#CierreDeEspacioCívico
La Ley de Agentes Extranjeros también está afectando a salvadoreños olvidados por el Estado
Diseño de imagen: Sora IA
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La Ley de Agentes Extranjeros también está afectando a salvadoreños olvidados por el Estado
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La Ley de Agentes Extranjeros tiene como destinatarios obvios a las organizaciones de sociedad civil que defienden derechos humanos, fomentan la transparencia y no se alinean a los intereses del Gobierno de Nayib Bukele. Busca asfixiar económicamente a estas asociaciones para que no puedan operar, además de ahuyentar a los organismos filantrópicos y cooperación internacional que las financia. En medio de la cruzada del gobierno por callar las voces críticas, hay daños colaterales. Salvadoreños ignorados por el Estado y que eran usuarios de organizaciones de ayuda humanitaria ya están siendo afectados por el cierre de proyectos y programas en el país. La ley y su reglamento, además, otorga un amplio poder para controlar, vigilar, sancionar y cancelar organizaciones.
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Por Moisés Alvarado
Editado por Ezequiel Barrera | Septiembre 17, 2025
El Registro de Agentes Extranjeros (RAEX) terminó su periodo de inscripción el pasado 4 de septiembre. La recién aprobada Ley de Agentes Extranjeros exige, entre otras cosas, que las todas personas naturales y jurídicas que reciben fondos del exterior se anoten en ese registro, a cargo del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial. En la práctica, la ley otorga al Gobierno de Nayib Bukele una amplia autoridad para vigilar, controlar, estigmatizar y sancionar a las organizaciones de sociedad civil, medios de comunicación independientes —no alineados al oficialismo— y personas naturales que reciben apoyo internacional de organismos filantrópicos y agencias de cooperación. En palabras más claras, analistas y académicos concluyen que esta ley es una artimaña hecha ley, propia de países bajo dictaduras, para intentar silenciar voces críticas e intervenir las operaciones de las organizaciones de sociedad civil. En medio de todo, y como daño colateral, también hay organizaciones de apoyo humanitario y sus usuarios que ya están siendo afectados.
La ley fue aprobada por la Asamblea Legislativa de forma exprés y sin debate el pasado 20 de mayo, siguiendo el patrón de obediencia incondicional que caracteriza a los diputados del partido oficialista Nuevas Ideas. Contempla un impuesto del 30 % a todas las donaciones recibidas por organizaciones “con fines políticos”, además de que amenaza con desproporcionadas multas e, incluso, la cancelación de la personería jurídica y persecución penal.
La aprobación de esta ley fue la reacción de Nayib Bukele a una manifestación pacífica realizada en las cercanías de la residencial donde vive, en la que familias de la Cooperativa El Bosque pedían su intervención para que se diera marcha atrás a una orden judicial de desalojo de las casas que habitan en este caserío ubicado en un cantón de difícil acceso en Santa Tecla, La Libertad Sur.
Bukele dijo que quienes protestaron eran “personas humildes” y aseguró, sin pruebas, que “fueron manipuladas por grupos autodenominados de izquierda y organizaciones globalistas, cuyo único objetivo real es atacar al gobierno”, según escribió en sus redes sociales.
Usó este pretexto para apresurar la aprobación de esta ley que deseaba imponer desde 2021, cuando fue pausada sin mayores explicaciones, aunque de manera extraoficial se manejó que se congeló debido a llamados de atención que hicieron diferentes entidades internacionales para pedirle a Bukele que reconsiderara la imposición de esa ley.
En mayo de este año, el presidente inconstitucional retomó la intención de aprobar la Ley de Agentes Extranjeros y la justificó diciendo que el dinero recaudado por el nuevo impuesto del 30 % serviría para pagar la deuda de las familias e integrantes de la Cooperativa El Bosque, con el objetivo de frenar el desalojo de sus viviendas, pero esto no consta en ningún apartado ni artículo de la ley que finalmente fue aprobada.
Grabación de la transmisión en vivo, de Radio Bálsamo TV, de la noche del 12 de mayo, cuando la Policía reprimió a las familias de la Cooperativa El Bosque.
Para justificar la vigilancia y el elevado impuesto del 30 % a cada donación internacional, la propaganda oficialista sostiene que esto solo se aplica a organizaciones “con fines políticos” y que se eximirá a aquellas dedicadas a labores humanitarias y sociales. Pero esto, en la práctica, no es cierto. En la primera actualización del listado de las entidades obligadas a pagar el impuesto, firmado por el director del RAEX (Víctor Alberto Palma Chamul), aparecen 179 entidades. Entre esas hay colegios, universidades, iglesias, organizaciones de desarrollo comunal y municipal, juntas de agua, asociaciones de guardias de seguridad, sindicatos, organizaciones ambientales e indígenas, así como asociaciones que defienden derechos de mujeres y de la diversidad sexual. Incluso hay asociaciones que apoyan en el sector de la salud.
