Según un estudio presentado por OXFAM en El Salvador, con las políticas agrícolas como el Plan de Agricultura Familiar  (presentado en 2011) se permite no solo una mejora en el desempeño de todo el sector, sino también de la economía local, la generación de empleos e ingresos, y contribuyen a reducir la desigualdad y la pobreza y a garantizar la seguridad y soberanía alimentaria de la población, misma que ha estado entrampada en la Asamblea Legislativa.


Por Marvin Díaz y Melvin Chicas/ Audionota y foto por Alfredo Carías

El mercado de las semillas en El Salvador era dominado por tres empresas. Una de esas era propiedad del expresidente Cristiani Burkard (en el periodo 1989-1994) que tenía en su poder el 39% del mercado, luego en 2008 fue comprada por la multinacional Monsanto; que es una empresa líder en cultivos y semillas mejoradas genéticamente, pero que ha sido denunciada a nivel mundial en muchas ocasiones por los perjuicios en la salud y consecuencias para el medio ambiente.

La historia comenzó a cambiar en el país en el año 2011, tal como lo afirma el reciente estudio de OXFAM realizado en conjunto con la Fundación Salvadoreña para la Reconstrucción y el Desarrollo (REDES) y ECOVIVA, titulado "Cultivando Semillas, para la seguridad alimentaria en El Salvador".

Fue en ese año cuando se anunció la creación del Plan de Agricultura Familiar (PAF), en el que se estableció un giro en la política agrícola; su cambio de dirección reconoció el potencial de la agricultura familiar como dinamizador de la economía local, reducir los niveles de pobreza y fortalecer la seguridad y soberanía alimentaria de los pueblos.

"Con ese programa el gobierno ha logrado abrir el mercado para que más empresas, en particular las micro y pequeñas empresas y cooperativas, puedan presentar ofertas y participar en el programa (..) hace 5 años las tres empresas, entre esas la de Cristiani y hoy Monsanto, tenían el 80% del mercado", acotó Amy Kessler, coordinadora de programas de la organización Ecoviva.

Uno de los cambios sustanciales en el enfoque del programa fue que el gobierno implementó una normativa que permitió abrir las oportunidades de competir en el mecanismo de licitación de compras de semilla a los pequeños productores y cooperativas que producen semilla de maíz blanco y de frijol, los cuales habían estado excluidos de este proceso y de un mercado de semilla concentrado por un grupo reducido de proveedores, principalmente, importadores.

Es así que el 22 noviembre de 2012, se aprobó el primer decreto transitorio titulado “Disposiciones especiales transitorias de fomento a la producción de semilla certificada de maíz y semilla de frijol”  , y el 28 de enero de 2014 se aprobó el segundo decreto transitorio “Disposiciones Especiales y Transitorias para el Fomento de la Producción de Granos Básicos”, ambos permiten al Ministerio de Agricultura (MAG) comprar de forma directa, sin utilizar el mecanismo de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), semillas de maíz y frijol.

Según el Ministro de Agricultura y Ganadería, Orestes Ortez, la situación de los pequeños productores y cooperativa era muy difícil antes de iniciar el PAF "las cooperativas antes de entrar al circuito de ser proveedores de semillas certificada pasaban una situación bastante difícil económicamente, hoy se han vuelto generadoras importantes a nivel de empleo, con condiciones tecnológicas y de producción", comentó el funcionario.

La investigación de OXFAM también revela que ahora más del 80% de las agricultoras y agricultores son de pequeña escala, sin embargo contribuyen en más del 70% de la producción nacional de alimentos. La producción de granos básicos es la que más contribuye al Producto Interno Bruto agrícola, a pesar de que únicamente disponen del 29% del total de la tierra agrícola.

Los resultados del informe mencionan que para el año 2013 el número de proveedores de semillas subió a un 16; también que un 91% de la semilla de maíz se compró a productores nacionales, y únicamente el 9% se obtuvo de la compra a importadores. Hablándolo económicamente, fueron $9, 444,513.2 los que obtuvieron los productores y cooperativas nacionales y solo $1,091,603,099 los importadores.

Otro dato importante es la incrementación de la producción de semilla certificada de maíz pasando de 34,693 quintales en la cosecha 2009-2010 a 92,194 quintales, esta misma cifra se triplico en el periodo 2013-2014. En materia de empleo, la investigación arrojó que 81 mil nuevos empleos se generaron en los años 2013 y 2014, siendo estos ocupados en su gran mayoría por mujeres agricultoras.

Carlos Coto, director REDES, explicó que la práctica del PAF contribuiría a la normativa de  soberanía alimentaria, la cual no ha sido aprobada en la Asamblea Legislativa “bueno podemos decir que incrementó de la producción nacional de maíz y frijol, yo creo que ese es el indicador más claro que se desprende de este programa de semillas” dijo Coto.

A pesar de los acontecimientos ambientales que han surgido en el país por el cambio climático, las cosechas de los dos principales cultivos, maíz y frijol, no han sido tan afectados ya que se ha obtenido los resultados esperados.

Por su parte, "el Ministerio de Agricultura de El Salvador debe continuar con su práctica actual de comprar semillas a los pequeños productores salvadoreños, siguiendo con el PAF, para forjar el surco que contribuya a la soberanía alimentaria", aseguran las organizaciones que acompañan el esfuerzo.

Ismael Antonio Casu, representante de la Cooperativa Productora de Semillas de Buena Calidad (CEDEOCCI) que trabaja en los cantones de los municipios de Chalchuapa, Atiquizaya de Santa Ana  y Sonsonate, expersó que el PAF ha sido "un principio, pero ya se encuentra avanzado este proceso; a nivel nacional muchos agricultores están siendo beneficiados y están sacando un mayor rendimiento en la producción de granos por medio de nosotros (la cooperativa), con esto se estaría garantizando que habrá abundancia, no habría necesidad de importar (granos básicos) del extranjero porque somos los productores nacionales", enfatiza Casu.

El fin de estimular a los agricoltores y agricultoras salvadoreñas es encontrar la independencia y garantizar así la soberanía alimentaria, que aún espera su aprobación en la Asamblea Legislativa.


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