Los tres policías asesinaron a Camila Díaz por el prejuicio en contra de su identidad de género, según la fiscalía. Organizaciones de derechos humanos exigen justicia y que el Estado salde la deuda que tiene con las víctimas de crímenes motivados por odio.


Por Marvin Díaz y Ezequiel Barrera

Los tres policías acusados de privación de libertad y homicidio agravado en contra de Camila Díaz Córdoba, una mujer transgénero de 32 años, fueron enviados a prisión provisional por órdenes del Juzgado Quinto de Paz. El caso, según lo que informó la Fiscalía General de la República (FGR), pasó a la fase judicial de instrucción. Es decir, la etapa en que un juez instructor decide si los imputados deben enfrentar juicio.

La fiscal del caso dijo, al salir de la audiencia inicial, que los policías Carlos Valentín Rosales, Jaime Giovanni Mendoza y Luis Alfredo Avelar privaron de libertad, golpearon y asesinaron a Camila por prejuicio.

"Esa es la teoría que nosotros manejamos (que golpearon a Camila por prejuicio), por eso hemos agravado el delito de homicidio", dijo escuetamente la fiscal.

Camilia Díaz. Foto/Tomada de IMDefensoras.

De acuerdo con la fiscal, lo ocurrido puede resumirse así: Camila estaba sobre la 23 avenida norte de San Salvador, cerca del Hospital Bloom, el 31 de enero. Los tres policías llegaron al lugar diciendo que habían recibido una denuncia sobre disturbios. Luego, obligaron a Camila a que subiera al vehículo patrulla y se dirigieron hacia el bulevar Constitución, en Mejicanos, donde los policías ya no tenían jurisdicción para actuar en ese momento. En el trayecto, los tres policías la golpearon en repetidas ocasiones. Después, la arrojaron en el kilómetro 5 de esa carretera. Unas personas que pasaban por el lugar, la encontraron y pidieron ayuda. Camila fue trasladada a un hospital y tres días después falleció por los golpes que recibió.

La versión de los policías

Uno de los abogados de los policías, quien se identificó como José Rafael Cabezas, dijo que "hasta este momento no se ha determinado que ellos (los agentes) golpearon a esta persona (Camila)".

El abogado aseguró que Camila entró en la patrulla policial porque pidió a los agentes que la llevaran a su vivienda. Según el abogado, la explicación de por qué los agentes salieron de su jurisdicción e ingresaron a Mejicanos fue para ir a dejar a Camila. El defensor, sin embargo, dice que no tiene claro dónde vivía Camila: "No está documentado a dónde vivía y no se puede determinar, hasta este momento, que los agentes la golpearon".

Exigen justicia

La Asociación Solidaria para Impulsar el Desarrollo Humano (ASPIDH Arcoiris Trans) detalló que Camila recibió constantes amenazas y agresiones de discriminación por su identidad de género desde 2014. Así que decidió unirse a las caravanas migrantes de 2018, con la esperanza de pedir asilo en Estados Unidos. Pero le fue negado, aún cuando presentó evidencias de su condición de vulnerabilidad e inseguridad. Fue deportada y cuatro meses después ocurrió su asesinato. ASPIDH pide justicia en este caso.

Amalia Leiva, de la organizacion Comcavis Trans, exigió a las autoridades que procesen este caso como un crimen motivado por el odio y la discriminación.

"Sería indignante para nosotros que hoy por hoy, con todas las pruebas que existen, las autoridades no tipifiquen este crimen motivado por odio", dijo Amalia, afuera del Centro Judicial Isidro Menéndez, donde se desarrolló la audiencia en contra de los policías.

Amalia también dijo que el Estado salvadoreño tiene una deuda con las víctimas de crímenes de odio que pertenecían a la población LGBTI.

"Exigimos que se aplique la reforma que se realizó hace un par de años, y que fue votada por el pleno de los diputados, en donde se tipifican los crímenes de odio y en donde la condena aumenta a 50 años a quien se encuentre culpable. Desde hace 30 años los crímenes de nuestras compañeras han estado en la clandestinidad, han estado invisibilizados", dijo Amalia.

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