El gobierno del FMLN, a dos meses de su salida, reconoció que existe el desplazamiento forzado en El Salvador, aunque de forma tímida a través de un documento de estándares mínimos para que sean incluidos en la aprobación de una ley de desplazamiento forzado. Durante todo el último periodo presidencial negó la existencia del fenómeno e incluso dijo que lo ocurrido en el país era «movilidad interna». La Asamblea Legislativa ha incumplido una sentencia de la Sala de lo Constitucional, en la que le ordenaba aprobar una ley antes del 13 de enero de este año.


Por Wendy Hernández

El segundo gobierno del FMLN negó, hasta el 8 de abril de este año, la existencia de desplazamiento forzado interno en El Salvador, bajo el argumento de que las víctimas que abandonaban sus viviendas «no cumplían con las características del marco de derecho humanitario». El gobierno, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, se retractó nueve meses después de que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le ordenó que reconociera el fenómeno y luego de que instancias internacionales y organizaciones de la sociedad civil, como Cristosal, insistieran en la necesidad de crear un marco legislativo para abordar el problema y proteger a las víctimas.

El ministro de seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, llegó este 8 de abril a la Asamblea Legislativa a presentar un documento sobre los estándares mínimos para la aprobación de uno de los tres proyectos de ley que tienen los diputados y que aún no han discutido. Los estándares fueron elaborados por un «grupo gestor», conformado por organizaciones e instituciones públicas.

“Nuestro propósito es entregar un escrito a la comisión de legislación y puntos constitucionales y ponernos a disposición de los diputados para la discusión que ellos puedan tener con respecto a la iniciativa de ley. Hemos presentado un documento de estándares mínimos para la atención, protección y prevención de las víctimas. Esto lo hemos trabajado de manera conjunta y consenso con todas las organizaciones del grupo gestor”, dijo Ramírez Landaverde.

El ministro aseguró que la iniciativa cumple con los «principios rectores de los desplazamientos internos dictados por la Organización de la Naciones Unidas (ONU)»  y la sentencia emitida por la Sala de Constitucional.

Abraham Ábrego, director de acompañamiento a víctimas de Cristosal, dijo que el reconocimiento que hizo el gobierno, a través del ministro de seguridad, es «tácito», es decir tímido y se sobreentiende al presentar el documento de los estándares mínimos.

“Nos parece muy importante que el ministro de justicia y seguridad pública, junto con otras organizaciones de la sociedad civil, presentaran la iniciativa a la Asamblea Legislativa y propusieran estándares para una legislación especial. Cristosal ha estado acompañando este proceso de discusión y nos parece un paso importante. Y aunque no lo digan expresamente, hay un reconocimiento tácito del desplazamiento forzado”, detalló Ábrego.

El grupo gestor propuso que la aprobación de una ley sobre desplazamiento forzado debe contener, al menos, 12 principios. Algunos de esos principios son: igualdad y no discriminación, consulta y participación, máxima protección, no revictimización, gratuidad, debida diligencia, entre otros. También sugirió que debe tener al menos seis enfoques: victimológico, psicosocial, sistémico, entre otros.

Las organizaciones del grupo gestor también plantearon que en la ley debe estar clara la definición de «víctima de desplazamiento forzado» y de «persona en riesgo de desplazamiento forzado». Así como establecer fuentes de financiamiento y un presupuesto específico.

En este documento puede ver los estándares mínimos que elaboró el grupo gestor. Haga click en imagen para descargar.

Para elaborar los estándares mínimos, los miembros del grupo gestor se reunieron en cuatro talleres de jornadas completas. Esto, luego del 29 de enero de este año, cuando por iniciativa del ministro de seguridad se constituyó el grupo gestor. En ese grupo gestor hay 10 instituciones públicas, cinco organismos internacionales y nueve organizaciones de la sociedad civil.

Las tres propuestas

En la Asamblea hay tres proyectos de ley sobre desplazamiento forzado que no se han discutido. Eso a pesar de que la Sala de lo Constitucional de la CSJ otorgó a los diputados un plazo para la aprobación que expiró el 13 de enero de este año. Cristosal ha señalado que el incumplimiento de esa sentencia es un «desacato» de los diputados.

Entre los tres proyectos de ley hay una general, que fue presentada por el ministerio de seguridad y que propone una legislación para atender a las víctimas de todos los delitos. Hay otras dos que son específicas: una presentada por la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector de Justicia (UTE) y otra presentada por víctimas de desplazamiento forzado con el apoyo de Cristosal.

En este documento puede ver la comparación entre las tres propuestas de ley. Haga click en la imagen para descargar.




Comenta