El concepto “fines políticos” es tan ambiguo y amplio en la ley, que el impuesto del 30 % y sus sanciones ya están afectando a entidades dedicadas a las más variadas actividades, incluyendo algunas que se dedican a la asistencia legal o apoyo humanitario, tal y como queda claro en el primer listado que se hizo público. También es indeterminado quién no y quién sí es considerado un sujeto obligado para inscribirse ante el RAEX. Este reportaje es una primera exploración de los impactos que la nueva norma ya está dejando a las vidas de los salvadoreños, más allá de las obvias afectaciones a la democracia y al Estado de Derecho.
Nota del editor
El pretexto de la "soberanía nacional"
En países sometidos a regímenes autoritarios —como Rusia, Venezuela y Nicaragua— se han impuesto leyes de agentes extranjeros bajo el pretexto de que hay injerencia internacional y que, por lo tanto, hay que “proteger la soberanía” o “garantizar la transparencia”. En el fondo, lo que ha ocurrido es que las autoridades obligaron a registrarse y pagar impuestos a periodistas que denunciaban la corrupción y las violaciones a los derechos humanos, la misma suerte corrieron activistas, artistas, académicos, organizaciones civiles e incluso religiosos. En esos países, cualquiera que es crítico del régimen o no se alinea a los intereses de sus gobernantes es etiquetado como “sospechoso”, “desestabilizador” y “con una agenda globalista que busca sabotear al gobierno”.
El Salvador se unió, desde mayo pasado, a ese selecto grupo de países que reprimen a las organizaciones de sociedad civil, que persiguen a cualquiera que se atreve a cuestionar las acciones del gobierno y a ejercer una estricta vigilancia y control de las voces disidentes.
La ayuda internacional para fines sociales y humanitarios comienza a fugarse
La aprobación de esta ley afectó a diversas organizaciones de la sociedad civil que reciben fondos de cooperación internacional y organismos filantrópicos. Empezando por aquellas que tienen un destacado trabajo de fiscalización, transparencia, defensa de los derechos humanos, activismo ambiental y derechos de la diversidad sexual. Su labor es considerada, según la narrativa del oficialismo, como contraria a los intereses del Gobierno de Bukele. Pero no solo ellos, esta ley también ahuyentó incluso a organizaciones de corte más humanitario, de asistencia y apoyo directo.
Entre esas organizaciones está AIDS Healthcare Foundation (AHF, que en español sería Fundación para la Atención Médica del SIDA). AHF es el mayor proveedor de atención médica contra el VIH a escala mundial. Fundada en la ciudad de Los Ángeles, en 1987, financia sus operaciones a través de una red de farmacias en Estados Unidos y de contratos de atención médica en ese país. Permite que, cada año, cinco millones de personas se realicen una prueba rápida de VIH gratuita, lo que facilita una atención temprana del virus.
En El Salvador, AHF ha colaborado con las Clínicas para la Atención Integral en Salud de las personas con VIH (CAI) de hospitales nacionales, ha impulsado miles de pruebas gratuitas al año y ha financiado las actividades de algunas organizaciones centradas en promover los derechos de esta población.
Según representantes de tres de estas organizaciones y otras personas que laboran en tres de las CAI a las que apoya a escala nacional, AHF dejará de operar en El Salvador a partir del 14 de octubre de 2025. Los representantes de las organizaciones ya fueron notificados de la decisión, lo que afecta grandemente sus actividades, pues una parte importante dependía del apoyo de esa entidad.
“Esta decisión surge a raíz de una comunicación inesperada recibida de nuestra red de financiadores, en la que se nos notifica la limitación o suspensión de los fondos destinados a los proyectos implementados por AHF. Como consecuencia, nos vemos en la necesidad de cesar las operaciones y proyectos que actualmente lleva a cabo la organización en la República de El Salvador”, dice la misiva enviada y firmada por el presidente de AHF, Michael Weinstein, para notificar a las organizaciones de su partida.
En ningún lado de la misiva se atribuye la decisión a la Ley de Agentes Extranjeros. Sin embargo, los representantes de las entidades beneficiarias de AHF dicen que, verbalmente, les explicaron que la resolución se debe a la Ley de Agentes Extranjeros por la que, potencialmente, el Estado salvadoreño se quedaría con tres de cada 10 dólares donados. Para tener más información sobre lo que dijeron los representantes de las organizaciones, esta revista intentó contactar a la coordinadora de país de AHF, Xiomara Geraldina Torres, pero los correos electrónicos enviados a su dirección rebotaron y no fue posible comunicarse con ella por esa vía.
Los representantes de las organizaciones apoyadas por AHF, que hablaron con este GatoEncerrado, solicitaron no revelar sus nombres o el de sus entidades por temor a represalias, pues también deben inscribirse al RAEX. Argumentaron que emitir opiniones ante la prensa —incluso si no son en tono de crítica— podría condicionar su registro ante el Ministerio de Gobernación. Esa autocensura es, en sí misma, un reflejo de la influencia de esta ley.
