Encuesta refleja las alarmantes expresiones de una población que tiene claro que rojos y tricolores son igual de estafadores dañando lo más soberano que tiene El Salvador: su gente
Por Redacción Gatoencerrado
Alberto (nombre ficticio) es un hombre que se aproxima a los 50 años de edad. Es vendedor informal y trabaja literalmente de sol a sol en una de las laberínticas calles del centro de San Salvador. Él sostiene que el país estaría mejor si los miles, millones de dólares que se rumorean han ido a parar a bolsillos de políticos, hubiesen tenido como destinos las escuelas, hospitales, seguridad y generación de empleo.
“Aquí ya no se puede confiar en nadie o decir que unos no roban y otros sí. Ha quedado demostrado que todos han robado parejo y uno de población tiene que venir a aguantar sol por dos o tres dólares diarios”, expresa con aires de indignación, Alberto, quien se dedica a vender accesorios para teléfonos celulares en las cercanías del Palacio Nacional de la capital salvadoreña.
Su indignación no está lejos de la realidad. La más reciente encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública de la universidad UCA (Iudop) revela que la población considera que la corrupción ha aumentado en el gobierno de Salvador Sánchez Cerén, y considera que durante los 20 años de gobiernos del partido ARENA, era aún mucho más.
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El tema de la corrupción no escapó al sondeo. Se le preguntó a la población si consideraba que la corrupción había disminuido o aumentado en el actual gobierno, el segundo del FMLN. El 54.2% dice que ha aumentado; el 24.7% dice que ha disminuido y un 19.6 % no sabe o no respondió.
La población todavía tiene en la memoria los sonados señalamientos e investigaciones en curso en contra de expresidentes y exfuncionarios por presuntos actos de corrupción con millonarias sumas de dinero de por medio.
El sondeo preguntó: ¿El expresidente Mauricio Funes debería presentarse ante la justicia salvadoreña para probar su inocencia ante las acusaciones de enriquecimiento ilícito? Y un 89 .5 % estuvo de acuerdo, es decir, ocho de cada diez salvadoreños quieren que Funes responda por las investigaciones en su contra por no poder justificar un incremento patrimonial de más de $700 mil dólares.
También la encuesta planteaba: Algunos creen que el ex presidente Funes es culpable de las acusaciones de corrupción y que pidió asilo en Nicaragua para evadir la justicia. Otros creen que es inocente y que pidió asilo en Nicaragua para protegerse de una persecución política. ¿Usted qué opina? El 60.2% cree que Funes pidió asilo para evadir la justicia; el 33.1% cree que el asilo lo pidió para protegerse de una persecución política.
Mauricio Funes es asilado político del Gobierno de Nicaragua junto a dos de sus hijos y su pareja, Ada Mitchelle Guzmás desde el 2 de septiembre pasado.
Funes no es el único expresidente en la mira de la justicia. El exmandatario y último presidente bajo la bandera de ARENA, Elías Antonio Saca, guarda prisión preventiva junto a 22 implicados más, acusados de formar una red de lavado de dinero para extraer más de $246 millones de dólares de fondos públicos y desviarlos a cuentas privadas vinculadas a la familia Saca.
Es exfuncionarios accedieron al poder por medio de los partidos políticos. La población considera que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) debe tener mayor vigilancia de quiénes son los candidatos a cargos públicos presentados por los partidos políticos.
Se preguntó: ¿Debería el TSE investigar el patrimonio de los candidatos a cargos públicos antes de aceptar su inscripción en una elección? El 94.8% está de acuerdo mientras que el 4.3% está en desacuerdo.
También se preguntó: ¿Debería el TSE exigir que los partidos políticos que participan en elecciones declaren el origen de los fondos de sus campañas? Un 96.8 % estuvo de acuerdo y solo un 2.2 se mostró en contra.
La población también quiere que personas vinculadas al crimen organizado no participen en elecciones a cargos populares. Se preguntó: ¿El Salvador debería prohibir que personas vinculadas al crimen organizado y a hechos de corrupción participen como candidatos a cargos públicos? El 81.7% se mostró a favor versus un 17.3% en contra.
Uno de los caso que más ha dado de que hablar es la presunta vinculación del actual vicepresidente de la República, Oscar Ortiz, a quien se le ha vinculado con presuntos negocios con Adán Salazar Umaña, alias “Chepe Diablo” un reconocido capo regional de la droga y quien es procesado actualmente por lavado de dinero. Ortiz lo ha negado en todas sus apariciones en público.
Se preguntó: ¿El Vicepresidente Óscar Ortiz debería separarse de su cargo mientras se investigan sus vínculos con Adán Salazar conocido como Chepe Diablo, quien es acusado de lavar millonarias cantidades de dinero en el país? El 81.7 % de la población cree que debe separarse de su cargo; mientras el 13.35 no lo considera necesario.
Ante la cantidad y complejidad de los presuntos actos de corrupción, la Fiscalía General de la República (FGR) encargada de sus investigaciones, también fue evaluada por la población. El 54.5% cree que hace un buen trabajo; el 13.9% lo considera regular y el 3.35 lo considera muy malo.
Ante ello, y para fortalecer el trabajo fiscal contra la corrupción, en el país se habla a manera de sugerencia la creación de una Comisión Internacional contra la Impunidad, muy parecida a la instaurada en Guatemala. Sobre ello, el 96.6% se mostró de acuerdo y solo un 3.4% en contra de una comisión de tal envergadura.
Mientras tanto, Alberto, y los millones de salvadoreños que salen a diario a buscar su sustento, continuarán soñando con la utopía de un gobierno transparente y de funcionarios honestos.
