Una resolución de la Corte Suprema de Justicia obliga al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales a sanear la zona de Sitio del Niño en San Juan Opico, La Libertad, por la contaminación por plomo causada por la fábrica de Baterías Record. Según ambientalistas, el costo del saneamiento ambiental ronda los $4 mil millones de dólares, que debe salir de las arcas del Estado, y no de los bolsillos de la familia de Miguel Lacayo, exmnistro de Economía en la presidencia de Francisco Flores.
Por Mario Beltrán
Representantes de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES) se pronunciaron en contra de la resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que obliga al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) a pagar el costo del saneamiento ambiental para retirar la escoria de contaminación por plomo causada por la fabricación de baterías para vehículos de la empresa Sociedad Baterías de El Salvador S.A de C.V. (Record), en cantón Sitio del Niño, municipio de San Juan Opico, La Libertad. Según ambientalistas, el saneamiento ronda los $4 mil millones de dólares. La empresa pertenece a la familia de Miguel Lacayo, exministro de Economía durante la gestión del expresidente Francisco Flores (1999-2004).
El 11 de marzo de 2015, la CSJ emitió una resolución que obliga tanto a la Alcaldía de San Juan Opico, como al MARN, a retirar la escoria de contaminación de la zona y de la fábrica. Al interior de la fábrica aún se encuentran entre 33 mil y 50 mil toneladas métricas de plomo y depósitos que contienen arsénico, selenio, ácido sulfúrico, y otros elementos tóxicos tanto para el medio ambiente, como para la salud de los habitantes cercanos.
Las operaciones de Baterías Record iniciaron entre 1994 y 1997; fue fundada por Lacayo, exministro de Economía, quien en una investigación periodística de La Prensa Gráfica en el año 2000, fue señalado de aprovecharse de su cargo público y utilizar una medida de “salvaguarda”, para beneficiar con reducciones de aranceles aduaneros a su empresa en cuatro ocasiones.
Las enfermedades y padecimientos de la población no se hicieron esperar, y a principios de 2003, los pobladores padecían enfermedades como anemia, vómitos, dolores de cabeza, entre otros, debido a la exposición al plomo.
Un informe del MARN de 2005 reveló que en las aguas residuales emitidas por Baterías Record se habían encontrado hasta 300 % de plomo.
La Unidad de Salud de Sitio del Niño emitió un informe, que en un censo realizado de 2010, año en que se emitió la primera emergencia ambiental en la zona, hasta 2012, encontraron un total de 99 casos positivos, de los cuales 79 correspondían a menores de edad con más de 0.10 microgramos de plomo por decilitro de sangre. La norma aceptada a nivel mundial para menores de edad es de 0.10 mcg/dl. Además, se reportó plomo en el suelo, en cultivos y en agua de la zona.
“Desde sus inicios ha sido motivo de observación de la UNES. Nosotros sabíamos que una fábrica de baterías de carro produce una gran contaminación por plomo a sus alrededores. Nos pareció sospechoso cómo el principal empresario de esta fábrica era en ese momento ministro de Economía, y cómo le otorgaron los permisos con mucha rapidez, para que iniciara sus funcionamientos. Tenemos conocimiento que en uno de los años del partido Arena en el poder, le entregaron el Premio Nacional del Medio Ambiente del año a Baterías Record, lo cual es ilógico”, manifestó Mauricio Sermeño, presidente de UNES.
Extraoficialmente se conoció que Baterías Record habría recibido hasta siete reconocimientos entre 1997 y 2003, entre los que destacan: “Apoyo al Ministerio de Medio Ambiente en el Programa de Capacitación del Buen uso y recolección del Aceite Usado a propietarios de talleres”, mención honorífica en la categoría del “Esfuerzo empresarial, en el premio nacional de Medio Ambiente de 1998”, entre otros.
Luego de la denuncia de la población, y tras inspecciones de salud y daño ambiental en la zona, el Ministerio de Salud obligó a cerrar las operaciones de la fábrica el 24 de septiembre de 2007, debido a la falta de permisos correspondientes.
Miembros de UNES señalan que las responsabilidades en el caso deben ser compartidas, y que no se pueden dejar fuera y absueltos del caso a los dueños, quienes han tenido la libertad de viajar a otros países, y quienes según la resolución, no pagarían el millonario costo del retiro de la escoria tóxica causada.
“En este caso han habido muchos indicios de corrupción e injusticia. Desde sus inicios de contaminación, las comunidades denunciaron pero se les fueron poniendo trabas aduciendo que era muy difícil, que no habían pruebas, que no se podía judicializar. No fue sino hasta 2007 que se procesa y se cierra la fábrica. Habían pruebas, se ha demostrado científicamente la contaminación de plomo en sangre y biodiversidad”, dijo Luis González, abogado experto en temas ambientales, y miembro de UNES.
González asegura que con el acompañamiento de varias organizaciones, las comunidades afectadas pudieron entablar una querella y demandar. “Desde el inicio del proceso, hubo formas tanto de los dueños de la empresa como instancias judiciales para ir realizando el proceso. Tras la denuncia a la Fiscalía para iniciar la acción penal, pasaron entre cinco y seis meses, tiempo para que los tres accionistas mayoritarios huyeran del país, vendieran propiedades y se llevaran sus recursos, por lo que la acción penal se inició contra los gerentes quienes también tenían responsabilidad al tener conocimiento del delito”, explica González.
Al final del proceso, la resolución fue contraria a las comunidades afectadas y a favor de los dueños, aduciendo que a quienes se acusaba no eran dueños sino gerentes y que no tenían responsabilidad directa en el daño, además de argumentos de prescripción del delito y falta de pruebas en contra de los dueños de la fábrica expuestas por las comunidades denunciantes.
A esto se suma la resolución de la Sala de lo Constitucional de la CSJ que indica que solo el MARN debe ser quien pueda sanear la zona al retirar la escoria tóxica, algo que a juicio de los ambientalistas, es un evidente caso de impunidad ambiental en El Salvador, uno de los países más vulnerables en temas ambientales.
El 19 de febrero de este año, entró en vigor una nueva emergencia ambiental en la zona emitida por el MARN. La nueva emergencia corresponde al inicio de los procesos de mitigación, en cumplimiento con la resolución de la CSJ. Dentro las medidas del inicio de mitigación y saneamiento, se brinda atención en salud especializada a afectados de la zona, además de la pavimentación asfáltica o aplicación de otra técnica a determinar en alrededor de 2,500 metros lineales de calles y caminos alrededor de las instalaciones de la planta de fabricación y reciclaje de baterías ácido plomo, los cuales han sido identificados por medio del monitoreo de la concentración de plomo en suelos.
“Nos preocupa esta decisión de la Corte Suprema de Justicia que lanza un mensaje de impunidad ambiental y de favorecer a los empresarios de este país que se han enriquecido a costa de la contaminación, la cual incrementa la vulnerabilidad, de la población salvadoreña, y al final quienes pagamos las cuentas son la naturaleza y la clase pobre del país”, dijo Carolina Amaya de UNES.
Los ambientalistas exigieron a la CSJ que se deduzca toda responsabilidad a los culpables del daño ocasionado, entre ellos, empresarios y exfuncionarios involucrados en el inicio de operaciones de esta fábrica; además que exija a entidades públicas y privadas por igual, el saneamiento de la zona contaminada.
Además, solicitaron al MARN investigar e identificar las fábricas que continúan contaminando con plomo y otros materiales tóxicos de batería de automotores en sus alrededores.
