El Salvador atraviesa por una crisis de violencia que no solamente se ve reflejada en la ciudadanía, sino también en quienes velan por la seguridad. En lo que va del año, un total de 42 policías han sido asesinados, cifra hasta el pasado 7 de agosto, y que podría aumentar, además de 11 ataques a puestos policiales, y dos mujeres policías asesinadas, en un país donde al Estado le importa muy poco la dignificación de sus cuerpos de seguridad.
Por Marielos Flores
—Es bien irónico porque por elegir la profesión de ser policía en este país, los demás pueden pensar que está libre de violencia o incluso de cualquier delincuente por el hecho de portar un uniforme o tener una placa; se piensa que los policías tienen mayor respeto sobre un ciudadano, pero el caso es todo lo contrario porque cuando uno llega a su casa, se siente el mismo temor igual o peor que el ciudadano común.
Uno crea una psicosis del momento en que está ejerciendo su trabajo policial, y en la vida fuera de un uniforme policial, ya que nuestro trabajo está señalado por los delincuentes, y somos un blanco hoy en día. —
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El relato de un agente policial salvadoreño a quien por seguridad llamaremos “Alonso.” Su rostro agotado, con ojeras bajo sus ojos, tal vez por no dormir bien estando en alerta en el país más peligroso del mundo. Alonso lleva 10 años ejerciendo esta profesión motivado por la vocación de servir a su país, y obligado por la necesidad económica de poner el pan sobre su mesa. Él menciona que quienes ingresan a la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP) para convertirse en policías, son jóvenes bachilleres entre las edades de 18 años a 27 años que tienen que cumplir ciertos requisitos y someterse a diferentes pruebas, tanto culturales, psicotécnicas, médicas, físicas, entre otras, esto aplica tanto en mujeres como en hombres, quizá más por necesidad de ingresar a la institución, que por vocación de servir al país.
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—Posiblemente en el camino de la formación de uno como policía, se va adaptando a desarrollar el gusto por la institución, sus normas, reglas o por ejercer este trabajo, pero en realidad el peligro latente de nuestras vidas está ahí siempre, y al igual que muchos compañeros, yo opté por tener un profesión diferente y cambiar un poco mi forma de vivir y pensar en mi seguridad y la de mi familia— comenta.
Alonso se graduó como licenciado en Idioma Inglés en 2014. Cuenta que con frecuencia sus compañeros de la delegación policial le preguntan por qué teniendo ese título, no consigue un trabajo en esa área, en vez de exponerse como policía —Es difícil pero no imposible. Difícil porque uno busca trabajo según lo que ha estudiado, pero al mismo tiempo en la mayoría de empresas ya sean entidades privadas o inclusive instituciones del gobierno, siempre piden experiencia del ámbito al que quiere aplicar, pero mi experiencia es solamente policial que es lo que he desempeñado por años— responde el agente.
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En lo que va del año 2015 según cifras oficiales, 42 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) han sido asesinados en diferentes puntos de El Salvador. Dicha cifra supera a los 38 policías asesinados reportados en 2014, el último caso de baja fue el asesinato de Miguel Ángel Avelar Pérez, un comandante de guardia del puesto policial ubicado en el municipio de San Ignacio, departamento de Chalatenango al norte de El Salvador. Al mismo tiempo se reportan 11 ataques a puestos policiales por parte de las pandillas, de los cuales 9 de ellos fueron con granadas hechizas y otros con armas de fuego.
No solamente el sexo masculino ha sido afectado, también mujeres policías han sido víctimas del ataque de las pandillas. En lo que va del 2015, dos mujeres policías han sido asesinadas. El primer hecho sucedió el 20 de abril en donde la agente identificada como Wendy Yamileth Alfaro Mena de 27 años, fue asesinada en la colonia Santa Rosa II del municipio de Zacatecoluca, departamento de La Paz. El hecho ocurrió cuando la víctima se encontraba de licencia y se disponía a comprar tortillas cuando sujetos la interceptaron y le dispararon. El más reciente ocurrió el 30 de junio en donde policías se encontraban realizando un operativo en San Pedro Masahuat en el departamento de La Paz, en donde la agente Ana Deysi Cabrera falleció en un enfrentamiento con pandilleros. La agente estaba destaca en el 911 de Zacatecoluca.
