Turcios Medical Supply se estrenó ante el Estado salvadoreño en 2021 vendiéndole un medicamento falso contra covid-19. Después, el ISSS y Fosalud le dieron cuatro contratos adicionales por más de 12.7 millones de dólares.
Edición: Ricardo Vaquerano
En marzo de 2022, el empresario Hugo Alexander Turcios Flores empezó a verificar la autenticidad de los atestados que le habían presentado sus proveedores en la India. Estaba inquieto porque había de por medio un contrato con el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) por más de 1.3 millones de dólares para suministrar un medicamento contra covid-19. Solo el hecho de que el Seguro Social hubiera considerado hacer negocios con su recientemente creada compañía a pesar de una oferta plagada de deficiencias ya había sido un triunfo, porque al inicio el consejo directivo del ISSS le había dado un justificado portazo.
Turcios comenzó a verificar aquellos documentos: la licencia de distribuidores de la farmacéutica Roche, las licencias del gobierno indio para operar como exportadores de medicamentos y los resultados de los análisis de calidad del medicamento. Al cabo de algunas semanas sus sospechas se confirmaron: todos eran falsos. Pero lo descubría tarde, pues empezó a verificar la autenticidad de los documentos solo después de que un mes atrás, el 4 de febrero de 2022, el ISSS le hubiera informado que la medicina que su empresa había entregado era falsa. “Esa sustancia podría haber causado la muerte de personas si se les hubiera suministrado”, admitiría Turcios unos meses más tarde.
La carrera de Turcios como contratista del ISSS pudo haber iniciado y terminado ahí, pero solo siete semanas después de aquel fiasco, el ISSS volvió a contratarle y, como si se tratara de premiarle, esta vez subió la apuesta hasta los 2.8 millones de dólares para comprarle un lote de ambulancias. Y poco después le favorecería con un contrato adicional por más de 5 millones de dólares a cambio de otra flota vehicular. Y aquel entusiasmo del ISSS con aquel contratista que había fracasado en su primer encargo contagió después al ministro de Salud, Francisco Alabí, y fue de esa manera como en solo ocho meses, un contratista con precarias calificaciones obtuvo contratos con el gobierno de Nayib Bukele por más de 16 millones de dólares. Y volvería a fallar.
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La historia de Turcios y su empresa Turcios Medical Supply and Services LLC retrata por un lado a un proveedor tan ajeno al ámbito de la distribución de medicamentos que cuando obtuvo el primer contrato, corrió a la web para buscar posibles fuentes de tocilizumab, el medicamento contra covid-19 que requería el ISSS. Por otro lado, exhibe a un Estado que le dispensó todo, incluso, por ejemplo, que ofreciera una marca de vehículos para después enterarse de que el mercado carecía de ellos y pedir el cambio.
Turcios Medical Supply and Services LLC fue registrada en Virginia, Estados Unidos, el 29 de octubre de 2021. Tres días después, el 1 de noviembre, el ISSS publicaba en el portal Comprasal que requería el suministro de tocilizumab bajo la modalidad de contratación directa y con carácter urgente. En aquellos días, el gobierno salvadoreño reportaba la muerte de hasta 18 personas diarias por la pandemia. El ISSS daba apenas un día a posibles contratistas para que presentaran sus ofertas. El 2 de noviembre venció el plazo y solo alcanzaron a participar dos empresas, una de ellas la de Turcios.
El día 4, el consejo directivo del ISSS sesionó con nueve de sus miembros. La agenda contemplaba dos puntos y el primero de ellos era discutir estas ofertas. Las rechazó después de que la comisión evaluadora las reprobara. A la de Turcios le señalaba que ni siquiera se mencionaba el nombre comercial del producto que entregaría ni mostraba una imagen del empaque; además, mientras que en la oferta decía que el fabricante del tocilizumab sería Roche, en la descripción aludía a otra farmacéutica. Roche tiene la patente de exclusividad de este fármaco hasta el año 2028.
El tocilizumab inhibe la inflamación de tejidos que suele provocar la covid-19 en pacientes en estado grave. Durante los peores días de la pandemia se convirtió en una herramienta tan importante para salvar vidas que un año después seguía escaso y la OPS hacía donativos de emergencia a algunos de los países que estaban urgidos y desabastecidos.
Cinco días después de que el ISSS bautizara a Turcios con un portazo, el consejo directivo hizo sesión extraordinaria y ese 9 de noviembre acordó otorgarle el contrato. ¿Y las deficiencias de fondo y forma que le había señalado la comisión evaluadora apenas el 4 de noviembre? Aparentemente las había subsanado, aunque no hay disponibles registros públicos que muestren que las deficiencias fueron enmendadas.
El 11 de noviembre suscribieron el contrato Turcios y la directora del ISSS, Mónica Ayala. Una vez suscrito, el médico de origen salvadoreño con pasaporte estadounidense corrió a la web y dio con un portal que decía poner en contacto a ofertantes con demandantes de bienes de toda índole y así fue como encontró a los presuntos distribuidores. Y así fue como los estafadores lo encontraron a él.
Al día siguiente de haber suscrito el primer contrato por el medicamento, el Seguro Social le dio uno más: el 12 de noviembre de 2021 le encargó una flota de ambulancias por 1.99 millones de dólares. Su compañía cumplía 15 días de creada y ya había firmado contratos por 3.3 millones de dólares. Y vendrían más. Pero también vendrían más fracasos.
De los seis contratos por más de 16 millones de dólares que eventualmente el Estado salvadoreño adjudicó a Turcios Medical Supply en ocho meses, cuatro los firmó con el ISSS por 11 millones 421 mil 942 dólares con 70 centavos, y dos con el ministro Francisco Alabí, en representación del Fondo Solidario para la Salud (Fosalud), por 4 millones 692 mil dólares.d
Siete meses y medio después de que el ISSS le notificara que el medicamento que le había vendido era falso, Hugo Alexander Turcios Flores recurrió a la policía de la ciudad de Chennai, en la India. Ese 27 de septiembre de 2022 ponía una denuncia por estafa que comenzaba con un esbozo general de la compañía: “Turcios Medical Supply LLC compra los medicamentos a entidades autorizadas y los vende a agencias gubernamentales. Como parte de su negocio, Turcios participa en las licitaciones públicas de compra de medicamentos realizadas por los gobiernos soberanos, y adquiere medicamentos e insumos para dichos gobiernos”. Luego alardeaba de un presunto historial exitoso de su compañía, que se resumía a solo 11 meses y con el agravante de que acudía ante la policía precisamente porque su estreno como contratista del gobierno de Bukele había acabado en fracaso: “Turcios ha estado involucrada con éxito en este negocio desde 2021”. Ya para entonces había firmado los seis contratos con el gobierno salvadoreño por más de 16 millones de dólares.
En su denuncia, Turcios detallaba que el Departamento de Aseguramiento de la Calidad de Bienes e Insumos (Dacabi) del ISSS le había enviado una carta fechada 4 de febrero de 2022 con malas noticias. “En ella informaron a Turcios Medical Supply que las 2 mil ampollas de tocilizumab estaban defectuosas, eran inadecuadas para su aplicación en el cuerpo humano y que estaban siendo devueltas”.
