Presentamos la reconstrucción del proceso judicial en contra de María Teresa Rivera, una de “Las 17” quien fue sentenciada a 40 años de prisión acusada por homicidio agravado en perjuicio de su hijo recién nacido. Ella mantiene su posición después de tres años, de no ser culpable del aborto de su hijo; asegura que todo pasó por desconocer el estado de embarazo en el que se encontraba. Hoy, organizaciones sociales piden su libertad.
Por Erika Menjívar
Testimonio de Teresa
El reloj marcaba las 3:05 de la madrugada aquel 24 de noviembre del 2011. Dato extendido por el Hospital 1° de Mayo del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), en la descripción del estado de María Teresa Rivera, presentando una hemorragia más fuerte que su periodo menstrual.
Rivera ingresó al hospital después de haber abortado a su hijo en una fosa séptica que usó como sanitario en su casa, con el cordón umbilical cortado y fuera de la vagina. Según afirma la paciente, desconocía su estado de embarazo.
El mismo día que se conoció su caso, fue detenida en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital 1° de Mayo. Según un testigo, ella se levantó a tomar agua, luego se desmayó mientras empezaba a sangrar. Luego se dirigió hacia el baño y al momento de agacharse sintió como una “pelotita” salía de su vagina y lo menos que se esperaba, era que esa pelotita como ella lo llamó, fuese un bebé.
En el expediente judicial extendido en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (P.D.D.H) se señalaron una serie de aspectos que no se pueden dejar de lado en el proceso legal de Teresa, como que la acusada asegura haber desconocido estar embarazada todo el tiempo, y que a su hijo (de diez años en aquel entonces) nunca le faltó lo necesario, entonces ¿Por qué ella asesinaría a su bebé teniendo las condiciones adecuadas para mantenerlo?
Asimismo se expresa que Teresa asegura que la menstruación le venía con normalidad cada mes, por lo cual ella nunca pensó estar embarazada, si su periodo era como siempre.
El expediente también señala que según la declaración de la doctora Deysi Guadalupe Ramírez, médica que le dio atención a Teresa cuando ella ingresó al Hospital 1° de Mayo del ISSS, plantea la hipótesis que “La paciente mostraba signos de parto intradomiciliar, sangrado y cordón umbilical por fuera de la vagina”. Además, afirmó que la paciente se encontraba en un shock hipovolémico, condición producida por inestabilidad hemodinámica, es decir, la señora Rivera se encontraba en un estado crítico que la podía llevar hasta la muerte si no era tratada a tiempo.
El documento agrega que Ladis Isabel Ortega de Molina, jefa de Recursos Rumanos de la empresa donde trabajaba la acusada, declaró que Teresa ya le había hecho comentarios de creer estar embarazada, pero que físicamente nunca pareció ser un embarazo.
Por último, expresa que se determinó que el desgarro del extremo distral del cordón umbilical, y que la separación de del recién nacido y de su madre fue producido de forma mecánica, gracias a la autopsia practicada al bebé, se estableció que la causa de muerte fue asfixia perinatal.
El 17 de enero de 2012, la doctora Estela Bonilla de Vásquez, médica forense del Instituto de Medicina Legal (IML), presenta a Griselda Rodríguez, fiscal del caso, un expediente clínico de los controles de Teresa, para tener una perspectiva más amplia de sus ciclos menstruales, en el que hacia la recomendación de hacer un estudio social, psiquiátrico (para conocer la historia y el estado mental de la acusada).
El día 9 de mayo de 2012, fue la audiencia preliminar, en esta ocasión fue la fiscal Griselda Rodríguez como representante de la Fiscalía General de la República (FGR), quien luego de un análisis más amplio de la situación de la acusada, afirmó que la señora María Teresa Rivera cometió el delito de aborto, porque ella tenía el conocimiento de su estado de salud grave y al momento de dar a luz, optó por deshacerse del bebé, dejándolo ir en una fosa séptica lo cual provocó la inmediata muerte del recién nacido.
A lo que las abogadas Romy Ponce y Jenny Calles, abogadas particulares del caso, expusieron que su defendida era acusada injustamente, ya que ella no conocía su estado de embarazo, y que nunca se interrumpió su estado menstrual. Además dijeron no tener las pruebas necesarias para condenar a la señora Teresa, que como lo destacó el expediente del hospital, al momento de ser atendida, ella tenía el cordón umbilical desgarrado y se encontraba en estado de shock hipovolémico lo cual no le permitió ni auxiliarse ella misma ni a su bebé.