En junio pasado, los agentes que integran el Movimiento por los Derechos de los Policías, realizaron una protesta en la que exigían a las autoridades de Seguridad Pública, una reforma al artículo 47 de la Constitución de la República para que se les permita pertenecer a un grupo sindical y el derecho a huelga, pues dicho artículo solo le permite la libertad de sindicato a todos los trabajadores del sector público y privado, a excepción de la PNC y la Fuerza Armada.
“Nuestra demanda va en el sentido de que el artículo 47 de la Constitución está dejando fuera a un segmento de la población solo por vestir un uniforme de seguridad pública” mencionó un policía manifestante quien por obvias razones pidió no ser identificado.
El 24 de julio, 14 soldados de la Fuerza Armada Salvadoreña (FAES) también intentaron manifestarse en las cercanías del Reloj de Flores en San Salvador. Con gorros pasamontañas y con su arma en mano, solicitaban al gobierno el pago de un bono de $600 dólares, similar al que se les entregará a los agentes de la PNC prometido unas semanas antes por el presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén. El mandatario dijo que había gestionado un bono de $28 millones de dólares, que $15 millones serían destinados para gratificaciones hacía los agentes policiales y también para la compra de armamento y vehículos para reforzar a la institución. Por tanto los $13 millones de dólares restantes son destinados a la FAES el cual servirá para apoyar a los 6,000 efectivos de dicha institución, así como el transporte y capacidad de movilización
Ante el intento de manifestación, el ministro de Defensa, David Munguía Payes, aseguró que los soldados involucrado en la protesta serían procesados por los delitos de sedición, ya que el mismo artículo 47 de la Constitución les prohíbe manifestarse o sindicalizarse.
La prohibición de huelga de los policías y militares es un estándar aceptado a nivel internacional porque trabajan directamente en el sistema de seguridad de la población, aunque la asociatividad por sí misma no es negativa según David Morales, procurador de Derechos Humanos.
Las dudas quedan sobre si los encargados de la seguridad pública deben exigir respeto y mejoras a sus derechos laborales. De acuerdo al procurador Morales—el respeto a los derechos humanos y laborales de los agentes de la PNC debe ser una prioridad de país en este momento, sobre todo el alto nivel de violencia que requiere respuestas. Existe un riesgo en esta labor que es natural y propio de este tipo de carrera, y que tenemos una etapa donde la violencia está cobrando la vida de muchos policías, el dignificar la carrera debe ser prioridad, lamentablemente los estándares de las condiciones de la carrera laboral de los policías, están en niveles muy bajos.— comenta.
En el mes de julio, agentes de la PNC denunciaron las condiciones deplorables básicas para cumplir con la suspensión de licencias, esto con el fin de erradicar la ola de violencia que se atravesaba en dicho mes. El director de la PNC, Mauricio Landaverde, está consciente de las condiciones de algunos puestos policiales —Estamos conscientes que la mayor parte de puesto policiales no cuentan con las condiciones adecuadas para el encuartelamiento del personal, pero el trabajo policial requiere de diferentes esfuerzos y sacrificios—.
Captura de Tweet de la PNC
Ante estos acontecimientos, el procurador de los Derechos Humano manifiesta que los—salarios son insuficientes, la infraestructura donde permanecen y el equipamiento necesario tiene grandes deficiencias. Esto tiene origen en los recursos disponibles de la capacidad presupuestaria del Estado, y nos lleva a la necesidad de recaudar mayor capacidad fiscal del Estado para poder cubrir esto temas, sin embargo también tenemos la visión de que las autoridades pueden hacer un poco más. Yo llevo varios meses gestionando un diálogo entre el nivel básico de la carrera policial, y las máximas autoridades del Ministerio de Seguridad, y no he encontrado respuesta por parte del ministro para abrir este espacio de diálogo y atender mejor las necesidades de los policías—.
Morales también afirma que existen casos de abusos de autoridad de jefaturas policiales en el nivel básico, y casos de discriminación por género en contra de mujeres policías, con poca o nula capacidad de investigación
—Es una realidad que la condición de trabajo de los policías no es la ideal, a veces hay situaciones de abusos donde no se establecen responsabilidades, por lo que la dignificación de la carrera policial debe ser una prioridad del Estado que debemos señalar— dijo el procurador.
Dentro de la PNC existen herramientas de comunicación interna entre el nivel básico y el nivel superior, sin embargo, para Derechos Humanos, se vuelven insuficientes, por lo que las máximas autoridades desconocen las condiciones del nivel básico.