El temor es comprensible: La norma contempla que todas aquellas personas naturales y jurídicas que reciben fondos del extranjero para ser utilizados en El Salvador deben inscribirse ante el RAEX, mismo que mantendrá un férreo control sobre sus actividades, pues deben notificar a esta entidad cada uno de sus programas y actividades. En otras palabras, el Gobierno de Bukele está obligando a que las organizaciones de sociedad civil se sometan a su control y vigilancia, en el que no se tiene la libertad ni para expresar opiniones.
Si los responsables del RAEX concluyen que las actividades y programas financiados con dinero enviado desde el extranjero hacia personas naturales y organizaciones tienen “fines políticos”, deberán pagar un impuesto del 30 % de cada una de las donaciones recibidas, que será retenido inmediatamente por las instituciones bancarias.
Pero no termina ahí: la exigencia de detallar sus actividades busca que el RAEX evalúe si cada programa se ajusta a lo permitido por la ley. En esencia, que no cuestione la gestión gubernamental ni altere los intereses del bukelismo. En caso de detectar algo que sea considerado crítico al oficialismo, el RAEX tiene la facultad de imponer multas desproporcionadas que oscilan entre $100,000 y $250,000, lo cual es inviable para entidades que reciben donaciones de unos cuantos miles de dólares al año.
Nota del editor
"Fines políticos" y vigilancia
Las leyes de “agentes extranjeros” suelen justificarse en países autoritarios bajo un argumento recurrente y ambiguo: se aplica únicamente a organizaciones con “fines políticos”. Esa fórmula, aparentemente razonable, en realidad es para abrir la puerta a la arbitrariedad y vigilancia. La célebre filósofa y politóloga Hanna Arendt planteaba que todo lo que aparece en el espacio público es político por el mero hecho de aparecer. Bajo esa premisa, etiquetar como de tener “fines políticos” a organizaciones de la sociedad civil resulta ambiguo y hasta malintencionado, ya que convierte en “sospechoso” todo lo que se hace en el espacio público, que prácticamente puede ser cualquier acto de participación, desde acompañar víctimas, brindarles apoyo y hasta defender sus derechos o exigir desde la plaza pública transparencia. Bajo el ardid de etiquetar como “fines políticos” se justifica la vigilancia y control de las voces críticas.
Según los representantes de estas organizaciones consultadas por GatoEncerrado, AHF ha decidido dejar el país porque sus actividades se inscriben en conceptos que, les avisaron, serían inmediatamente identificados bajo la etiqueta de “fines políticos” (contrarios al oficialismo): derechos humanos, prevención del VIH, educación sexual e inclusión de la población LGBTI. Para un gobierno conservador como el de Bukele, todo esto es considerado como mala palabra, ofensivo y una supuesta amenaza en contra de las familias tradicionales.
AHF cierra sus proyectos y programas en El Salvador, pero continuará operando en Honduras y Guatemala, países vecinos que todavía no cuentan con una legislación parecida a la Ley de Agentes Extranjeros (aunque ya han intentado tenerla).
“Las organizaciones que usen estos fondos para causas sociales y humanitarias en beneficio de los salvadoreños mantendrán su exención fiscal”, dice un anuncio del Gobierno de El Salvador.
Organizaciones como AHF trabajan para causas sociales y humanitarias en beneficio de los salvadoreños en la prevención y tratamiento del VIH, por lo que cualquiera pudiera entender que sus actividades no deberían ser interpretadas como motivadas por razones políticas contrarias a los intereses del Gobierno de Bukele. Pero, la definición de “causas sociales y humanitarias” tampoco está clara bajo el régimen bukelista que elabora y modifica sobre la marcha sus propias definiciones y significados de conceptos como “política”, “democracia”, “derechos” o “causas sociales y humanitarias”.
Representantes y directivos de algunas de estas organizaciones han estudiado la Ley de Agentes Extranjeros y, según dijeron a esta revista, tienen una profunda preocupación porque no encuentran en la ley la claridad de cuáles son los criterios para considerar cuál es una actividad de incidencia política y cuál no. Tras su análisis, lo único claro es que estos criterios quedan en manos de los responsables del RAEX, a quienes la ley faculta para que decidan cuál es una actividad tolerada o no por el gobierno.
“Para otorgar la calificación a que se refiere el inciso precedente (causas sociales y humanitarias), el RAEX considerará entre otros aspectos: la naturaleza del proyecto, el ente que genera los recursos, la entidad destinataria de estos, la obra, bien o servicio que se ejecutará o adquirirá con los recursos que se perciban y el estricto cumplimiento a los mismos para su renovación automática”, dice el artículo 5 de la ley.
La misma agrega que el RAEX puede revocar o no renovar la exención de impuestos cuando le parezca que la entidad ha incurrido en un incumplimiento. Tal inseguridad jurídica conforma un riesgo adicional: si en el RAEX consideran que una actividad realizada infringe alguna norma, podrían ser objeto de las multas exageradas.
