Carlos Calleja dijo que no va a permitir la privatización del agua, es decir no va a permitir que los empresarios tengan voz y voto en la administración del agua. Pero luego dijo que el Estado debe tener mayoría en el ente rector del agua, es decir que el sector privado puede tener alguna participación en la administración y que el Estado no tenga el control absoluto. Académicos y ambientalistas, consultados por GatoEncerrado, dicen que el sector privado debe estar fuera de la administración del agua.


Por Ezequiel Barrera y Marvin Díaz

Carlos Calleja, el candidato a la presidencia por el partido Arena, ha sostenido un discurso contradictorio sobre quiénes deben dirigir el ente rector del agua. Primero, el 7 de agosto de 2018 dijo ante los medios de comunicación que no va a privatizar el agua.

Luego, en un conversatorio organizado por Fusades el 20 de noviembre de 2018, dijo que el Estado debe tener mayoría en el ente rector, es decir incluir al sector privado en la toma de decisiones.

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Evelyn Farfán, académica de la Universidad de El Salvador, le dijo a GatoEncerrado que para asegurar la no privatización del agua es necesario que se excluya del ente rector hasta la más mínima participación del sector privado. Incluso a instituciones públicas como ANDA, ya que su función es operativa y por lo tanto no debe estar en un ente regulador.

José María Tojeira, director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA), agregó que cualquiera que hace negocios con el agua debe estar fuera de entidad que administrará y regulará el agua.

En el plan de gobierno "Nuevo País", presentado el 23 de enero de este año, Calleja plantea que dos de sus líneas de acción en "materia hídrica" serán promover la inversión del sector privado y el apoyo de financiamiento extranjero para asegurar el tratamiento del agua y que eso "en ningún caso implica la privatización".

Andrés Mckinley, académico de la UCA, dijo a GatoEncerrado que la única manera en que el sector privado puede participar en el tema del agua es un consejo consultivo adscrito al ente rector. Es decir, en un espacio donde el sector privado y organizaciones de la sociedad civil elaboren, en consenso, propuestas para que el ente rector decida finalmente si implementarlas o no.

El Instituto Universitario de Opinión Pública (IODOP) reveló en su encuesta de diciembre 2018, que la mayoría de salvadoreños opinan que el ente rector debe ser dirigido por el Estado, sin la intervención del sector privado.


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