Una docena de actas del consejo directivo del Seguro Social hace alguna referencia a los negocios con su empresa, pero casi todas las que se refieren al tocilizumab han sido censuradas y de algunas solo puede rescatarse fragmentos dispersos de información. El rastreo de los bienes que se comprometió a vender lleva no solo a la India, sino que por los contratos ulteriores también a empresas en algunos rincones de México y a un taller en El Salvador donde algunos de los vehículos vendidos al ISSS ya se han convertido en visitantes asiduos debido a fallas que tardan meses en repararse. No es fácil encontrar repuestos para ambulancias de modelo reciente de marcas como Peugeot.
La relación formal del ISSS con Turcios tiene su origen en la sesión del consejo directivo del 1 de noviembre de 2021. A pesar de que en el acta 4008 está censurada esta discusión, el ISSS colgó en Comprasal -el portal digital de divulgación de las compras del Estado- el acuerdo de ese día que justificaba la compra del tocilizumab. Lo publicó en Comprasal porque así lo mandaba la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), que aún estaba vigente. La justificación era que había riesgo de escasez porque el proveedor en El Salvador, Droguería Nueva San Carlos, había informado que el fabricante de este producto, Laboratorios Roche, no podría entregarles las cantidades solicitadas y estaban por incumplir con el contrato que habían ganado en julio de 2021 y que vencía en diciembre de ese año.
El ISSS requería 2 mil frascos de tocilizumab. El artículo 72 de la LACAP establecía 11 causales para avalar las contrataciones directas. Una de ellas era el desabastecimiento por urgencia. Para procurar transparencia y el uso correcto de los fondos públicos, la decisión debía plasmarse en una resolución razonada de la máxima jerarquía de la institución y publicarse en el sistema electrónico de compras públicas, haciendo mención de la causal que la sustentaba.
En el ISSS se habían encendido las alarmas porque entre agosto y octubre de ese año había ocurrido un alza en los casos de atención por covid-19. La División de Planificación y Abastecimiento estimó que el tocilizumab que había en bodega se agotaría antes de tres meses. Se declaró la emergencia y en el acuerdo del consejo directivo, organismo en el que el Ministerio de Salud tiene un cupo, se estableció que la recepción de ofertas sería el día 2 de noviembre. Es decir, los proveedores tendrían solo un día, que además era feriado, para aplicar.
En la siguiente reunión del consejo directivo, el 4 de noviembre, se expuso que se presentaron dos empresas: Seven Pharma El Salvador S.A. de C.V. y Turcios Medical Supply. El comité de evaluadores recomendó declarar desierta esta convocatoria debido a las deficiencias de ambas ofertas y así se hizo. La de Turcios fue la peor evaluada por fallas técnicas y de legalidad. “La documentación técnica presentada no corresponde a ninguno de los documentos solicitados, sino a una monografía”, decía el informe técnico. Además, “no presenta proyecto de empaque ni fotografía del producto”. Añadían que la empresa incurría en una incongruencia sobre el origen del medicamento que vendería: “En la monografía se declara que el fabricante es GENETECH INC, San Francisco, diferente a lo declarado en la oferta, donde se declara que el fabricante es Roche, Suiza”.
Además, los evaluadores del ISSS señalaron que los documentos carecían de valor legal, ya que habían sido entregados en inglés y en formato simple. “La documentación ha sido entregada sin sellos en la firma del funcionario que suscribe cada uno de los mismos”. Recordaban que, como empresa jurídica extranjera no domiciliada en El Salvador, debía tramitar la autenticación en alguna sede diplomática en Estados Unidos. El último punto para descalificarla fue el de sus pretensiones económicas, que al mismo tiempo exponía su desconocimiento de la LACAP y que en la práctica era como solicitar al ISSS que le financiara su negocio, ya que pedía el pago completo por adelantado: “En relación a la forma de pago, manifestó en su oferta que requiere el 100 % con aceptación de la oferta; en ese sentido se le aclaró que en concordancia con la legislación salvadoreña el pago se realiza una vez se cuenta con las condiciones de recepción a satisfacción o a través de anticipo el cual no puede ser superior al 30 %, y se le solicitó indicar cuál opción era la ofertada a lo que respondió: ‘Leyendo detenidamente las alternativas que se están ofreciendo no aceptamos ninguna de las dos opciones’.”
El día siguiente, el 5 de noviembre, el consejo directivo sesionó de forma extraordinaria para discutir un punto único: lanzar una nueva convocatoria de contratación directa. La reunión duró 10 minutos y esta vez se dio dos días para la recepción de ofertas: sábado 6 y domingo 7 de noviembre.
El 9 de noviembre se celebró otra sesión extraordinaria en la que se acordó la adjudicación. En el portal de transparencia del Seguro Social se publicó el acta 4012 con censura en sus siete páginas, y solo se dejó libre de tachaduras que la reunión duró 10 minutos y que inició con el quórum mínimo de seis directivos. En Comprasal se publicó copia del contrato que el 11 de noviembre firmaron el ciudadano con pasaporte estadounidense Hugo Alexander Turcios Flores y la directora del Seguro Social Mónica Ayala. El ISSS pagaría un millón 307 mil 80 dólares a cambio de los 2 mil frascos de tocilizumab con entrega en Chennai, India. Esto significa que el ISSS correría con los gastos de transporte e importación. A Turcios se le dio 30 días para que resolviera los trámites de autenticación de firmas y apostillado de documentos. El plazo para entregar el medicamento era de tres meses a partir de la firma del contrato. Tendría hasta el 11 de febrero de 2022. Turcios cumplió con el plazo, pero entregó un medicamento falso.
¿Por qué el consejo directivo cambió de criterio en cinco días y dio un contrato millonario a una empresa naciente incapaz de presentar su oferta con la formalidad mínima? La censura del acta impide conocerlo o si alguien del consejo objetó en este segundo momento. En esta sesión que abrió las puertas a Turcios participaron siete personas, incluidos los representantes de los ministerios de Salud, Hacienda y Trabajo, y la subdirectora del Seguro Social.
Solo cinco días después de rechazar la oferta de Turcios Medical Supply, los directivos del ISSS cambiaron de criterio y autorizaron la firma del contrato. El acta que recoge la discusión en esa sesión está casi completamente tachada. Estos son los directivos que participaron en esta reunión del 9 de noviembre de 2021, aunque no se sabe quiénes votaron a favor: Wilfredo Armando Martínez (vicepresidente del consejo, representante del Ministerio de Salud), Salvador Alejandro Perdomo (del Ministerio de Hacienda), Guadalupe Natalí Pacas de Monge (Ministerio de Trabajo), Alejandro Hernández Castro (sector laboral), Roberto Eduardo Montoya Argüello (Colegio Médico), Elenilson Antonio Gálvez Valencia (Sociedad Dental) y Wendy Marisol López Rosales, subdirectora del ISSS.
Así fue como el Seguro Social comenzó a apostar millones de dólares de los cotizantes en el universo incierto que significaba Turcios. La integración plural de su consejo directivo con representantes no solo de gobierno, sino también de sector privado, pretende una mejor contraloría y uso de los recursos. El ISSS no ha publicado las actas de todas las sesiones del consejo y en ninguna de las publicadas en aquellos meses entre 2021 y 2022 se alude a cómo se cambió el criterio original y se optó en favor de la compañía de Turcios, o si se discutió la compra de medicina falsa.
