Dentro de un paquete de reformas que fueron aprobadas el 30 de marzo por la Asamblea Legislativa, controlada por Nuevas Ideas, se aplicaron penas más drásticas a menores de edad que cometen delitos relacionados con maras o pandillas. Como un antecedente, en 2004 la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró ilegal algunos de los artículos de la derogada Ley Antimaras por violar la Convención de los Derechos del Niño -de la cual es suscrito El Salvador- y la Constitución de la República, al buscar juzgar como adultos a menores de edad.
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