Por ejemplo, si en el caso hipotético de una organización comoAHF decidieran apoyar una campaña de pruebas gratuitas de VIH para personas LGBTIQ en una plaza pública y dicha actividad es considerada por el RAEX como una que “altera el orden público” (incluido en el artículo 9), las autoridades podrían imponer la exagerada multa de hasta un cuarto de millón de dólares.
Se trata de sanciones desproporcionadas para un país como El Salvador, pues hay que considerar que son solo un poco menores a las contempladas para las faltas muy graves en una actividad de alto riesgo ambiental y de salud como la minería metálica, que establece un techo de hasta 1000 salarios mínimos, es decir, $400,800.
En otras palabras, una organización de sociedad civil que recibe de organismos filantrópicos o cooperación internacional unos cuantos miles de dólares al año, o un profesional independiente con los mismos ingresos, está sujeto a sanciones similares a las que enfrentan empresas con flujos multimillonarios, como las mineras.
AHF no es la única entidad internacional con una vocación social y humanitaria que cesará operaciones en El Salvador debido a la entrada en vigencia de la ley y el RAEX. GatoEncerrado consultó a empleados en el país de la cooperación alemana GIZ y de la organización Save The Children a quienes les notificaron que sus trabajos cesarán como consecuencia del cierre de proyectos o programas. Solicitaron no revelar su identidad por temor a que esto pudiera afectarles para conseguir un nuevo empleo. Explicaron que haber trabajado en organizaciones de sociedad civil en un país con una ley que etiqueta de sospechosas a esas organizaciones es ahora considerado una mancha en su hoja de vida.
El cese de operaciones, proyectos o programas de este tipo de instituciones no es baladí o de poca importancia. Primero, porque muchos de los empleos que brindan están entre los mejor pagados del país, ya que cumplen con estándares internacionales, según apunta la economista Saira Barrera. Por tanto, se cierran fuentes de empleo de calidad, que no serán sustituidos en el corto ni en el mediano plazo. Segundo, porque estas instituciones atienden a la población salvadoreña ahí donde el Estado ya no es capaz de hacerlo o porque no es del interés de los gobiernos de turno. De modo que estas organizaciones cubren las carencias de las instituciones públicas.
“La Ley de Agentes Extranjeros está cerrando la posibilidad de que cualquier organización se desarrolle. Lo obvio es que es una norma para desincentivar a aquellas con una labor más crítica al gobierno, pero también están otras que hacen labores importantes en las comunidades, en temas de salud, y esto va a quedar en el abandono. Claramente esta situación irá en contra de la población, pues estas organizaciones atienden necesidades que el Estado no tiene ni la capacidad financiera ni el interés político para cubrir”, comenta Leonor Arteaga, abogada de la Fundación para un Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés).
En el fondo, la Ley de Agentes Extranjeros fue concebida por el bukelismo para afectar, potencialmente, todo el financiamiento de la cooperación internacional manejado por organizaciones de la sociedad civil. Ahogarlas financieramente y que, eventualmente, cierren.
Ese es el caso del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA), una entidad dedicada a la protección del medio ambiente. Entre sus actividades, además de impulsar el uso de la bicicleta en El Salvador como una acción climática, están diversos programas para la construcción de viviendas para población vulnerable, la implementación de sistemas para el filtrado de agua en zonas rurales y para la implementación de producción agroecológica.
El CESTA también es una organización que busca tener incidencia mediante el uso del derecho a la manifestación pacífica, como ocurrió el pasado domingo 10 de agosto, cuando, junto a otras asociaciones, realizaron una marcha para solicitar que no se construya un nuevo Centro de Ferias y Convenciones (CIFCO) en El Espino, uno de los últimos pulmones de San Salvador. Pidieron en esa marcha que, en el caso de ser una prioridad ineludible para el Gobierno de Bukele, que esa infraestructura se erija en la misma zona donde se levantará el nuevo estadio nacional, financiado con fondos donados desde el extranjero (por la República Popular de China).
Actividades como estas pueden hacer que los encargados del RAEX decidan catalogar al CESTA como una organización con “fines políticos”, lo que además de obligarlos a pagar un impuesto del 30 % de todos los fondos que reciban, podrían ser acreedores de alguna sanción o peor ser cancelados.
El presidente del CESTA es Ricardo Navarro, una voz que se ha mantenido crítica ante los diferentes gobiernos de turno en El Salvador, desde el siglo pasado. Ahora, su organización está en peligro, pues depende en gran medida de recursos provenientes del extranjero, sobre todo de Europa. Entre sus financistas están organizaciones como Brot für die Welt (Pan para el Mundo), la obra de ayuda de las Iglesias Evangélicas Regionales y Libres de Alemania.
Según Navarro, la mayoría de sus cooperantes les han comunicado que es posible que dejen de apoyarlos si se les aplica el 30 % del impuesto, pues el alcance de la ayuda se ve reducido, por lo que podrían redirigirlo a países donde no existan este tipo de normas.