Aunque los servicios de salud del Seguro Social se costean mayoritariamente con los aportes de los empleadores privados y de los trabajadores y las trabajadoras cotizantes, la ciudadanía tiene vetado acceder a mucha de la información sobre las actuaciones del ISSS. En 2023, el 83 % de los aportes (597 millones de dólares) proviene de lo que entregan en conjunto el sector empleador privado y los trabajadores y trabajadoras. El sector empleador estatal aporta solo un 17 % (poco más de 120 millones), que al final también son fondos públicos.
Curiosamente, ocho meses antes de aparecer con su nueva empresa, Turcios y su esposa, Alma Carolina Tobar, habían registrado ya en El Salvador una sociedad anónima de capital variable, creada con el fin declarado de comerciar medicamentos. La Distribuidora Médica Turcios (Dismetur) había sido inscrita el 19 de marzo de 2021 en el Centro Nacional de Registros (CNR) con la finalidad de importar, exportar y distribuir medicamentos y equipo médico para hospitales y clínicas, pero no la utilizaron para atender el llamado del ISSS a proveerle tocilizumab.
Alguien habrá sonreído cuando la directora del ISSS y Turcios firmaron el primer contrato. Para Turcios y su empresa la aritmética era simple: compraría el tocilizumab en 750 mil dólares y lo vendería en más de 1.3 millones. Una diferencia de más de medio millón de dólares por servir como un intermediario que recurrió a la web para conectarse con los que al final identificaría como timadores.
La opacidad de la institución y la negativa de Turcios a responder algunas de las preguntas de GatoEncerrado impiden dar respuesta a esta interrogante: ¿de dónde sacó la empresa de Turcios 750 mil dólares para comprar el tocilizumab si apenas meses antes su fundador estaba acogiéndose a un programa de auxilio financiero del gobierno de Estados Unidos que le significó un pequeño préstamo de emergencia? Según una base de datos que publicó la agencia de noticias ProPublica, Hugo Alexander Turcios Flores solicitó un préstamo federal dentro del Programa de Protección de Pago (PPP) que lanzó el gobierno de Donald Trump para propietarios únicos de pequeñas empresas, emprendedores, contratistas independientes, personas autoempleadas y otras organizaciones pequeñas afectadas por la covid-19. Su solicitud fue aprobada el 5 de mayo de 2021 y recibió 17 mil dólares. Estos préstamos con intereses muy bajos (entre el 1 y el 4 %) ofrecían la posibilidad de condonación de la deuda.
En la denuncia que Turcios presentó en la policía de Chennai relató el camino que siguió para cumplir lo pactado con el ISSS. “En el año 2021, luego de que se adjudicara la licitación a Turcios Medical Supply, la compañía comenzó a buscar proveedores médicos mayoristas y se encontró a los de Murugappa, por medio del sitio web de directorio comercial Indiamart (httpps://www.indiamart.com)”. En este punto hay una aparente contradicción, porque dice que encontró a Murugappa después de ganar el contrato, pero luego afirma que había hecho su oferta al ISSS con base en la documentación y promesas de entrega inmediata de Murugappa.
Indiamart es una plataforma privada de comercio directo y de acceso libre en la que cualquiera puede hacer un requerimiento para comprar cualquier tipo de productos: camisetas, semillas, zapatos, motocicletas, medicamentos... Para probar cómo funciona, a inicios de julio de 2023 GatoEncerrado abrió una cuenta e hizo un anuncio de compra de tocilizumab. Inmediatamente se recibió en el buzón respuesta de nueve posibles proveedores. No apareció Murugappa. Tal vez porque sus representantes habían sido capturados en febrero de 2023, tras la denuncia de Turcios.
Turcios detalló a la policía que viajó a la India para verificar que existían los representantes de la empresa y que tenían las licencias y la documentación en regla. Se encontró con ellos en un hotel a 8 kilómetros del aeropuerto de Chennai: El ITC Grand Chola Hotel. Allí le reiteraron que eran distribuidores mayoritarios de Roche y le parecieron creíbles los documentos que le mostraron. Por eso el 25 de noviembre de 2021, dos semanas después de la firma del contrato con el ISSS, Turcios Medical Supply emitió la orden de compra de los 2 mil frascos por 750 mil dólares. Murugappa le exigió el pago completo más 15 mil dólares para gastos de envío. Turcios añadió que unos días después, el 16 de diciembre, el ISSS pagó 30 mil dólares adicionales por transporte.
Turcios ni siquiera tuvo que preocuparse por gestionar los permisos y registro del tocilizumab en la Dirección Nacional de Medicamentos (DNM): el ISSS mismo solicitó un permiso especial de importación a la DNM de los 2 mil frascos. La DNM lo autorizó el 20 de enero de 2022. Dos días después, la mercadería ingresó a El Salvador y el 4 de febrero el Dacabi le informó que era falso y que lo devolvería. “Fue una sorpresa y consternación”, expresó Turcios en su denuncia.
Según las normas internas del ISSS, con el Dacabi se procura garantizar la calidad de los bienes, insumos y servicios (laboratorio clínico, alimentos, agua envasada y limpieza) adquiridos por el Seguro Social, desde su ingreso y durante su período de garantía o vida útil. Para eso inspecciona y vigila los bienes en proceso de compra o ya adquiridos. Según el manual de procedimientos, cuando los bienes no pasan la prueba, además del acta de firma de no recepción, el Dacabi debe colocar en cada lote o bien reprobado una etiqueta roja en un lugar visible, con estatus de rechazado.
Turcios Medical Supply devolvió el medicamento falsificado y escribió a los representantes de Murugappa para exigir la sustitución. La empresa india le confirmó, el 4 de marzo de 2022, que había recibido la mercadería devuelta, pero le dio otra sorpresa. Para darle otro lote debía pagar de nuevo. “Los imputados habían exigido nuevamente a Turcios Medical Supply un nuevo pago de USD 750.000. Dado que buscábamos el reemplazo de los medicamentos defectuosos e inadecuados remitidos por los acusados, les informamos que no realizaríamos ningún pago nuevo por los mismos”, expuso en la denuncia. Luego los representantes de Murugappa desaparecieron.
En su tarea de verificación, Turcios había remitido una queja al fabricante Roche con la esperanza de obtener algún tipo de reconocimiento de responsabilidad. La respuesta lo desalentó. “Para nuestro asombro y sorpresa, en respuesta a dicha denuncia de Turcios Medical Supply, Roche Holding AG respondió con la respuesta número QE-024305, del 14 de junio de 2022, indicando que las 2000 unidades de tocilizumab con el número de lote B3035B19, que fueron suministradas a Turcios por Murugappa eran productos falsificados”. La farmacéutica agregó que Murugappa utilizó un código real, el lote B3035B19, pero que este pertenecía a un despacho que Roche Holding AG había enviado a Turquía en abril de 2021.
En su denuncia del 27 de septiembre de 2022, Turcios señaló a tres personas de Murugappa con las que se había encontrado en el hotel en Chennai para arreglar el negocio: Harihara Subramanian Venkata Ramanan, quien lo atendía vía digital y se presentaba como empleado de la asistente y dueña de Murugappa, que era P. Kanchana. Denunció también a P. Kanchana y a la directora ejecutiva, Lakshmi Devi H., por falsificar licencias y distribuir medicamentos falsos. También señaló a Indiamart como cómplice por haberlo vinculado con Murugappa y permitirle perpetrar delitos.
