El jefe de evaluación del IAIP, quien habló con GatoEncerrado, aseguró que las instituciones del Estado deben seguir un protocolo para eliminar, destruir o desechar información. La fiscalía y policía todavía están investigando para determinar el contenido de los documentos destruidos por la Secretaría de Inclusión Social. En el caso de que la fiscalía determine que esos documentos eran de interés público, el IAIP someterá a las autoridades de la Secretaría a un proceso sancionatorio.


Por Yessica Hompanera

René Valiente, jefe de la Unidad de Evaluación de Desempeño del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), explicó a GatoEncerrado que la Secretaría de Inclusión Social (SIS) sigue bajo la lupa de la Fiscalía General de la República (FGR) y del IAIP. Esto luego de que decenas de documentos fueron encontrados destruidos en uno de los basureros cercanos a la Residencia Presidencial. La investigación es para determinar si los documentos destruidos eran de interés público o si contenían información importante en el área administrativa.

Días después de que se conoció, a través de las redes sociales, el hallazgo de documentos en bolsas de basura, cajas de cartón y hasta en la mochila de uno de los empleados de la SIS, las autoridades del IAIP dijeron que están preocupadas y a la espera del informe de las investigaciones coordinadas por la FGR y la Policía Nacional Civil (PNC).

Ese informe, que aún no tiene fecha de entrega, determinará si las autoridades de la SIS cometieron algún delito y si el IAIP debe imponer sanciones.

Valiente detalló a GatoEncerrado que cada institución tiene -o debería tener- un protocolo para la destrucción de documentos físicos. De acuerdo con el representante del IAIP, cada institución del Estado que crea un documento está obligada a determinar la vida útil del mismo y su debida destrucción.

“Tiene que determinarse la proyección de vida útil de los documentos de manera previa. Es decir, una institución no puede decidir de la noche a la mañana destruir determinados documentos, sino que se tiene que hacer una valoración previa”, señaló Valiente.

El representante del IAIP también dijo que para que la Secretaría tomara la decisión de deshacerse de los archivos tuvo, primero, que convocar a un comité de la institución, junto con consultores externos e internos, para llegar al consenso de determinar si los documentos eran caducados y que se necesitaba su depuración. Sin embargo, cada uno de esos documentos debería de tener una versión digitalizada.

“Además tiene que estar debidamente inventariado lo que se va a destruir, todo eso tiene que quedar en un registro en un expediente particular”, dijo Valiente.

Valiente fue uno de los oficiales que fueron a inspeccionar la mañana del 24 de mayo en las afuera de la Secretaría. En el lugar, Valiente observó papeles finamente triturados o rotos en varias partes, donde se leían grandes cifras monetarias, proyectos e información administrativa ligada a otras instancias gubernamentales, como Ciudad Mujer.

Ante una posible violación al reglamento de destrucción de archivos, el IAIP giró un aviso a la fiscalía. Con ese aviso, la fiscalía realizó un allanamiento en las instalaciones de la SIS, que duró hasta altas horas de la noche de ese mismo día.

El fiscal a cargo, Germán Arriaza, señaló esa noche que las investigaciones determinarán el tipo de archivos que estaban dentro del contenedor. Horas después, voceros de la institución montaron una conferencia de prensa asegurando que todo tenía un respaldo.

“Puedo asegurar que no se ha destruido ningún documento y que toda la información en cuestión está debidamente respaldada en archivos institucionales, ya se de la Secretaría o de otras áreas”, señaló la subsecretaria de Inclusión Social, Guadalupe Hernández de Espinosa.

Valiente agregó que en la etapa indagatoria, la Secretaría no tiene la obligación de entregar un documento que justifique o que respalde la destrucción. Pero, sí debe hacerlo en el caso de que lo solicite la fiscalía como elemento probatorio. Con eso, la SIS tendrían que demostrar que no fue una acción tomada a la ligera.

“Lo que hay que ver es si esa documentación está en formato original y lo más importante es si se registró el procedimiento para la destrucción (...) Lo único que hemos descubierto son los restos de los documentos. Ahí dependerá de la secretaría demostrar que ha seguido un procedimiento”, explicó.

Valiente aclaró que hasta el momento no han recibido ningún de informe sobre los documentos destruidos por parte de la SIS justificando la destrucción parcial y total de los archivos encontrados, por encontrarse en una etapa indagatoria.

“Corresponde a la Fiscalía, a través de la Policía, ordenar que se reconstruya la información de lo humanamente posible. Lo que le puedo asegurar es que habían documentos finamente triturados, son ya resto de documentos (...) Hasta la fecha no hemos recibido de parte de la SIS un documento (justificando la destrucción)”, señaló.

Aseguró, sin embargo, que de encontrarse algún tipo de delito, el IAIP podría someter a la SIS a un proceso sancionatorio. A través de su cuenta de Twitter, la institución instó a las autoridades de otras carteras de Estado a abstenerse de destruir, alterar o inutilizar información oficiosa sin ser debidamente resguardada.

GatoEncerrado contactó a un miembro del Sindicato de los Trabajadores de la Secretaría de Inclusión Social (SITRASIS), quien no quiso que su nombre apareciera en esta nota, para escuchar su versión de los hechos y si tenían más información. Pero solo se limitaron a contestar que el caso es manejado con reserva y que estarán pendiente ante cualquier alerta girada por las instituciones. La intención de contactarlos era conocer más acerca de lo que denunciaron varios empleados de la SIS, el día del hallazgo, sobre que las jefaturas habían ordenado la destrucción. Uno de los empleados, incluso, mostró en video al periódico ElFaro que su mochila iba llena de documentos destruidos.

Bukele pide, desde twitter, investigación seria

El presidente electo, Nayib Bukele, estuvo pendiente del caso, desde Twitter. En esa red social pidió a la fiscalía que encontrara a los responsables, porque sino hasta el ministerio público podría incurrir en el delito de omisión en la investigación. También insinuó que es sospechoso que este tipo actos ocurran a días antes del cambio de gobierno.

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