Critican que Ley de Medio Ambiente sea una “ley sin dientes”. Reprueban atraso ambiental de parte de la Asamblea Legislativa y cuestionan al Órgano Ejecutivo por su falta de acción.
Por Krissia Girón
Crisis. Una palabra recientemente (muy) asociada a la situación actual de El Salvador en diferentes ámbitos y la realidad de los recursos naturales del país no son la excepción. Y es que el medio ambiente lleva décadas en crisis, sin embargo, en este 2016 ha venido agudizándose en sobremanera gracias a una gran lista de razones que la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES) se encargó de enumerar en su balance ambiental del año.
“La humanidad está perdiendo la batalla frente a su propia extinción… frente a la desmedida ambición de los que ya tienen demasiado y quieren más”, resume Maydee Recinos, directora del Instituto para el Desarrollo de la Mujer, IMU, y miembro de la UNES, la idea de desigualdad que impera en este tema.
Si bien es cierto reconoce que hay pequeños avances como la creación del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria, los proyectos nuevos como el rescate del río Acelhuate, entre otros, considera que, en el caso del Ejecutivo, la respuesta a los impactos de la crisis ambiental se ha quedado en promesas.
“En 2016 se han hecho grandes promesas como la del Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales y ANDA, de plantas purificadoras para el Río Acelhuate y la del presidente de la República de reforestar la mitad de El Salvador; desafortunadamente con promesas no avanzamos ni un milímetro en la recuperación ambiental del país, mientras los grandes empresarios principalmente los cañeros, siguen arruinando el país”, expresó Recinos.
Marta Elena de Gonzalez, representante de la UNES, expresó que en el caso del gobierno “hay aspectos positivos como la finalización del Plan Nacional de Recursos Hídricos y el Programa de Restauración de Ecosistemas y Paisajes, sin embargo, no hay financiamiento definido para la implementación de estos planes. Otro aspecto a destacar es la declaratoria de emergencia por crisis de abastecimiento en el gran San Salvador, pero se ignoró la realidad del resto del país afectado por la misma”, expresó de Gonzalez.
Precisamente es el Ministerio de Medio Ambiente el que, hoy por hoy, carece de los recursos necesarios para no solo llevar a cabo proyectos, sino también castigar a personas naturales o jurídicas que cometan infracciones al medio ambiente. De hecho, dentro de la Asamblea Legislativa se encuentra pendiente la discusión del artículo 89 de la Ley de Medio Ambiente, que impone multas a infractores que dañen los recursos naturales del país.
“La Ministra de Medio Ambiente ha reaccionado con prontitud en algunos casos, como lo sucedido en el Ingenio La Magdalena. Pero carece de recursos necesarios, por ello se pide que se reforme la Ley de Medio Ambiente para que tenga esa facultad. Creemos nosotros que las instancias correspondientes no tienen los suficientes dientes para aplicar efectivamente las resoluciones en favor del Medio Ambiente”, dijo Mauricio Sermeño, director de la UNES.
Para él, “el país está retrocediendo. Estamos en un proceso de destrucción ambiental acelerada, y en este año lo que más ha avanzado son las empresas cañeras que están robando el agua de los ríos, evitando que llegue a bosques y afectando los medios de vida de las comunidades”, expresó.
Miembros de UNES presentando su balance ambiental 2016. Foto/UNES
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“La Corte Suprema de Justicia es promotora de la impunidad ambiental”
Maydee Recinos considera una falta grave para el medio ambiente la no instalación de los tribunales ambientales en Santa Ana y San Miguel. Pese a que el trabajo del tribunal ambiental de San Salvador ha sido eficiente, consideran que sus resoluciones no van en la dirección correcta.
“El tribunal ambiental de San Salvador ha demostrado eficiencia en defensa del medio ambiente. Por ejemplo, la condena al Ingenio La Magdalena a pagar $1.8 millones. Sin embargo, muchas de estas resoluciones van dirigidas a las instituciones del gobierno y no a los principales destructores del ambiente”, apuntó.
Para Mauricio Sermeño, el papel de la Fiscalía es primordial para evitar que los casos de delitos ambientales queden en la impunidad. “Si la Fiscalía no hace el proceso legal, no llega a los juzgados, que dependen de la Corte Suprema de Justicia. Y si esta no instala tribunales ambientales en Santa Ana y San Miguel es un retroceso para el acceso a la justicia de estos casos”, sentenció.
Uno de los logros destacados en el balance es la resolución del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias, CIADI, que falló a favor del Estado Salvadoreño y obliga a la empresa minera Oceana Gold a pagar $8 millones de dólares para cubrir los costos procesales de un litigio que duró siete años y medio.
Sermeño insiste en la importancia del papel de la Fiscalía General de la República, y del resto de instituciones del Estado como garante de las acciones que obliguen a la empresa a pagar dicha cantidad.
“El caso del CIADI debe analizarse con detenimiento. El mismo CIADI nos está diciendo que no es factible la explotación minera en EL Salvador. El Estado salvadoreño, en sus diferentes instancias, no ha reflexionado a profundidad esta resolución, de manera que ya hubiesen incluso hasta expulsado a la empresa de El Salvador, sin embargo, esta empresa ha acelerado más la promoción y las dádivas en Cabañas sobre la minería, eso significa que hay instituciones que están alentando a esta minera, en lugar de obligarla a pagar lo que debe al Estado”, afirmó Sermeño.
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El dato cero de la Asamblea Legislativa
Para las y los representantes de la UNES, la lista de aspectos positivos que el parlamento ha realizado en el 2016 en favor del medio ambiente se reduce a cero. Siguen estancadas en el seno legislativo las discusiones sobre Ley general de Aguas, Soberanía Alimentaria, prohibición de agrotóxicos, cambio climático, la reforma al artículo 89 de la Ley de Medio Ambiente y la prohibición de la minería metálica.
Mauricio Sermeño considera que el problema radica en la correlación de fuerzas. “Por ejemplo, se trató de aprobar el decreto legislativo que prohibirían los plaguicidas en el país, pero no hubo suficiente correlación de fuerzas. Mucha de la culpa es del expresidente Mauricio Funes que observó el decreto y lo devolvió a una Asamblea cuya correlación de fuerzas está dominada por las fuerzas políticas de la derecha que de la izquierda. Es por ello que no se avanza en la aprobación de este decreto ni en cualquier otro a favor del medio ambiente. Ponerle cero a la Asamblea sería ponerle mucho”, expresó Sermeño.
La UNES hace un llamado de atención a toda la esfera política a tener metas alcanzables para el medio ambiente, buscando una reflexión profunda sobre la inacción del Estado ante una crisis climática y ambiental que, cada día, recrudece las condiciones de vida de las y los salvadoreños.