El 22 de febrero de 2023, varios medios de la India publicaron que la sección de investigación criminal de la policía había capturado a una pareja por suministrar medicamentos falsos a Turcios Medical Supply tras recibir 6.9 millones de rupias (equivalentes a los 750 mil dólares). Subramanian, el contacto principal durante las negociaciones vía correo, tiene 37 años, y su esposa, Kanchana, 25. GatoEncerrado averiguó con la policía de Chennai que a inicios de julio de 2023 la pareja se encontraba en libertad bajo fianza mientras la investigación seguía su curso.
Aunque en El Salvador el ISSS se ha abstenido de informar al público sobre la compra fallida de un medicamento contra covid-19, la prensa en la India divulgó, en febrero de 2023, que dos personas habían sido capturadas tras la denuncia de estafa que puso el fundador de Turcios Medical Supply.
Turcios aseguró ante la policía de la India que el fraude y la negativa a reemplazar el medicamento puso en riesgo potencial a la población salvadoreña y generó escasez de tocilizumab en El Salvador. “Si estas medicinas falsas hubieran sido administradas al público, podrían haber resultado en la muerte o lesiones graves a dichas personas. Ahora, al hacer falsas promesas y no cumplirlas, El Salvador tiene escasez de tocilizumab 400 mg/20ml, por lo tanto, las personas que lo necesitan no cuentan con él”.
En diciembre de 2021, El Diario de Hoy publicó una nota en la que el Sindicato de Trabajadores de la Salud (Sitrasalud) denunciaba desabastecimiento de tocilizumab en el Seguro Social.
GatoEncerrado pidió a Comunicaciones del Seguro Social una entrevista con la directora de la institución, Mónica Ayala, para preguntarle por qué se contrató a la empresa de Turcios Medical Supply a pesar de que los evaluadores lo habían desaconsejado. Además, por qué después de que fracasara en su primer contrato, la institución le otorgó dos contratos más por 8.1 millones de dólares. Hasta el jueves 10 de agosto de 2023, no hubo respuesta a la petición.
Este medio también pidió al ISSS, por medio de la Oficina de Información y Respuesta (OIR), una copia certificada del acta de la entrega del medicamento generado por este primer contrato y preguntó si se distribuyó a algún área. La OIR respondió el 10 de julio de 2023 que el departamento jurídico clasificó esos documentos como información reservada porque son parte de un expediente en un proceso sancionador activo.
Desde la pandemia, en 2020, el gobierno de Nayib Bukele ha promovido más de 25 reformas o cambios en las reglas de contratación, todas orientadas a relajar o eliminar controles y escrutinio ciudadano, y culminó en marzo de 2023 con una nueva Ley de Contrataciones Públicas con el argumento de que se necesita agilizar trámites y romper la burocracia. La LACAP quedó derogada ante una normativa con controles más precarios.
En junio de 2021, un mes después de que asumiera la mayoría oficialista en la Asamblea, el gobierno promovió un cambio en la forma en que se nombra a los representantes de la empresa privada en los consejos directivos de instituciones autónomas como el ISSS. En los últimos dos años, el Comité de Normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha criticado estas reformas y ha pedido que se incluya a los gremios más representativos en ese proceso de selección. La respuesta del ministro de Trabajo, Rolando Castro, fue: “En El Salvador vamos a seguir privilegiando el diálogo social con todos los actores y sectores sin privilegiar a ningún grupo de poder fáctico”.
En el ISSS, el consejo directivo es la autoridad máxima para tomar decisiones de orden administrativo, financiero y técnico. Tiene 12 sillas, asignadas así: una para el ministro o viceministro de Trabajo, un representante por cada uno de estos ministerios: Hacienda, Trabajo, Salud y Economía; asimismo, dos miembros del sector laboral elegidos por los sindicatos de trabajadores, un miembro del Colegio Médico, uno de la Sociedad Dental y dos representantes del sector empleador privado. La duodécima silla es para quien ocupe la dirección general o, en su defecto, la subdirección. Este último espacio, por lo tanto, lo decide el presidente de la República. En el caso del sector empleador privado, hasta antes de la reforma de junio de 2021, los dos representantes debían ser elegidos por las organizaciones patronales más representativas y por eso tenía representación la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), que aglutina a 55 gremios (industria, comercio, banca, sector agropecuario y tanto mediana, como pequeña y microempresa). Ahora, es el presidente de la República quien los nombra a partir de “una lista abierta de organizaciones patronales que tengan personería jurídica debidamente inscrita”.
En junio de 2021, cuando Bukele cumplía dos años de gobierno y la prensa había develado ya decenas de casos de corrupción en su gobierno, entre ellos varios vinculados a la emergencia debida a la pandemia, el ISSS engrosó su Índice de Información Reservada con cinco nuevos ítems informativos. Uno de ellos esconde del escrutinio ciudadano los procesos de contratación mientras están en curso: constituyen información reservada de forma temporal “todos los expedientes que corresponden a procesos de adquisición o contratación de obras, bienes o servicios por cualquier modalidad mientras dure su trámite”.
Aunque cuando Turcios Medical Supply apareció por primera vez en el radar de compras del ISSS la empresa solo tenía tres días de haber sido creada en Estados Unidos, ya estaba lista para postularse no solo como proveedora de medicinas, sino también de automotores.
El consejo directivo del 1 de noviembre de 2021, después de discutir la declaratoria de urgencia para comprar tocilizumab, discutió la declaratoria de urgencia para la contratación directa internacional N° 4G21000013, denominada “Adquisición de vehículos tipo ambulancia de diferentes tipos para renovación de la flota vehicular del ISSS”.
Las encargadas de los departamentos de Planificación y de Compras explicaron que no habían tenido éxito con la última licitación pública de julio de ese año porque los proveedores estaban ofreciendo plazos muy largos de entrega (entre 45 y 270 días) debido a los problemas de logística y atrasos que había generado la pandemia. Las bases del ISSS establecían un plazo de 30 días máximo.
Para finales de 2021, decían, el ISSS contaba con 93 ambulancias, de las cuales 40 ya habían cumplido su vida útil. El Departamento de Servicios y Logística solicitaba la compra de por lo menos 13 ambulancias tipo uci (con equipo de unidad de cuidados intensivos), pero la cifra subió a petición de la máxima autoridad del ISSS. "La señora directora general tuvo a bien incorporar otras 7 para tener 20", se consignó. Al final, el consejo directivo autorizó comprar 20 ambulancias tipo uci y otras 22 para movilizar pacientes y se aprobó un presupuesto de 5 millones 506 mil 845 dólares con 40 centavos. Al igual que como se había aprobado para el tocilizumab, se acordó contratación directa con carácter urgente. “Se pone en riesgo gravemente la salud de los pacientes al no poder ser trasladados oportunamente y, consecuentemente, afecta al interés general público”, justificó el consejo. Se abrió un plazo de cuatro días para recibir ofertas. Turcios Medical Supply corrió y presentó su oferta para proveer las ambulancias por más de 5 millones de dólares.
Las empresas salvadoreñas StarMotors y General de Vehículos manifestaron su interés en proveer ambulancias Mercedes Benz Sprinter y Ford Transit, respectivamente, pero pidieron dos semanas para preparar las ofertas, pues conscientes de las dificultades logísticas por la pandemia, tenían que hacer consultas con los fabricantes. La respuesta de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (uaci) fue que no se modificaría la fecha límite, que era el 5 de noviembre.
