Desde 1998 que se aprobó la Ley del Medio Ambiente, obligaba a la Corte Suprema de Justicia a crear Tribunales ambientales. La Corte obedeció hasta en 2012 donde creó el Tribunal Ambiental de San Salvador. Ese año se estableció que al año siguiente (2013) se crearían los tribunales ambientales de Santa Ana y San Miguel y una Cámara Ambiental de Segunda Instancia, pero a la fecha, ninguno de ellos ha sido creado.
Por Redacción Gato Encerrado
Miembros de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES) exigieron a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la creación de nuevos Tribunales ambientales y una Cámara Ambiental de Segunda Instancia, que a juicio de la UNES, evitarán la impunidad ambiental en El Salvador.
A partir de diciembre 2014 que se creó el Juzgado Ambiental de San Salvador, se estableció un año como plazo para crear también la Cámara Ambiental de Segunda Instancia de San Salvador, además de los Juzgados Ambientales de Santa Ana y San Miguel, pero no se constituyeron.
Según los ambientalistas, el 16 de octubre del 2015, por decisión de Corte Plena de fecha 24 de septiembre del año mencionado, fue presentado a la Asamblea Legislativa una propuesta de Decreto Legislativo para derogar el plazo de la creación de la Cámara Ambiental de Segunda Instancia y el Juzgado Ambiental de Santa Ana.
Dicen que al no aprobar la Asamblea Legislativa el Decreto Legislativo propuesto por la Corte Suprema de Justicia para derogar el plazo de la creación de la Cámara Ambiental de Segunda Instancia y el Juzgado Ambiental de Santa Ana, la CSJ está incumpliendo la norma jurídica, al vencerse el plazo (diciembre 2015) para la instalación de los tribunales pendientes y la Cámara antes mencionada.
“Exigimos que la Corte termine de cumplir su tarea que es finalizar con la implementación de los Tribunales ambientales. (…) nuestra exigencia es que termine esa tarea pendiente que le está causando mucho daño a El Salvador. Todos los años pierde en inversión pública y privada porque no tenemos agua. Cada vez somos más propensos a sufrir las consecuencias del cambio climático”, dijo Carlos Flores, miembro de UNES.
Según Flores, el PNUD ha determinado que El Salvador pierde por el cambio climático, cerca de $400 millones de dólares. Flores agrega que para enero de 2016, la Corte vuelve a incumplir la ley de Medio Ambiente, pues desde 1998 que se aprobó, obligaba a la Corte a crear Tribunales ambientales, y no fue hasta el 2012 que se creó el de San Salvador.
Los ambientalistas recordaron casos en donde el único Juzgado Ambiental (el de San Salvador) que tiene jurisdicción para todo el país, ha intervenido como las construcciones en el volcán de San Salvador, la apertura del basurero de Mides para recibir la basura procedente de Mejicanos, entre otros. Ellos lamentan que se les esté negando la justicia ambiental a la zona occidental y oriental del país.
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