Opinión por Jessica Lemus*
Un nuevo escándalo estalló en redes sociales recientemente, cuando uno de los excelentísimos diputados de la Asamblea Legislativa hizo demostración pública de su misoginia y mala educación al referirse a un grupo de parlamentarias como “malqueridas”. Esto en marco de la conmemoración del Día de la No violencia Contra la Mujer.
Como suele suceder, la opinión pública se dividió. Mientras muchos de los internautas alababan sus palabras, otros, en cambio, señalaban lo inapropiado de las mismas. Dos cosas llamaron grandemente mi atención. La primera de ellas, que muchas de las personas que apoyaron esas declaraciones son mujeres, y segunda, que el razonamiento utilizado para defender las palabras del meritísimo hijo de la patria fue que las mujeres víctimas del ataque se lo merecían por pertenecer a determinado partido político.
Es sumamente alarmante llegar al punto en que los ataques a mujeres se pueden fácilmente justificar. Ya sea por pertenecer a una institución política partidaria, ya sea porque ostenten un cargo público o simple y sencillamente porque se piensa que el respeto se debe de ganar, como muchos me lo hicieron saber.
Al respecto, soy de las personas que consideran que el deber de respeto es inherente a la condición humana del individuo, que es una cuestión de educación y ética y no de apreciaciones o juicios de valor personales, ya que de ser ese el caso, nuestra libertad de expresión se convierte, automáticamente, en libertad de agresión.
Este caso me hizo recordar como la misoginia y el machismo ha sido un denominador común en muchos servidores públicos, quienes se han encargado de denigrar a las mujeres en general mientras que las cúpulas partidarias hacen caso omiso de los agravios, pero en campaña se rasgan las vestiduras empatizando con las víctimas y prometiendo a diestra y siniestra un estado garantista de los derechos de las mujeres.
¿Qué hacemos entonces cuando los victimarios son los mismos encargados de garantizar nuestros derechos? En la palestra pública nacional tenemos, por mencionar algunos, un alcalde municipal diciendo que el deber de la mujer es parir hijos, un jefe de fracción que considera que llamar ridícula a una mujer es normal, un diputado que tiene una puta favorita, un fiscal que piensa que una mujer puede considerarse como obra pública, y cientos de casos de acoso laboral y sexual no denunciados, de los cuales existe representación de la gran mayoría de partidos políticos.
Hasta que se concientice realmente sobre la necesidad urgente de erradicar la violencia contra la mujer y hasta que se envíe un mensaje claro de compromiso y no de burla como hasta el momento se ha hecho, todo el mensaje de protección a las mujeres se queda en pura propaganda electoral,. Hasta entonces se reconocerá públicamente el valor que como mujeres tenemos. Valor que nosotras ya hemos reconocido y que seguiremos protegiendo, aun a expensas de ser una de las voces incomodas en la patriarcal sociedad salvadoreña. Voy a correr ese riesgo, nosotras lo valemos.
Jessica María Lemus* Profesional en derecho, consultora, voluntaria y activista social en temas relacionados a Derechos Humanos y Género. Formación nacional e internacional en Liderazgo, Política y Derechos de las mujeres. Representante nacional en el 31° Modelo de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) para universidades del hemisferio.
