701 personas fueron víctimas de desplazamiento forzado por violencia en 2017, según el más reciente informe de Cristosal. En su mayoría eran mujeres, niños y jóvenes. El Gobierno salvadoreño ha admitido que la situación es “grave”, pero no reconoce con nombre y apellido el fenómeno; de hecho prefiere llamarlo “movilidad humana”. El informe también señala que hay casos en que policías y soldados son los que han provocado que algunas familias huyan.


Por Marvin Díaz

A Jorge Pérez lo torturaron los pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS-13),  en las afueras de la ciudad de Cojutepeque, en el departamento de Cuscatlán. La razón realmente era por un mal entendido de los pandilleros, quienes pensaban que Jorge era amigo de los miembros de la pandilla rival, es decir del Barrio 18, y que les contaba cosas sobre los de la MS-13.

Golpeado y moribundo, Jorge logró correr hasta un precipicio que estaba cerca de donde lo habían torturado y se lanzó. Cuando los pandilleros llegaron, lo observaron desde arriba y decidieron marcharse.

“La pandilla MS-13 me acusaba de brindar información al Barrio 18, cuando yo iba a estudiar. Me golpearon. Traté de huir tirándome a un barranco y los pandilleros pensaron que estaba muerto”, relata Jorge el sobreviviente Pérez, un día de mayo a la revista GatoEncerrado.

Jorge recuerda que graduarse de noveno grado, rodeado de pandilleros de la MS-13, fue una hazaña. Pero terminar el bachillerato fue una odisea, porque el único instituto más cercano para estudiar estaba en territorio controlado por el Barrio 18.

Después de la vez en que se lanzó al precipicio para escapar de los pandilleros de la MS-13, decidió con su familia abandonar la vivienda en la que había nacido y crecido. La vivienda que con esfuerzo habían construido sus padres. Y que además era la única propiedad que tenían. Pero tuvieron que abandonarla porque prefirieron salvar sus vidas, especialmente la de Jorge, a quedarse con la incertidumbre de que la muerte tocara la puerta, vestida de pandilleros armados y con sed de asesinar por la simple razón de pensar que Jorge era un informante de la pandilla rival.

Meses después, cuando Jorge pensaba que todo había acabado, un grupo de pandilleros de la MS-13 lo amenazó en su nuevo lugar residencia. Esos pandilleros le explicaron que sabían todo, que estaban al tanto de la razón por la que se había mudado y que también estaban autorizados para cobrar la deuda que Jorge tenía con la pandilla, por supuestamente ser un informante del Barrio 18.

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El caso de Jorge es tan solo un ejemplo de los desplazamientos forzados por causa de la violencia en El Salvador, que afecta en su mayoría a niñas, niños y jóvenes, entre 0 a 25 años de edad. Asimismo a mujeres, según el  informe de desplazamiento forzado por violencia en 2017, presentado por Cristosal y la Fundación Quetzalcóatl.

 

 

El informe también detalla que 375 personas huyeron el año pasado por motivos de violencia y que otras 326 personas intentaron huir de su lugar de residencia, pero fracasaron porque no encontraron dónde llegar. En total, según el informe, hubo 701 víctimas de desplazamiento forzado. Esos datos reflejan un aumento respecto a 2016, según Cristosal.

Las víctimas le contaron a Cristosal que abandonaron sus viviendas, ropa, pertenencias e incluso animales por causa de las pandillas MS-13 y Barrio 18, pero también por causa de la Policía Nacional Civil (PNC), Fuerza Armada (FAES). Las amenazas, los homicidios, extorsiones e intento de homicidios fueron las principales causas del desplazamiento forzado.

 

 

 

“Hay casos donde las personas han denunciado que autoridades policiales de ciertas zonas han tenido un tipo de relación con pandillas y estos han causado las amenazas a grupos familiar determinado”, dijo Celia Medrano, Directora de Cristosal.

El Ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, ha dicho en reiteradas ocasiones que el fenómeno de desplazamiento forzado no es exclusivamente por la violencia, sino también por razones económicas y por reunirse con familiares. Además, el ministro ha preferido llamar al fenómeno con el eufemismo “movilidad humana”.

Según los registros que lleva el Gobierno sobre “movilidad humana”, en los últimos 10 años hubo un poco más de 400 personas que abandonaron sus viviendas. Es decir que para el Gobierno, según sus datos, han ocurrido menos casos en 10 años, que los recopilados solamente en 2017 por Cristosal.

“La debilidad de los estudios (incluido el de Cristosal) es que son descriptivos, no como el estudio sobre movilidad humana que ha hecho el Gobierno, que es el único hecho respetando lo técnico y científico”, dijo el ministro para defenderse de los señalamientos en un foro sobre desplazamientos forzado, organizado por Cristosal.

La directora de Cristosal, Celia Medrano, le dijo a la revista GatoEncerrado que los registros oficiales no cuadran con la realidad.

“En un año Cristosal ha atendido a 700 personas. No es posible que en 10 años el gobierno asegure que solo hay 400 personas afectadas por lo que llama movilidad interna por razones de violencia”, dijo Medrano.

 “San Salvador, Usulután, Zacatecoluca, San Miguel, Sonsonate y Ahuchapán, son los departamentos donde se registran casos de familias que huyen por violencia”.

Celina Medrano también explicó que en el informe se detalla que “hay zonas en el país que reciben y expulsan a las personas que huyen por la violencia. San Salvador es una de ellas”.

Celia agregó que la mayoría de las víctimas se esconden y se invisibilizan ellas mismas, porque saben que sus perseguidores tienen la capacidad territorial para concretar sus amenazas.

Asimismo, calificó de “cosmético” el abordaje que el Gobierno salvadoreño hace a las víctimas, pese a que organismos internacionales de derechos humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le ha instado a reconocer el fenómeno.

 

Según el estudio, esta problemática afecta la educación, el trabajo, la economía y la residencia en tierras salvadoreñas de las familias.

Datos del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) contabilizó 22,000 personas desplazadas en 2016; esta cifra aumento a 273,036 durante el año 2017.

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Por su lado, Jorge, a sus 19 años, está en proceso de emigrar a otros país, ya que según relata no soporta la situación de peligro en la que vive cada día.

 

Jorge es un nombre ficticio para proteger identidad de la fuente


Lea acá el informe completo: 

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