La Ley que prohíbe la minería en El Salvador tiene más de dos años de haber sido aprobada. Algunas de las acciones que tenían que ser implementadas, como los cierres técnicos de las minas y resarcir los daños ambientales, siguen sin ser ejecutadas. El FMLN tuvo dos años para hacerlo y no lo hizo. La Mesa Frente a la Minería Metálica le pidió esta semana al nuevo gobierno que retome lo que está pendiente.

Por Marvin Díaz

Quince proyectos o trabajos mineros han dejado de tener actividad en El Salvador, desde marzo 2017 cuando la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de prohibición de minería metálica. Sin embargo, las minas todavía no han tenido un cierre técnico y, consecuentemente, el cianuro (ácido tóxico utilizado para el proceso de extracción de oro) se derrama y contamina ríos. Así lo explicaron representantes de la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica en El Salvador, quienes llegaron hasta las instalaciones del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), este 24 de julio, para pedir que el nuevo gobierno implemente las acciones necesarias para garantizar el cierre definitivo de las minas, resarcir los daños ambientales y ofrecer otras opciones de empleo a las personas de las comunidades que se dedicaban a la minería artesanal (guiriceros). Algo que el gobierno del FMLN dejó pendiente, aún cuando tuvo dos años para hacerlo.

La Mesa pidió al ministro de medio ambiente, Fernando López, que se comprometa a cerrar los 15 proyectos mineros, contemplados en un informe elaborado por el Ministerio de Economía (MINEC) titulado: “Inventario y diagnóstico de 15 antiguos trabajos mineros”, en el que los proyectos fueron catalogados como “pasivos mineros”.

Esos pasivos mineros, según representantes de la Mesa, se localizan en varios municipios de los departamentos de Morazán, La Unión y San Miguel. La mina San Sebastián, ubicada en Santa Rosa de Lima, La Unión, según explicaron sigue contaminando las aguas del río del municipio. Eso tiene como consecuencia el riesgo en la salud de las comunidades cercanas al afluente.

Rodolfo Calles, miembro de la mesa frente a la minería, puntualizó que el nuevo gobierno debe iniciar los procesos de remediación ambiental de los daños ocasionados por las empresas mineras. Asimismo, instaron al Ministerio de Economía (MINEC) capacitar a los mineros artesanales para cambiar la vida productiva minera por otros rubros de trabajo.

Vidalina Morales, presidenta de Asociación de Desarrollo Económico Social de Santa Marta (ADES), aseguró a GatoEncerrado que los proyectos de las empresas mineras siguen latentes en El Salvador. Según la ambientalista, las autoridades del MARN deben explicar la situación de la empresa minera Oceana Gold, en el departamento de Cabañas.

Vidalina Morales, de ADES, explica que organizaciones de la sociedad civil llegaron esta mañana al @MARN_SV para exigir al ministro @lopezfernando que retome lo que el FMLN dejó pendiente en el tema minero. pic.twitter.com/w1pKefvxcd

— Revista GatoEncerrado (@GatoEncerradoSV) July 24, 2019

La Ley antiminería también establecía que los guiriceros tenían dos años para abandonar la minería artesanal y dedicarse a otra forma de trabajo, con la ayuda del Estado. Algo que tampoco fue hecho por el FMLN y que es urgente que sea retomado por el nuevo gobierno, ya que el plazo de los dos años caducó en abril de este año.

De acuerdo con los miembros de la Mesa, el nuevo gobierno debe asignar un refuerzo presupuestario a las instituciones y ministerios involucrados con el tema minero para implementar el “plan de remediación ambiental”.

Temor al revertimiento 

Los ambientalistas de la Mesa también dijeron que temen que la ley de minería se revierta en el país. Aseguraron que la agilización y flexibilización de permisos ambientales, que es una de las principales apuestas del ministro López, debe analizarse “con ojo de lupa”.

El ministro informó al presidente Nayib Bukele que ya comenzó con la agilización de permisos ambientales, los cuales equivalen a un monto de $1,415 millones en inversión privada.

Rodolfo Calles, de la Mesa, expresó que las prácticas de permisos ambientales deben estudiarse de forma integral, con el fin de no brindar permisos a proyectos nocivos para el medio ambiente.

“No todo proyecto va a generar desarrollo, y si genera es para un grupito pequeño. Si van aprobar permisos que sean aquellos que tenga viabilidad técnica ambiental y no solo porque van a generar ingresos económicos al país hay que darles permisos”, dijo Calles.

La ambientalista Morales agregó que el ministro no debe otorgar permisos ambientales a proyectos extractivos, “pues ponen en riesgo el agua y el medio ambiente y la salud de las personas. La inversión económica no debe anteponerse ante los derechos ambientales de las poblaciones”.

La Mesa contra la minería también instó al gobierno y al nuevo ministro a realizar acciones dentro de la Asamblea Legislativa para elevar a rango constitucional la Ley de Prohibición de la Minería Metálica.