Organizaciones y comunidades piden que el Juzgado Ambiental de Santa Ana deduzca responsabilidades por el daño en el cerro El Águila. También pidieron protección, ya que están denunciando y tienen temor de represalias.


Por Marvin Díaz, Carolina Amaya y Ezequiel Barrera

Representantes de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES) denunciaron públicamente, este jueves, que las personas responsables de la tala en el cerro El Águila de Juayúa, en Sonsonate, son: «en la finca El Guaje: German Ruiz; en la finca El Rodeo: Julio César Salaverría; y en la finca El Aguilita: Armando Ávila».

«De cara a la ley, que porque sean ellos dueños de un terreno privado ¿pueden ellos cortar, deforestar o talar? No. Es decir, hay una normativa de cara esto», dijo Luis González, de UNES.

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), sin embargo, dijo en un comunicado que tras las denuncias públicas por la tala, hizo una inspección en terrenos que son propiedad del ingeniero Wilbert Armando Figueroa Sandoval. GatoEncerrado constató, en el Centro Nacional de Registro (CNR), que ese nombre aparece en la empresa Productos Forestales S.A de C.V., y también como representante legal de Proyectos Múltiples de Occidente S.A. de C.V.

Figueroa Sandoval ha sido contratista del Estado. De acuerdo con un contrato, de noviembre 2018, el ministro de agricultura y presidente del Centro Nacional de Tecnología Agropecuria y Forestal (CENTA), Orestes Ortez, contrató a Figueroa Sandoval y a su empresa Proyectos Múltiples, por $101,832.24, para construir 24 reservorios (Haga click aquí para ver el contrato).

Captura del contrato firmado por el ministro y Figueroa Sandoval.

También aparece en un contrato de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), firmado en diciembre de 2014, Figueroa Sandoval representó a la empresa Proyecto Múltiples de Occidente en la contratación por $43,100, para suministrar mano de obra, materias y equipo de ejecución para mejorar una calle en San Luis del Carmen (Haga click aquí para ver el contrato).

A pesar de lo que el MAG asegura, representantes de las comunidades afectadas y la UNES dicen tener información de que los otros nombres también han estado involucrados. GatoEncerrado indagó en el CNR y encontró que las personas que menciona UNES comparten, con familiares, algunos terrenos en Juayúa: German Alexander y René Fernando Ruiz León son dueños de un área de 279 metros cuadrados en el Valle La Majada de Juayúa, en Sonsonate. En el mismo municipio, Julio César y José Miguel Salaverría Cáceres son copropietarios de las fincas: El Cueje, El Águila y La Concordia. El nombre Armando Ávila no aparece en los registros como dueño de una finca.

En el caso de los Ruiz León, recibieron esos terrenos en 2010, bajo el concepto de donación, de parte de Rodrigo Ernesto Ruiz Cárcamo.

Julio César Salaverría falleció en 2018, según un obituario publicado por La Prensa Gráfica en marzo de ese año. Pero según el CNR, aún aparece como el propietario del 50% de algunas fincas en Juayúa. Su familiar José Miguel Salaverría es el dueño del otro 50% de las tierras.

Julio César Salaverría, según el registro de comercio, también aparece como directivo de 18 empresas. Algunas de las más importantes, por su relación con terrenos en Juayúa, son la Cooperativa de Cafetaleros de San José de La Majada de R. L y la Torrefactora de San José La Majada. También fue directivo de la empresa Construcciones Reales Prefabricada S.A. de C.V. Además aparece en algunas inmobiliarias, una agencia de publicidad y en la zona franca de exportación El Pedregal.

Una de sus facetas, y quizá por la que fue más reconocido, fue la de urólogo. Fue jefe del servicio de urología en el Hospital Militar y en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).

Piden deducir responsabilidad por el daño

La organización GAIA El Salvador también pidió al Juzgado Ambiental de Santa Ana y a la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDDH) que deduzca responsabilidades. También exigió al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), así como al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y a la alcaldía de Juayúa, que asuman su responsabilidad y actúen ante el daño ambiental.

La UNES también pidió que los representantes de las comunidades afectadas sean protegidos, para que no sean víctimas de represalias.

Inspección policial

La división de medio ambiente de la Policía Nacional Civil (PNC) también se sumó a las inspecciones en la zona de la tala. El objetivo, según explicaron voceros de la policía, era determinar si ese lugar es área natural protegida y cuántos árboles han sido talados. Las autoridades policiales aún no han revelado los hallazgos de su inspección.


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