Por Cristian Meléndez y Óscar Hernández

Para el abogado Oswaldo Feusier, de la Clínica de Primeros Auxilios Jurídicos de la APES, hay vicios de que este proceso no se hizo conforme a lo que establece el Código Procesal Penal, “por lo que el allanamiento tiene elementos que lo vuelven sospechoso”. Además, insistió en que en un procedimiento como este se le debe notificar adecuadamente a quien vive en la casa, los motivos y qué buscan, así como cuál es el Tribunal que lo autoriza. 

“Mientras se desarrolló el allanamiento, se aisló a los moradores del lugar allanado, entre ellos la colega periodista que ya conocen. Se les tuvo aislados y se les mostró una supuesta notificación de la resolución que permitía el allanamiento; pero, en los términos que nos han expresado, ello fue una notificación que medio se les mostró de lado, pudieron observar algunos detalles y otros no. No se les proporcionó copia de la resolución ni se les proporcionó ningún documento que explicara cuál era el objeto de la misma, qué Tribunal lo ordena, en qué lugar se ordenó, qué objetos estaban buscando, que es lo mínimo que exige el Código Procesal Penal, que al momento del allanamiento el morador de dicha vivienda sea debidamente notificado de la diligencia y de la decisión, debiendo esa decisión incorporar cuál es el objeto buscado, qué se está buscando y qué es lo que se pretende con el allanamiento”, dijo el abogado Feusier.

El abogado agregó que tras hacer algunas indagaciones han logrado conocer que el caso se trataba de un delito patrimonial de naturaleza común, pero teme que esto solo haya sido una excusa para otros fines.

“Lo que a nosotros nos preocupa, como equipo jurídico, son los precedentes que se generan, o que se dejan las puertas abiertas. Cada una de estas actuaciones es una puerta abierta y en una puerta abierta, si bien los que ingresan primero acceden, después pueden venir una serie de personas, otros casos y otros precedentes que pueden continuar. Se ha incautado instrumentos de trabajo de una periodista, se ha incautado computadoras, equipos portátiles, teléfonos, USB, dispositivos de memoria”, agregó Feusier.

Suchit Chávez, de la junta directiva de la APES, añadió que es tanta la opacidad que hay sobre el allanamiento que se desconoce si el procedimiento al final iba dirigido hacia la periodista y su pareja o para los dueños de la casa, ya que es alquilada.

Estos casos contrastan con la narrativa de Nayib Bukele, quien en su discurso de este año ante la Organización de la Naciones Unidas (ONU) aseguró que en El Salvador no se hacen allanamientos a periodistas ni se les confisca sus herramientas de trabajo. Estas irregularidades que cometen las autoridades también contrarían las afirmaciones del comisionado presidencial para los Derechos Humanos y Libertad de Expresión, Andrés Caballero, quien ha dicho ante organismos internacionales que en el país se respeta los derechos humanos y se garantiza la libertad de expresión y de prensa. 

Este tipo de acciones protagonizadas por las autoridades también van en contra de lo que establece la Declaración de Principios de la Libertad de Expresión del Sistema Interamericano , específicamente lo que dice el principio número 8: “Todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales”. La Constitución de la República, en su artículo 6, inciso segundo, dice que: “En ningún caso podrá secuestrarse, como instrumentos de delito, la imprenta, sus accesorios o cualquier otro medio destinado a la difusión del pensamiento”.

Para el presidente de la APES, Sergio Arauz, las denuncias que se hacen por el caso de la periodista Mónica Rodríguez no deben interpretarse por la opinión pública como que los periodistas deben tener un trato especial o que están exentos de cumplir la ley, como cualquier otro ciudadano, sino que se expone la poca transparencia que hay en el proceso.

“Nos preocupa por una razón, porque se llevaron los discos duros, su computadora y su equipo de trabajo, y en ese sentido, como organización que defiende los derechos de los periodistas, la libertad de prensa y la libertad de expresión, creemos que policías que no dan mayores detalles de las razones por las que se está requiriendo este equipo, tengan acceso a fuentes o información que nuestra colega maneja. Eso sí nos atañe y lo queremos denunciar como algo muy preocupante”, señaló Arauz.

Los directivos de la APES expresaron que seguirán los canales oficiales para exponer las irregularidades en el caso de la periodista Rodríguez y que acudirán a instancias como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y el Comisionado Presidencial para los Derechos Humanos y la Libertad de Expresión en El Salvador, Andrés Guzmán.