Este es un breve relato del día en que la Sala de lo Constitucional admitió un amparo para suspender el desalojo de 70 familias demandadas por la familia Dueñas y acusadas de invasoras en la finca El Espino. El amparo fue proveído para analizar si el proceso judicial que se llevó a cabo en contra de las familias tuvo todas las garantías de no haber incurrido en inconstitucionalidad. Seis meses más tendrán para resolver definitivamente si serán o no desalojados.
Fotos por Gato Encerrado Multimedia
A las seis de la mañana del martes 8 de junio, el juez de Paz de Antiguo Cuscatlán, José Palma, con megáfono en mano comunicó a los residentes de la comunidad El Espino que a partir de ese momento tenían treinta minutos para desalojar el lugar y llevarse sus bienes. Ante esto, los miembros de la comunidad que estaban reunidos en la entrada principal con pancartas, pidieron al juez una prórroga manifestando que no tenían a dónde ir, pero el juez advirtió que esta vez no se les concedería, como ya había ocurrido en tres ocasiones por falta de apoyo de la Policía.
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La orden de desalojo fue emitida por el Juzgado de Paz de Antiguo Cuscatlán, después de que la familia Dueñas demandó a 70 familias por el delito de invasión a la propiedad privada en la finca El Espino en julio de 2014. Esas tierras llegaron a las manos de la familia Dueñas Herrera cuando el gobierno de El Salvador hizo un convenio, en el que le entregaba esas tierras ocupadas a cambio de otras que eran propiedad de los Dueñas para construir un tramo del bulevar Diego de Holguín, hoy llamado Monseñor Romero.
Como estaban ocupadas, el gobierno se comprometió a entregarle a la Cooperativa de Producción Agropecuaria El Espino algunas tierras para venderlas, y con ese dinero trasladar a las familias que ocupaban el inmuble; además se comprometió a indemnizar a cada familia con ocho mil dólares. La Cooperativa inició el proceso y se trasladaron a 110 familias, pero luego hubo una división de la Cooperativa engendrando a una Asociación de Desarrollo Comunal (Adesco) que entró en confrontación con la Cooperativa, generando que varias familias se quedaran en el lugar que ahora exigen los Dueñas.
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Esa mañana el juez no había llegado solo, también estaba el abogado de la familia Dueñas, Arístides Perla, quien se limitó a decir que estaba para ver y garantizar el derecho a la propiedad privada de los Dueñas; dijo además que desconocía qué haría la familia con estas 2.8 manzanas de terreno. Asimismo, se hizo presente el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Ramírez Landaverde, quien expresó que “los elementos policiales no están aquí para desalojar utilizando la fuerza, sino para acompañar y brindar seguridad a los que voluntariamente desalojen”, lo acompañaba un buen número de policías que bajaron de un camión para formarse y esperar la orden de entrar a la comunidad y subir los bienes de las familias a otros camiones que llevaron.
Al ver esto los miembros de la comunidad, incluidos algunos niños, comenzaron a orar y cantar alabanzas, mientras hacían un muro humano en la entrada. Por su parte, el director de la PNC se acercó junto a la Gobernadora de La Libertad, Marta Lorena Araujo, y representantes de la Procuraduría de los Derechos Humanos para hacer un recorrido por el lugar y sostener una reunión con los directivos de la comunidad.
La mañana transcurría y no llegaban a ningún acuerdo. El gobierno les propuso que podía trasladarlos a un albergue en la Villa Olímpica, y que sus bienes serían llevados a una bodega del Ministerio de Agricultura (MAG), mientras resolvían entregarles terrenos. Pero en la reunión dijeron que no estaban de acuerdo porque tenían que ir a trabajar, estudiar y sin sus bienes cerca no podrían continuar con normalidad su quehacer diario; además mostraron temor diciendo que muchos de los miembros de la comunidad eran niños y adolescentes que podrían ser acosados por las pandillas.
Mientras la reunión no llegaba a nada, seis familias comenzaron a sacar sus bienes a la calle. Entre esas, la familia Recinos que era ayudada por voluntarios de la Iglesia de los Últimos Días. Con evidente fatiga, lágrimas en los ojos, cargando cajas y bolsas, Raquel Recinos exteriorizó que “por no tener problemas con la UMO (Unidad del Mantenimiento del Orden) y que no nos saquen a la fuerza, estamos sacando voluntariamente nuestras cosas y subiéndolas a un pick up”. Y aunque decía “no sé a dónde nos iremos con mis dos hijos”, seguía llevando cosas al vehículo.
La reunión finalizó sin acuerdo, y la Policía entonces ingresó un par de camiones a la comunidad para subir los bienes de las personas. Silvia Yamileth, después de subir sus cosas, esperaba la partida arriba del camión de la Policía con sus dos hijos. Fue justo en ese momento, a las 9:25 de la mañana, que la Sala de lo Constitucional informó a través de Twitter que había resuelto suspender el desalojo en respuesta al amparo solicitado por personas de la comunidad.
[340-2015] Se ordena suspensión del desalojo de los habitantes del Caserío El Espino http://t.co/bUUq6lS7vy
— Sala de lo Cnal. (@SalaCnalSV) junio 9, 2015
El juez supo de la resolución de la Sala a través de los periodistas que le preguntaban sobre qué iba hacer en ese momento. “No sé si es cierto, a mí no me han notificado oficialmente, y aquí lo que vale es la notificación oficial, pero si es cierto la vamos a acatar porque lo que ordena la Sala es de estricto cumplimiento”, espetó. Momentos después se marchó al juzgado y anunció una conferencia de prensa en la que finalmente afirmó: “acataré la orden la Sala aunque no comparta (esa resolución), porque soy respetuoso de esa Institución, como también de la Procuraduría de Derechos Humanos”. El juez también explicó que esta resolución “deja en el limbo legal el derecho a la propiedad privada de la familia Dueñas, y eso deja un mal mensaje”. Aclaró que esto es una suspensión de desalojo, por lo que habrá que esperar al menos unos seis meses para lo que determine finalmente la Sala.
Por su lado, cuando la comunidad se enteró de la resolución de la Sala estalló en celebración, abrazos, lágrimas y un recorrido por todo el lugar cantando. Los camiones de la Policía comenzaron a salir vacíos. Y la gente vociferaba con alegría que la Sala de lo Constitucional los amparó cuando ya no había esperanza ni marcha atrás. Cuando o único que les quedaba era sacar por las buenas o por las malas sus cosas y desalojar rumbo a ningún lugar.
