Querellantes denuncian que el Fiscal General, Luis Martínez, ha tenido un mal desempeño en el caso Flores; incluso dicen que sus acciones han favorecido al expresidente para que no le sea incluido el delito de lavado de dinero en esta fase de Instrucción, cuyo plazo vence el 6 de mayo
Por Erika Menjívar y Ezequiel Barrera
La Iniciativa Social para la Democracia (ISD) y la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), que son las organizaciones querellantes en el caso del expresidente Flores, manifiestan inconformidad con el desempeño del Fiscal General de la República, Luis Martínez. Esto ha hecho reaccionar a organizaciones sociales de salvadoreños en el exterior que han mostrado su respaldo a los querellantes y piden la destitución del Fiscal a la Asamblea Legislativa.
¨Esperamos que en este tiempo la Fiscalía pueda reflexionar, pueda asumir la responsabilidad que tiene con el país y cumpla con los seguimientos que el señor juez le ha estado solicitando”, ha expresado Óscar Campos de la Iniciativa para la Democracia (ISD).
La inconformidad de los querellantes es argumentada, según explicaron en una conferencia de prensa, en base a la negativa que han mostrado la Fiscalía y la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de entregar información vital para el proceso penal, sobre todo en el tramo final de Instrucción en el que los querellantes dicen que se ha beneficiado a Flores. Además, los querellantes han denunciado en varias ocasiones que son perseguidos con el afán de separarlos del caso.
Entre esa información que no se ha entregado está un informe sobre si ha iniciado alguna investigación por el delito de lavado de dinero en contra del expresidente Flores; tampoco han presentado un informe que determine si dentro de los archivos de la UIF consta haber recibido alguna alerta emitida por instituciones nacionales o extranjeras en contra del exmandatario por delitos relacionados a lavado de dinero. Y de igual forma se carece de un documento que establezca la imposición de la sanción por parte de FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network).
Los querellantes también denuncian que la FGR ha realizado diferentes acciones que generan dudas sobre la imparcialidad en el manejo de la investigación. Entre ellas, la FGR solicitó a diferentes países -en un inicio de la investigación- información migratoria y bancaria relacionada con el expresidente Francisco Flores por el cometimiento de delito de lavado de dinero, estas asistencias fueron recibidas en sobre cerrado, debidamente embalado y abiertas en presencia de las partes, a excepción de la proveniente de la mancomunidad de las Bahamas, en el cual el sobre entregado por la FGR al Juez iba abierto conteniendo únicamente el informe migratorio y no el que contiene la información financiera, situación que no ha sido justificada.
También, el Juez ha requerido a la FGR que solicite a los países miembros del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), la existencia o no de cuentas bancarias cifradas relacionadas al expresidente Francisco Flores, obteniendo de parte del actual jefe UIF una respuesta negativa aduciendo que él no es persona acreditada como parte dentro del proceso. Sin embargo, debido al cargo que este funcionario ostenta y debido al tipo de diligencia solicitada, él es la autoridad idónea para realizar dicha diligencia; y esta sería ya la segunda vez que el jefe de UIF incumple con el requerimiento del juez.
Amedrantramiento de FGR para silenciar querella
Por otro lado, y como ya habíamos mencionado, las organizaciones querellantes nuevamente dicen ser objeto de intimidaciones por parte de la FGR encaminadas a silenciar las denuncias sobre las irregularidades o acciones negligentes en la investigación de los delitos atribuidos al expresidente Francisco Flores. ISD y FESPAD, señalan que en ningún momento han tenido acceso ni conocimiento de la información contenida en el Reporte de Operaciones Sospechosas, denominado “ROS”, o del Informe de Inteligencia Financiera emitido por la Red contra el Crimen Financiero de los Estados Unidos de Norteamérica.
Las acciones que la querella califica como “amedantramiento” con una posible persecución penal, constituye una grave violación a derechos fundamentales establecidos en la Constitución de la República, por lo que han han dado aviso al Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos y a la Sala de lo Constitucional para que en el ejercicio de sus funciones puedan tomar cartas en el asunto.
