Desde Calderón Sol en 1994 hasta Salvador Sánchez Cerén en 2017, al menos 10 organizaciones sin fines de lucro recibieron donativos económicos de fondos públicos, pese a que entre sus miembros y junta directiva se encontraban Primeras Damas, presidentes de la República y otros funcionarios que según un informe, estaban vinculados directa o indirectamente en la decisión de donación. El Gobierno Saca (2004-2009) fue el que más dinero donó en 25 años con más de $9 millones de dólares
Por Redacción
Un informe que hizo público este martes la Secretaría de Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana sobre las transferencias de fondos públicos a entidades privadas, revela que desde 1994 hasta la actual administración presidencial del FMLN, se han entregado un total de $5,577,432 dólares proveniente de fondos públicos a 10 asociaciones y fundaciones privadas sin fines de lucro, en cuyos miembros figuraban nombres de funcionarios de la Presidencia de la República o la Asamblea Legislativa.
En el informe titulado “Informe de Transparencia sobre las Transferencias a Entidades Privadas”, hay un apartado llamado “Potenciales conflictos de interés en las transferencias” y enlista diez casos de ONG que recibieron dinero de fondos públicos desde la Presidencia de la República y Asamblea Legislativa desde 1994 a la fecha, y en las que figuraban como miembros fundadores o de la junta directiva, funcionarios de dichas instituciones estatales.
Para facilitar la presentación, los casos han sido agrupados en dos situaciones que reflejarían exactamente lo establecido en la Ley de Ética Gubernamental salvadoreña como conflictos de interés.
Situación 1: una servidora o servidor público autoriza la transferencia de fondos a una Asociación o Fundación de la cual un miembro fundador o de la junta directiva es pariente hasta en cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Los siguientes tres casos pueden evidenciar esta situación de conflicto.
1. Caso Fundación La Niñez Primero
Esta Fundación fue legalmente establecida en septiembre de 2002 y es el fallecido expresidente salvadoreño, Francisco Flores en sus funciones, quien directamente le confiere el carácter jurídico de Fundación en noviembre del mismo año. De acuerdo a la escritura de constitución, los miembros fundadores son Lourdes María Rodríguez de Flores, otras personas naturales y representantes de empresas privadas como Taca Internacional Airlines, S.A., Mc Cann Erickson Centro Americana (El Salvador) S.A y DBFS Internacional, S.A. de C.V. Cada uno de los miembros aportó $100 para conformar el patrimonio de la Fundación.
En febrero de 2003, a tan solo cinco meses de haberse constituido, por Acuerdo Ejecutivo, Francisco Flores aprobó el primer subsidio anual entregado en desembolsos trimestrales. Entre 2003 y 2009 recibió un total de $575,000.00.
El posible conflicto de interés identificado por la Secretaría de Transparencia, es que el presidente de la República aprobara transferencias de fondos para una entidad donde su esposa, Lourdes María Rodríguez de Flores, era miembro fundador.
2. Caso Bienestar Familiar y Asociación Familias en Progreso
Para este caso ocurrido al inicio del periodo del expresidente Armando Calderón Sol27 (1994-1999) quien nombró mediante Acuerdo Ejecutivo como Secretaria Nacional de la Familia (SNF) a su esposa Elizabeth Aguirre de Calderón. Dentro de sus atribuciones se encontraba servir de enlace entre la Presidencia de la República y otras entidades públicas y privadas encargadas de trabajar en los campos de acción de dicha Secretaría, entre estas se encontraba Bienestar Familiar.
En los estatutos de Bienestar Familiar se afirma que tiene entre sus miembros fundadores a Elizabeth Aguirre de Calderón y la esposa del vicepresidente salvadoreño de esa época, y recibió transferencias trimestrales desde 1995 a 1999 en calidad de subsidio por un valor total $165,714.29 autorizados por la Presidencia de la República y canalizados a través de la SNF. En este caso existe un posible conflicto de interés según el informe, ya que cada uno de los desembolsos fue autorizado por Armando Calderón Sol como presidente de la República y beneficiado a una entidad donde su esposa, Elizabeth Aguirre de Calderón, era fundadora.
