El bloque de derecha dentro de la Asamblea Legislativa, y las organizaciones que respaldan la comunicación comunitaria como un derecho humano, exponen sus propuestas a una desfasada Ley de Telecomunicaciones. La Sala de lo Constitucional ya emitió una sentencia en la que establece que el mecanismo de subasta como única forma de acceder a una frecuencia del espectro radiofónico otorgado por el Estado, y la renovación automática de estas frecuencias son inconstitucionales.
Por: Krissia Girón, Xochitl Acevedo y Josselyn Ortez
Es una tarde del martes 29 de marzo de 2016. El calor no penetra en el seno de una Asamblea Legislativa llena de oficinas con aire acondicionado. La comisión Ad Hoc que estudia las reformas a la Ley de Telecomunicaciones esta por comenzar. Pero esa tarde a última hora, deciden que no se reunirán en ese lugar, ni bajo la lupa de los medios como es lo habitual. Acto seguido, cambian de lugar, y a puertas cerradas, resuelven el futuro de las comunicaciones del país.
Seguramente usted se preguntará por qué es tan importante que en este martes la comisión este completa y discuta el tema. La Sala de lo Constitucional lo dejó claro en su resolución de enero de este año: la fecha final para aprobar las reformas de la ley de telecomunicaciones era el 31 de marzo, por lo tanto, las y los diputados estaban, ese martes, a horas del plazo fatal.
Esa tarde, y en respuesta a la orden de la Sala, la comisión busca una salida fácil: dictaminar la propuesta que tienen ‘a la mano’, y la jugada ganadora es para Mario Ponce, diputado del PCN, quien había presentado unas propuestas de reforma, distantes, según las organizaciones de la Red por el Derecho a la Comunicación, ReDCo, de el verdadero propósito de los cambios en esa legislación. Luego de una discusión de aproximadamente siete horas, la comisión hace un intento de aprobar dictamen favorable. Sin embargo, el presidente de la ad hoc, el diputado Blandino Nerio, del FMLN, y el diputado Mario Tenorio de GANA, advirtieron, no firmarían la acción. El objetivo de Mario Ponce, acompañado de la diputada Karla Hernández, del partido ARENA, de aprobar dictamen favorable sobre su propuesta, queda frustrado.
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La historia de las reformas a la ley de telecomunicaciones volvió a nacer luego de que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, declaró en agosto de 2015, que deben haber reformas en dos aspectos importantes de este marco legal: El primero, se desprende de los artículos 83, 84 y 85, los cuales hablan de la subasta publica, y lo establece como único mecanismo para adquirir una frecuencia en el espectro radioeléctrico; La Sala dice que deben crearse mecanismos alternativos a este, para quienes deseen fundar nuevos medios de comunicación y no cumplan con los requisitos para la subasta. El segundo elemento viene del artículo 115, que establece las licencias de las concesiones por 20 años, con prorroga automática.
Es decir, con la actual ley, usted, estimado lector o lectora, podría adquirir una frecuencia del espectro sí y solo sí, se somete a una subasta con otros actores, donde este bien del Estado es vendido al mejor postor; si tiene la suerte de ‘ganar la subasta’, su licencia será, prácticamente, vitalicia.
Rolando Mata Fuentes, diputado del FMLN y miembro de la comisión , dice que el fallo que emitió la Sala fue a “consecuencia de algunos que se sintieron agraviados por la concesión de la subasta” y manifiesta que esta acción “daña el derecho de igualdad y obliga a concentrar en unos pocos las concesiones que difunden información, ideas e intereses sobre distintos aspectos de la vida social en el país”.
ARENA Y PCN presentaron sus reformas para dicha ley, la cual pretende otorgar las concesiones de dos formas: subasta o concurso público. Además incluye nuevos incisos para algunos artículos. Por ejemplo, en el artículo 77, PCN propone agregar el inciso “e)” que busca un nuevo criterio para verificar la improcedencia de solicitudes para la obtención de frecuencias, También propone en el artículo 115 agregar la modalidad de concurso para la obtención de concesiones.
Por su parte, ARENA pide modificar el artículo 115-A, y establecer que “las concesiones para la prestación de los servicios de radiodifusión y televisión de libre recepción como por suscripción, se adjudicarlos mediante proceso de subasta o concurso público”. Los dos partidos están de acuerdo que el solicitante sea quien decida la modalidad que quiere y ésta sea analizada según los recursos y objetivos del mismo, sin embargo tienen que cumplir con ciertas medidas indicadas en nuevos literales (115-A, 115-B, 115- C, 115-D)
Reforma planteada por ARENA
Reforma planteada por PCN
La otra cara de la moneda son las propuestas de las organizaciones que conforman la Red por el Derecho a la Comunicación, en dirección del beneficio de las radios comunitarias, uno de los sectores más perjudicados con la subasta y las concesiones ‘vitalicias’. Sus peticiones van encaminadas a lograr que todos los sectores puedan hacer uso del espectro radioeléctrico, reafirmando así que las frecuencias son un bien del Estado, por lo tanto, no deben haber restricciones económicas en su uso.
