El procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, David Morales, calificó de "inexcusable" la pasividad y la falta de investigación en el delito de Lavado de dinero, y en la aplicación de la Ley de extinción de dominios en contra el expresidente salvadoreño, Francisco Flores. Este señalamiento de vacíos, no es el primero que se hace en un caso que siempre ha dejado más preguntas que respuestas. 


Por Mario Beltrán

El procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, David Morales, fue tajante al firmar en rueda de prensa, las omisiones y violaciones al debido proceso judicial que ha cometido el fiscal general de la República, Luis Martínez, en el caso de las acusaciones contra el expresidente de El Salvador, Francisco Flores Pérez, a quien se le señalan los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado y desobediencia.

Según el procurador Morales, el fiscal Luis Martínez omitió de manera "inexcusable" ejercer acción penal por el delito de Lavado de dinero y Activos en contra del exmandatario.

"Desde nuestros estudios, como procurador puedo concluir que han existido graves omisiones que constituyen violaciones al debido proceso. Está establecido en el proceso judicial que se cometieron delitos de corrupción por parte del expresidente. Pero desde la Procuraduría hemos podido constatar que existían elementos suficientes para que se configurase el delito de Lavado de dinero y Activos, sin embargo, el fiscal y su equipo omitieron realizar diligencias de investigación para judicializar dicho delito", expresó Morales.

Dice Morales que encuentra inexcusable la omisión de investigar por parte de la Fiscalía, aún y cuando el nuevo juez a cargo del caso, había solicitado al fiscal Martínez indagar en ese y otros delitos posiblemente cometidos por Flores. "Esta pasividad fiscal de investigar podría ser incluso constitutiva de delito por parte del fiscal, bajo el delito de omisión de investigación, determinado en el artículo 311 del Código Penal", dijo el procurador.

Dijo además que las pruebas documentales sobre transacciones de dinero de forma ilícita existen por parte de Flores, quien se apropió indebidamente de fondos internacionales, cometiendo el delito de peculado, y luego desviando el dinero a los fondos del Instituto de Formación Política del partido Arena. "La omisión de investigación, genera un panorama de impunidad que vulnera los derechos humanos de la población".

Asimismo, el procurador recriminó al fiscal la pasividad para aplicar la Ley de Extinción de Dominios sobre los bienes del expresidente, quien actualmente guarda prisión domiciliar en su casa ubicada en una exclusiva zona de San Salvador, y quien será operado de la vesícula el 3 de noviembre, justo el mismo día que estaba prevista su audiencia inicial.

"El fiscal general tiene la obligación de aplicar esta ley (Extinción de Dominios). No es una ley penal sino una ley que afecta derechos reales. Puede y debe aplicarse perfectamente en el caso del expresidente. Los alcances de esta ley operan también para delitos de corrupción", dijo el procurador.

Valoraciones sobre operación el mismo día de su audiencia 

Sobre el tema de la operación que el Instituto de Medicina Legal solicitó para el exmandatario el mismo día que sería su audiencia (3 de noviembre), el procurador aseguró que como Procuraduría de Derechos Humanos, han seguido de cerca estas recomendaciones médicas con el fin de respetar también los derechos humanos del imputado.

"Verificamos la cancelación de la audiencia, constatamos que el juez pidió las constancias médicas y que ordenó a Medicina Legal la supervisión del estado de salud del expresidente. Como procurador no puedo oponerme a este tipo de acciones porque van en virtud de los derechos de la persona procesada", acotó Morales.

El procurador concluyó diciendo que será respetuoso de las decisiones legislativas, en consecuencia de la elección del nuevo fiscal general, o en la reelección de al actual.

Antecedentes de los vacíos del Caso Flores

No es primer señalamiento de vacíos en la investigación del caso Flores que se hace. En octubre de 2014, organizaciones sociales y querellantes del caso interpusieron un aviso en el que piden a la Fiscalía General de la República (FGR), incluya el delito de Lavado de dinero dentro de las acusaciones contra el exmandatario, con el fin de fortalecer el caso y evitar un posible sobreseimiento a favor de Flores. Aviso que hasta la fecha, la Fiscalía ha ignorado.

En declaraciones del  exjuez del caso, Levis Orellana, en un programa de entrevista en canal 33, afirmó que “el caso puede terminar en sobreseimiento si la Fiscalía no presenta las pruebas contundentes contra Flores”.

De acuerdo a Oscar Campos, coordinador de abogados querellantes de la Iniciativa Social para la Democracia (ISD), tras la revisión de las 24 piezas del expediente del caso, notaron la falta de los testimonios de los diputados de la comisión especial, pues las pruebas presentadas por esta comisión no son vinculantes en el proceso judicial.

“Sabíamos que habían actores sociales, funcionarios y exfuncionarios que fueron investigados en esta comisión especial, y que dentro del requerimiento fiscal, aún no estaban incluidos estos testimonios”, expresa Campos.

En cuanto al delito de lavado de dinero, los indicios presentados por la parte querellante involucran las pruebas de la apertura y movimiento de cuentas bancarias en otros países con el fin de desviar el destino de los fondos.

“Creemos que es un delito que debe incluírsele al exmandatario, y que la Fiscalía debería iniciar con las investigaciones correspondientes, pues este movimiento de dinero de un banco y de un país a otro no deja lugar a dudas de ser el primer indicio de lavado de dinero”, estima Campos. Explica que como parte querellante no descartan el cometimiento de lavado de dinero, pero que dejarán que la institucionalidad lo investigue.

“Este caso es el primero desde los Acuerdos de Paz donde un expresidente es acusado por delito de cuello blanco, entonces pone a prueba todo el sistema judicial. Desde que supimos que el caso fue declarado como ´reservado´ reclamamos que eso no era llevar el proceso de forma transparente ni apegada a la ley” concluye el abogado Campos.

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