El expresidente Flores y su esposa Lourdes María Rodríguez de Flores quienes toman posesión el 1 de junio de 1999. Al mes siguiente, el ministro del Interior autoriza el cambio de denominación de “Bienestar Familiar” por “Asociación Familias en Progreso”.
De acuerdo a los estatutos, la Asociación sigue siendo de carácter privado, tiene entre sus miembros a Lourdes de Flores y puede apoyar programas o proyectos ejecutados por entidades públicas o privadas. Lourdes de Flores asume como la presidente de la Junta Directiva de la Asociación en mención. Durante la Administración Flores, la Asociación Familias en Progreso recibió subsidios trimestrales a través de la SNF haciendo un total de $342,857.16.
En este mismo caso pero ahora en período presidencial de Elías Antonio Saca (2004-2009) la exPrimera dama, Ana Ligia Mixco Sol de Saca asume su rol como Secretaria Nacional de la Familia y paralelamente como presidente de la Junta Directiva de la Asociación de Familias en Progreso. Durante el quinquenio de Saca, esta Asociación recibió un total de $468,426.76 autorizados por la Presidencia de la República y canalizados a través de la SNF como donaciones gratuitas e irrevocables de manera trimestral desde 2004 hasta el primer semestre de 2009.
En total, el monto transferido a Bienestar Familiar (posteriormente nombrada Asociación Familias en Progreso) desde 1994 hasta 2009 asciende a $976,998.24, con el común denominador que tres Primeras Damas fungieron como presidentas de su junta directiva.
3. Caso Comité Proyección Social – San Salvador
De acuerdo con el informe, el Comité Proyección Social – San Salvador recibió transferencias desde la Presidencia de la República desde el periodo de Armando Calderón Sol hasta el periodo de Elías Antonio Saca. En 1997, la fundadora y presidente honoraria de esta Fundación era Elizabeth Aguirre de Calderón Sol, Primera Dama en ese momento y Secretaria Nacional de la Familia, institución a través de la cual se canalizaron las transferencias al Comité en cuestión. En total el Comité recibió $140,000.00 autorizadas por la Presidencia de la República y canalizadas por la SNF. La transferencia se dio pese a que la esposa del presidente era fundadora y miembro honorario.
4. Caso Fundación Virgen del Rosario
Esta Fundación fue legalizada en 2007 y recibió una única donación de $5,000.00 durante la Administración de Elías Antonio Saca. Dentro de los miembros fundadores destaca el General Otto Alejandro Romero Orellana (Ministro de Defensa 2004-2007), Juan Antonio Martínez Varela (Ministro de Defensa 1999 – 2004), además de Elías Antonio Saca González y Ana Ligia Mixco Sol de Saca (presidente de la República y Primera Dama 2004- 2009).
Saca siendo presidente autorizó la transferencia de fondos para una Fundación de la que él mismo, su esposa y ministros eran miembros fundadores.
Situación 2: un servidor público autoriza la transferencia de fondos a una Asociación o Fundación de la cual es miembro fundador o de la junta directiva en el periodo que recibió los fondos públicos. El siguiente caso puede evidenciar esta situación:
5. Caso Asociación Club Shriner de El Salvador
Según el registro de Asociaciones y Fundaciones del Ministerio de Gobernación, dentro de la última nómina de socios presentada por Asociación Club Shriner en 1995 se encuentra José Francisco Merino López. Esta Asociación recibió en 2014 $45,000.00 autorizados directamente por la Asamblea Legislativa por medio de dictamen No.229 (31/10/13). En 2013, José Francisco Merino López era el diputado por la fracción del PCN y relator de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto que elaboró el dictamen en que fue autorizada la transferencia para esta Asociación.
“En este caso evidencia que la falta de cumplimiento de las organizaciones privadas de actualizar su información genera falta de certeza de quiénes son los socios recientes y Juntas de Directivas en funciones, dando pie a considerar que podría haber existido un conflicto de interés en tanto que la misma persona que formaba parte de la institución que autorizó la transferencia seguía siendo socio de la entidad privada receptora”, dice el estudio.