Un día después de que la empresa de Hugo Turcios firmó el contrato para suministrar tocilizumab, el ISSS autorizó darle un segundo contrato para comprarle 22 ambulancias Fiat Ducato. El consejo directivo discutió el inconveniente de que esta marca italiana carece de representación oficial en El Salvador y, por lo tanto, que sería un desafío el mantenimiento de los vehículos y la compra de repuestos. Foto/Bladimir Nolasco
Turcios Medical Supply fue la única que logró presentar oferta para ambos tipos de ambulancias. El consejo directivo recibió el informe de los especialistas encargados de evaluar las ofertas y su recomendación fue esta: otorgar el contrato por las 22 ambulancias comunes marca Fiat, modelo Ducato, pero rechazar la oferta que hizo para las 20 ambulancias tipo uci porque "no presentó documentación técnica de respaldo del equipo médico, ni compromiso de soporte técnico del mismo en El Salvador".
Esto último solo fue un tropiezo porque más adelante insistiría y ganaría. Para estos negocios se fue a buscar proveedores en México y Guatemala, algunos de los cuales también le han fallado.
El aval del consejo directivo al primer lote ocurrió en la sesión del 12 de noviembre, que duró ocho minutos y estuvo plagada de sarcasmo y advertencias de que la institución iba a comprar problemas en lugar de soluciones porque compraría automotores para los que en El Salvador no hay repuestos ni talleres especializados y con respaldo de la marca italiana para proveer mantenimiento preventivo y correctivo oportunamente.
Juan Carlos Martínez Castellanos, directivo en representación del sector laboral, hizo una pregunta básica: ¿Hay distribuidora de la marca Fiat en El Salvador? La jefa del departamento de Gestión de Compras, Blanca Patricia Munguía Molina, respondió con una frase que profundizó las dudas sobre la capacidad del proveedor: “Para esta marca no hay distribuidora en el país, sin embargo, se le ha solicitado a la empresa que, previo a contratar, tiene que presentar una carta de representación de la marca y también tiene que presentar que tiene la capacidad instalada, a través de un subcontrato, para dar el mantenimiento preventivo, correctivo y los repuestos”.
Martínez Castellanos recordó los casos de otras instituciones que compraron vehículos de China y se enfrentaron al problema de no hallar repuestos: “¿De qué sirve tener cierta cantidad de ambulancias si más adelante estarán guardadas porque en el mercado no hay repuestos para estas, sino que se tienen que mandar a traer y eso toma días o meses?”
Wilfredo Martínez Aldana, del Ministerio de Salud, defendió la compra de esa marca. Dijo que se trataba de ambulancias “de primer mundo” y agregó que el Departamento de Compras iba a pedir la carta de compromiso para que Turcios asumiera el mantenimiento preventivo y correctivo. Martínez Castellanos le refutó con ironía. En el acta 4013 quedó plasmado así: “El señor Martínez Castellanos comentó que efectivamente la marca de las ambulancias recomendadas es reconocida por la calidad, la marca Fiat se da a conocer en sus diseños, y no queda más que desear buena suerte, porque si están convencidos de que es urgente su adquisición…”
Al final, el 12 de noviembre, un día después de la firma del contrato por el tocilizumab, el ISSS aprobó la contratación directa internacional a favor de Turcios Medical Supply como proveedor de 22 ambulancias Fiat Ducato, año 2021, que costarían 90 mil 724 dólares con 14 centavos cada una. Es decir, un total de un millón 995 mil 931 dólares con ocho centavos. En el acta se consignó que este acuerdo se aprobó con ocho votos. Pasarían cuatro meses para que Turcios lograra el contrato por la flota de las ambulancias tipo uci.
En el acuerdo del 12 de noviembre quedó registrado con claridad que los directivos del ISSS estaban conscientes de que podían estar comprando un problema. En el punto 6 ponían la soga al cuello a la institución: "Debido a que en el país no hay representación de la marca contratada, la administración del ISSS deberá buscar opciones de acceso a los repuestos de las marcas recomendadas, previo a la finalización de la garantía correspondiente".
El acuerdo volvería a mencionarse tres meses más tarde, en la sesión del consejo del 7 de febrero de 2022, porque se habían olvidado de un detalle: asignar 289 mil 376 dólares en concepto de pago por los servicios de logística y transporte de las ambulancias, ya que el precio aprobado fue FOB, es decir, con entrega en Puerto Lázaro Cárdenas, Michoacán, México. El pago se hizo a la empresa Agunsa L & D, S.A. de C.V. y según los registros aduanales de México, las ambulancias Fiat Ducato modelo 2021 las entregó al ISSS la mexicana Dabcom Comercializadora S.A. de C.V., a partir del 8 de febrero de 2022.
El 16 de febrero la directora del ISSS, Mónica Ayala, realizó el acto de entrega de los automotores. Foto/Bladimir Nolasco
La compra del otro lote de ambulancias, las tipo uci, se concretó el 25 de marzo de 2022, cuando la directora firmó otro contrato con Turcios Medical Supply por 2.8 millones de dólares. Cómo se tomó esa decisión después de que la oferta había sido rechazada originalmente es algo que no puede conocerse del acta 4038 de esa reunión, porque ese punto está censurado. Lo que sí quedó claro es que sí se generaría competencia y se invitaría a 11 empresas que, según el sondeo de mercado, podrían aplicar, y entre ellas estaban la de Turcios y una sociedad mexicana, Ambulancia Network.
Al final, el contrato que firmaron Mónica Ayala y el representante legal de Turcios Medical Supply, Pedro Élmer Bonilla Estrada, especifica que cada ambulancia valorada en 144 mil 9 dólares con 58 centavos será marca Peugeot/Ambulancia Network. Esa fue la empresa mexicana que hizo los envíos, vía terrestre, a partir de abril de 2022, hacia la aduana de San Bartolo, en Ilopango. Y cuando la directora hizo el acto de entrega era visible la marca “Ambulancia Network” en el frente de las ambulancias.
Pasaron las semanas y ya para junio de 2022, cuando el presidente Bukele cumplía tres años de mandato, Turcios de alguna forma había logrado vencer las objeciones técnicas a sus ofertas y acumulaba la suscripción de tres contratos por un total que superaba los 6 millones de dólares. Y el día 27 de ese mes en la sesión del consejo directivo se votó en favor de declarar, otra vez, urgencia para renovar la flota vehicular del ISSS por medio de la compra de más de 100 automotores de diverso tipo que servirían para transporte de personal o de bienes. Así el Seguro Social abriría la puerta a Turcios a su más jugoso contrato con la institución. El acta 4056 tiene censurada toda la discusión, pero el acuerdo #2022-1204.JUN. colgado en el portal Comprasal muestra que hicieron invitación directa a siete empresas, incluida la de Turcios.
La contratación directa N° 4G22000017 originalmente pretendía la compra de 119 vehículos, incluida una camioneta SUV para la dirección, con un presupuesto total de 5 millones 341 mil 115 dólares con 49 centavos.
La única oferta para proveer pickups, microbuses, camiones y una SUV fue, de nuevo, la de Turcios Medical Supply. La discusión de ese punto en la sesión está parcialmente censurada, pero logra entenderse que de nuevo se objetó y se le dispensó que ofreciera una marca que carece de distribuidora oficial en El Salvador, y que en varios de los modelos los precios fueran más altos que los del mercado.