“Es comprensible, pues eligen poner su dinero en un sitio donde van a poder ayudar con los mismos recursos a 10 personas y no solo a 7. Hay que considerar que los fondos de estas organizaciones no pertenecen a quienes trabajan en ellas, sino que vienen de los impuestos de los ciudadanos de un país o de las contribuciones de los fieles de una iglesia. Tienen que dar resultados”, explica Navarro.
Para el presidente del CESTA, quienes terminarán pagando las consecuencias de esta nueva norma no serán los empleados de las organizaciones, sino “la gente pobre” a la que se apoyaba en necesidades que el Estado es incapaz de cubrir o no le interesa.
“La cooperación internacional se va a comenzar a ir de El Salvador porque no va a ser parte de ese juego, uno que impone un gobierno para cerrar todos los espacios de la sociedad civil. La cooperación internacional no es para llenarle los bolsillos a un gobierno, sino para atender las necesidades de una población”, lamenta Manfredo Marroquín, fundador de Acción Ciudadana, capítulo guatemalteco de Transparencia Internacional.
¿Quiénes sí y quienes no son los sujetos obligados del RAEX?
La Ley de Agentes Extranjeros también establece que deberán inscribirse al RAEX todas aquellas personas naturales y jurídicas que reciban fondos del extranjero para utilizarlos en El Salvador. La definición es tan ambigua que hace que entren en un solo saco las más variadas organizaciones. Solo exime a las actividades mercantiles y propias del giro de negocios de una empresa y que estén relacionadas con la inversión extranjera directa, según el reglamento de la norma.
Esta ambigüedad es especialmente grave porque quien realice alguna actividad recibiendo fondos del extranjero y no esté inscrito en el registro deberá pagar, de entrada, una multa ridículamente exagerada de entre $150,000 y $250,000.
Esta misma vaguedad de la ley hace que líderes y actores sociales de diferentes sectores tengan incertidumbre. Por ejemplo, Mateo Rendón es el coordinador nacional de la Mesa Agropecuaria, Rural e Indígena, una organización que aglutina a cientos de pequeños agricultores y sirve, junto a entidades como CAMPO, como vocera de los problemas que este sector enfrenta. Realizan labores de monitoreo de diversa índole, como las manzanas de tierra cultivada, el grano perdido durante algún desastre natural o, más recientemente, los contagios de gusano barrenador en el ganado y los animales domésticos de la zona rural. También mantienen conversaciones con sus contrapartes en el gobierno, sobre todo con el viceministro de Agricultura y Ganadería, Óscar Domínguez, encargado de Despacho de esa entidad, ahora acéfala.
Rendón admite, por la misma ambigüedad, desconocimiento e incertidumbre sobre si su organización debería o no inscribirse al RAEX. Piensa, en un primer momento, que no sería necesario, pues no están recibiendo fondos del extranjero actualmente. Pero la situación cambiaría si tienen la oportunidad de acceder a fondos de organizaciones internacionales en un futuro. Ante la duda y ante la posibilidad de enfrentar una cuantiosa multa, afirma que lo más sano sería inscribirse.
Asimismo, lamenta que este tipo de medidas ahuyentan el financiamiento internacional. Como organización, estaban a punto de emprender un proyecto para robustecer la productividad del sector agrícola y, con eso, contribuir de manera más sólida a la seguridad y soberanía alimentaria del país. Explica que obtendría los recursos mediante un préstamo de una entidad extranjera, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), que iba a dar un monto idéntico en una donación. Pero fue frustrado ante la creación de la norma.
“Se cierran las puertas en lugar de abrirse”, dice Rendón. Días después de esta conversación dijo que la Mesa Agropecuaria, Rural e Indígena finalmente no se inscribió ante el RAEX.
Patricio Pineda, fundador de la Mesa de Trabajo por una Pensión Digna, tampoco está seguro de nada con respecto a la nueva ley. Su organización está integrada por sindicatos, asociaciones de sociedad civil, la academia y personas naturales preocupadas por el tema en El Salvador. Varios de sus componentes han tenido que registrarse al RAEX, pues reciben donaciones desde el exterior.
Debido a la incertidumbre que deja la ley, piensa que lo más prudente es inscribir a la Mesa ante el RAEX, como una forma de prevenir lo que pueda ocurrir en el futuro. Es posible que en algún momento reciban ayuda del extranjero para realizar sus actividades. Para que eso sea posible, tendrán que haber cumplido previamente este requisito de ley.
Los sujetos obligados no solo pagarán un excesivo impuesto del 30 % por cada donación o transferencia que reciban. También es su deber presentar ante las autoridades del RAEX detallados informes de sus actividades. Pineda compara esta situación con el “Libro Amarillo”, esa lista utilizada durante la guerra civil salvadoreña por cuerpos paramilitares para identificar a sus objetivos.