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El documento también reporta otro apartado titulado “Otros casos señalados públicamente”, y según el estudio, en los casos que se exponen a continuación, si bien no existe un incumplimiento a los deberes éticos tal y como lo establece la Ley de Ética Gubernamental, ha habido señalamientos públicos de posibles vinculaciones a través de colectivos políticos, religiosos, empresariales o de otro tipo a los que pertenecen las y los servidores públicos que autorizaron las transferencias de fondos y miembros fundadores o de las juntas directivas de las entidades privadas que fueron las receptoras.
Irónicamente, los cinco casos detallados anteriormente y en los que se han identificado posibles conflictos de interés según lo establece la Ley, no han sido señalados públicamente, hasta ahora.
6. Caso Asociación Cadena Cristiana de Difusión Club 700
La Asociación Cadena Cristiana de Difusión Club 700 fue presidida por quien ha sido desde 2011 el Secretario General del Partido de Concertación Nacional (PCN) Manuel Rodríguez y la actual representante legal es su esposa. Dos diputados de esa misma fracción política forman parte de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa y han aprobado – junto con otros diputados del resto de partidos – los dictámenes mediante los cuales se les ha asignado fondos desde 2011 al 2017 para ser transferidos por la Presidencia de la República por un valor total de $2,720,434.00 a la Asociación Cadena Cristiana de Difusión Club 700.
En este caso se ha identificado un posible nexo en tanto que la Asociación contiene en su actual Junta Directiva a una persona que tiene una posición de poder en el mismo partido político al que pertenecen dos diputados miembros de la Comisión de la Asamblea Legislativa que dieron sus votos a favor de la transferencia.
7. Caso Fundación Salvadoreña de Apoyo para las Víctimas y Afectados por las Pandillas (Fundación Mano Amiga)
Según el informe, esta fundación recibió transferencias autorizadas desde la Asamblea Legislativa en 2014 por un monto de $400,000.00 y $430,000.00 en 2015, haciendo un total de $830,000.00 en dos años. El representante legal para el período 2014-2019 es miembro fundador del partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), mismo partido de dos diputados que formaban parte de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa para el período 2012-2015 y aprobaron – junto con otros diputados del resto de fracciones políticas – los dictámenes mediante los cuales se le asignaron los fondos para ser transferidos por la Presidencia de la República.
En este caso se ha identificado un posible nexo en tanto que el representante legal de la Fundación es a su vez fundador del mismo partido político al que pertenecen diputados miembros de las Comisión de la Asamblea Legislativa que dieron sus votos a favor de las transferencias.
8. Caso Fundación Salvadoreña para la Democracia y Desarrollo Social (FUNDASPAD)
FUNDASPAD recibió $200,000.00 entre 2013 y 2014 autorizados directamente por la Asamblea Legislativa según dictamen de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto. Según los registros del Ministerio de Gobernación, dentro de los miembros de las juntas directivas reportadas se encuentra una persona que fue diputado por la fracción del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) en la legislatura 2009-2012 además de candidato a alcalde por dicho partido para el período 2012-2015. El informe no menciona detalles de identificación.
Para el período 2012-2015 formaban parte de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa tres diputados por el FMLN quienes dieron sus votos para autorizar – junto con otros diputados del resto de partidos políticos – las transferencias para esta Asociación.
9. Caso Fundación para el Desarrollo Local (FUNDEL).
La Fundación recibió en 2012 $55,000.00 autorizados directamente por la Asamblea Legislativa mediante dictamen No.337 del 23 de noviembre de 2011. De acuerdo a su escritura de constitución, entre sus miembros fundadores se encuentra una persona que ha sido diputada de la Asamblea Legislativa y del Parlamento Centroamericano (PARLACEN) (2011-2016 y 2016-2021) por la fracción del FMLN. En 2011 formaban parte de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa tres diputados de la misma fracción quienes dieron sus votos para autorizar – junto con el resto de diputados de la Comisión– la transferencia para esta Fundación. Acá tampoco se identifican a los funcionarios implicados.
En este caso se ha identificado un posible nexo en tanto que la Fundación contiene entre sus miembros fundadores a una persona que simultáneamente desempeñaba un cargo como servidora pública dentro de la institución que autorizó las transferencias y además sus correligionarios dentro de la Comisión de la Asamblea Legislativa dieron sus votos a favor de la transferencia.
