Le concedieron la libertad a una mujer condenada a 30 años de cárcel por aborto, de los cuales pasó 10 tras las rejas.  La Corte consideró que la prueba científica no permite determinar  ninguna acción voluntaria  que condujera  a la muerte de la criatura que estaba gestando.


Por Redacción

La sonrisa que Teodora Vásquez dibujó en su rostro la mañana del 15 de febrero, dio luz a los oscuros e infernales pasillos de la Cárcel de Mujeres en Ilopango, al oriente de la capital salvadoreña, donde estuvo recluida desde 2008 cuando fue condenada a 30 años de prisión por homicidio agravado, luego de sufrir un aborto espontáneo. Teodora ahora respira la libertad que  el Juzgado Primero de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena de San Salvador le concedió al cancelar la pena.

Según la resolución de ese Juzgado, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia  (CSJ)salvadoreña consideraron que «existen razones poderosas de justicia, equidad y de índole jurídicas que justifican favorecerla con la gracia de la conmutación».

Video cortesía/Centros Penales

En su resolución, la Corte Suprema, después de examinar la sentencia de mérito, el dictamen criminológico y las razones que exponen los solicitantes para acceder a la conmutación de la pena, considera que la prueba científica no permite determinar  ninguna acción voluntaria  que condujera  a la muerte de la criatura que estaba gestando.

En mayo de 2017, el abogado defensor de Teodora solicitó la revisión de la sentencia señalando «los graves errores judiciales» y argumentando que la  resolución del Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador «carecía de criterio científico y legal».

Teodora ingresó al sistema penitenciario el 21 de julio de 2007 cuando tenía 24 años y fue condenada por ese Tribunal el 1 de febrero de 2008. Desde entonces fue separada de su primer hijo, quien actualmente tiene 14 años y con quien ha tenido poco contacto durante la última década.

Ella trabajaba como cocinera de una cafetería en un colegio donde el 13 de julio de 2007 experimentó una emergencia obstétrica; por lo que llamó en reiteradas ocasiones al 911 de la Policía Nacional Civil (PNC) en busca de un auxilio que nunca llegó.

Teodora tuvo un parto extrahospitalario en los baños de la institución educativa donde laboraba. Incluso conociendo esta información, según la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del aborto, el Juzgado Segundo de Sentencia violentó de manera directa y manifiesta la garantía constitucional de presunción de inocencia ya que en el juicio no se presentaron pruebas contundes de la existencia de un delito.

Foto cortesía/Jessica Orellana

Teodora no es la primera mujer salvadoreña condenada injustamente por este mismo juzgado y que recibe la conmutación de la pena. Le precede el caso de  Isabel Cristina Quintanilla, condenada a 30 años de prisión por hechos similares, quien por razones de  justicia y por considerar que la pena era excesiva, severa, desproporcionada e injusta, se le conmutó la pena a tres años de cárcel.

La Agrupación Ciudadana por la despenalización del aborto ha acompañado a Teodora desde 2014 y defendido en reiteradas ocasiones su inocencia. En 2014, la Agrupación pidió a la Corte  que indultara a Teodora, sin embargo, en esa ocasión la CSJ emitió un dictamen desfavorable. El 18 de noviembre de 2015, la Agrupación solicitó la conmutación de la pena. El dictamen favorable de la Corte  fue firmado por los magistrados y magistradas el 31de enero de 2017.

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“Para la Agrupación Ciudadana, la conmutación de la pena de Teodora es importante porque le permite regresar a su familia; sin embargo, no es suficiente porque no reconoce su inocencia. Es por ello que se realizarán acciones judiciales para demostrar que no cometió ningún delito y se le concedan medidas de reparación para su reinserción en la sociedad.”, expresa esta ONG.

Asimismo, reitera que penalizar el aborto castiga especialmente a las mujeres con escasos recursos económicos, quienes no tienen acceso a los sistemas educativos, de salud y de justicia.

En El Salvador el aborto está prohibido en cualquier circunstancia desde 1998, cuando las reformas al Código Penal entraron en vigencia. En una treintena de casos, la Fiscalía ha acusado de homicidio y homicidio agravado a mujeres que han padecido partos extrahospitalarios o emergencias obstétricas, esto ha provocado condenas que van desde los 30 hasta los 40 años de cárcel.

La liberación de Teodora se da luego que reiterados informes y exhortaciones de diplomáticos de derechos humanos de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales, calificaran de “espantosa” las políticas judiciales por aborto de El Salvador, quizás una de las más severas del mundo.

En tanto, la ONG Agrupación Ciudadana considera necesario que no se sigan repitiendo casos y que  tal como lo recomendó el 3 de marzo de 2017 el Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer de Naciones Unidas (CEDAW) en sus «Observaciones a El Salvador» se revise el artículo 133 del Código Penal para despenalizar el aborto; y se introduzca una moratoria en la aplicación de la ley vigente y revise la detención de mujeres por delitos relacionados con el aborto con el fin de garantizar su liberación.

“Es la oportunidad de que el Sistema Judicial revise los casos de Las 17 y más mujeres que siguen encarceladas por una situación parecida a la de Teodora, concediendo un indulto, conmutación de pena o beneficios penitenciarios que lleven a su liberación”, exige la ONG.

Así mismo, piden a la Asamblea Legislativa reformar la legislación sobre aborto para que no se induzca más en situaciones y errores judiciales como el sufrido por Teodora y otras 30 mujeres que aún están en la cárcel.


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