“Las dictaduras se inventan a sus enemigos. Nuestro trabajo es destapar la verdad y ofrecer crítica sobre un tema tan importante como el de las pensiones. No es un delito. No es una falta. Pero estos quieren convertir en delito todo aquello que no apoye sus narrativas”, subraya Pineda, quien también ha representado su organización en algunas de las marchas ciudadanas más importantes de los últimos años.
Por ello, es consciente de que fácilmente su organización podría ser acusada de “alterar el orden público” o poner en riesgo y amenazar “la seguridad nacional o la estabilidad social y política del país”, según dice literalmente el artículo 9 de la Ley de Agentes Extranjeros.
Lo único que establecerá si es así será el propio criterio de las autoridades del RAEX, quienes siguen las directrices de un gobierno autoritario que no tolera a las voces críticas.
Para Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana Guatemala, lo único que queda claro es que en cualquier país democrático o, al menos, donde haya separación de poderes, esta ley sería impugnada y derogada.
“Una ley que no tiene claramente definidos los sujetos obligados, en cualquier país donde hay pesos y contrapesos, debería ser impugnada por inconstitucional. Deliberadamente se creó para aplicar el instrumento a cualquiera que a la autoridad le convenga, para castigarlo con una sanción política y económica. Pero en El Salvador ya hace tiempo se perdió esa separación de poderes”, sostiene Marroquín.
Los profesionales independientes
La ley es tan amplia que también establece que las personas naturales que reciban fondos del extranjero deben inscribirse al RAEX. En este sentido, abarca a miles de profesionales que brindan servicios técnicos a diversas entidades y reciben un pago por su trabajo.
Así lo sostiene Leonor Arteaga, abogada de la DPLF. Esta organización no está inscrita en El Salvador, sino sólo en su sede central, en Washington D.C., Estados Unidos. Sin embargo, realizan sus estudios sobre El Salvador a través de la contratación de profesionales independientes.
Según el análisis que han realizado desde la DPLF sobre la ley y su reglamento, también serán sujetos obligados estos profesionales que reciben un pago por su trabajo, lo que también podría abarcar, por ejemplo, a periodistas por cuenta propia.
Arteaga señala que esta situación limitará el trabajo de organizaciones como la que representa, pues perderán a muchos de los profesionales que trabajan desde el terreno. Afirma, también, que muchos ya están migrando de El Salvador para obtener mejores oportunidades en otros países. En consecuencia, la ley no solo afecta a las organizaciones de sociedad civil, sino también a profesionales, académicos y periodistas que ahora pueden quedarse sin ingresos y sin la posibilidad de trabajar en estudios, análisis y reportajes acerca de la situación en el país.
Una fuente interna del Ministerio de Gobernación explicó a GatoEncerrado que aquel dinero que se reciba desde una institución internacional como pago por servicios profesionales no será sujeto del impuesto del 30 %. Esto mismo le expresaron a un profesional del Derecho empleado por una organización internacional no inscrita en El Salvador que solicitó una asesoría para saber si debe o no anotarse ante el Registro de Agentes Extranjeros. Pero, en contradicción con ambas versiones, tal apreciación no se encuentra explícitamente en la ley o en su reglamento. Eso es parte de lo que genera incertidumbre: que la propaganda oficial dice una cosa, pero en la ley no consta.
El abogado penalista Oswaldo Feusier tiene una amplia carrera en El Salvador y se ha desempeñado como profesional independiente para entidades internacionales como Abogados Sin Frontera Canadá. Trabaja haciendo una dupla con su colega Emperatriz Flores. Ambos figuraron como querellantes —una parte acusadora que apoya a la Fiscalía— para el caso que condenó al sacerdote católico Víctor Campos en octubre de 2024 por la violación de una menor de edad, quien lo denunció cuando ya era adulta.
El rostro de Feusier ha sido habitual en casos de alto impacto mediático, como el de los detenidos por las protestas de la Cooperativa el Bosque, el pastor evangélico José Ángel Pérez y el abogado ambientalista Alejandro Antonio Henríquez; o el del político Héctor Silva, quien fue demandado por calumnia por el diputado Christian Guevara. También forma parte de la clínica jurídica de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES). Es, en otras palabras, un abogado incómodo para algunos personajes en el gobierno salvadoreño.
Todavía duda si debe inscribirse o no al RAEX, tomando en cuenta que no estarán sujetas a la ley “las actividades de naturaleza económica estrictamente comerciales siempre y cuando se ajusten a sus propias finalidades establecidas para sus negocios”. Considera que, al ser un abogado de la República, sólo estaría ejerciendo su profesión, aunque reciba un pago de una entidad extranjera, como Abogados Sin Fronteras Canadá.
Sin embargo, quedará bajo el criterio de las autoridades del RAEX establecer si una actividad determinada se ajusta o no a esas “propias finalidades establecidas para sus negocios”. En ese sentido, sería posible que califiquen la defensa penal de un periodista o de un político de oposición fuera de ese ámbito.