Las acciones de la querella
A pesar del amedrantamiento, los querellantes manifiestan que remitiran a la brevedad un escrito a FGR en respuesta a la comunicación oficial. También están acompañando actualmente la realización de las diligencias de entrevista a testigos claves en Costa Rica que fueron solicitadas por la parte querellante. De igual forma presentarán un dictamen de acusación formal, en contra de Flores, en el cual piden que se incorpore al proceso penal la investigación por delito de lavado de dinero y activos.
Y finalmente, harán un enérgico llamado a la Comisión Especial que investiga el destino de los fondos de Taiwán, a efecto que se pronuncien ante las irregularidades y negligencias cometidas en torno a este caso, y por consiguiente citen al Fiscal General de la República para que rinda un informe sobre el cumplimiento de sus atribuciones, así mismo analicen a la brevedad la posibilidad que existan los motivos legales suficientes para declarar el impedimento del funcionario en el seguimiento del proceso.
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Breve cronología del caso Flores
Flores fue presidente de El Salvador en el periodo 1999 – 2004. Un terremoto en 2001 desencadenó ayuda internacional, entre esa la de China-Taiwan.
El 18 de junio de 2013, la FGR solicita información de Flores al Departamento del Tesoro de EUA. La Fiscalía salvadoreña envió una solicitud de información sobre el expresidente Flores, al Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, como parte de una investigación surgida del caso CEL-ENEL
El 16 de noviembre de 2013, el presidente de ese entonces, Mauricio Funes, hace público el caso China-Taiwan durante su programa radial “Conversando con el presidente”. Ahí explicó que tenía conocimiento de que 10 millones de dólares de la cooperación de Taiwán no ingresaron al fisco salvadoreño durante el período del expresidente Flores.
El 3 de diciembre de 2013, Flores responde a Funes y niega todas las acusaciones. Flores incluso acusó a Funes de “mentiroso, irresponsable e inestable emocionalmente”.
El 7 de enero de 2014 se presentó a la convocatoria que le hicieron en la comisión legislativa. Flores compadeció ante la comisión legislativa y dijo “nunca gestioné ni recibí fondos de Taiwán para una cuenta pública, no los recibí dentro de ningún convenio de cooperación ni bajo ningún protocolo establecido, sino que los recibí de una persona que me lo entregaba a mí”.
El 28 de enero de 2014, Flores declara ante comisión por segunda y última vez diciendo lo mismo. Luego desaparece.
El 29 de enero de 2014, Fiscalía ordena congelar los bienes del expresidente, esto como parte de medidas cautelares.
El 30 de enero de 2014, Flores desaparece y no se presenta a la comisión legislativa donde sería interrogado nuevamente.
El 5 de febrero de 2014, Abogado de Flores presenta recurso de habeas corpus, esto con el fin de que no sea llevado por apremio a la comisión especial en la Asamblea Legislativa.
El 9 de mayo de 2014, INTERPOL busca al expresidente.
El 14 de mayo de 2014, FGR solicita extradición de Flores desde Panamá, porque se especulaba que estaba en ese país.
El 5 de septiembre de 2014, para sorpresa de todos Flores se entrega. Después de ocho meses sin ser ubicado y cuatro de pesar sobre él una orden de captura internacional, Flores apareció en el Centro Judicial Isidro Menéndez de San Salvador. El ex presidente fue penado con arresto domiciliario.
El 19 de septiembre de 2014, Flores va a bartolinas. Tras permanecer bajo arresto durante más de 15 días, en su residencia de la colonia San Benito, el expresidente fue trasladado a las bartolinas de la División Antinarcóticos (DAN) de la PNC.
El 30 de octubre de 2014, Flores es llevado al hospital por supuesta trombosis.
El 18 de noviembre de 2014 es regresado a las bartolinas.
El 24 de noviembre de 2014, juez vuelve a enviar a Francisco Flores a su casa.
Desde entonces Flores tiene arresto domiciliar. Entre este tiempo se ha separado al juez que llevó el caso y se pasó al juzgado séptimo de instrucción. El 6 de mayo de 2015 terminará el plazo de instrucción para que fiscalía presente todos los informes y documentos que en esta nota se han mencionado.
