El presidente Nayib Bukele anunció su estrategia de tres medidas para combatir la criminalidad. Un repaso por la política de seguridad que implementó el gobierno anterior revela que el plan de Bukele es una continuidad de lo que ya se hizo, sin éxito.


Por Marvin Díaz

Veinte días después de asumir la presidencia, Nayib Bukele anunció su plan de seguridad, denominado "Control Territorial". De acuerdo con lo que explicó, consiste básicamente en tres acciones: atacar las finanzas de las pandillas, cortar las comunicaciones entre los cabecillas de pandillas en centros penales con líderes en libertad y recuperar los centros históricos de las ciudades. Es decir, un reciclaje de las ideas y planes que anunció, en más de una ocasión, el segundo gobierno del FMLN.

Tras el anuncio de esas medidas, representantes de organizaciones de derechos humanos y analistas en el tema de seguridad señalaron que el plan es una continuidad de la represión ejercida por los gobiernos anteriores con el manodurismo y las medidas extraordinarias. La consecuencia, según dijeron, es un fracaso en seguridad y probablemente más atropellos a los derechos humanos.

Bukele, para defenderse de los señalamientos, dijo a través de su cuenta en twitter que lo anunciado en la conferencia de prensa es tan solo el 10 % de lo que hará para combatir la criminalidad y que el 90 % de la información es confidencial.

Atacar finanzas

“Vamos a cortar el suministro de dinero, atacando los activos y sobre todo la extorsión, controlando los territorios como centros históricos de las ciudades más importantes. Vamos a controlar los territorios en donde más flujo de dinero le generan a la pandilla, en vez de atacar a personas, estamos cortando suministros”, dijo Bukele.

El plan de gobierno del exmandatario Salvador Sánchez Cerén, detallaba que su tercera línea de acción en seguridad era combatir las extorsiones y la criminalidad, a través del "Fortalecimiento y despliegue de la policía comunitaria". Ese gobierno prometió disminuir los niveles de extorsión y de delitos contra el patrimonio, y que para lograrlo iba a procurar una mejor articulación entre la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía General de la República (FGR).

Uno de los resultados fue la investigación y redada denominada "Operación Jaque", en 2016. Las autoridades anunciaron, con motivo de esa ocasión, que capturaron a cabecillas de la Mara Salvatrucha (MS-13) involucrados en la coordinación nacional de las extorsiones, lavado de dinero a través de negocios fachada y otros delitos.

Cortar comunicaciones

Bukele aseguró que al menos el 80 % de las órdenes de extorsiones y homicidios siguen saliendo de los centros penales, por lo que dijo que una de sus acciones será "descabezar las comunicaciones" en las cárceles.

"Hemos instruido al Superintendente de Telecomunicaciones a que se reúna con las empresas de telefonía y que básicamente los obligue con su responsabilidad de bloquear la señal en los centros penales, la señal de celular, dijo el presidente.

El bloqueo y restricción de señales en centros penales no es nuevo. En abril de 2016, el gobierno del FMLN implementó las "Medidas extraordinarias", con la aprobación de la Asamblea Legislativa. Entre esas medidas estaba la reubicación de antenas y el bloqueo de la señal para el servicio de telefonía e internet en los penales.

El presidente aseguró que la Dirección General de Centros Penales (DGCP) será estricta para controlar lo que ingresa a las cárceles. Esto tampoco es nuevo: el exministro de Justicia y Seguridad Pública, Benito Lara, y el exdirector de Centros Penales, Rodil Hernández, anunciaron en noviembre de 2014 que a partir de esa fecha las autoridades no iban a permitir el ingreso de televisores tipo plasma, juegos PlayStation y otros ilícitos que eran introducidos por familiares y abogados de los reos.

Recuperación de ciudades

El mandatario anunció que su plan "Control Territorial" es una de sus estrategias es "controlar los centros históricos de las ciudades más importantes", casi en el mismo tono que el gobierno del FMLN ocupaba cuando decía que iba a intervenir territorios o que le estaba apostando a los municipios priorizados en el plan El Salvador Seguro.

Parte de ese plan fue el despliegue de 2,500 policías y 3,000 soldados, durante la madrugada del jueves 20 de junio, en 12 municipios: Ciudad Delgado, Colón, Mejicanos, Soyapango, Santa Tecla, San Martín, Ilopango, Apopa, San Marcos, de Santa Ana, San Salvador y San Miguel.

Los primeros seis de esos municipios ya eran de los priorizados en el plan El Salvador Seguro. Ese plan tenía como objetivo, según la descripción que hizo el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia (CNCC), la seguridad en los territorios, oportunidades educativas, oportunidades laborales e inserción productiva, atención a víctimas y espacios públicos remodelados, dinámicos y seguros.

La iniciativa de Bukele tiene un antecente con el plan "Némesis", lanzado por el exvicepresidente Óscar Ortiz, el 19 de noviembre de 2016. Esa estrategia de seguridad, según dijo el exfuncionario, tenía como fin “castigar a las pandillas" y  "prevenir las amenazas y ataques en contra de elementos policiales".

Bukele agregó que para "controlar los centros históricos" era necesario fortalecer a los cuerpos de seguridad con equipo, vehículos y otros implementos. Por esa razón, según dijo, también solicitó a la Asamblea Legislativa la asignación de $5 millones para nuevos uniformes de los policías y soldados.

Bukele se defiende

Tras los señalamientos de que su plan de seguridad es una continuidad de lo que han hecho gobiernos de FMLN y Arena, Bukele argumentó que la gran diferencia será que esta vez sí habrá resultados.

“La PNC no se ha fortalecido, la Fuerza Armada no se ha fortalecido, los financistas de los grupos delincuenciales no se han combatido, el dinero que va a los grupos delincuenciales no se ha combatido y las comunicaciones en los centros penales no se ha combatido, todo esto es una falacia. La diferencia es que se ha prometido antes y ahora sí lo vamos hacer, esa es la gran diferencia”, dijo.

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