"No hay seguridad efectiva si no es respetuosa de los derechos humanos": Claudia Paz y Paz

ENTREVISTA

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Por Ezequiel Barrera

Claudia Paz y Paz fue la valiente fiscal general de Guatemala, elegida para el periodo 2010-2014, que se atrevió a investigar la corrupción y llevar a prisión al expresidente Otto Pérez y su vicepresidenta Roxanna Baldetti, tocó fibras sensibles al llevar ante la justicia al expresidente Efraín Ríos Montt por genocidio y enfrentó narcotráficantes y cabecillas de pandillas. Todo esto con la colaboración de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala (CICIG).

También fue nominada al premio Nobel de la Paz en 2013 y estuvo entre las "cinco mujeres más poderosas que cambian el mundo" de Forbes.

Actualmente es la directora del programa de Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). Desde esa organización, visitó a El Salvador para participar en un foro sobre seguridad y derechos humanos, este 16 de julio. Fue en esa ocasión cuando GatoEncerrado tuvo la oportunidad de sentarse con Paz y Paz para platicar brevemente sobre su visión acerca de cómo combatir la criminalidad, en la que no caben planes de seguridad que estén divorciados del respeto a los derechos humanos.

Asimismo mencionó que es casi imposible que un sistema pueda depurarse a sí mismo y por eso considera que es necesario un ente internacional contra la impunidad, como la CICIG que funcionó en Guatemala y que podría replicarse en El Salvador, para lograr efectividad en la investigación criminal y contra la corrupción. De la misma forma, Paz y Paz dice que en nuestros países debe debatirse e impulsar proyectos para controlar aún más las armas que vienen desde el norte de América.

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Si las organizaciones de derechos humanos insisten en que la represión solo agrava la violencia y criminalidad en vez de frenarla. ¿Qué proponen? ¿Cuál es la clave para resolver la inseguridad?

Yo lo que te puedo decir desde la experiencia de Guatemala es que lo más efectivo para reducir la violencia es el fortalecimiento de las instituciones de seguridad y justicia. Eso va a permitir una investigación criminal profunda y efectiva. Muchas veces se pretende un combate a la criminalidad, al narcotráfico y a las pandillas, a través de la mera presencia policial, que puede ser útil, pero eso solo logra el desplazamiento de las actividades delictivas hacia otro lugar. Lo más efectivo es una investigación que vaya a identificar a todos los integrantes de la organización criminal, sus relaciones, si han logrado infiltrarse en las instituciones de seguridad y de justicia. También cómo mueven sus bienes, porque las actividades criminales lo que buscan es el lucro. Entonces cómo es que mueven sus bienes, lavan sus activos y a partir de ahí llevar casos a la justicia muy fundamentados que permitan la condena de los responsables de los grandes delitos. Esa es una medida que se ha demostrado efectiva.

Otra medida que es imprescindible es el control de armas. El 80% de los homicidios se producen con armas de fuego. En Estados Unidos la adquisición de un arma de fuego es muy sencilla, muy fácil, y esto ha provocado un tráfico a la inversa. Estamos acostumbrados a ver el narcotráfico de sur a norte, pero el tráfico de armas es de norte a sur. Armas de alto potencial letal, armas que únicamente en nuestros países podrían estar en poder de las autoridades militares, pero que están al alcance de cualquiera a través del mercado negro. Esa es otra medida muy importante e indispensable. Y por supuesto que si la gran mayoría de las muertes violentas están asociadas a pandillas, ocurren en contextos de marginación, exclusión y cero acceso a educación a salud, a trabajo. Los jóvenes solo tienen la opción de irse a Estados Unidos o de integrarse a la pandilla. Darle acceso a derechos básicos puede ser también una medida para evitar que se integren dentro de las organizaciones criminales. 

Cuando menciona que hay que fortalecer las instituciones... ¿Considera necesaria una Comisión Contra la Impunidad siguiendo el modelo de la CICIG en Guatemala, tal como lo ha prometido el presidente Nayib Bukele?

