Desde el 2006 le han pedido a la Asamblea Legislativa la aprobación de una Ley de Reparación de Víctimas, así como declarar un día nacional en su memoria. El primer Órgano de Estado ha hecho oídos sordos a pesar que está en la mira de la Sala de lo Constitucional por incumplir la sentencia que anula la Ley de Amnistía
Por redacción Gatoencerrado
Antonia de Cabrera aún suspira al hablar de su hijo desaparecido. Douglas Cabrera era un estudiante que una mañana de sábado en 1980 salió de su casa en San Martín pero nunca regresó.
“Lo hemos buscado y hasta hoy no sabemos si lo capturaron o lo asesinaron”, relata Antonia, pero lo dice como si hubiese sido algo que pasó ayer y su voz aún se corta al recordarlo.
La Asociación Pro-Búsqueda, en conjunto con varias asociaciones de familiares de detenidos o desaparecidos durante el conflicto armado, han solicitado desde el 2006 en reiteradas ocasiones a la Asamblea Legislativa, que decrete el 30 de agosto como el Día Nacional del Detenido-Desaparecido, como una forma de reparación de las víctimas de desaparición forzada durante el conflicto armado interno de El Salvador entre 1980 y 1992.
Antonia, junto a otras madres y familiares de desaparecidos, realizan una misa en memoria de las víctimas en una plaza a las afueras de la Asamblea Legislativa. Están ahí para recordarle de nuevo a la nueva legislatura que ya lleva un mes en el cargo, que reparen los derechos de las víctimas, de sus hijos, padres, esposos, abuelos, hermanos.
Además, exigen la aprobación de la Ley de Reparación Integral para las Víctimas del Conflicto armado.
“La pieza para decretar el 30 de agosto como Día de la Desaparición Forzada se entregó en 2006 y desde ese momento venimos luchando por ello en la Asamblea Legislativa pero no resuelven nada, no es justo que jueguen con la dignidad de nosotras las madres, el Estado es responsable de las masacres y promotor de nuestro dolor”, expresó Sofía Hernández, madre de víctima de desaparición forzada.
Dicen que el Estado salvadoreño es responsable de reparar y cumplir con compromisos internacionales sobre derechos humanos adquiridos ante organismos de las Naciones Unidas.
Además, le recordaron a los legisladores su poca prioridad al incumplir la sentencia de anulación de la Ley de Amnistía decretada en julio de 2016, y que hasta la fecha es una deuda pendiente de los Órganos Legislativo y Ejecutivo, según audiencias de seguimiento de sentencias de la Sala de lo Constitucional.
