Foto/Emerson Flores

“Uno puede ver matonería para desvirtuar a quienes exigimos rendición de cuentas”

Beatriz Benítez

Beatriz Benítez

🗓️ 1 de junio de 2020

Analistas consideran que durante el primer año de gestión del presidente Nayib Bukele se han repetido y agudizado prácticas para limitar el acceso a la información, negarse a transparentar y rendir cuentas de gastos y bloquear el trabajo de los periodistas que cuestionan e investigan.

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Beatriz Benítez

Beatriz Benítez

🗓️ 1 de junio de 2020

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estricciones al acceso a la información pública, resistencia a la transparencia y a la rendición de cuentas y bloqueo a la libertad de prensa: son viejas prácticas que ha arrastrado y agudizado el presidente de la República, Nayib Bukele. A esa conclusión llegan analistas luego de hacer un recuento de episodios que marcaron el primer año de gestión de este Gobierno.

La Dirección General de Centros Penales, el Organismo de Inteligencia del Estado (OIE) y el Ministerio de Defensa son instituciones que han reservado la información sobre viajes y gastos. Pese a que el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) ha resuelto que se entregue la información, estas instituciones recurrieron a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), donde los procesos tardan hasta tres años para ser resueltos.

Wilson Sandoval, coordinador del centro de Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC) en la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), señala que es un artificio que usaron los gobiernos anteriores, pero parece que en este Gobierno lo ha convertido en una “política pública implícita” para dilatar o restringir la entrega de la información pública a la ciudadanía.

Sandoval también observa matonería. Comenta que ALAC acompañó a una ciudadana en el proceso contra la ministra de Vivienda, Michelle Sol, por revelar  información personal en Twitter. En ese proceso le sorprendió que la ministra enviara cinco abogados contra una ciudadana que no tenía para pagar ni un abogado.

“Uno se pregunta, ¿cinco abogados para enfrentar a una señora? Entonces, uno puede ver una clara matoneria de cómo queremos menoscabar o desvirtuar aquellas personas que queremos exigir rendición de cuentas y eso creo que no se miraba tanto antes. Esa matonería que hoy estamos viendo”, comenta Sandoval a GatoEncerrado.

La presidenta del IAIP, Silvia Cristina Pérez, también coincide en que algunas instituciones del Gobierno buscan retrasar o dilatar la entrega de la información recurriendo a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

“Indudablemente hemos notado algunas actitudes de los entes obligados apegados al Ejecutivo a denegar alguna información y, sobre todo, digamos, de alguna manera a retrasar o dilatar algunas diligencias que el mismo instituto ordena. Y esto lo hemos podido observar en diferentes instituciones: el Ministerio de la Defensa Nacional, Casa Presidencial, Dirección General de Centros Penales”, sostiene.

Las instituciones también han usado la estrategia de pedir la separación de la mayoría de comisionados del IAIP para que los casos sean dirimidos en la Cámara de lo Contencioso Administrativo. “Naturalmente nos lleva a una conclusión de que se ha tratado de obstaculizar la obtención de información de la ciudadanía”, mantiene la presidenta del IAIP.

Las recusaciones contra la mayoría de comisionados del IAIP fue la contra respuesta que usaron algunos abogados de instituciones de Gobierno, como Centros Penales, ante las peticiones de separar de las audiencias al excomisionado del IAIP, Juan Carlos Turcios. 

Él y su comisionado suplente, Mauricio Edgardo Fuentes, fueron nombrados por el presidente Bukele el 11 de febrero de este año, en representación del sector periodistas. Turcios era director de comunicaciones del Ministerio de Gobernación y renunció dos días después de ser nombrado. La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) denunció que el proceso de elección incumplió el reglamento y la Ley de Acceso a la Información.

Durante sus dos días de trabajo, los apelantes de algunos casos pidieron recusar a Turcios de la audiencias por considerar que carecía de independencia y enfrentar un conflicto de interés. Entre los casos que conocería y de los que fue apartado Turcios estaban apelaciones contra la ministra Michelle Sol y el director de Centros de Penales, Osiris Luna.

La presión y críticas del sector de periodistas y organizaciones civiles llevó a que Turcios y su suplente renunciaran al cargo. A raíz de eso, el IAIP alertó sobre una campaña de desprestigio en su contra.

Sin acceso a archivos militares

Al igual que lo hizo el gobierno del FMLN, el Ministerio de la Defensa en la gestión de Bukele tampoco ha permitido el acceso a verificar archivos militares solicitados por la Universidad de El Salvador (UES).

El 6 de marzo, los comisionados del IAIP acudieron al Estado Mayor para realizar una inspección administrativa a los archivos del Estado Mayor Conjunto, con el fin de conocer sobre la existencia de documentos que esclarezcan los hechos ocurridos durante el periodo de 1970 a 1995, relacionados con la incursión de la Fuerza Armada al campus central de la UES, del paradero de estudiantes desaparecidos y del asesinato del rector Félix Ulloa, padre del actual vicepresidente de la República.

Los comisionados denunciaron que no se les permitió el ingreso y hasta recibieron ataques. La presidenta del IAIP aseguró que por ese hecho acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El pleno de comisionados del IAIP advirtió de una campaña de desprestigio en su contra, luego de la renuncia del comisionado Juan Carlos Turcios. Foto/Emerson Flores.

Falta de transparencia en la emergencia

Javier Castro, director del departamento de estudios legales de Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), también sostuvo que durante la emergencia nacional se ha visto mayor resistencia del Gobierno a transparentar y rendir cuentas de gastos.

“Es un problema bastante serio, porque en una situación tan difícil como la que está viviendo el país, en estos momentos en donde se están utilizando elevadas sumas de dinero, se necesitan los mayores niveles de transparencia y al mismo tiempo mayores controles para efectos de asegurar que los recursos se utilizan de forma correcta, de manera legal, y que se utilicen para salvar las vidas y proteger la salud de la población”,  dice Castro a GatoEncerrado.

Durante la emergencia nacional, la Asamblea Legislativa se ha quejado de que el Órgano Ejecutivo le presenta informes incompletos de gastos y compras. La Corte de Cuentas de la República (CCR) también plasmó en una nota que mandó a los diputados que han tenido problemas para acceder a información. El Gobierno también ha mantenido suspendidas las unidades de acceso a la información y mostró resistencia para reactivarlas.

Censura a periodistas

La censura a algunos medios de comunicación también es parte de esta gestión. Entre esos casos los analistas mencionan la restricción a una conferencia de prensa a periodistas de El Faro y de la Revista Factum, los ataques en redes sociales contra las periodistas Mariana Belloso, de La Prensa Gráfica; y Karen Fernández, de Focos. Recientemente, la Secretaría de Prensa de la Presidencia bloqueó de su cuenta de Twitter a la presidenta de la Asociación de periodistas de El Salvador (APES), Angélica Cárcamo. Lo mismo han hecho con otros usuarios que cuestionan la administración.

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