El gobierno de El Salvador ha comenzado a mover piezas, como en un juego de ajedrez, para ganar la batalla contra el accionar de las pandillas y crimen organizado que ha arreciado su actividad en contra de policías y militares. Uno de los movimientos del gobierno ha sido la reubicación de los reos que durante la ya rota tregua tuvieron algún tipo de privilegios; y también ha anunciado la creación de batallones de élite del ejército y un batallón de policía antipandillas. Estas medidas, sin embargo, tienen de fondo un esfuerzo similar al “manodurismo”.
El vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, afirmó que “el Estado debe responder con fuerza, con valentía, con firmeza y con determinación que se demanda en estos momentos” de violencia generada por las pandillas y el crimen organizado. Violencia que incluye los atentados a puestos policiales, emboscadas a patrullas, un atentado al Centro Judicial Isidro Menéndez, 22 policías asesinados —hasta el cierre de esta nota—, más un fiscal y seis custodios de centros penales en la lista de los muertos que las pandillas han perpetrado en lo que va del 2015. Esto sin mencionar que en El Salvador mantenemos un promedio de 16 homicidios diarios, desapariciones, extorsiones, narcotráfico e infiltración del crimen organizado entre las filas del ejército y policía.
Las afirmaciones de Ortiz acompañan los anuncios del presidente Sánchez Cerén de crear batallones de élite para enfrentar las pandillas, que el comisionado de seguridad de la presidencia, Hato Hasbún, llamó “batallones de limpieza”; pero que luego se retractó y al corregir explicó que “no fue el término más adecuado”, pues realmente son batallones de reacción inmediata y cuando habló de “limpieza” se refería a todo tipo de delitos.
Estos cuatro batallones están conformados por un aproximado de 400 soldados de élite, según lo confirmó el Ministro de Defensa, Munguía Payés. Al mismo tiempo, el presidente anunció la creación de una nueva unidad especial antipandillas “de reacción” dentro de la Policía, que ya cuenta con una subdirección antipandillas. No obstante, el jefe de Estado no ha sido explícito al detallar las tareas de estos batallones.
Estas acciones son anunciadas en el marco de múltiples enfrentamientos entre soldados en patrullaje que acompañan a policías contra pandilleros que, según las versiones oficiales, tienden emboscadas y sorprenden disparando a los militares; el saldo de estos enfrentamientos deja varios pandilleros asesinados y se les encuentran armas de guerra de uso exclusivo del ejército. Las versiones no oficiales relatan que en muchas ocasiones cuando los militares y policías han logrado neutralizar el ataque de pandilleros no los capturan sino que los matan en el lugar. Incluso el director de la Policía, Mauricio Landaverde, ha aceptado que al interior de la corporación policial “existe la posibilidad de que haya grupos de exterminio”.
Por su parte, Hasbún asegura que dentro de su estrategia para frenar la violencia no se saldrán del marco de la ley, tanto en el ámbito de la represión como dejando de lado cualquier tipo de negociación con la delincuencia.
Reubicación de reos cierra toda posibilidad de renovar tregua con pandillas
Otro acción implementada por el Estado salvadoreño es la reubicación de reos líderes de pandillas que habían recibido algunos beneficios después de la tregua que propició el gobierno del expresidente Funes, aunque él siempre lo ha negado.
Estos traslados han tenido tres momentos, el primero el 19 de febrero cuando 14 pandilleros fueron recluidos en el penal de máxima seguridad en El Salvador, entre los cuales iban “El Viejo Lin” y “El Sirra” que habían sido voceros de la tregua. Luego, el 16 de abril fueron trasladados al mismo penal 31 pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS) y del Barrio 18. Finalmente, el 22 de abril fueron trasladados, según la Dirección de Centros Penales (DGCP), un total de 1,827 pandilleros a otros centros penales con mayores controles de seguridad.
“Esta medida es parte del proceso de clasificación de privados de libertad que tiene como objetivo ubicar a los reos de mayor peligrosidad en centros penales con un mayor régimen de seguridad”, dice el comunicado hecho público por la DGCP. Por su lado Rodil Hernández, director de Centros Penales, agrega que en los próximos meses podría haber movimientos similares, con el objetivo de afectar a las estructuras criminales que delinquen desde las cárceles.
Estos traslados además de romper todo intento de revivir la tregua entre pandillas y el diálogo con el gobierno, han traído una respuesta violenta de parte de las pandillas, ya que se ha arreciado el ataque directo a policías y militares, e incluso han incrementado los atentados a puestos policiales e infraestructura de edificios y propiedades del Estado.
La sociedad salvadoreña quiere venganza ante el accionar de pandillas
La opinión pública en El Salvador se mueve a favor de acciones represivas hacia las pandillas y crimen organizado. Es más, en el país se celebra las masacres de pandilleros en los que militares y policías han participado. Sin embargo, la historia reciente del país ha demostrado que todas las acciones represivas y planes de seguridad como el “manodurismo” han resultado un fracaso, y por el contrario fortalecieron a las pandillas haciéndolas unas estructuras más sofisticadas.
Esta opinión pública es secundada por diputados que ya han propuesto tipificar como delito ser miembro de una pandilla, acuartelar la policía y llamar reservistas del ejército; algunos analistas proponen cambiar la tipificación de este problema de seguridad pública a seguridad nacional para luego hacer uso pleno del ejército.
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