10. Caso Asociación Mujeres Tecleñas.
La Asociación Mujeres Tecleñas recibió en 2016 $30,000.00 autorizados directamente por la Asamblea Legislativa por medio de dictamen No.78 26 de noviembre de 2015.
Según la escritura de constitución, entre sus miembros fundadores se encuentra una persona que para 2016 se desempeñaba como viceministra, otra persona que desde 2014 se ha desempeñado como Directora Ejecutiva del ISNA. El documento no especifica nombres aunque según el portal de Gobierno Abierto, la directora del ISNA desde junio de 2014 a la fecha es Elda Gladis Tobar Ortiz. Ahí se menciona que también fue presidenta de la Asociación de Mujeres Tecleñas AMT de abril de 2007 a marzo de 2009.
Además, también son miembros, dos diputadas por la fracción del FMLN en las legislaturas de 2009-2012 y 2012-2015. En 2015 formaban parte de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa tres diputados de la misma fracción y autorizaron – junto con otros diputados – la transferencia para esta Asociación. En este caso se ha identificado un posible nexo en tanto que la Asociación contiene entre sus miembros fundadores a personas que han tenido una posición de poder en el mismo partido político al que pertenecen tres diputados miembros de la Comisión de la Asamblea Legislativa que dieron sus votos a favor de la transferencia.
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Este es el primero de una serie de informes producidos desde la Secretaría de Participación, Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia de la República que “buscan transparentar y documentar de manera acuciosa y con una perspectiva histórica distintos aspectos de la gestión pública y su relación con otras entidades privadas”, según reza el documento.
En dicho informe, los datos se obtuvieron a través de fuentes directas de la Presidencia de la República como la Unidad Financiera Institucional, la Secretaría para Asuntos Legislativos y Jurídicos y la Unidad Financiera de la Secretaría de Cultura.
Adicionalmente, se incluye información proveniente de la Asamblea Legislativa y del Ministerio de Hacienda en lo referente a los dictámenes de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto y los presupuestos aprobados para el periodo de 1989 – 2017. Mediante el Ministerio de Gobernación se recolectó información disponible sobre escrituras de constitución y nombramiento de juntas directivas de las entidades identificadas como receptoras.
¿Qué son las transferencias a organismos sin fines de lucro? Las transferencias consideradas en este informe son identificadas como subsidios, como apoyo al funcionamiento de entidades privadas o como donaciones gratuitas e irrevocables; en otros casos responden a fondos que se han transferido para la ejecución o implementación de proyectos acordes a las políticas y programas de cada periodo presidencial. Sin embargo, de acuerdo al Ministerio de Hacienda todas corresponden a nivel contable a transferencias corrientes a organismos sin fines de lucro
“Como resultado del cruce de las bases de datos relacionadas con las transferencias realizadas desde la Presidencia en el periodo de 1989 a 2016, se evidencian algunos potenciales conflictos de interés entre el deber público y los intereses privados de ese empleado o empleada”, expresa el informe de 82 páginas.
Si bien, la Ley de Ética Gubernamental define en el artículo tres las situaciones en las que se considerará que existe conflicto de interés y asimismo establece en el artículo cuatro el deber ético de todo servidor público de excusarse de participar o intervenir en asuntos que puedan significarle un conflicto de interés, esta definición es muy limitada y deja por fuera los conflictos de interés que representan para el servidor público su participación o relaciones con empresas privadas, partidos políticos, gremios profesionales, organizaciones sin fines de lucro, entre otros.
Además, pese a que hay asignaciones presupuestarias para entidades privadas con señalamientos por nexos políticos, familiares, empresariales o religiosos, y/o para ejecutar proyectos algunas veces muy poco claros; no se debe perder de vista que la mayor cantidad de las transferencias han sido destinadas para proyectos con resultados positivos, que aportan al desarrollo de la sociedad y fortalecen a la sociedad civil organizada.
El informe recomienda que se debería promover una legislación de obligatorio cumplimiento para todas las instituciones en cuanto a los requisitos que deben cumplir las organizaciones; quién, cuánto y cómo se deciden las asignaciones y autorizaciones; las condiciones para transferir los fondos públicos; las obligaciones derivadas de las mismas (entrega de reportes técnicos y financieros o la rendición de cuentas) así como el proceso de monitoreo a la ejecución y liquidación de fondos.
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