El 25 de julio de 2022 el consejo directivo decidió otorgarle el contrato, en medio de objeciones. “El señor Walter Ernesto Pineda Valdez consultó qué marca es el pickup doble cabina 4x4 LANTREK” que ofrecía Turcios. Pineda Valdez representaba al sector laboral en el consejo directivo. La subdirectora administrativa contestó: “La licenciada Campos Romero respondió que es marca Peugeot y los que dicen Urvan son marca Nissan”.
El cuadro que estaban viendo generaba muchas dudas incluso para el asesor del consejo, que notaba una confusa mezcla de modelos, marcas y países de origen. “El doctor Mario José Ayala Orantes, asesor de Consejo Directivo, observó los cuadros que están presentando y tiene la duda en cuanto a las marcas y los modelos de los vehículos, incluso el país de origen, porque si bien es cierto señalan que el URVAN el país de origen sería Japón, entonces cuando detallan país de origen Guatemala, marca LANTREK o URVAN, FUSO FJ, CANTER, hay diferentes modelos de vehículos pero las marcas no corresponden, recomendó que revisen el cuadro y detallen bien las marcas para que los señores del consejo directivo aprueben este proceso en debida forma”.
La última línea de la página 59 del Acta 4061 consigna la respuesta que dio Blanca Patricia Munguía, jefa del Departamento de Compras, y que también evidenciaba la falta de experiencia de Turcios al presentar en ese desorden la información. “La ingeniera Munguía Molina manifestó que la información en este caso es conforme a la oferta presentada”.
Hubo quienes cuestionaron si no se estaba cometiendo un error al comprar vehículos en Guatemala y de marcas como Peugeot, sin distribución en El Salvador. Juan Carlos Martínez Castellanos, representante del sector laboral, tal como lo hizo cuando compraron las primeras ambulancias Fiat ensambladas en México, cuestionó cómo se resolvería la provisión de repuestos y la garantía de fábrica, si no sería el Seguro Social el que los compraría directamente a las distribuidoras en Guatemala, sino una empresa intermediaria. “Porque no son cinco centavos los que se están invirtiendo en esta flota”. Eran más de 5 millones.
Este es el taller donde las ambulancias Peugeot del ISSS reciben mantenimiento. A finales de junio, uno de los vehículos tenía ya mes y medio en el lugar a la espera de un repuesto que hubo que importar desde Francia. Se cumplió el vaticinio de quienes en el consejo directivo del ISSS advertían que al comprar ambulancias Peugeot se arriesgaban a que terminaran varadas durante semanas.
“El licenciado Ángel Alfonso García, Jefe Sección Transporte, respondió que con relación a los repuestos, el proveedor ha subcontratado un taller que incluso es el que nos está dando el mantenimiento con las KIA y las PEUGEOT y hasta el momento no han tenido ningún inconveniente ya que se han cambiado varias piezas, mencionó que tiene entendido que el proveedor con ese taller subcontratado trae los repuestos desde Guatemala”, quedó escrito en el acta, aunque probablemente se referían a las ambulancias Fiat, no Kia. “El señor Martínez Castellanos consultó cómo se llama el taller. El licenciado respondió que el taller se llama Inter Cars”.
El taller que está dando el mantenimiento de las ambulancias es Auto Inter, en Santa Tecla. A finales de junio, la ambulancia tipo uci marca Peugeot con placas N 19113 y rotulada como “Equipo 1098” estaba en el taller a la espera de un repuesto que venía esperando desde hacía mes y medio. “Se le fue el sello del cigüeñal”, dijo una persona que ha participado en las gestiones para reparar estos vehículos. “Hasta fuimos a México y cuando llegamos allá nos dijeron que en 15 días lo traerían porque no era igual al que ellos tenían allá en stock. Tuvimos que esperar a que lo trajeran de Francia”.
Desde febrero de 2023 fueron puestos en circulación los pickup Peugeot que entregó Turcios Medical Supply. “De esos, dos pickup con solo 4,000 kilómetros recorridos ya tuvieron cambio de clutch porque tienen un sistema poco común de desbloqueo en cuesta y se los han acabado”, comentó la misma persona.
Los directivos sabían que Turcios Medical Supply carecía de la representación de la marca de todos los vehículos ofrecidos, pero se lo dispensaron con la promesa de que subsanaría esa deficiencia en el camino. También supieron que los precios ofrecidos por Turcios eran más altos que los precios promedio que identificaron al diseñar el requerimiento de ofertas. Los precios eran mayores hasta en un 20.21 %, tanto en las tres furgonetas Nissan, como en los 72 pickup Peugeot, los 22 microbuses Nissan Urvan, un camión cisterna y un camión de dos toneladas. La discusión se zanjó con el argumento de que si no se aceptaban esos vehículos más caros volvería a declararse desierta la contratación y ya era el cuarto intento desde 2019. Al final, para tratar de aliviar las posibles críticas, sacaron de la lista la camioneta para la dirección.
El consejo directivo del ISSS discutió que en la oferta de Turcios Medical Supply para proveer más de 100 automotores se sobrepasaba en hasta un 20 % el monto presupuestado para algunos de los modelos de vehículos a comprar. Entre esos vehículos estaban los 72 pickup Peugeot modelo Lantrek. Foto/Bladimir Nolasco
El contrato se firmó el 8 de agosto y a Turcios le dieron 90 días para entregar los 111 vehículos que se terminaron adquiriendo, en lugar de los 119 previstos originalmente. La directora del ISSS realizó una primera entrega de 52 vehículos el 10 de diciembre de 2022; la segunda, de 38, en febrero de 2023. En esta última, Ayala dijo a los empleados presentes: “Tendremos pendiente la tercera entrega a ustedes que son el motor del ISSS”. No hubo publicaciones de ese tercer momento. En un acta de octubre de 2022 aparece una pista: la unidad jurídica expone divergencias con Turcios por ese contrato, pero el desarrollo de ese tema está tachado.
El 13 de julio de 2022, Alma Tobar publicó en Facebook una fotografía en la que aparece sonriente junto a la embajadora de El Salvador en Estados Unidos, Milena Mayorga. El pie de la foto dice: “Gracias, gobierno de El Salvador, por apoyar a la diáspora”. Ella, como su esposo, Hugo Alexander Turcios Flores, es médica y ambos están radicados en Estados Unidos desde hace años. Por lo tanto, forman parte de esa masa numerosa de salvadoreñas y salvadoreños que viven en el exterior: “la diáspora”. Casualmente, ese día en que Alma Tobar publicaba la imagen acompañada del agradecimiento al gobierno de Bukele, el ministro de Salud, Francisco Alabí, había firmado dos contratos en favor de Turcios Medical Supply por un total de 4.6 millones de dólares.
El consejo directivo del Fondo Solidario para la Salud (Fosalud) está compuesto por el ministro de Salud Pública, un representante del Coordinador Nacional del Programa Social del gobierno, un representante de la Cruz Roja Salvadoreña; un representante del ISSS y uno del Ministerio de Hacienda.
En el Fosalud las dispensas, concesiones o consentimientos a la empresa de Turcios fueron tan evidentes como las que hubo en el ISSS, y también quedaron registradas en las actas de reuniones del consejo directivo.
Ese 13 de julio Alabí firmó dos contrataciones directas a favor de Turcios Medical Supply: una para comprar una flota de ambulancias tipo C “para transporte de pacientes” y otro similar pero para el Sistema de Emergencias Médicas. El primer lote, entonces, se destinaría a movilizar a pacientes ya internados en el sistema público, y el segundo a atender emergencias.
