Primer plano el exministro de Defensa, el Coronel Carlos Eugenio Vides Casanova
Durante la década de 1980, las monjas, Maura Clarke, Ita Ford, Dorothy Kazel y la misionera Jean Donovan, fueron secuestradas en el Aeropuerto de El Salvador por la extinta Guarda Nacional, y posteriormente las torturaron y asesinaron según un informe de la Comisión de la Verdad. Las estadounidense asesinadas cumplían tareas de acompañamiento a las víctimas del conflicto armado.
Por Marvin Díaz
En el marco de la conmemoración del 35 aniversario del secuestro y asesinatos de las hermanas de la Congregación Marknoll, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) junto a organizaciones nacionales e internacionales, solicitaron a la Fiscalía General de la Republica (FGR) que se investigue la muerte de cuatro hermanas estadounidenses durante la época del conflicto armado.
Durante la década de 1980, las monjas, Maura Clarke, Ita Ford, Dorothy Kazel y la misionera Jean Donovan, fueron secuestradas en el Aeropuerto de El Salvador, (hoy Monseñor Romero) por la extinta Guarda Nacional, y que posteriormente las torturaron y asesinaron, así lo determinó un informe de la Comisión de la Verdad y un Tratado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Alejandro Díaz, de Tutela Legal, mencionó que en el caso se abrió un juicio en contra de los responsables materiales, pero que atrás de estos habían altos mandos de la Fuerza Armada. “Este es un caso donde no se investigó la participación intelectual, y en donde están involucrados altos mando del ejército como el exministro de Defensa, el Coronel Carlos Eugenio Vides Casanova y otras personas implicadas”, expresó Díaz.
Vides Casanova fue deportado desde los Estados Unidos el pasado 8 de abril por tener relación en casos de violación de derechos humanos durante el conflicto armado, y en este caso en particular de las cuatro monjas de la congregación Marknoll.
Vides llegó a Norteamérica en el año 1989, y en 2013 recibió orden de extradicón, la cual se vino aplazando estos años por los recursos legales que iban siendo presentados por sus abogados, pero finalmente no prosperaron y se hizo efectiva la decisión de la Corte norteamericana. La Junta de Apelaciones Inmigratoria de Estados Unidos consideró que el militar participó de forma consciente en ejecuciones y en torturas de civiles durante la guerra salvadoreña.
Diane Clyne, directora de Desarrollo de la Iglesia Hermanas de la Misericordia, sostiene que este caso y otros no deben quedar en la impunidad. “Estamos exigiendo esta indagación para obtener la verdad, y saber quiénes son los autores de las matanzas que han sucedido en el país; no hemos visto una investigación formal y pedimos a la FGR que se proponga a castigar a culpables intelectuales”, mencionó la religiosa.
Las estadounidense asesinadas cumplían tareas de acompañamiento a las víctimas del conflicto armado las cuales sufrían las acciones y persecuciones militares en esa época, agrega Diane Clyne, “las hermanas aseguraban la dignidad humana de las personas que están viviendo durante la guerra; no tenían liderazgo y no estaban involucrada en política, solo ayudaban a los pobres”, recalcó Clyne.
David Morales, procurador PDDH, hizo un llamado contundente y especifico al fiscal Luis Martínez para investigar este caso “existe una obligación del señor fiscal de establecer responsabilidades y llevar a juicio a quienes ordenaron este asesinato. Ningún fiscal anterior ni el actual han tenido la voluntad de promover la justicia ante este crimen de lesa humanidad”, indicó Morales.
El funcionario destacó que hay suficientes pruebas como el Informe de Organismos Internacionales que concluye la participación de Vides Casanova y otros altos mando de la Fuerza Armada, y subrayó que este caso no es afectado por la Ley de Amnistía porque se trata de violaciones a derechos humanos, agregó el funcionario. “El fiscal no tiene que asumir este caso con criterio político, sino que con la ley, la Constitución y los tratados internacionales, y que promueva investigaciones en contra de los actores intelectuales”, mencionó el procurador.
También estas organizaciones solicitan a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que derogue la Ley de Amnistía para que se realicen esta y otras investigaciones de las masacres que fueron perpetradas por durante el conflicto armado.
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