Ambientalistas, académicos de las dos principales universidades del país y hasta el líder de la iglesia católica en El Salvador llegan a la misma conclusión: reactivar la minería equivale a una destrucción ambiental del país y pone en riesgo la vida de los salvadoreños.
Esta es la historia de cómo inició un grupo clandestino de exterminio, en el que participaron activamente policías salvadoreños. Los asesinatos, que siguen en impunidad, se cuentan por cientos. El grupo comenzó matando pandilleros, pero rápidamente se convirtió en una red de sicarios, asaltantes y extorsionadores.
Un río subterráneo de fondos municipales corrió hacia Claudia Juana Rodríguez mientras Nayib Bukele fue alcalde de San Salvador.
Cortesía del nuevo edil, los habitantes de comunidades de Suchitoto fueron inundados con olores pestilentes, una plaga de moscas y quedaron con la preocupación de que los lixiviados contaminen el único pozo de agua que los abastece.
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El caso de Génesis, una bebé de nueve meses, es tan solo la muestra de cómo “el margen de error” y los “daños colaterales” afectan la calidad de vida de los hijos de las madres detenidas injustamente y de cómo el régimen es un obstáculo más en el acceso a la salud de la niñez.
A pesar de los numerosos casos de torturas y arbitrariedades, el comisionado presidencial para Derechos Humanos intentó justificar el régimen de excepción ante la comunidad internacional
Los trabajadores denunciaron que algunos de los derechos conquistados no están garantizados en el contexto actual de El Salvador, donde tienen que sobrevivir con salarios que no alcanzan para sobrevivir.
Andrés Guzmán Caballero, comisionado presidencial de Derechos Humanos, miente cada vez que participa en audiencias ante organismos internacionales. Asegura que el Gobierno de Bukele respeta los derechos humanos.
