Foto/Emerson Flores
🗓️ 1 de junio de 2020
La Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador no cumple a exactitud con la propuesta plasmada en el Plan Cuscatlán, ni con la expectativa que generó el presidente Nayib Bukele de darle capacidad de investigar la corrupción en el país. Su papel quedó delimitado a firmar convenios de cooperación y asistencia técnica para fortalecer las capacidades de las instituciones.
🗓️ 1 de junio de 2020
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a Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (Cicíes) que el presidente de la República, Nayib Bukele, anunció dos días antes de cumplir sus primeros 100 días de gestión, dista mucho de la comisión descrita en campaña electoral y en su Plan Cuscatlán. Bukele entusiasmó a sus seguidores con traer una institución como la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) con capacidad de investigar casos de corrupción y llevarlos a la cárcel. Su estructura tampoco cumple a cabalidad con la plasmada en el Plan Cuscatlán y su papel quedó delimitado a firmar convenios de cooperación y asistencia técnica para fortalecer las capacidades de las instituciones.
En el Plan Cuscatlán dice que para el establecimiento de la Cicíes, el presidente de la República pediría apoyo y firmaría un convenio con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de los Estados Americanos (OEA). Ese convenio lo presentaría a la Asamblea Legislativa para volverlo ley y darle las atribuciones necesarias a la Cicíes.
Según organizaciones de la sociedad civil, el aval del Órgano Legislativo era necesario porque la Constitución de la República establece que la Fiscalía General de la República (FGR) es la responsable de la persecución del delito y de la acción penal.
Cuando Bukele llegó a la presidencia sí pidió el apoyo de ambos organismos; sin embargo, solo firmó el convenio con la OEA y desestimó a la ONU.
El 6 septiembre de 2019, Bukele anunció el primer paso para cumplir con su promesa de campaña: la canciller Alexandra Hill Tinoco y Luis Porto, enviado especial del secretario general de la OEA, Luis Almagro, anunciaron la instalación de una mesa técnica para empezar el trabajo de instalación de la Cicíes. El presidente Bukele dejó claro que la Cicíes funcionaría por acuerdo ejecutivo y no pasaría por la aprobación de la Asamblea Legislativa.
El 26 de noviembre de 2019, la canciller salvadoreña y Almagro firmaron el acuerdo marco de cooperación entre la Secretaría General de la OEA y el Gobierno de El Salvador.
Varias organizaciones civiles señalaron que la Cicíes nació con limitaciones y autonomía para investigar e insisten en crear una comisión con respaldo de la ONU.
“Podríamos concluir que la Cicíes tiene facultades limitadas que tienen que ser potenciadas o maximizadas en el ejercicio de sus labores. Ahí es donde la Cicíes tiene que jugar con ese margen de posibilidad que le confiere su acuerdo marco que firmó y lo que pueda hacer con el resto de instituciones”, dijo Eduardo Escobar, de Acción Ciudadana.
Actualmente, se conoce que la Cicíes ha firmado convenios con la Fiscalía, Corte Suprema de Justicia (CSJ ) y la Corte de Cuentas de la República (CCR), pero según Escobar son convenios genéricos que limitan su ámbito.
Escobar consideró que habría que esperar los primeros resultados del trabajo de la Cicíes. Para el abogado, el manejo que ha hecho el Gobierno de la emergencia por la pandemia por la COVID19 “parece que abre la oportunidad para que Cicíes muestre su nivel de independencia y su capacidad de investigación ante casos que puedan evidenciar corrupción”.
Canciller Alexandra Hill Tinoco firma acuerdo de Cicíes con Luis Almagro de la OEA. Foto/Presidencia de la República.
En el Plan Cuscatlán, el presidente Bukele también prometió el nombramiento de un comisionado contra la impunidad. Según escribieron en el plan, sería una persona de la oposición que tendría la responsabilidad de monitorear y alertar cuando alguien, incluido del Gobierno, estuviera lucrándose del dinero público. Hasta la fecha, el presidente de la República no ha hecho ese nombramiento.