Por consiguiente, Gilberto Ramírez Melara, Juez de Instruccion de Mejicanos, argumentó que en el relato brindado por Maria Teresa Rivera, se dirigió a su bebé de forma despectiva al momento de mencionar que cuando fue al sanitario sintió cuando le salió una “pelotita”, asegura Melara que fue una forma grosera de referirse a su hijo sin vida. Lo cual le dio más razones para creer que el delito se había llevado a cabo, y finalmente admitió la acusación de la Fiscalía y ratificó la medida cautelar de la detención provisional de la imputada.
El 27 de julio de 2012, María Teresa Rivera, fue condenada a cuarenta años de prisión, por el delito de homicidio agravado por el Juez Tercero de Sentencia de San Salvador.
Finalmente, el juez argumentó que “no hay duda que el bebé nacido con vida y que estuvo en término y el desprendimiento del cordón umbilical fue cortado por la progenitora, lo que implica que estamos en presencia de un ser humano que nació a la vida jurídica”.
El juez no dio credibilidad a lo que dijo María Teresa cuando dice haber desconocido su estado de embarazo, “es casi imposible creerlo, cuando a sus veintiocho años de edad, con estudios hasta bachillerato con experiencia materna no pudo saber que estaba esperando a un bebé” dijo el juez.
Además, el juez determinó que “en las circunstancias en las que se llevó a cabo el delito, la acusada planeó todo para que pareciera un accidente en su casa. Haciéndoles creer a todas las personas que ella desconocía estar embarazada, mientras que se comprobó que el bebé murió por asfixia perinatal”.
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La mañana de este lunes 7 de diciembre, a las afueras de la Corte Suprema de Justicia se llevó a cabo una manifestación a cargo de diferentes organizaciones compuestas por mujeres y hombres, haciendo constar su descontento con la supuesta injusticia que se hizo con una mujer inocente, un de las 17. María Teresa Rivera, acusada en 2011 y condenada a 40 años de prisión por homicidio agravado. En esta ocacion las organizaciones que se hicieron parte de este movimiento fueron, Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, Jóvenes Voceros y Voceras, Grupo de Mujeres de Santo Tomás y la Red Nacional COINCIDIR.
“Considero que este caso ha sido una violación a los derechos humanos, sobre todo a la presunción de inocencia y los procesos judiciales como deberían de ser. María Teresa es una de las diecisiete mujeres que buscaban el indulto en abril del año pasado, a lo que la Asamblea no dio respuesta justa”, dijo Noel González, representante del Grupo de jóvenes voceros.
Fueron muchos las aspectos de inconformidad que expusieron ante este caso; judiciales, morales, sociales y humanos. La manifestación tuvo como frase representativa: “Libertad para Teresa”. Los manifestantes piden que Teresa no pase una navidad más tras las rejas, a su juicio, de manera injusta.
Irma Linda, representante de la Colectiva Feminista para El Desarrollo Local argumentó “considero y apoyo la lucha de todas estas mujeres que han sido condenadas injustamente, en el caso de María Teresa como en el de las diecisiete en los que se han cometido diferentes violaciones a los derechos humanos”.
El Salvador penaliza el aborto con cárcel desde finales de 1990, y es uno de los nueve países del mundo con prohibición absoluta. En el caso de El Salvador desde 1998 el aborto está prohibido aun si el embarazo pone en peligro la vida de la mujer.
En octubre pasado, varios colectivos por los derechos delas mujeres en El Salvador, denunciaron al Estado salvadoreño ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por mantener presas a mujeres a quienes clínicamente se demostró no ser culpables de aborto.
Denunciaron la situación de las mujeres privadas de libertad que cumplen penas de 30 a 40 años de prisión tras sufrir emergencias obstétricas durante el desarrollo de sus embarazos. Están encarceladas porque desde los finales de la década de los 90, en El Salvador el aborto fue penalizado en cualquiera de sus formas.
Algunas de esas mujeres encarceladas, incluso, no sabían que estaban embarazadas como lo han demostrado estudios científicos, y aún así las encarcelaron.
Ante la CIDH también fue presentado el testimonio de Cristina Quintanilla. En 2004, Cristina Quintanilla estaba embarazada por segunda vez. Ocho meses después de su embarazo, comenzó a sentir molestias, lo que pensó que en un principio era normal. Una noche, el dolor era tan insoportable que se desmayó, y cuando despertó le dijeron que estaba acusada de aborto.
Cristina fue interrogada de inmediato por la Policía y arrestada bajo sospecha de provocarse un aborto. Meses después, fue condenada a 30 años de prisión por homicidio agravado.
Ella salió libre después de cuatro años tras las rejas, porque la justicia admitió que cometió un error y conmutó su pena reduciéndola a tres años. Aunque en realidad, cabe subrayarlo una vez más, salió en cuatro.
Las organizaciones de Derechos Humanos, guardan la esperanza de que como Cristina, también quede en libertad María Teresa Rivera, y vuelva a casa a recuperar su vida.
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