Creo que en Guatemala estábamos en una espiral de violencia e impunidad que se rompió. Es que la pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿El sistema se puede depurar a sí mismo? Esto cuando sabemos que las organizaciones criminales han infiltrado las instituciones de seguridad, las instituciones de justicia. Entonces la reflexión es cómo un cuerpo que ya está enfermo, por decirlo así, se va a auto sanar. Entonces es necesario un ente internacional. La presencia de CICIG en Guatemala fue ese impulso que se necesitó para transformar al ministerio público y crear unidades especializadas a la policía, crear el circuito de jueces de mayor riesgo. Y en ese nuevo entorno se pudieron llevar los grandes casos. Creo que los más conocidos fueron en contra de la corrupción, pero también hubo grandes casos en contra de organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico. En mi época como fiscal general detuvimos, enjuiciamos y fueron sancionados más de 120 miembros de la organización criminal de los Zetas, por decirte algo. O estructuras vinculadas a las extorsiones, sicariato de las pandillas 18 y salvatrucha. Entonces, sin duda, la presencia de un ente especializado internacional, independiente y con recursos, con nuevas metodologías de investigación puede significar una diferencia. Lo fue, lo ha sido en Guatemala. La experiencia en Honduras, que es únicamente al rededor del tema de la corrupción, también ha producido este fortalecimiento de las instituciones con la MACCIH, especialmente la fiscalía y los jueces del circuito anticorrupción.

Volviendo al tema de seguridad. ¿Por qué cree usted que los gobiernos insisten en implementar planes represivos? Esto a pesar de que organizaciones de la sociedad civil señalan que esa no es la solución. Es más, algunos políticos saben que eso no funciona, pero igual despliegan más militares, hacen redadas y al final los capturados salen libres porque fueron detenidos sin ser culpables o son torturados y enjuiciados a pesar de ser inocentes. 

Creo que existe un legítimo clamor ciudadano, una exigencia a las autoridades de proveer seguridad. Pero la respuesta no es ni rápida, ni sencilla. Quizás a veces por alcanzar resultados en el plazo inmediato no se logra llegar al fondo de los problemas estructurales que ocasionan la violencia. Entonces, hay un efecto inmediato de una aparente seguridad, pero que luego se transforma en una mayor frustración de la ciudadanía cuando estas personas son detenidas sin pruebas, van a la justicia y se liberan. En Guatemala, cuando se iniciaron investigaciones más profundas, lo que logramos, en mi época como fiscal general, fue que hubiera una mayor confianza de la ciudadanía en las instituciones. Entonces se tenía más información, porque se denunciaban más delitos, más personas estaban dispuestas a ser testigos, había una mayor colaboración ciudadana. 

Foto Émerson Flores

Si los gobiernos insisten en planes represivos... ¿Cuál debe ser el papel de la sociedad civil?

Creo que la ciudadanía tiene dos papeles. El primero y más importante es fiscalizar la actuación de los poderes públicos, monitorear la actuación de la policía, de los jueces. Ojalá producir información para contrastar con la información oficial. Ninguna política pública es sólida si no se basa en información y por eso es muy importante la información que producen las propias entidades de gobierno, pero también que se contraste con otras fuentes producidas por la sociedad civil. Entonces, es fundamental ese monitoreo de la actuación del poder público. Pero por el otro lado, hay un conocimiento acumulado en las organizaciones de la sociedad civil que puede derivarse en propuestas de política criminal y en política de persecución penal. La sociedad civil puede ser ese canal entre los problemas más urgentes de seguridad de los ciudadanos y las autoridades estatales, para que en la priorización de asignación de recursos, la priorización de investigaciones se dirijan a aquellos que más afectan a los ciudadanos. 

Con los foros que las organizaciones de sociedad civil, entre esas CEJIL, están realizando sobre seguridad en El Salvador... ¿Qué respuesta esperan del gobierno de Nayib Bukele?

Creo que este foro y los demás que se hacen son un espacio de discusión. Siempre que hay un cambio de gobierno hay una oportunidad para reflexionar sobre qué ha funciona y qué no. Luego implementar aquello que ha dado más éxito. Creo, estoy convencida que a veces se piensa que hay un divorcio o que son caminos irreconciliables seguridad y derechos humanos. Lo que pasa es que no hay una seguridad efectiva si no es respetuosa de los derechos humanos. Sino lo que tenemos son espirales de violencia, donde las propias instituciones de seguridad responden con violencia fuera de la ley. No tengo que explicar mucho lo que ha pasado en Honduras, El Salvador y Guatemala en este sentido. Mientras que una actividad de seguridad pública respetuosa de derechos humanos, pues gana legitimidad en el sistema de justicia y confianza ciudadana.

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