Estas son las seis adjudicaciones de contratos que Turcios Medical Supply firmó con el Estado salvadoreño en un lapso de ocho meses, entre noviembre de 2021 y julio de 2022, por un total de más de 16 millones de dólares.
El proceso había iniciado cuando entre febrero y mayo de ese año, Fosalud había lanzado la convocatoria de licitación pública para adquirir las ambulancias del primer contrato, para traslado de pacientes, pero fue declarada desierta en dos ocasiones. Para procurar el uso correcto y eficiente de los fondos públicos, ese mecanismo es el que prescribía la ya derogada LACAP. El Manual de Competencia en Compras Públicas de la Superintendencia de Competencia lo dice así: “El proceso de licitación pública (obras, bienes y servicios) o concurso público (servicios de consultoría) es la forma de contratación en la que se limita el poder discrecional de los funcionarios públicos al mismo tiempo que se potencia de mejor manera la competencia, por ser el más respetuoso con los principios de igualdad y no discriminación de los ofertantes”.
Después de los dos fracasos el consejo directivo pidió que se hiciera un sondeo de mercado y la comisión ad hoc nombrada identificó a tres posibles proveedores salvadoreños y a uno internacional. A los primeros tres les señalaron desventajas en sus plazos de entrega y a Turcios Medical Supply le objetaron que no contaba con representación de la marca Peugeot, que es la marca que ofrecía. Esto último es extraño porque a esas alturas ya había entregado las ambulancias Peugeot al Seguro Social y, se supone, para entonces tendría que haber subsanado esa deficiencia y mostrado esa acreditación al ISSS. También le señalaron la poca certeza que ofrecía para dar el servicio de mantenimiento.
Turcios informó que tenía una alianza comercial con el taller Autointer para respaldar la garantía, pero el mismo día de la reunión cambió su oferta para agregar la posibilidad de proveer alternativamente ambulancias Toyota Hiace o Nissan Urvan. Después de ese cambio, en el sondeo de mercado terminarían declarando que la de Turcios era la oferta más ventajosa.
El 20 de junio Fosalud emitió una declaratoria de urgencia para adquirir las ambulancias tipo C para transporte de pacientes y, otra vez, solo Turcios Medical Supply presentó oferta.
El acta número 91 de sesión del consejo directivo del 29 de junio recoge los acuerdos para comprar los dos lotes de ambulancias. En el punto 8 se avaló la firma de la contratación directa para adquirir 24 ambulancias tipo C para transporte de pacientes, que serían Toyota Hiace Super Larga, año 2022. Estas se destinarían a fortalecer la atención en las unidades de salud. El presupuesto sería de 2 millones 346 mil dólares. El punto 9 avaló la compra de otras 24 ambulancias tipo C, en modalidad de contratación directa, pero estas para el sistema de emergencias médicas (SEM) por el mismo monto.
A partir de lo acordado en esa reunión se emitió un acta de resolución razonada para la contratación directa 04/2022 que permitiría adquirir el segundo lote de ambulancias. A diferencia del caso del primer lote, para esta segunda contratación no se hizo publicidad ni se generó competencia, y allí mismo se decidió a dedo a quién contratar: “Debiendo firmarse la orden de compra o contrato con la sociedad Turcios Medical Supply”, se escribió. Lo único que se hizo fue colgar el acuerdo en Comprasal.
El punto 11 de la resolución razonada intenta justificar esta asignación exprés con una interpretación del Ministerio de Hacienda respecto a la LACAP y las contrataciones directas. El acta 91 consigna que para hacer expedito el proceso de adquisición se basaron en una opinión de la Unidad Normativa de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (UNAC) emitida meses atrás, que dice que no es obligatorio ni hacer publicidad del requerimiento de ofertas para proveer un bien, ni generar competencia para procurar el mejor uso de los recursos públicos. “No existe una regulación donde se indique la obligatoriedad para el caso puntual de la contratación directa de realizar la publicación de convocatoria en la misma forma que la licitación pública, o al igual como se realiza en la libre gestión que puntualmente señala la ley y reglamento. Para la contratación directa lo que es obligatorio publicar en Comprasal es la resolución razonada que habilita y sustenta la realización de esa forma de contratación y el resultado del proceso..." En este caso, el “resultado del proceso” fue escoger la compañía de Turcios. La opinión de la UNAC les llegó por medio de correo electrónico UNAC-DJ-00962020. Por esa razón en la página de Comprasal solo se comunicó la decisión y no se colgó los documentos para que otros interesados pudieran participar con ofertas.
El ministro de Salud, Francisco Alabí, suscribió con Turcios Medical Supply dos contratos para la compra de 48 ambulancias Toyota Hiace. Dos semanas después, el contratista notificó que no podía proveer la marca ofrecida y propuso cambiarlas por Ford Transit, sin cambiar el monto de la factura. En uno de estos dos contratos, tampoco pudo entregar las Ford Transit.
El contrato No. 55-2022 (para adquirir 24 ambulancias del Sistema de Emergencias Médicas) es casi idéntico al No. 54-2022 (para adquirir 24 ambulancias para traslado de pacientes). Los suscribieron el ministro Alabí y el representante legal de Turcios Medical Supply, Pedro Élmer Bonilla Estrada, el 13 de julio. La empresa se comprometió a entregar en un plazo de 150 días 48 ambulancias tipo C Toyota Hiace super largas, valoradas en 97 mil 750 dólares cada una. “El precio del contrato es libre de todo tipo de impuestos directos o indirectos causados en El Salvador, y de cualquier otra retención o tasa tributaria, y si se causaren tales tributos, en su totalidad deberán ser pagados o cubiertos por Fosalud”, detallaron los contratos.
Este amarre fue el que hizo que en noviembre de 2022 los diputados aprobaran el decreto 577 para eximir de todo tipo de impuestos la importación de las ambulancias de Fosalud.
Apenas habían pasado dos semanas desde la firma con Alabí cuando Turcios Medical Supply notificó que no podría honrar su oferta y pidió una modificación sustancial: cambiar la marca de las ambulancias. La petición la discutió el consejo directivo en la sesión del 29 de julio de 2022. El representante legal, Bonilla Estrada, informó: “La compañía distribuidora TOYOYA MEXICO expresa que por causa de escasez mundial de materia prima, la guerra de Ucrania -Rusia y la pandemia del Covid 19, la planta TOYOTA JAPÓN no podrá entregar las 24 CAMIONETAS VAN TOYOTA HIACE 2022 dentro del plazo del contrato con Fosalud”. Y aunque Turcios Medical Supply citaba un problema de plazos, no pidió ampliar el plazo de entrega, sino cambiar de fabricante y sin alterar la factura. “Por lo anterior se propone realizar el cambio de camioneta TOYOTA HIACE SUPER LARGA 2022 originalmente contratado, por CAMIONETA MARCA FORD TRANSIT AÑO 2022 o como segunda opción NISSAN URVAN NV350 PANEL AMPLIA MODELO 2022, manteniendo el precio y el plazo de entrega originalmente establecido en el contrato”, consigna el acta 94.
