Por Eugenia Velázquez

El director ejecutivo de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, dijo a GatoEncerrado que desconoce si Cosavi continuó donando dinero a Nuevas Ideas en los años siguientes, ya que el partido se ha negado a revelar sus fuentes de financiamiento y ha violado la Ley de Partidos Políticos que lo obliga a transparentar sus fondos y fuentes de ingreso. 

Escobar agregó que las autoridades deberían de investigar si los fondos donados al partido tienen origen ilícito, sobre todo porque el caso Cosavi es en sí mismo un indicio para comenzar a indagar. 

“En el caso de Cosavi, si se determina que hay lavado de dinero, eso implicaría investigar si en primer lugar esta cooperativa siguió donando al partido político.  Pero, igual, aunque ya no se sepa si donó después de 2020, ya hay una donación en 2020 y tendría que investigarse si ese recurso de donación provenía de lavado de activos”, dijo Escobar.

A propósito del caso, Escobar también cuestionó el papel de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Fiscalía General de la República (FGR). Señaló que esta unidad ha guardado silencio sobre el financiamiento del partido Nuevas Ideas, a pesar de que su deber es vigilar y supervisar el origen de los fondos privados que reciben los partidos políticos.

“La pregunta es: ¿El partido Nuevas Ideas reportó sus ingresos ante la entidad correspondiente, que es la UIF, según establece la Ley Contra el Lavado de Dinero y Otros Activos? Si lo reportó: ¿Qué acción tomó la UIF ante un donativo de una entidad que estaba siendo investigada? Esa es la pregunta que deberían de contestar tanto las autoridades del partido como la Fiscalía”, indicó Escobar.

La Ley de Partidos Políticos en el artículo 22-C también obliga a los partidos a que pongan a disposición de la Corte de Cuentas de la República (CCR) la información sobre el financiamiento público. De igual forma, los obliga a entregar información de su financiamiento público y privado al Tribunal Supremo Electoral y al Ministerio de Hacienda. 

A pesar de que existe toda esta legislación para transparentar el financiamiento de los partidos políticos, el papel de las instituciones encargadas de hacer cumplir esta legislación es mediocre. 

“En la práctica, la autoridad electoral (Tribunal Supremo Electoral) se limita a recibir y revisar la documentación financiera que presentan los partidos políticos sin indagar la autenticidad de la información contenida en los estados financieros”, sostiene el informe de Acción Ciudadana.

Más allá de la falta de transparencia sobre el origen de los fondos y de los controles institucionales que debieron haber funcionado, Escobar señala que si se llega a comprobar que hubo lavado de dinero en el caso Cosavi, esto tendría repercusiones para el partido Nuevas Ideas y los funcionarios que llegaron al poder a través de campañas y un instituto político financiado con fondos ilícitos.

“En la Ley de Partidos no está expresamente señalado una causal de cancelación de partido por un tema de esta índole, lo que sí tiene y allí habría que ver si encaja, es el tema de que se podría determinar que al recibir financiamiento ilegal o ilícito, eso significa una ventaja indebida del partido que podría constituirse en una acción fraudulenta, sacar ventaja indebida, y por esa causal sí hay una cancelación del partido (Nuevas Ideas), pero sabemos que no lo aplicarán de esa manera”, lamenta Escobar al traer a cuenta que Nayib Bukele deshizo la independencia de los poderes del Estado y los controla.

“Lo que podría pasar si hubiera separación de poderes es una investigación. Y si se determina que un candidato usó fondos que fueron parte del lavado de dinero podría estar participando de un delito y, por lo tanto, podría ser sujeto de un antejuicio ante la Asamblea Legislativa y así se separa del cargo a la persona si estuviera vinculado”, afirma Escobar.