El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, dijo en diciembre del año pasado que ese nombramiento es responsabilidad de la OEA. “La OEA va a decidir cómo y cuándo nombra a su comisionado, porque el Gobierno va a garantizar una total independencia”, dijo, en contradicción con la promesa de campaña. Ulloa fue el designado por el presidente para llevar el proceso de creación de la Cicíes.
El Plan Cuscatlán contempla que dentro de los proyectos insignias está aumentar el Fondo para el Desarrollo Económico y Social de El Salvador (Fodes) del 8 % al 10 %. El 21 de marzo de 2019, a menos de tres meses de que Bukele asumiera la presidencia, el FMLN y Arena sumaron votos en la Asamblea Legislativa y aprobaron la reforma para cumplir el aumento al Fodes que tanto habían pedido los alcaldes en los últimos años. Días después, la reforma fue sancionada por el presidente Salvador Sánchez Cerén.
Contrario a lo que prometió, el presidente Bukele cambió de discurso y los acusó de no importarles el futuro del país, ni el desarrollo local o la sostenibilidad fiscal.
En sus propuestas insignias, el presidente también prometió “eliminar por completo” la partida secreta o gastos reservados. Hizo referencia que aunque la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) prohibió el traslado de dinero entre instituciones, el expresidente Mauricio Funes implementó otros mecanismos para recortar partidas del presupuesto de la Presidencia y reorientar préstamos para engordar esta cuenta secreta. Mecanismo que también repitió el expresidente Salvador Sánchez Cerén.
Sin embargo, un día después de tomar las riendas de la Presidencia de la República, Nayib Bukele, clasificó como “secreto de Estado” el presupuesto y todo lo relacionado con el Organismo de Inteligencia del Estado (OIE). Cuando se presentó el Presupuesto General de la Nación 2020, el ministro de hacienda, Nelson Fuentes, dijo que el presupuesto no contemplaba una partida de gastos reservados y que la partida de la OIE se reducía a $30 millones, los cuales serán auditados.
Como parte de los proyectos insignias, el Plan Cuscatlán propone el Tren del Pacífico, que tendrá como primera etapa iniciar en La Unión y cruzar el país hasta el Puerto de Acajutla. Contará con dos modalidades: para transporte de carga, de mercancía y demás productos, y para transporte de pasajeros. La propuesta dice que esto llevará al desarrollo económico, implicará la generación de empleos, directos e indirectos y aliviará la crisis vehicular.
El 11 de septiembre de 2019, el Gobierno anunció el inicio del proceso. El 6 de marzo, la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) invitó a las firmas consultoras, nacionales y extranjeras, a participar en el concurso público internacional para la elaboración del Estudio de Factibilidad “Construcción de Aeropuerto del Pacífico, en zona oriental de El Salvador”. El estudio será financiado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Luis Rodríguez, comisionado presidencial de Proyectos Estratégicos, dijo que esperaban anunciar la construcción en junio, justo en el aniversario del Gobierno.
Presidente @nayibbukele y Pueblo Salvadoreño,este día hemos lanzado como @CEPASV en coordinación con @ObrasPublicasSV y la Comisión de Proyectos Estratégicos @LRodriguez_SV, la invitación pública internacional para los estudios de factibilidad del Aeropuerto del Pacífico. 🛫🛬 pic.twitter.com/vshhf9ug7p
— Federico Anliker López (@anliker1980) March 6, 2020
En el Plan Cuscatlán también propuso el Aeropuerto Internacional del Pacífico, con el que pretenden dinamizar la región oriental del país; incentivando la creciente demanda de pasajeros en el exterior, desarrollo turístico, activación del Puerto de La Unión y creación de la Zona Libre Oriental.
El 9 de marzo, CEPA, el Ministerio de Obras Pública (MOP) y el Fondo Salvadoreño para Estudios de Preinversión (Fosep) anunciaron la licitación para el estudio de factibilidad del Aeropuerto del Pacífico en La Unión. Según la página oficial del Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones de El Salvador (Proesa), el estudio de factibilidad del proyecto, consiste en el desarrollo de alternativas para la ubicación, evaluación y selección de la más conveniente.
El proceso plantea otras etapas: estudio de mercado, económico y ambiental. La última es la de ejecución.
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