequiel Barrera

Julio 27, 2023

El periodista comunitario Víctor Barahona, quien fue capturado en el régimen de excepción y liberado tras 11 meses de estar en prisión, seguirá su proceso judicial en libertad con la advertencia —amenaza— de que puede ser enviado nuevamente a la cárcel si irrespeta la reserva o confidencialidad de su caso al divulgarlo. En consecuencia, tampoco podrá denunciar públicamente las torturas de las que fue víctima y los malos tratos que observó en los centros penales. 

El abogado del periodista, Oswaldo Feusier, explicó a GatoEncerrado que la notificación de una audiencia de revisión de medidas llegó de sorpresa, de un día para otro y por canales que ya no eran los oficiales para recibir notificaciones. 

“Nosotros tenemos casi dos meses de haber sido nombrados (como abogados) en el caso. La defensora pública, quien antes llevaba su caso, es quien le llamó a Víctor para decirle que había sido citado y a nosotros no nos habían notificado de nada. Fue entonces que (ayer 26 de julio) vine a corroborar la información al Juzgado Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador y me enteré que era cierto, que hoy (27 de julio) tenía la audiencia a las 11:00 de la mañana, y que no nos habían notificado a nosotros”, relató Feusier. 

A la 1:00 de la tarde del mismo 26 de julio, el periodista Barahona recibió una notificación electrónica para que se presentara, el día siguiente, a la audiencia de revisión de medidas. Esa notificación, según reveló la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), no tenía el nombre del juez, tampoco la hora de elaboración del escrito ni tenía la firma o sello del tribunal convocante. Por todo esto, APES señaló que la cita judicial “contiene vicios y no respeta el debido proceso”.

La audiencia fue solicitada por la Fiscalía General de la República (FGR) bajo el argumento de que “han variado las circunstancias por las cuales se le otorgaron medidas sustitutivas a la detención provisional”. El Ministerio Público también justificó que era necesaria una nueva detención para prevenir que el periodista “evada la justicia”. 

El abogado de Cristosal, Jonathan Sisco, señaló que la Fiscalía está “criminalizando” la labor periodística de Barahona y que este caso demuestra que en el país no existe el “estado de derecho” ni hay garantías procesales. 

“La Fiscalía, en lugar de investigar lo que él ha denunciado, lo quiere callar y para eso lo quiere llevar de nuevo a la cárcel. Se evidencia que acá los dados están cargados. ¿Cómo puede ser que la Fiscalía solicita una revisión de medidas para llevar a alguien a la cárcel y lo resuelven en tan solo unas horas? Pero cuando las personas que son injustamente detenidas solicitan a los jueces que se revisen las medidas cautelares pasan seis meses o hasta el año sin ninguna respuesta”, reclamó Sisco. 

La presidenta de la APES, Angélica Cárcamo, criticó que en este caso lo que se está buscando es censurar al periodista, luego de que denunció públicamente las arbitrariedad del régimen de excepción y las torturas que ocurren en el interior de los centros penales.

“Justo un par de semanas después de que él empezó a hablar de todos los hechos de vulneración a derechos que estuvo viviendo al interior de la prisión, es que la Fiscalía General de la República solicitó ante el tribunal que se le reviertan las medidas que tiene para poder estar en condición de libertad”, dijo la presidenta de la APES, antes de la audiencia.

La audiencia duró un poco más de media hora y fue a puerta cerrada, lo que significa que los periodistas no pudieron entrar a la sala y escuchar lo que la jueza tenía para decir —o reclamar— a Barahona por hablar públicamente de su caso.

Al finalizar la diligencia, el abogado Feusier fue el primero en salir de la sala y detrás, en silencio, venía Barahona. El defensor se limitó a decir que “el resultado de la audiencia fue positivo”, que el periodista va a mantener su libertad condicional y que ya no puede dar declaraciones para “respetar la reserva, tema en el que la jueza hizo mucho hincapié”.

Después de las breves declaraciones del abogado, los fiscales del caso salieron en silencio y rápido para evitar las preguntas de los periodistas que habían llegado a cubrir el caso.

Lo que Víctor Barahona denunció

El pasado 10 de julio, Víctor Barahona decidió relatar públicamente su caso y denunciar, a través de los medios de comunicación, las violaciones a derechos humanos que el Gobierno está cometiendo en el régimen de excepción en contra de personas inocentes que han sido capturadas, junto a pandilleros, en las redadas masivas. Lo que comentó el reportero es, en realidad, la confirmación de lo que organizaciones de derechos humanos han documentado en los 16 meses que lleva el régimen de excepción.

Barahona contó que el martes 7 de junio de 2022 se encontraba en su casa, en Valle del Sol, Apopa, donde antes del régimen de excepción se consideraba una “zona roja” por la presencia de pandilleros y la actividad criminal. A las 10:40 de la mañana, se acababa de duchar después de haber llegado de su habitual “bicicleteada” (salir en bicicleta por la carretera) y se preparaba para ir a trabajar a una radio local. En eso estaba cuando dos policías tocaron su puerta, Barahona les abrió y los dejó pasar, según recordó, confiando en ese refrán que dice “el que nada debe, nada teme”. 

Uno de los policías le pidió su documento de identidad e hizo una inspección superficial, con la mirada, en la pequeña vivienda. Le preguntó si tenía tatuajes y Barahona respondió que sí, que tenía uno artístico en forma de rosa y que con el paso del tiempo ya se le estaba despintando. En la conversación, el policía insistió en que el periodista dijera si tenía antecedentes penales, pero Barahona le repitió que nunca había manchado su historial. Al contrario, según recuerda, le aclaró que ha dedicado su vida a trabajar en distintos medios de comunicación nacionales e internacionales y le mostró todas las credenciales que colecciona de sus años como reportero.