Sobre las concesiones, Roberto Rugamas, abogado de la Red por el Derecho a la Comubicación (ReDCo), dice que debe crearse un proyecto de renovación, donde se le haga un examen a los medios que ya han cumplido los 20 años de tenerlo, en este mecanismo “la superintendente General de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget) verá si hay terceros que ofrezcan nuevos y mejores servicios de comunicación, hacer una revisión y examinar si se le dejara al actual o se le dará a otro”. Para esto Rugamas señala que se debe de crear un ente dentro del estado pero separado del poder Ejecutivo para que tenga garantía y pueda ser equilibrado y así no se le dé a los aliados del país.
Reforma planteada por ARPAS
Para Oscar Beltrán, Presidente de la Junta Directiva de la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (Arpas), las radios comunitarias no pueden quedar fuera de esta ley, por lo que el debate, en un futuro, debe ir más allá y empezar a pensar en una ley integral de medios, “en donde se incluyan todos los sectores, considerando todos los avances tecnológicos del país y poniéndose al día con estos”. Además afirma que la actual ley se creó para quitar la posibilidad de nuevos competidores, pero exhorta que “a nosotros nunca nos ha importado el pastel publicitario, nuestros medios no nacieron con dinero, nacieron con el esfuerzo, con el sacrificio, con la voluntad con la entrega de gente que viene de comunidades donde surgieron la mayoría de radios comunitarias en los años 90”.
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Pasaron los martes y llegamos a mediados de abril, la comisión tiene en sus manos las propuestas de los diferentes partidos políticos, y una más que se sumó a ultima hora: la de Siget. Leonel Herrera, director de ARPAS, asegura que esta propuesta recoge el consenso de todos los concesionarios del espectro radioeléctrico. Sí, la Superintendencia logró reunir a medios comerciales, públicos y comunitarios. “El proceso fue incluyente y transparente: todos los actores mediáticos, los que nunca habían sido escuchados por SIGET y los que antes le daban órdenes de sus oficinas, llegaron a plantear y discutir sus propuestas”, afirma Herrera.
Esta propuesta contempla, entre otras cosas, mecanismos diferenciados para la asignación de frecuencias: concurso público para medios comunitarios sin fines de lucro, asignación directa para el sector estatal y subasta para medios comerciales; y establece un procedimiento con nuevos requisitos para la prórroga de las concesiones. Además, Herrera asegura que esta propuesta brinda seguridad jurídica para los actuales concesionarios, ya que aquellos que cumplan los requisitos legales serán renovadas y todas tendrán asegurado su espacio correspondiente en el futuro sistema digital.
“En la reforma no hay disposiciones que alienten la sospecha de “cierre de medios” o “expropiación de frecuencias”, fantasma con el que siempre buscaban asustar los detractores de la necesidad de actualizar y democratizar el marco jurídico de las comunicaciones”, dice Leonel, quien agrega que “la propuesta de Siget no es toda la reforma integral y democratizadora que se requiere; pero es un buen comienzo, un relevante paso inicial del proceso de cambio estructural del marco normativo de las comunicaciones”.
¿Sabia usted que uno de los Acuerdos de Paz firmados en 1992, habla de democratizar los medios de comunicación?, a 24 años de este suceso, poco o nada se ha hecho por cumplir con este mandato de la posguerra, una época que nos dejó, entre otras cosas, la valentía de muchas comunidades del país que construyeron esfuerzos para hacer escuchar su voz. Sin dinero, sin apoyo de instituciones privadas y bajo la lupa de los gobiernos de los años 90, la radios comunitarias iniciaron el camino hacia su reconocimiento legal, en medio de amenazas y saqueos a sus equipos, pero con el respaldo de cada habitante de la comunidad, quienes contribuyeron a estos proyectos. Estos detalles son los que hacen falta en la discusión de la comisión que, hasta la fecha, aún sigue sin escribir el capitulo final de esta historia.
SIGET
La superintendente de la Siget, Blanca Noemí Coto, dijo que existen tres aspectos importantes que son que implican las reformas propuestas para la ley: la certeza jurídica para la inversión privada y pública que garantiza el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Constitucional, pluralidad de medios lo que significa que todos y todas tengan acceso al espectro radio eléctrico, y el marco legal necesario para la transición a la era tecnológica.
“La Siget debe ser un ente verdaderamente regulador y tener la capacidad tecnológica de monitorear las interferencias del espectro, ya que todo pasara a ser tecnología digital por tal razón urge un marco legal que permita la digitalización terrestre, la modificación de tazas haciendo de manera justa el uso del espectro”, dijo Coto.
Por otro lado el diputado y presidente dela comisión Ad hoc en la Asamblea Legislativa, Roger Blandino Nerio, plantea su posición con respecto a lo que ARPAS propone para dicha reforma, y dice que a pesar de la presión de tiempos se ha logrado pasar de una situación tensa y se ha avanzado en el proceso, la fracción del FMLN han insistido en que más que tiempo lo importante es el contenido pues este no es un tema cualquiera que ayudara a mejorar la democracia y solucionara en la medida de lo posible el problema que se tiene con el espectro radioeléctrico.
