Este es un breve recuento de lo que ocurrió en la audiencia especial que el juez de primera instancia de Morazán realizó en contra de los militares acusados de cometer la masacre de El Mozote y lugares aledaños, para notificarles tres nuevos delitos que deben enfrentar. En esta audiencia, el juez también notificó a otro militar que será procesado por el caso.


Por Gabriel Aquino

Doce de los 16 militares retirados y acusados de estar detrás de la masacre de El Mozote y lugares aledaños, entraron a la sala de audiencias del Juzgado de Primera Instancia de Morazán, este 18 de julio, con la rigidez de la milicia: erguidos, paso firme, vestidos de saco, corbata y hasta con chaqueta, a pesar del agobiante calor de San Francisco Gotera. Llegaron, citados por el juez Jorge Urquilla, para ser notificados de los otros tres delitos que enfrentarán: tortura, desaparición forzada y desplazamiento forzado.

Con la frente en alto escucharon la acusación, como si estuvieran seguros de que asesinar a casi mil civiles desarmados -entre esos niños, bebés y mujeres- era legítimo en 1981.

El juez también citó al exjefe de Operaciones del Estado Mayor General de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), Gabriel Contreras Alfaro, para acusarlo formalmente y que se convierta en el militar número 17 (de los que aún están vivos) que enfrenta la justicia por el caso de El Mozote.

Minutos antes, el abogado David Morales, de Cristosal, ya había anunciado a los periodistas que Gabriel Contreras era el nuevo acusado.

"Gabriel Contreras era el principal asesor de operaciones de Rafael López Lima, al momento de la masacre de 1981", dijo Morales.

En la sala, los militares estaban sentados en el banquillo de los acusados y del otro lado las víctimas: mujeres y hombres que cargan recuerdos de muerte y dolor. Ambos grupos, separados por un metro, parecen de la misma edad y no se miran entre sí, ni una sola mueca.

El juez Urquilla explicó a Contreras el caso, como si hubiera faltado a clases y tenía que ponerlo al día.

“Estos son los delitos: asesinato, violación agravada, privación de libertad agravada, robo, daños agravados, allanamiento de morada, estragos especiales, actos de terrorismo y actos propositivos de actos de terrorismo”, leyó el juez a Contreras sobre los primeros delitos que debe enfrentar con el resto de militares acusados.

Mientras escuchaba al juez mencionar esos delitos y los otros tres que todos deben enfrentar, Contreras sacó un pañuelo y se secó el sudor, sin perder la compostura.

“Además no pueden salir del país, deben presentarse en las fechas 6 y 20 cada dos meses a firmar al juzgado y no pueden tener ningún contacto con las víctimas, como medidas sustitutivas a la detención”, agregó el juez.

Contados uno por uno en la lista de asistencia, se contaron 12 de los 17 acusados. Los defensores explicaron que Adalberto Landaverde está en Francia y Roberto Antonio Garay en Estados Unidos. Mientras que José Antonio Molina y Natividad de Jesús Cáceres no se presentaron por su condición de salud. Para estos cuatro acusados, el juez dijo que tendrá que reprogramarse una audiencia para notificarles los otros tres delitos.

Tras el paso de lista, el juez inició con preguntas de protocolo. Algunos de los militares prefirieron guardar silencio, pero otros manifestaron su molestia porque no están acusadas otras personas en el proceso judicial. El general Rafael Flores Lima, por ejemplo, dijo: "en el alto mando se ha mencionado al general García, al general Bustillo y a mi persona; en aquel momento, el ingeniero Duarte era presidente de la Junta de Gobierno… y a su vez el general Jaime Gutiérrez era el comandante en jefe, nunca los han mencionado y eso me preocupa porque ellos fueron hombres de consulta".

El general Jorge Armando Alfaro, quien con una voz de mando, también comentó una molestia sobre por qué se le acusa y no a otros que también provocaron dolor en los salvadoreños. De manera brusca, señaló a las víctimas presentes y dijo que eran exguerrilleros del FMLN y que su objetivo en este caso era obtener dinero.

Su comentario caló hondo. El juez analizó la situación y solicitó que cada expresión fuera bien medida y que ninguna fuera con motivos de menospreciar o herir a alguno de los presentes. Luego, el juez decreto receso de cinco minutos. El calor no daba tregua.

De regreso a la sala todos volvieron a tomar asiento, el juez siguió preguntado, pero luego del último suceso parecía que ya nadie quería hablar. Hasta que llegó el turno del último acusado, Gabriel Contreras. Dijo que toda acusación en su contra carecía de sentido. Señaló que el conflicto en el que participó no era más una que "guerra regular", ya que siempre hubo alguien por encima de cada uno de los 17 acusados y del mismo gobierno.

Tras escuchar a los militares, el juez permitió que hablaran las víctimas. Solo dos hablaron. La primera en alzar su voz fue Dorila Márquez, quien con base en los comentarios hechos por los exmilitares, dijo que no eran guerrilleros y que ellos no buscaban más que justicia, y que no hacían nada por dinero.

Rosario López tampoco pudo contener una respuesta. Se levantó, y sin el micrófono, retomó el comentario hecho por el General Alfaro e insistió en señalar que no eran guerrilleros ni buscaban dinero, que ella no los odiaba pero que le daba pena saber que ni una palabra de lamento dijeron los militares.

Con las declaraciones de ambos lados, el Juez finalizó la audiencia especial.

En el proceso, en realidad, hay más de 17 acusados. Pero los demás ya fallecieron. Entre ellos el coronel Domingo Monterrosa Barrios.

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