Feusier es consciente de los peligros que entraña la nueva norma. Sin embargo, matiza que El Salvador ya era un país en el que los profesionales de la ley temen expresar sus opiniones libremente.
“Independientemente de la entrada en vigencia de la ley, hay un clima general de miedo en todo trabajo que involucre el espacio público. Colegas como yo, que trabajamos estos casos, que sin quererlo se nos identifica con una labor crítica al oficialismo, sentimos más miedo. Sin embargo, creo que la norma va más dirigida a las organizaciones que realizan una labor crítica. Ya para otras voces incómodas han utilizado otros mecanismos”, comenta Feusier al recordar los casos de Ruth López y Enrique Anaya, críticos del Gobierno de Bukele y quienes guardan prisión mediante procesos polémicos.
GatoEncerrado consultó a un periodista freelance, que trabaja eventualmente para medios internacionales, sobre su posible inclusión entre los sujetos obligados de la Ley de Agentes Extranjeros. Prefirió omitir su posicionamiento para esta nota. Teme que hacerlo lo ponga en un foco mediático inconveniente.
“No tengo las respuestas, solo dudas”, comentó a través de WhatsApp.
La descripción de quién es un sujeto obligado en la Ley de Agentes Extranjeros es tan vaga que hasta los creadores de contenido en redes sociales, especialmente quienes son críticos del gobierno, se han preguntado si los abarca. Quienes generan contenido para YouTube, una actividad que recibe pagos de una empresa extranjera por las reproducciones de sus videos, han tenido la duda de si deben inscribirse en el RAEX. Especialmente YouTube es una plataforma de rápido crecimiento en El Salvador y ampliamente aprovechado por Nayib Bukele para impulsar su imagen.
GatoEncerrado contactó a un YouTuber que cuenta con un contenido afín a Bukele en su canal. Para hablar con esta revista solicitó resguardar su identidad. Tras leer la ley y su reglamento, admite que no le queda claro si sus actividades serán excluidas tanto del registro como del impuesto al 30 % de sus ingresos. Pero espera que su labor de apoyo al Gobierno de Bukele le dé algunos privilegios.
“Esa ley, según entiendo, va más dirigida a la oposición política. No entendería por qué también se me aplicaría a mí”, dijo, dejando entrever que hasta los mismos seguidores del bukelismo saben que es una ley con dedicatoria a quienes no apoyan ni aplauden al Gobierno de Bukele.
Del otro lado del espectro político está Sara Monroe, quien es una creadora de contenido crítica con la administración de Nayib Bukele y su partido Nuevas Ideas. Su cuenta de TikTok está repleta de sus coberturas a actividades de protestas cívicas. Sara también realiza entrevistas a personas que, como ella, no están de acuerdo con algunas medidas que el gobierno impulsa.
Su actividad podría catalogarse como política, según lo que plantea la ley y si así lo deciden los encargados del RAEX. Tiene un canal en YouTube y recibe pagos de esa empresa estadounidense por la publicidad y vistas en sus videos. Es un caso interesante para la Ley de Agentes Extranjeros. Sin embargo, Sara opina que los creadores de contenido no serán incluidos como sujetos obligados porque hacerlo implicaría desincentivar esa actividad.
“No estarían muy contentos con solo el hecho de ir a registrarse. Y el gobierno ahora necesita mucho a aquellos que hacen contenido a su favor, pues la popularidad les está bajando (…) Creo que nombrarnos como sujetos obligados sería un costo político demasiado grande que el gobierno no está dispuesto a asumir”, dice Sara.
Los obvios destinatarios de la ley
La creación y aprobación exprés de esta Ley de Agentes Extranjeros tiene dedicatoria. Académicos, analistas, representantes de organizaciones, abogados y miembros de movimientos sociales concluyen que la ley fue diseñada para callar las voces críticas e intervenir, vigilar y controlar las operaciones de las organizaciones de sociedad civil.
Entre las organizaciones destinatarias se encuentra Cristosal, dedicada a la defensa de los derechos humanos, que ha brindado acompañamiento legal y apoyo a víctimas de la violencia durante décadas. Su director, Noah Bullock, anunció a mediados de julio el cese de sus operaciones en El Salvador, atribuyéndolo a una persecución sistemática por parte de la Policía Nacional Civil. Sus dos docenas de empleados también abandonaron el país, y una de es la galardonada abogada Ruth López, quien sigue en prisión por un supuesto caso de enriquecimiento ilícito. Así, además de las afectaciones por la Ley de Agentes Extranjeros, Cristosal ya enfrentaba acoso y persecución del Gobierno de Bukele.
No es la única organización, institución o medio de comunicación independiente en esta situación de persecución previa y ahora acoso legal con la Ley de Agentes Extranjeros. Como se detalla en este reportaje, la ambigüedad en la redacción de la ley y su reglamento permite que potencialmente abarque a casi toda la sociedad civil, incluyendo a personas naturales.
