Una de las críticas que ha recibido la Sección de Probidad es que deja prescribir los casos de posible enriquecimiento ilícito de los funcionarios, después de los 10 años que la Constitución de la República otorga para iniciar un juicio civil. El magistrado defiende la oficina y asegura que el poco recurso humano tiene como consecuencia la prescripción de los casos que terminan en el archivo para “dormir el sueño de los olvidados”.
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