Querellantes en el caso Flores denunciaron que Fiscal ha estado entorpeciendo el proceso de investigación, a esto hay que agregarle que el Fiscal fue por un buen tiempo el abogado personal del expresidente.


Por Redacción Gato Encerrado

La Iniciativa Social para la Democracia (ISD) y Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD),  querellantes en el caso contra el expresidente Francisco Flores, denunciaron que el fiscal general de la República, Luis Martínez, manipuló y ocultó información bancaria que las autoridades de Bahamas enviaron a El Salvador para agregarlas al expediente del exmandatario acusado por actos de corrupción. Desde marzo de 2014, Bahamas puso en manos de Luis Martínez movimientos bancarios y migratorios de Flores, según lo explicaron los abogados Berta De León, René Landaverde y Óscar Campos.

Pese a eso, la información que la fiscalía presentó al juzgado el 13 de marzo estaba incompleta, por lo que el  juez Séptimo de Instrucción de San Salvador, Miguel Ángel García, ha solicitado explicaciones a la unidad de asuntos internacionales de la Fiscalía.

“El sobre estaba abierto y no tenía información”, explicó De León, representante de Fespad. Agregó asimismo, que no es la primera vez que Martínez oculta información, ya que se tienen indicios que ha ocultado otra información financiera. “Lo mejor que puede pasar es que el fiscal general se retire del caso, ha sido un obstáculo para que avance el proceso”, mencionó la abogada.

El juez del caso también envió a la Asamblea Legislativa la petición de los querellantes para que el fiscal Martínez y el equipo fiscal a cargo del proceso judicial contra el expresidente Francisco Flores, sean separados del caso por "conflictos de intereses", aplicando el artículo 76 del Código Procesal Penal.  En la petición también se solicita que la fiscal adjunta, Patricia Velásquez, asuma la dirección del proceso.

En respuesta, la oficina de comunicaciones de la Fiscalía divulgó un comunicado en el que asegura que los querellantes “mal intencionadamente pretenden someter al fiscal a una inevitable tensión de interés político” y confundir a la ciudadanía empujados “por el interés mediático y político que afectan maliciosamente la persecución penal”.

Por su parte, los querellantes además denunciaron que sujetos desconocidos los han perseguido en los últimos días y les toman fotografías, de manera que solicitan a la Policía que les brinde protección.

Martínez fue el abogado del expresidente Flores

El fiscal general, Luis Martínez, y el expresidente Francisco Flores han sostenido vínculos laborales o empresariales desde 1995, según una nota publicada por El Faro. Luis Martínez escrituró entre 1995 y 2001 varias ventas de inmuebles del expresidente. En 1999 y 2004 presentó en nombre de Flores las declaraciones de patrimonio que le exigía la Sección de Probidad de la Corte Suprema. Tras la salida de Flores de la Presidencia, Martínez administró una empresa junto a la exprimera dama, Lourdes de Flores, e hizo trabajos notariales para una inmobiliaria vinculada a los hijos del exmandatario.

Cheques, que presuntamente habrían sido desviados, no han sido encontrados

La Fiscalía no ha logrado obtener los originales o copias certificadas de los cuatro cheques que Taiwán emitió en el Banco Internacional de Miami, EE.UU., a nombre de Francisco Flores para financiar programas de combate a la pobreza y reconstrucción de El Salvador y que, supuestamente, fueron desviados para financiar la campaña presidencial de ARENA en el año 2004. Esos documentos son pruebas fundamentales para establecer la culpabilidad o inocencia del expresidente en el juicio que enfrenta por enriquecimiento ilícito, apropiación del dinero del Estado y desobediencia.

Los cheques son un eslabón más en la cadena de pruebas que los acusadores deben presentar a Séptimo de Instrucción para demostrar que el expresidente desvió los $10,000,000 que Taiwán había donado para beneficiar a comunidades pobres pero que la dirigencia del partido ARENA decidió ocuparlos para financiar la campaña de Elías Antonio Saca y Ana Vilma de Escobar.

Como parte de la búsqueda de pruebas la Fiscalía pidió a veinte países que detallen si el exmandatario posee cuentas bancarias, propiedades y si participa como accionista o propietario de alguna empresa. El 13 de marzo llegó al Juzgado la respuesta de Panamá, Chile, Brasil y Honduras quienes respondieron que no. Las respuestas de los tres primeros todavía no han sido agregadas al voluminoso expediente judicial que está en manos del juez.

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