Ley de Agentes Extranjeros, pág 3-18.
Reglamento de la Ley de Agentes Extranjeros
Las implicaciones de esta ley han impactado profundamente a las personas que están detrás de estas instituciones a las que va dirigida, organizaciones que realizan un valioso trabajo en la defensa de los derechos humanos y en la fiscalización para fomentar la transparencia. Para la elaboración de este reportaje, GatoEncerrado contactó a los representantes de 12 organizaciones de sociedad civil de esta índole en El Salvador. En casi todos los casos, la respuesta fue la misma: han optado por no emitir declaraciones sobre el tema hasta que se aclare la resolución de cada caso en el Registro de Agentes Extranjeros.
Una representante de una organización relacionada con derechos de las mujeres contó a esta revista que ya recibió la notificación de que su organización fue inscrita en el RAEX y que gozará de la exención del 30 % del impuesto. Pero esto no se traduce en un alivio definitivo, dice, pues la ley faculta al gobierno a cambiar de opinión en cualquier momento con respecto a cualquiera de los programas ejecutados por su organización.
“Sabemos que estamos jugando en una cancha que no es la nuestra y que alguien más pone las reglas. No hay seguridad para nadie (…) La sensación general es que nos tienen en sus manos”, apuntó, al tiempo que solicitó que su nombre y el de su organización no se mencione en este reportaje, precisamente porque teme que hacer declaraciones públicas sea considerado por el RAEX como una acción política. “Tenemos miedo de hacer algo que ofenda al gobierno”, agregó.
La portavoz de una organización que se especializa en luchar por la despenalización del aborto aseguró que, por su parte, han decidido no inscribirse al registro. Tal resolución tiene que ver con que, asegura, han estado inactivas durante un año y no ven una manera factible de seguir trabajando como organización. Si continúan trabajando, será a título personal y con recursos propios, pues tienen a su cargo darle seguimiento a los compromisos impuestos al Estado salvadoreño por una instancia internacional.
Otras organizaciones ya fueron notificadas de las resoluciones tomadas en su caso y lo han hecho público. Una de ellas es Acción Ciudadana de El Salvador, que fue fundada en 2016 y se ha distinguido, entre otras cosas, por realizar un riguroso monitoreo del gasto electoral. Ha sido, por tanto, una institución incómoda para todos los partidos políticos: ha puesto en números el derroche de la propaganda electoral.
“Hemos sido inscritos en el Registro de Agentes Extranjeros. Se nos cobrará el impuesto del 30 % a las donaciones del extranjero que recibamos, lo que afectará nuestra operación. Con la inscripción, de momento, seguiremos operando”, señaló la entidad en un comunicado en sus redes oficiales. Por lo tanto, a pesar de la nueva norma y su impacto en sus finanzas, continuará trabajando en El Salvador.
Este no es el caso de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), que cerrará sus operaciones tras 37 años de existencia. La organización publicó un comunicado en el que achaca esta decisión a la inseguridad jurídica e insostenibilidad que genera la Ley de Agentes Extranjeros.
FESPAD es reconocida en El Salvador por su trabajo en materia de derechos humanos, apoyo a familiares de personas desaparecidas, investigaciones sobre la violencia, análisis de coyunturas y reformas legales, además de llamados constantes al diálogo intersectorial en diversas materias.
La misma decisión tomó la Fundación para el Desarrollo de las Ciencias Sociales (FUDECSO), con 33 años de trabajo. Lo anunció este 8 de septiembre en sus redes sociales.
De la misma manera lo informó la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), este 16 de septiembre, que había cesado sus operaciones desde hacía 90 días y liquidado sus proyectos financiados con cooperación del exterior.
#COMUNICADO 📢 La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) informa que, ante la entrada en vigencia de la Ley de Agentes Extranjeros, nos hemos visto obligados a renunciar a nuestro derecho de ejecutar proyectos con fondos de cooperación internacional en el país. pic.twitter.com/xEx36UL4vd
— APES (@apeselsalvador) September 16, 2025
Ricardo Navarro, del CESTA, es uno de los pocos dirigentes de organizaciones que ha decidido hablar con total libertad sobre la nueva norma. Y quien también ha seguido manifestando su inconformidad con decisiones del gobierno mediante protestas pacíficas. Como institución, y al igual que Acción Ciudadana, no tiene un plan B al de seguir haciendo su labor como hasta ahora. Cerrar operaciones no está en el horizonte, pase lo que pase con el RAEX.
Sin embargo, es consciente del potencial daño que podrá hacer a sus actividades. Dice que todavía le queda la esperanza que desde el gobierno recapaciten y comprendan la importante labor que hacen entidades como la que capitanea. Para ello, aclara, tienen a su favor el poder demostrar hacia adonde ha ido cada centavo que han utilizado.
Para Manfredo Marroquín de Acción Ciudadana Guatemala: “Una ley así no puede convivir con la democracia, es esencialmente antidemocrática”.