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Volviendo a la historia de Alonso el policía, cuenta que su niñez la vivió en el municipio de Ilopango. Actualmente la pandilla que opera en este municipio es el Barrio 18. Ilopango fue declarado en 2013 como un municipio “libre de violencia” aunque la realidad no es así, pues en lo que va de 2015 se han reportado 50 homicidios de los cuales 3 fueron identificados como mujeres y 47 fueron hombres.
Alonso tuvo que cambiar de domicilio para proteger su vida y su familia.
—Casualmente la mayoría de los miembros que están dentro de esta pandilla fueron mis amigos desde pequeños, yo los conocí, crecimos juntos, salíamos a jugar fútbol a la calle de la colonia, pero al final cada uno eligió un rumbo diferente para sus vidas, algunos pensaron que el poder y el ser respetado por los demás era ingresando a una pandilla, y otros decidimos tomar el camino de servir y ayudar a los demás—.
Alonso considera que de alguna forma, siempre hay un vínculo de amistad pese a lo que cada quién eligió hacer de su vida, aunque sabe que la amistad entre un policía y un pandillero es imposible —ellos en realidad saben cuál es mi trabajo y de lo que me gano la vida, es algo que no se puede evitar, me han visto con mi uniforme de la institución en la calle patrullando, es decir uno ya se encuentra perfilado por ellos— advierte Alonso.
Y agrega—me han comentado que un amigo de mi infancia con quien salía a jugar, y quien actualmente es el palabrero de la pandilla como se dice popularmente, ha dicho que “mientras nosotros y nuestro jefe de la mara estemos, no te va a pasar nada, pero eso sí, si la orden viene de más arriba, lo único que puedo hacer es avisarte para que tomes tus propias medidas de seguridad”—.
Alonso expresa que dentro de la PNC y de la FAES, es un secreto a voces la infiltración de miembros de pandillas.
—Un fenómeno que se está dando actualmente dentro de la corporación policial y la fuerza armada es la filtración de personas que pertenecen a pandillas o tiene afines con estos grupos organizados, y lamentablemente hay que ser realistas que dentro de la institución existen esas situaciones que no se pueden evitar y de las cuales dañan la imagen en sí de la policía y de los miembros que pertenecemos a ella, porque en la calle la mayor parte de la ciudadanía dicen “los policías” y somos objeto de señalización en general, entonces cuando un ciudadano tiene una mala experiencia, las personas dejan de creer, desconfían en la institución y de nosotros los policías—.
En los últimos cinco años, de acuerdo a un informe de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ministerio de Defensa Nacional, se identificaron 91 casos de vínculos con las maras entre miembros activos y un par de personal administrativo. De estos, 49 tenían relación con la pandilla Barrio 18 y el resto con la Salvatrucha. En el mismo periodo en la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP) 29 personas fueron expulsadas de la Escuela al probarse estos vínculos. En este caso 16 de ellos tenían relación con la Salvatrucha. Según fuentes castrenses, hay casos en que mareros han llegado hasta amenazar a militares para que colaboren con ellos.
Una de las estrategias de seguridad que inició el gobierno del expresidente Mauricio Funes, es que la PNC también ejerciera funciones de Policía Comunitaria, con el fin de poder obtener información al acercarse a la ciudadanía no como miembro de seguridad solamente, sino como un amigo de la comunidad. Alonso por su parte como miembro de la PNC, cuestiona esta estrategia.
—Al ciudadano hoy le pregunta usted en su colonia ¿qué es más preferible tener una amistad con un marero o con un policía?, y contestan con un marero porque no les van a hacer nada, pero si ellos lo ven con un policía, o lo llega a visitar a un familiar o amigo ya tiene seguros problemas; las personas se sienten más seguras evitando problemas con los pandilleros. A ese límite hemos llegado— cuestiona Alonso.
El policía de nuestra historia lamenta que incluso sus mismos superiores les mencionen a diario, que matar policías es algo normal en todo el mundo, y siempre serán sujetos de ataque.
— En la unidad donde me encuentro destacado, siempre se hace una formación en la mañana de todos los compañeros que vamos a ese turno y el jefe nuestro superior habla y dijo en una ocasión “de qué se preocupan si en todo el mundo mueren policías, eso es normal que mueran y que son objeto de ataque para los delincuentes”. Su postura nos dio a entender que las altas jefaturas de la policía ven al nivel básico (son los que andan en la calle), como un anzuelo para pescar a los delincuentes no importando la vida de uno mismo—.
