Foto Brenda Platero


 La no ratificación del Artículo 69 de la Constitución salvadoreña que reconoce el derecho al agua y la alimentación, implicaría que la población salvadoreña pase seis años más sin acceso a estos derechos.


Por Vanessa Cuellar y Marvin Díaz

"¡Ratificación!", fue la consigna de diversas organizaciones de la sociedad civil que se concentraron afuera de la  Asamblea Legislativa salvadoreña para solicitar a los diputados y diputadas que se apruebe el Art. 69 que reconocería el derecho humano al agua y a la alimentación. También fue el clamor que tuvieron durante los tres años de la saliente Asamblea.

El periodo legislativo para la ratificación de este artículo  está en riesgo ya que demoraría seis años más para que se reconozca que la población salvadoreña tienen derecho al acceso al agua y a la alimentación.

Para los miembros de la Red Activista de El Salvador conformada por jóvenes, la no aprobación de esta ley viola  la democracia del país. “El hecho que no se reconozca  nuestra Constitución y el derecho al agua, viene a socavar al tema de la democracia; el hecho que no tengamos garantías esenciales ya ratificadas también retrasa algunas aprobaciones” dijo Oscar Alemán, miembro de la Red.

Según la Mesa para la Soberanía Alimentaria hay muestra de apoyo de diversos sectores de la sociedad y  de organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que han acompañado la lucha para aprobar este artículo.

Las organizaciones civiles recolectaron a nivel nacional la cantidad de dieciséis mil firmas que tiene como objetivo visibilizar el interés de la población para ratificar esta ley; también como una forma de presión para las fracciones parlamentarias que se niegan a reconocer el derecho al agua y alimentación.

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Para el diputado Damian Alegría del partido FMLN, hay una oposición de algunas fracciones políticas. “Hay una resistencia por parte de los partidos de derecha, ellos creen que la privatización es el mejor camino, pero nosotros creemos que hay que garantizarle al pueblo y sobre todo a los más excluidos y a las comunidades al acceso al agua”, afirmó el diputado.

Según la fracción parlamentaria del FMLN hay intereses económicos que impiden que los diputados del partido Arena, CN Y PCN ratifiquen el Art. 69 antes de 1 de mayo, fecha en que finaliza el periodo legislativo.

En declaraciones dadas a este medio sobre la deuda de la Asamblea Legislativa en el tema ambiental, Vicente Menjívar, diputado saliente de Arena y miembro de la Comisión de Medio Ambiente, dijo que no existe ningún interés político o empresarial para la aprobación de leyes ambientales.

“Este gobierno no ha podido poner en practica la ley de Ordenamiento Territorial y es básico para poder hacer una ley de cambio climático y para eso se necesitan fondos y desgraciadamente en este país que es tan pobre podemos tener muchas leyes, pero no se ponen en practica por falta de recursos” declaró.

La aprobación del derecho al agua y la alimentación implicaría que la población salvadoreña tengan acceso al vital líquido y regularía el recurso hídrico para las empresas privadas que utilizan estos recursos para intereses económicos.

En el año 2006 diversas organizaciones sociales presentaron una propuesta de Ley General del Agua en la Asamblea Legislativa; en el año 2011 se presentó una Ley del Sub-sector de Agua Potable y Saneamiento.

Para el año 2012 el Ministerio de Medio Ambiente y  Recursos Naturales (MARN) presentó un anteproyecto más de la Ley General del Agua.

Año 2013 se entregaron actualizaciones de la Ley General del Agua para facilitar la aprobación de esta ley; también La Asociación de la Empresa Privada (ANEP) presenta una contrapropuesta de esta ley,  ya que solicitaban la privatización del recursos hídrico.

Durante los tres últimos años en El Salvador se han intensificados las manifestaciones por parte de sectores sociales que piden que se apruebe esta ley, que desde sus inicios se ha mantenido en discusión y estancamiento dentro del Órgano legislativo generando así que no hayan resultados favorables para la población que carece del vital líquido.

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