Luego de esa conversación, el policía le ordenó que lo acompañara a la estación policial de Apopa. Eso le pareció extraño y le preguntó al policía para qué. El agente le aseguró que pronto iba a regresar a su casa si el jefe policial así lo decidía. 

Como no tenía otra opción, Barahona tomó sus credenciales de prensa y siguió al policía. El agente, antes de llevárselo, le colocó las esposas y luego justificó que era “por seguridad”, a pesar de que Barahona insistió en que no es un delincuente y que las esposas eran innecesarias. Una vez esposado, el agente le dijo: “Usted queda detenido por el régimen de excepción”. 

En la delegación policial, le tomaron fotos junto a pandilleros que nunca antes había visto en su vida. Al día siguiente, dos agentes de civil lo sacaron de las bartolinas y lo llevaron a la Procuraduría General de la República, donde una defensora pública le notificó que estaba siendo acusado de cometer el delito de agrupaciones ilícitas. 

Cuando Barahona escuchó eso, le explicó a la defensora que fue capturado en su casa, solo, y que no tenía vinculación con ningún grupo criminal. La defensora le comentó que la versión de la Policía en el acta de captura era que fue capturado en la calle después de que agentes lo vieron como un “sospechoso”. La abogada pública le dijo que a pesar de que los policías hayan mentido, igual iba a pasar encerrado como mínimo seis meses: “Ahí empezó mi tortura psicológica”, dijo el periodista. 

En un primer momento, fue trasladado hacia el sector 6 del Penal La Esperanza, mejor conocido como “Mariona”. Como en ese lugar no caía el agua, Barahona y los demás internos tenían que bañarse con apenas “seis vasitos de agua”. 

“Para ir al baño era por turnos y el que estaba encargado de la celda no nos daba permiso de ir al baño. De hecho, ni podíamos pasar para ir al baño, porque estábamos muchos en la celda. En Mariona me dieron un catre para dormir, pero después estábamos muchos y lo tuve que compartir”, relató. 

Luego fue trasladado hacia el penal Izalco, en Sonsonate, donde inicialmente lo metieron en una “isla para cuatro personas, pero que le metían hasta 15 personas”. Después fue sacado de esa isla hacia la celda 48, que tenía capacidad para aproximadamente 50 personas, pero había 100. 

En ese penal, según el relato de Barahona, todos los días los custodios los levantaban a las 2:00 de la mañana para que se bañaran en grupo. Una de esas madrugadas no pudo levantarse para bañarse, porque desde la noche anterior había estado muy enfermo y se desmayó. Según cuenta, su piel se había contagiado de hongos y tenía llagas por todo su cuerpo. Las que más le dolían y lo tenían con fiebres eran las que le salieron en la zona del ano. Era tanto el dolor y la incomodidad que no podía sentarse ni acostarse cómodamente.

“Algunos compañeros de la celda, me dijeron después, pensaron que yo esa noche me iba a morir. A uno de ellos le dije que yo sentía que me iba a morir y que no iba a amanecer vivo. Él me dijo que yo era fuerte, que tenía que vivir”, rememoró. 

Tras esa noche de agonía, lo llevaron al personal del penal que se viste con uniforme amarillo para que lo revisara. Esas personas le dijeron que no tenía nada y ordenaron que regresara a la celda. Al ver el desprecio con el que fue tratado por el personal del penal, un compañero de celda le dijo que podía ayudarle, así que se desnudó y el compañero le reventó las erupciones de la piel y le drenó todo el pus. El dolor que sintió fue horrible y le duró por varios días. 

En su estancia, pudo ver cómo los compañeros de su celda que tenían diabetes, insuficiencia renal y otras enfermedades crónicas se ponían peor cada día y no tenía una adecuada atención médica. 

Barahona recuerda que prácticamente pasaban todo el día y la noche en sus oscuras celdas y que podían pasar varias semanas enteras sin que los sacaran por un momento a recibir la luz del sol. 

Algunas noches, veía hasta cinco veces que los custodios sacaban de algunas celdas a personas que iban “tiesas”, inmóviles, ya muertas. Cuando veía eso, sentía desánimo y lo único que lo animaba era que había unos compañeros de celda que eran cristianos y que constantemente cantaban canciones evangélicas y hablaban de la biblia. Pero cuando estaban cantando, unos custodios subían y le pegaban a los que organizaban cultos y luego le decían a todos que en la cárcel dios no existe y los insultaban. 

En Izalco, según recuerda, vio a los custodios a los que llaman “Los chacales” por ser violentos y son los que torturan a los privados de libertad. Todos le tenían miedo a esos custodios. 

En los 11 meses que permaneció en la cárcel, bajó aproximadamente 80 libras de peso. La comida era horrible y en algunas ocasiones ni siquiera les daban o se las quitaban. 

El 19 de mayo de 2023, su nombre fue gritado por un custodio, quien le dijo que iba para afuera del penal. En ese momento, Barahona no se ilusionó demasiado, porque en incontables ocasiones vio como sus compañeros salieron y en un par de horas estaban de regreso en la celda tras ser recapturados por el régimen de excepción. 

A Barahona sí lo dejaron libre, pero como a su familia no le habían notificado, estaba solo afuera del penal, sin dinero para movilizarse y sin saber qué hacer. De repente, una señora, madre de un compañero de celda, le dijo al custodio que ella iba a firmar por Barahona y que se lo iba a llevar hasta su casa en Apopa.