Los administradores del contrato, Roberto José Gavidia y Melvin Antonio Salguero Marinero, sugirieron que se aceptara las Ford Transit por el mismo precio, a pesar de que ellos mismos señalaron que la institución podría salir perdiendo. “De acuerdo con la evaluación técnica realizada por los administradores del contrato, la opción número uno CAMIONETAS MARCA FORD TRANSIT AÑO 2022 cumple con la mayoría de los requerimientos mínimos solicitados; sin embargo, para el caso del motor y de la potencia, a pesar de ser inferior a lo contratado, esto contribuirá a un desempeño eficiente y económico para los intereses de Fosalud, sin que esto afecte el funcionamiento y finalidad del vehículo”. Fosalud se acomodaba a las posibilidades de Turcios.
En octubre de 2022 Turcios Medical Supply informó a Fosalud que tampoco podría proveer las 24 primeras ambulancias del total de 48 contratadas. Culpó a la empresa ensambladora, Ambulancia Network, y a la escasez mundial producto de la pandemia. Solicitó rescindir el contrato por mutuo acuerdo y Fosalud aceptó.
El retiro de Turcios Medical Supply hizo a Fosalud volver a las distribuidoras locales, y fue Gevesa la que obtuvo el contrato, pero ya no serían 24 las ambulancias del primer lote, sino que se le solicitó que entregara 30.
GatoEncerrado pidió a Fosalud una lista de las ambulancias de la institución y el 12 de julio de 2023 la Oficina de Información y Respuesta entregó un documento en el que ya aparecen incluidas 30 ambulancias Ford Transit año 2022 incluso con sus números de placas y la unidad de salud a la que han sido asignadas. 17 de ellas, sin embargo, aún tenían estatus de no activas, sino “por entregar”.
Para cumplir el segundo contrato, el 55-2022, y proveer 24 ambulancias al sistema de emergencias médicas, Turcios ha trabajado con dos empresas mexicanas: Prevención y Bienestar Médico y otra cuyo nombre es inaccesible en los registros públicos aduanales.
Cuando Turcios Medical Supply pidió extinguir el contrato No. 54-2022 añadió otra petición: que le aceptaran dos ambulancias Ford Transit II que Ambulancia Network ya había producido “a fin de evitar pérdidas para la sociedad”. En el acta 100 de la sesión del consejo directivo no se escribió nada sobre eso. Lo único es que después de aceptar la rescición por mutuo acuerdo aparece un punto en blanco y con la indicación “bajo reserva”.
En el portal Panjiva, que registra movimientos entre aduanas, aparece que Ambulancia Network envió a Turcios, vía terrestre desde México, dos ambulancias Ford Transit en enero de 2023. Llegaron tres meses después del plazo contractual de 150 días fijado a Turcios para que entregara aquellos vehículos porque era urgente renovar la flota de Fosalud.
GatoEncerrado pidió a la oficina de comunicaciones de Fosalud una entrevista con el director de la institución, quien también participa en las reuniones del consejo directivo, para saber cómo habían resuelto esa petición. Asimismo, se pidió al gabinete de comunicaciones de Salud una entrevista con el ministro Alabí para preguntarle por qué la institución se inclinó por un proveedor que ya había fracasado en su primer contrato con el ISSS al venderle medicina falsa. Hasta el jueves 10 de agosto de 2023, no había respuesta ni de Fosalud ni del Ministerio.
DATO
Hugo alexander Turcios flores
El monto de contratos adjudicados a Turcios Medical Supply por el ISSS y Fosalud supera los 16 millones de dólares, pero no hay información oficial disponible que permita determinar cuánto recibió al final debido a sus incumplimientos.
11 de noviembre de 2021
Contrato ISSS para comprar tocilizumab
12 de noviembre de 2021
Contrato ISSS para ambulancias de traslado, marca Fiat Ducato
25 de marzo de 2022
Contrato ISSS para ambulancias tipo UCI, marca Peugeot
13 de julio de 2022
Contrato Fosalud para 24 ambulancias de traslado de pacientes
13 de julio de 2022
Contrato Fosalud para 24 ambulancias para emergencias médicas
25 de julio de 2022
Contrato ISSS para compra de flota de más de 100 vehículos
TOTAL:
Este es total de los contratos adjudicados
Luego quedan otras preguntas sobre decisiones políticas que ni la directora del ISSS ni el ministro Alabí quisieron responder para este reportaje: ¿por qué si el criterio técnico del ISSS desaconsejaba contratar la empresa de Turcios se desoía ese criterio? Si en noviembre de 2021 el ISSS estaba a punto de quedar desabastecido de tocilizumab para combatir covid-19, ¿cómo impactó en la atención a pacientes graves de covid-19 que el “medicamento” que llegó al cabo de dos meses fuera un medicamento falso? ¿Qué sustancia o compuestos con potencial letal para la salud humana incluía la medicina falsa vendida por la empresa de Turcios?
En su denuncia en Chennai, Hugo Turcios exhortó a las autoridades a actuar con rapidez y para dimensionar la gravedad de la situación hizo algunas reflexiones: “Esto puede tener serias ramificaciones transfronterizas e internacionales, afectando las relaciones diplomáticas y requiriendo una acción inmediata y urgente. Existe toda posibilidad de que los acusados estén involucrados en un comercio ilegal similar con otros países, poniendo en riesgo la vida de muchos”.
GatoEncerrado escribió un mensaje a la dirección de correo electrónico que Hugo Turcios dio en la policía de Chennai para que pudieran contactarle posteriormente. No respondió. En la policía de Chennai también proporcionó con el mismo propósito un número de teléfono. El lunes 31 de julio de 2023 este medio llamó a dicho número.
—¡Aló! -respondió de inmediato una voz masculina.
—Muy buenos días, doctor Turcios.
—Sí, sí.
—Le saluda Cecibel Romero. Soy periodista en El Salvador y estoy trabajando un reportaje para la revista GatoEncerrado y quiero preguntarle sobre una denuncia que usted puso en la policía de la India en septiembre del año pasado por una estafa de la que fue víctima.
—Aaaah… no… no sabría decirle, la verdad… lo siento… no… no tengo nada que… no tengo nada que ver con eso, no… para nada… no tengo idea…
—Pero este es el número que usted dejó en la policía…
—Sí, pero no tengo idea…
—¿Usted se dedica a la importación de medicamentos…?
—Aaaaah… uummm… la verdad no, para nada…
—¿Y a qué se dedica usted, entonces?
—La verdad es que no tengo por qué darte información de a qué me dedico o qué hago, porque…
—¿Entonces usted no está vinculado con la compra de unos medicamentos en la India que enviaron a El Salvador?
—Para nada. No sé de dónde han obtenido información de que yo he comprado medicamentos en la India. No tengo ni idea de dónde han obtenido esa información.
—Pero usted se llama Hugo Turcios.
—Pero Hugo Turcios hay miles en el mundo. ¿De dónde sacás vos esa información?
—Bueno, eso fue algo público.
—Aaah… lo siento, no te puedo... no tengo nada que ver. ¡Cuidate, buen día! ¡Me asustás, no jodás, ustedes me pueden estafar!
Y colgó.
GatoEncerrado no alcanzó a decirle que el mismo número que él contestó no solo es el que consta en su denuncia de estafa en la India, sino también el que incluye el sello de su empresa plasmado en los contratos que firmó con el gobierno salvadoreño.
Esta investigación fue realizada gracias al apoyo del Consorcio para Apoyar el Periodismo Regional en América Latina (CAPIR) liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).