La Corte de Cuentas de la República (CCR) es una de las instituciones públicas en las que más 'GatosEncerrados' hay. Es la que se encarga, desde 1872 cuando se creó el Tribunal Superior, de contar las costillas a las demás instituciones estatales, pero al contarle las costillas a ella se encuentran irregularidades. Aquí te compartimos algunas de esas irregularidades cometidas en los últimos años.


Por Redacción Gato Encerrado

La Corte de Cuentas de la República (CCR) ha venido arrastrando una serie de irregularidades a lo largo de su historia. Por la Corte han pasado funcionarios señalados por cometer actos de corrupción y dejar que otros funcionarios públicos queden impunes después de auditorías en que se evidenciaba que se enriquecieron ilícitamente al robar del dinero público que administraban. Esta es, a duras penas, una selección de las irregularidades más relevantes que el equipo editorial de GatoEncerrado trae a memoria.

Presidencialismo y cuasi-dictadura

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Exmagistrado Hernán Contreras. Foto/Internet

Rafael Hernán Contreras ejerció la presidencia de la CCR por 17 años en dos periodos: 1990-1998 y 2002-2011. La continuidad en el cargo le facilitó que la Corte fuera manejada como una cuasi-dictadura, donde el presidencialismo prevaleció sobre todas las direcciones de esa institución. Ninguna decisión podía ser tomada sin el consentimiento del magistrado presidente (esa es una práctica que se ha heredado de magistrados a magistrados).

Cuando, por fin, Contreras entregó las riendas de la CCR en 2011, dijo que lo hizo de forma "voluntaria", acogiéndose a una normativa interna de la CCR en la que se indemniza a los que se retiran. A Contreras le tocaron $66,037.58 por la suma de los 17 años en que estuvo al frente de la Contraloría. Un mes después de su salida, Contreras emitió un comunicado en el que dijo que regresaría el dinero. Después de eso nunca se supo si realmente lo devolvió, aunque Gregorio Trejo, su sucesor, aseguró que sí.

Los inconstitucionales y sus afiliaciones políticas

La mayoría de los magistrados que han llegado a la Corte de Cuentas, elegidos por la Asamblea Legislativa, han tenido afiliación política. Algunos incluso han sido dirigentes de algún partido político, como Hernán Contreras quien dirigió por muchos años al Partido de Conciliación Nacional (PCN). Luego están los otros que han dado sus firmas para que se creen partidos políticos y han dirigido el sector empresarial de esos partidos, como el caso del exmagistrado presidente Johel Humberto Valiente, quien era miembro del partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), aunque siempre lo negó.

Esa falta afiliación política y falta de independencia hizo que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolviera en cuatro ocasiones que la elección de los magistrados era inconstitucional. El 24 de junio de este año fue la más reciente, cuando la Sala anuló la elección de los magistrados que hizo la Asamblea Legislativa el 31 de julio de 2014. La razón fue que el exmagistrado presidente Johel Humberto Valiente estuvo afiliado al partido GANA y que el exmagistrado Raúl López también lo estuvo al partido PCN. En el caso del exmagistrado Marco Antonio Grande la Sala determinó que la Asamblea no consideró sus antecedentes y que ejerció su función sin haber comprobado que tiene honradez.

En el fondo, lo que la Sala resolvió fue que los salvadoreños tuvieron magistrados que debían favores a partidos políticos que los llevaron hasta esos puestos y a magistrados encargados de hacer las cuentas del Estado y no demostrar honradez para asumir ese cargo.

Violencia sexual en oficinas de la CCR

En las oficinas de las diferentes sedes de la Corte de Cuentas en todo el país se han dado casos de violencia sexual. Quizá el más relevante fue el caso de una colaboradora administrativa que fue violada, en dos ocasiones, por el exjefe regional de la sede de la CCR en Santa Ana, José Israel López. La víctima relató a la Fiscalía General de la República (FGR), según notas de seguimiento del caso que La Prensa Gráfica publicó, que López comenzó a acosarla desde 2012 -cuando fue nombrado jefe regional- hasta que en 2014 finalmente la violó en dos ocasiones en las oficinas.

Tras la denuncia, la Fiscalía acusó a López en julio y el juzgado segundo de paz de Santa Ana decretó prisión preventiva mientras el Ministerio Público continúa con las investigaciones y presentar pruebas en la audiencia preliminar. A pesar de la medida, López se encuentra prófugo. De hecho, López se encontraba prófugo desde mayo, cuando una comisión externa que fue contratada por la CCR para investigar este caso y otros, lo encontró culpable. Renunció a su cargo en mayo y luego nadie supo de él. La Policía aún lo busca para capturarlo.

Además de López, el director de planificación de la CCR, Vinicio Escobar, también fue encontrado, por la comisión externa, culpable de haber acosado laboral y sexualmente a sus subalternos, por lo que la CCR comenzó un proceso disciplinario en su contra y una presentación a la Fiscalía para que haga su parte penal. Además de Escobar, en 2015 fueron acusados dos jueces de cuentas por haber violado a dos menores de edad que pidieron a una casa de citas.

En la CCR vale el 'cuello' para conseguir una plaza o un ascenso

El sindicato de la CCR ha denunciado en distintas ocasiones que en la Corte se necesita una sola cosa para obtener una plaza o ascender: tener a alguien con poder para ordenar el contrato o el ascenso. No vale la capacidad, ni los resultados, ni el esfuerzo. Esta denuncia fue confirmada por las auditorías externas que se han realizado a la CCR, que coincidentemente abordan el tema y dicen literalmente "no existen criterios para contratar o promover al personal de la Corte de Cuentas".

Uno de los casos que también desnudó La Prensa Gráfica fue el de Carlos Borromeo Valiente, quien pasó de ser un auditor a asistente técnico de la presidencia de la CCR gracias a que su papá lo ascendió. Pasó de ganar $1,612 a $2,267. Su padre, el exmagistrado presidente, Johel Valiente, justificó el ascenso diciendo "mi hijo es un salvadoreño que necesita trabajar".

Mora de juicios

Todos los magistrados que han pasado por la Corte de Cuentas y las auditorías externas han señalado que en la Corte hay una mora de juicios que terminan caducando sin emitir sentencia. Es decir, las irregularidades y la corrupción que se da en las alcaldías e instituciones autónomas del Estado pasan desapercibidas porque los jueces de cuentas dejan caducar, por malicia o negligencia, los juicios. A pesar de que siempre es señalado esto, nada cambia. Y la resistencia al cambio favorece a los que cometen corrupción.

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Comentario del equipo editorial de GatoEncerrado

La Asamblea tiene una vez más la oportunidad de elegir nuevos magistrados que estén desligados de los partidos políticos y que tengan la independencia y valentía de comenzar a sacar la mora que favorece a la corrupción de los funcionarios públicos y corregir las irregularidades expuestas en esta publicación. ¿Lograrán hacer una elección sin irregularidades? ¿A quién quieren favorecer con las elecciones irregulares? Ya veremos qué pasa.

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